l juez mixto Alfredo Sánchez alargó hasta donde pudo el encierro de los indígenas
Fuente: La Jornada de Guerrero
Reflejan temor ante más represalias de la administración estatal, al salir de la cárcel de Ayutla
Se buscarán pruebas para liberar a Raúl Hernández Abundio, adelanta abogado de Tlachinollan
CITLAL GILES SANCHEZ (Enviada)
Ayutla, 19 de marzo. Con los rostros un poco desencajados, pero al mismo tiempo contentos, cuatro de los cinco integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) salieron en libertad luego de permanecer 11 meses y dos días presos en la cárcel de Ayutla por el supuesto asesinato de un espía del Ejército el año pasado.
Desde el miércoles al mediodía se informó que el magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa del circuito 21, con sede en Acapulco, Jesús Rafael Aragón, confirmó la sentencia de amparo a favor de los me’phaa, por lo que ordenó su inmediata liberación.
Desde las 9 de la mañana de este jueves los abogados del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, con las esposas de los cinco indígenas, se presentaron en el juzgado mixto de primera instancia de Ayutla, donde el juez Alfredo Sánchez Sánchez firmó las boletas de liberación.
Aunque Sánchez argumentó que la orden de liberación de los presos tendría que hacerse a las 4:30 de la tarde, ya que el auto de formal prisión se había ejecutado a esa hora del 17 de abril de 2008, se logró que los me’phaa salieran dos horas antes.
En el penal de Ayutla el ambiente era tenso, pues las indígenas ya querían ver a sus esposos atravesar la puerta del penal hacia la libertad. Durante la espera –que fueron larguísimos 30 minutos– las esposas e integrantes de la OPIM, entre ellos la actual presidenta, Obtilia Eugenio Manuel, gritaban consignas: “presos políticos, libertad”, así como “alza tu voz por su libertad”.
Cerca de las 2:30 de la tarde Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanarez Lorenzo, Natalio Ortega Cruz y Romualdo Santiago Enedina por fin cruzaron la puerta, y aunque se esperaba un encuentro emotivo con sus esposas e hijos, no fue así, pues aunque decían estar contentos por obtener su libertad, sus rostros se mostraban serios, un poco desencajados y evitaron hacer comentarios más que el de seguir luchando para conseguir la excarcelación de Raúl Hernández Abundio, quien no fue liberado ayer debido a que hay supuestos testigos que lo señalan como el autor material del homicidio de Alejandro Feliciano García.
El primero en declarar ante los medios de comunicación, con cierto recelo, fue Orlando Manzanarez Lorenzo, quien señaló al gobierno estatal de estar detrás de la detención, “esto hace el gobierno a gente indígena, a los luchadores de los pueblos indígenas” y aunque evasivo, comentó que su estancia en la prisión fue de sufrimiento.
Natalio Ortega Cruz, quien fue el más emotivo, pues se percibía su voz quebrada, a punto del llanto, se limitó a decir que adentro del penal “todos sufrimos”, pero agradeció que ya están libres y aseguró que van a luchar por la libertad de su compañero Raúl Hernández.
Romualdo Santiago Enedina –cuya hija no se le despegó ni un minuto desde que salió de la cárcel–, con ayuda de un traductor, culpó al gobierno de que hayan estado casi un año presos por defender sus derechos, por denunciar el ataque sexual contra dos indígenas (Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega) así como por la esterilización forzada de 14 indígenas de El Camalote, Ayutla.
Manuel Cruz Victoriano, uno de los esterilizados, reprochó que por exigir justicia por la violación a sus derechos fue encarcelado por el gobierno, y admitió: “ahora tengo miedo de estar afuera porque el gobienro nos persigue”.
En entrevista con el abogado de Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra, indicó que la detención ilegal que sufrieron los me’phaa por casi un año es una muestra más de que no hay garantías para que los defensores de derechos hagan su trabajo, y rechazó las declaraciones hechas este miércoles por el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
“Es inconcebible que estén detenidos los compañeros por un proceso de casi un año sin que haya los más mínimos elementos de prueba, eso evidencia que el Poder Judicial responde a los intereses políticos del gobernador, que es la persecución del pueblo indígena me’phaa”, reprochó Rosales Sierra.
El abogado reveló que el Poder Judicial no investiga las más de 10 amenazas que han recibido desde hace seis años los defensores de la OPIM, así como las que recibieron los dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, antes de ser secuestrados, torturados y asesinados.
Por otra parte, Rosales Sierra comentó que está pendiente el caso de Raúl Hernández Abundio, quien no alcanzó amparo; explicó que eso no quiere decir que sea culpable, y aseguró que van a buscar y aportar las pruebas para demostrar su inocencia.
Agregó que están pendientes los procesos de otros 10 integrantes de la OPIM, quienes tienen órdenes de aprehensión vigentes, de los cuales cinco ya tienen en trámite amparos y a los otros cinco se les van a tramitar otras estrategias para su defensa.
Rosales Sierra comentó que el hecho de que hayan demostrado la inocencia de cuatro integrantes de la OPIM no significa que haya habido justicia, pues estuvieron presos casi un año, a pesar de ser inocentes, “más bien lo que hay en Guerrero es una irregularidad, una persecución política contra los defensores, del movimiento de derechos humanos y principalmente contra la OPIM y la OFPM con el objeto de desarticularlas”.
El 17 de abril de 2008 los cinco integrantes de la OPIM fueron detenidos por el asesinato del informante del Ejército Alejandro Feliciano García, el 1º de enero de ese año. Seis días después el juex mixto de primera instancia Alfredo Sánchez Sánchez, ordenó la formal prisión y hasta el 15 de cotubre la juez octava de distrito, Livia Lizbeth Larumbe Radilla, les condedió el amparo y ordenó su libertad, pero el 30 de octubre la PGR protestó esa decisión y alargó el proceso para retener el mayor tiemo posible a los activistas
Fuente: La Jornada de Guerrero
Reflejan temor ante más represalias de la administración estatal, al salir de la cárcel de Ayutla
Se buscarán pruebas para liberar a Raúl Hernández Abundio, adelanta abogado de Tlachinollan
CITLAL GILES SANCHEZ (Enviada)
Ayutla, 19 de marzo. Con los rostros un poco desencajados, pero al mismo tiempo contentos, cuatro de los cinco integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) salieron en libertad luego de permanecer 11 meses y dos días presos en la cárcel de Ayutla por el supuesto asesinato de un espía del Ejército el año pasado.
Desde el miércoles al mediodía se informó que el magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa del circuito 21, con sede en Acapulco, Jesús Rafael Aragón, confirmó la sentencia de amparo a favor de los me’phaa, por lo que ordenó su inmediata liberación.
Desde las 9 de la mañana de este jueves los abogados del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, con las esposas de los cinco indígenas, se presentaron en el juzgado mixto de primera instancia de Ayutla, donde el juez Alfredo Sánchez Sánchez firmó las boletas de liberación.
Aunque Sánchez argumentó que la orden de liberación de los presos tendría que hacerse a las 4:30 de la tarde, ya que el auto de formal prisión se había ejecutado a esa hora del 17 de abril de 2008, se logró que los me’phaa salieran dos horas antes.
En el penal de Ayutla el ambiente era tenso, pues las indígenas ya querían ver a sus esposos atravesar la puerta del penal hacia la libertad. Durante la espera –que fueron larguísimos 30 minutos– las esposas e integrantes de la OPIM, entre ellos la actual presidenta, Obtilia Eugenio Manuel, gritaban consignas: “presos políticos, libertad”, así como “alza tu voz por su libertad”.
Cerca de las 2:30 de la tarde Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanarez Lorenzo, Natalio Ortega Cruz y Romualdo Santiago Enedina por fin cruzaron la puerta, y aunque se esperaba un encuentro emotivo con sus esposas e hijos, no fue así, pues aunque decían estar contentos por obtener su libertad, sus rostros se mostraban serios, un poco desencajados y evitaron hacer comentarios más que el de seguir luchando para conseguir la excarcelación de Raúl Hernández Abundio, quien no fue liberado ayer debido a que hay supuestos testigos que lo señalan como el autor material del homicidio de Alejandro Feliciano García.
El primero en declarar ante los medios de comunicación, con cierto recelo, fue Orlando Manzanarez Lorenzo, quien señaló al gobierno estatal de estar detrás de la detención, “esto hace el gobierno a gente indígena, a los luchadores de los pueblos indígenas” y aunque evasivo, comentó que su estancia en la prisión fue de sufrimiento.
Natalio Ortega Cruz, quien fue el más emotivo, pues se percibía su voz quebrada, a punto del llanto, se limitó a decir que adentro del penal “todos sufrimos”, pero agradeció que ya están libres y aseguró que van a luchar por la libertad de su compañero Raúl Hernández.
Romualdo Santiago Enedina –cuya hija no se le despegó ni un minuto desde que salió de la cárcel–, con ayuda de un traductor, culpó al gobierno de que hayan estado casi un año presos por defender sus derechos, por denunciar el ataque sexual contra dos indígenas (Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega) así como por la esterilización forzada de 14 indígenas de El Camalote, Ayutla.
Manuel Cruz Victoriano, uno de los esterilizados, reprochó que por exigir justicia por la violación a sus derechos fue encarcelado por el gobierno, y admitió: “ahora tengo miedo de estar afuera porque el gobienro nos persigue”.
En entrevista con el abogado de Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra, indicó que la detención ilegal que sufrieron los me’phaa por casi un año es una muestra más de que no hay garantías para que los defensores de derechos hagan su trabajo, y rechazó las declaraciones hechas este miércoles por el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
“Es inconcebible que estén detenidos los compañeros por un proceso de casi un año sin que haya los más mínimos elementos de prueba, eso evidencia que el Poder Judicial responde a los intereses políticos del gobernador, que es la persecución del pueblo indígena me’phaa”, reprochó Rosales Sierra.
El abogado reveló que el Poder Judicial no investiga las más de 10 amenazas que han recibido desde hace seis años los defensores de la OPIM, así como las que recibieron los dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, antes de ser secuestrados, torturados y asesinados.
Por otra parte, Rosales Sierra comentó que está pendiente el caso de Raúl Hernández Abundio, quien no alcanzó amparo; explicó que eso no quiere decir que sea culpable, y aseguró que van a buscar y aportar las pruebas para demostrar su inocencia.
Agregó que están pendientes los procesos de otros 10 integrantes de la OPIM, quienes tienen órdenes de aprehensión vigentes, de los cuales cinco ya tienen en trámite amparos y a los otros cinco se les van a tramitar otras estrategias para su defensa.
Rosales Sierra comentó que el hecho de que hayan demostrado la inocencia de cuatro integrantes de la OPIM no significa que haya habido justicia, pues estuvieron presos casi un año, a pesar de ser inocentes, “más bien lo que hay en Guerrero es una irregularidad, una persecución política contra los defensores, del movimiento de derechos humanos y principalmente contra la OPIM y la OFPM con el objeto de desarticularlas”.
El 17 de abril de 2008 los cinco integrantes de la OPIM fueron detenidos por el asesinato del informante del Ejército Alejandro Feliciano García, el 1º de enero de ese año. Seis días después el juex mixto de primera instancia Alfredo Sánchez Sánchez, ordenó la formal prisión y hasta el 15 de cotubre la juez octava de distrito, Livia Lizbeth Larumbe Radilla, les condedió el amparo y ordenó su libertad, pero el 30 de octubre la PGR protestó esa decisión y alargó el proceso para retener el mayor tiemo posible a los activistas
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