Fuente: La Jornada de Jalisco
JORGE ROCHA
A las y los amigos periodistas que perdieron su trabajo
Luego de que el tema de la crisis económica ha dejado las primeras planas de los diarios (no porque se acabó, sino porque dejó de ser “la noticia”), el tema de la seguridad pública y el combate contra la delincuencia organizada volvió a ser el tema y la materia de los titulares. Felipe Calderón se ha dedicado a justificar su guerra contra el narcotráfico, dice que está ganando, mientras que las organizaciones criminales avanzan, las ejecuciones continúan y diversas instancias del gobierno de los Estados Unidos señalan que el Estado mexicano ya no gobierna en todos lo territorios de nuestro país. El debate sobre el estado fallido continúa y los ciudadanos estamos entre una guerra de cifras, declaraciones, acciones de cárteles y operativos policiacos, todo ello en medio de un clima permanente de inseguridad.
En este escenario, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (PRODH), en voz de su director, Luis Arriaga Valenzuela, SJ; presentó hace una semana en Guadalajara el informe¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las Fuerzas Armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón. En este excelente documento se hace un análisis empírico de la actuación del Ejército en su lucha contra la delincuencia organizada, desde una perspectiva de derechos humanos, que muestra cómo la estrategia adoptada por el gobierno federal ha provocado graves violaciones a los derechos de civiles. El periodo de estudio es de enero de 2007 a noviembre de 2008, y hay un resumen ejecutivo que actualiza algunas cifras hasta diciembre del año pasado.
En la primera parte de este informe se hace un recuento histórico que da cuenta de cómo las Fuerzas Armadas se han incorporado paulatinamente en tareas de seguridad pública. Este proceso comienza con la Operación Cóndor, en 1976, cuando efectivos militares realizaron un operativo contra la siembra de estupefacientes en las zonas serranas de Sinaloa y Chihuahua. En 1968, como es sabido por todos, el Ejército es utilizado para la represión del movimiento estudiantil, pero es hasta el gobierno de Salinas de Gortari cuando se oficializa la incursión de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública al considerar al narcotráfico como un problema de seguridad nacional. Con Ernesto Zedillo y Vicente Fox este proceso se profundizó, hasta terminar con Calderón, que utiliza a las Fuerzas Armadas en las tareas más básicas de las policías, como es el patrullaje en las calles. Cabe señalar que desde la década de los 90 y sobre todo a partir del levantamiento zapatista, en 1994, las Fuerzas Armadas han sido empleadas también en tareas de contrainsurgencia en territorios indígenas.
En el resumen ejecutivo del informe se da cuenta de 120 casos de violación a los derechos humanos por parte de los miembros del Ejército Mexicano. Los estados que mayor cantidad de abusos presentan son Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán y Sinaloa. De acuerdo con lo datos del PRODH, 11 personas perdieron la vida en estos hechos durante 2007 y otras 17 en 2008. Además hubo 163 agredidos a lo largo de todo el periodo.
Los tipos de abusos más frecuentes son los cateos ilegales, las agresiones físicas, entre las que se encuentra la tortura, las detenciones arbitrarias y los ataques con armas de fuego. Los retenes militares cobran especial relevancia, ya que hay documentados 17 casos donde civiles han sido agredidos por los soldados por no detenerse en estos sitios. En algunos de estos casos, civiles han perdido la vida. Los grupos que han resultado más afectados por estos abusos son personas migrantes indocumentadas en primer lugar, luego policías y empleados públicos, y jóvenes. Si la tarea primordial de los militares es perseguir a la delincuencia organizada, resulta muy extraño que el grupo que ha sufrido más estos abusos sean los migrantes. Esto confirma la política de facto de criminalización de la migración.
El informe expone dos casos que resultan paradigmáticos: el primero es la masacre de Santiago de Caballeros, el 26 de marzo de 2008, en el estado de Sinaloa, donde cuatro personas civiles fueron asesinadas, dos más heridas e incluso dos soldados también murieron por lesiones realizadas por sus propios compañeros, cuando efectivos militares abrieron fuego contra el vehículo donde se transportaban estas personas sin razón alguna. El siguiente caso son las lesiones provocadas a Daniel Téllez el 24 de septiembre de 2006, cuando fue atropellado por militares mientras entrenaba ciclismo en la carretera México-Querétaro. De acuerdo con los testigos, el camión militar que atropelló a este joven iba a exceso de velocidad y zigzagueando, al golpear al ciclista éste fue lanzado a más de 30 metros del lugar del accidente. Daniel Téllez tuvo un diagnóstico de paraplejía con sección medular completa. El común denominador de ambos casos es la falta de acceso a la justicia, procesos penales plagados de irregularidades y la no reparación del daño.
Una de las causas fundamentales de esta impunidad es la existencia del fuero militar, que no permite que los casos de violación de derechos humanos perpetradas por miembros de las Fuerzas Armadas como los anteriormente expuestos, sean juzgados por tribunales civiles. Esto genera que el Ejército se convierta de facto en juez y parte, y los resultados de esta situación es que los civiles agraviados obtienen justicia en muy pocas ocasiones. De acuerdo con el PRODH, esta situación es anticonstitucional y ha pedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se pronuncie el respecto.
Un capítulo del informe analiza la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) frente al tema. Hay tres preocupaciones que el PRODH externa sobre la forma de proceder de este organismo autónomo que preside José Luis Soberanes. La primera es que la CNDH no ha condenado el uso del fuero militar para juzgar casos de violación a derechos humanos, incluso se ha pronunciado a favor de que el Ministerio Público Militar conozca casos. La segunda preocupación se refiere a que la CNDH cree que el origen de las violaciones es por una deficiente capacitación de los militares en materia de derechos humanos, omitiendo que básicamente es un problema estructural, ya que las Fuerzas Armadas no están hechas y diseñadas para realizar tareas de seguridad pública. La tercera crítica es que la CNDH no ha emprendido acciones decididas para resolver las causas y el origen de estas violaciones, haciendo uso de todas sus facultades y atribuciones.
Sin duda, este informe representa un valioso aporte y nos muestra una serie de datos, información y análisis que documenta que la estrategia implementada hasta ahora por el gobierno federal no ha dado los resultados deseados y más bien ha vulnerado los derechos de aquellos a los que pretende defender.
jerqmex@hotmail.com
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