Fuente: La Jornada de Zacatecas
Redacción
En Washington DC, al comenzar el viernes el 134 periodo de audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se llevó a cabo la audiencia sobre el juzgamiento de violaciones de derechos cometidas por militares mexicanos bajo la jurisdicción militar, a pesar de las múltiples recomendaciones efectuadas por la CIDH sobre que las violaciones de derechos humanos deben dilucidarse bajo la jurisdicción ordinaria.
Recientemente el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) recomendó al Estado revisar el Código de Justicia Militar a fin de corregir esa situación, la cual México aún no ha atendido. Varias violaciones fueron cometidas contra mujeres, casos que hasta hoy continúan impunes.
Un ejemplo es el caso de Inés y Valentina, indígenas del estado de Guerrero abusadas sexualmente y torturadas por militares en 2001. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) es una organización no gubernamental sin fines de lucro, con estatus consultivo ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano.
El objetivo del organismo es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la OEA, mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. También se llevó a cabo la audiencia del caso referido al feminicidio de María Isabel Véliz Franco, ocurrido en diciembre de 2001 en Guatemala.
Ocho años y la impunidad resiste
El caso de feminicidio fue expuesto ante el Cejil junto con otras organizaciones de derechos humanos. Cejil y la Red de No Violencia contra las Mujeres en Guatemala afirmaron ante la CIDH que, transcurridos más de ocho años desde el asesinato de la víctima, sus familiares siguen sin saber la verdad de lo ocurrido por fallas en la investigación judicial.
El 21 de marzo se celebraron reuniones de trabajo para examinar el estado de cumplimiento de acuerdos de solución amistosa y de recomendaciones emitidas por la CIDH sobre violaciones de derechos humanos ocurridas en México, Honduras y Perú.
Tales casos se refieren a desapariciones forzadas, detención ilegal, tortura, ejecuciones extrajudiciales seguidas de la falta de investigación eficaz y reparación a las víctimas.
Hoy la Comisión analizará denuncias sobre alianzas entre políticos y paramilitares en Colombia, y el efecto que esas alianzas tienen en el ejercicio de los derechos civiles y políticos en ese país. Asimismo, recibirá información relevante sobre la falta de legislación efectiva que garantice el derecho a la salud y el acceso a la justicia de las trabajadoras de la maquila en Honduras.
Las audiencias finalizarán el 24 de marzo, con un relevamiento actualizado de la situación de derechos humanos en Venezuela, en particular en lo referente a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), las garantías para el trabajo de los defensores de derechos humanos y las y los periodistas.
Jornadas laborales de 24 horas en CR
El periodo se cerrará con el estudio del caso sobre discriminación por razón de género basado en el tipo de labor que llevan a cabo las trabajadoras de atención directa del Patronato Nacional de la Infancia (Pani) de Costa Rica, quienes se encuentran sometidas a jornadas laborales de 24 horas por varios días consecutivos.
Cejil espera que ese periodo de sesiones contribuya a garantizar el efectivo goce de los derechos humanos para los habitantes del hemisferio y que la CIDH dé seguimiento a los compromisos que asuman los estados convocados.
(CIMAC)
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