Autor: Jorge Melendez Preciado
Nuevamente, el duopolio televisivo y el oligopolio radiofónico mostraron que poco les importa la ley y el orden (recordando una de las series estadunidenses de mayor éxito); más bien, son como los machos de Jalisco: cuando pierden, arrebatan. Si en marzo del año pasado fueron a las instalaciones del Senado para discutir las nuevas maneras en que se destinaría la propaganda oficial y luego de sus berrinches trataron de dar lecciones de moral, prepotencia y hacerse las víctimas –algo que rechazaron con muy buen tino legisladores como Ricardo García Cervantes y Pablo Gómez, entre otros–, desde el viernes 30 de enero de 2008 mostraron que la venganza, lejos de ser dulce, se torna ciega. Ello porque en las proyecciones de encuentros de la llamada patabola inicialmente, y en el juego cumbre del futbol americano después, interrumpieron las transmisiones para incluir bloques de tres, cuatro y hasta seis minutos de anuncios de partidos políticos y especialmente del Instituto Federal Electoral (IFE).
El objetivo era claro: irritar a la audiencia para que rechace al árbitro electoral y a los partidos políticos. El asunto no es nuevo. Gracias a modificaciones importantes, los organismos que batallan para obtener el voto no erogarán más el 75 por ciento de su presupuesto en los medios audiovisuales, lo cual irritó a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, ya que dejarían de percibir más de 1 mil 200 millones de pesos. Y eso en tiempos de crisis –el llamado Supertazón tuvo ahora menos anunciantes, algo único en la historia de dichos encuentros– es cardiaco.
Es notorio que el duopolio de la pantalla chica está acostumbrado a determinar lo que debe hacerse. Baste recordar el pasado sexenio: impusieron la Ley Televisa, que después fue modificada por la Suprema Corte; TV Azteca efectuó el asalto al Canal 40, y la empresa de Azcárraga llevó sumisamente a sus instalaciones a los candidatos a la Presidencia de la República. Recientemente, la compañía de Salinas Pliego ha vendido aparatos en sus tiendas Elektra para acceder a canales sin cumplir la norma oficial, mientras la que se encuentra en Chapultepec 18 realiza campañas abiertas y subliminales para los precandidatos a la silla embrujada que les aportan recursos (Enrique Peña Nieto, el más visible) y borra el rostro de su viejo aliado, hoy denigrado, Santiago Creel.
Ante ese panorama, era lógico esperar una mala jugada de los mencionados consorcios que juegan para engordar su cartera, amenazar cualquier reforma que los meta en orden y presionar para que los políticos bailen al son que ellos toquen. Es cierto, las primeras reacciones de los televidentes fueron indignarse contra el IFE y los partidos. Sobre todo porque los segundos insisten en erogar cantidades millonarias sin aportar propuestas, no digamos soluciones, al negro panorama que vivimos, amén de continuar repitiendo candidatos y fórmulas desgastadas. Pero en un segundo momento, si las televisoras continúan interrumpiendo las transmisiones, en lugar de meter en el bloque de anuncios los correspondientes a las campañas políticas, le saldrá el tiro por la culata, ya que el ciudadano dejará de sintonizar los espectáculos que le ofrecen.
Debemos señalar, por cierto, que una actitud similar a las televisoras comerciales lo tuvo Canal 22. No entendemos su falta de visión; el descuido es evidente. No ocurrió lo mismo con el 11 y 34. Incluso algunos medios oficiales están discutiendo con las autoridades cómo hacer para que algunas emisiones que requieren continuidad de una hora y más cumplan con el reglamento, el cual tiene interpretaciones que la autoridad debería precisar. Este último ejemplo da idea de cómo muchos asuntos se dejan al último, en lugar de aclararse; pero también muestra que se puede cumplir la ley sin alevantarse, parafraseando a Juan Rulfo.
Pero ya sabemos que los oligopolios nunca estarán contentos, ni siquiera dándoles las más grandes ventajas. Y eso lleva nuevamente a la reflexión: la democracia será un mito en tanto existan empresas que manejan a su antojo todos los procesos en la vida económica, social y política. Una muestra evidente son las cadenas televisivas multimencionadas; pero hay otras: Telmex y los bancos.
Frente al desafío, es cierto que el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deben actuar lo más rápido posible. Pero no deben ser ajenos al asunto tanto los desprestigiados partidos políticos como la Secretaría de Gobernación. Todos, a fin de cuentas, han sido burlados por dos señores que insisten en mantener sus privilegios, no obstante que la ley señale claramente: son concesionarios de un bien público. Desalentar el proceso electoral de este año, donde se prevé una participación de máximo 35 por ciento de los 75 millones de empadronados, es dar pie para que se insista que sólo unos cuantos son quienes deben tomar decisiones; algo que muestra el regreso a los tiempos más oscuros de la historia.
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