La Red estatal contra la represión y por la solidaridad con las comunidades zapatistas informa que el jueves 9 de octubre por la noche, en Jojutla, unos policías judiciales llegaron a la tienda de la pareja que alquilaba el local de reunión a los adherentes de la Otra Campaña.
Esta pareja realizó un simple contrato de renta y estuvo siempre al margen del movimiento zapatista. Mientras la señora atendía a un cliente, subieron a su esposo a una camioneta obscura sin placas; los judiciales lo llevaron a dar unas vueltas y le hicieron una serie de preguntas, entre las cuales: que quién era el encargado del grupo de la ‘Otra Campaña’; su nombre y en donde se seguían reuniendo (en vista de que ese local ahora ya no está alquilado), que si eran “los que están con el enmascarado”. El les contestó que no sabía nada porque el trato de alquiler lo había hecho su esposa, entonces los policías judiciales le advirtieron: “dile a tu esposa que vamos a regresar otro día, pero que va ir una mujer hacerle una preguntas”.
Efectivamente, ayer, 13 de octubre, a las 17pm aproximadamente, los policías judiciales regresaron a la tienda con tres camionetas y le pidieron a la señora datos acerca del paradero de uno de los adherentes conocidos en la región pero ella les contestó que no lo conocía.
En el contexto del conflicto magisterial, en donde se evidencia una vez más la estrategia del gobierno mexicano de aprovechar todo conflicto para cazar activistas sociales de un territorio determinado, y ante este hecho de hostigamiento concreto hacia miembros de la Otra Campaña, hacemos responsables al gobierno del estado, al ejército mexicano, a los cuerpos policíacos federales y estatales de cualquier represalia o violación a los derechos fundamentales que resulten hacia cualquiera de los miembros de la Otra Campaña, en Morelos y de los dueños del inmueble que fueron hostigados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario