Para abordar el incremento delictivo que se vive en nuestro país es necesario analizar además de los efectos, las causas que lo originan. Es decir, que son las condiciones de miseria en la que vive casi la mitad de la población mexicana las que orillan a buscar medios de sobrevivencia. Para el Estado mexicano, encabezado por Felipe Calderón, las soluciones inmediatas son programas gubernamentales que en la práctica son un paliativo, y que por si fuera poco, dichos programas son utilizados para operar políticamente a favor de un puñado de gente sin escrúpulos para perpetuarse en el poder.
A lo anterior le debemos añadir el análisis de Laura Juárez, investigadora de la Universidad Obrera de México en el sentido de que "la tortilla subió de precio 38 por ciento entre diciembre de 2006 y mayo de 2008; el aceite comestible tuvo un incremento de 74 por ciento; el pollo de casi 60 por ciento; el arroz de 53 por ciento, el pan blanco de 46 por ciento, y el huevo de 25 por ciento, sólo por mencionar algunos de los 40 productos y servicios que forman la canasta básica." En contraste, "el salario mínimo sólo ha aumentado 8 por ciento [en dos años], lo que revela el deterioro que ha alcanzado el poder adquisitivo de los trabajadores." (I. Rodríguez y S. González, La Jornada, Sección Política, 02/08/08)
Las señales que manda el Estado mexicano para solucionar esta ola delictiva, no son para garantizar condiciones de vida digna para el pueblo mexicano. Más bien, reduce el problema a reformas judiciales y condenas más fuertes como la cadena perpetua; que en nada resuelven los problemas de fondo. Por el contrario, las reformas están encaminadas a criminalizar la pobreza, los movimientos sociales y la defensa de los derechos humanos. El caso Atenco, la represión en contra e la APPO en Oaxaca, las constantes incursiones de grupos policíacos, militares y paramilitares en comunidades indígenas de Chiapas, Guerreo, Morelia, Hidalgo y la muerte de civiles a manos de militares en diferentes estados del país, son algunos ejemplos.
Resulta preocupante que la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se contextualiza con los antecedentes de la reforma judicial, mejor conocida como ley Gestapo, el Plan Mérida, la militarización que se vive en el país, y la reciente entrevista entre Juan Camilo Mouriño y el director nacional de Inteligencia de Estados Unidos, Michael McConnell. Cómo entender la visita: cómo injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones de nuestro país, cómo muestra de subordinación del gobierno mexicano a gobiernos extranjeros, o cómo una "reunión bilateral de seguridad", en la cual, el gobierno estadounidense no tiene calidad moral cuando es sabido en el mundo entero que impulsa "guerras preventivas" contra los pueblos como en Irak, Afganistan, Palestina y Colombia, bajo el argumento de la democracia y la paz.
Alertamos al pueblo mexicano que esta lógica gubernamental se esta encaminando a retornar a las sanguinarias dictaduras militares vividas en América latina.
Finalmente recordamos a la sociedad en general que este 30 de agosto es el día internacional contra la desaparición forzada de personas, delito de lesa humanidad tipificado por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; y que en México, en lo que va de este sexenio han sido más de 23 casos documentados, entre ellos: Jorge Gabriel Cerón (activista social y profesionista), Baltasar López Pita, David e Hilario Vega Zamarrita con ellos, los captores se llevaron a ocho personas más: la esposa de David, dos hermanos de ella y otros tres obreros (Sección 49 del Sindicato Petrolero, Cadereyta); Edmundo Réyez Amaya (luchador social, militante del PDPR-EPR), Gabriel Alberto Cruz Sánchez (luchador social, militante del PDPR-EPR), Francisco Paredes Ruiz (Activista de DDHH), Rafael Ramírez Bautista, Virginia y Daniela Ortiz Ramírez (indígena-MULT), Lauro Juárez (campesino-Unión de Campesinos Pobres), Gamaliel López Candanosa (Reportero de TV Azteca), Gerardo Paredes Pérez (Camarografo de TV Azteca), Pedro Núñez Pérez, Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo y Antonio Peñate Montejo (indígenas, Viejo Velasco).
De igual manera las muertas de Juárez, y el reciente planteamiento de Elba Esther Gordillo de desaparecer las normales públicas son una agresión al pueblo trabajador. En Puebla, tenemos los casos de Griselda Tirado, de Teodoro Lozano, las agresiones en contra de SITIMEX y Alcoa Fujikura, agresiones a periodistas como el caso de Julio Martínez y Lydia Cacho, en contra de luchadores sociales como Alberto Hernández de la UPVA 28 de Octubre y las vejaciones que viven constantemente los presos indígenas de Huitzilan.
Este recordatorio es al mismo tiempo un llamado a la solidaridad por la presentación con vida de los desparecidos y por la libertad de todos los presos políticos y de conciencia del país.
ACTIVIDADES EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO:
LUNES 1 DE SEPTIEMBRE:
*11am. CORDON HUMANO DEL GALLITO A CASA AGUAYO.
*4pm. MARCHA DEL SITIMSS (4 sur, entre 13 y 15 oriente) al CONGRESO DEL ESTADO.
¡¡Alto a la criminalización de los movimientos sociales y de defensa de los derechos humanos!!
¡¡Presentación con vida de los desparecidos!!
¡¡Por la libertad de todos los presos políticos y de conciencia del país!!
Fraternalmente
Unión Nacional de Trabajadores, Movimiento Sindical Poblano, Frente Sindical, Campesino, Social y Popular del Estado de Puebla, Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH).
H. Puebla de Zaragoza a 29 de agosto de 2008
A lo anterior le debemos añadir el análisis de Laura Juárez, investigadora de la Universidad Obrera de México en el sentido de que "la tortilla subió de precio 38 por ciento entre diciembre de 2006 y mayo de 2008; el aceite comestible tuvo un incremento de 74 por ciento; el pollo de casi 60 por ciento; el arroz de 53 por ciento, el pan blanco de 46 por ciento, y el huevo de 25 por ciento, sólo por mencionar algunos de los 40 productos y servicios que forman la canasta básica." En contraste, "el salario mínimo sólo ha aumentado 8 por ciento [en dos años], lo que revela el deterioro que ha alcanzado el poder adquisitivo de los trabajadores." (I. Rodríguez y S. González, La Jornada, Sección Política, 02/08/08)
Las señales que manda el Estado mexicano para solucionar esta ola delictiva, no son para garantizar condiciones de vida digna para el pueblo mexicano. Más bien, reduce el problema a reformas judiciales y condenas más fuertes como la cadena perpetua; que en nada resuelven los problemas de fondo. Por el contrario, las reformas están encaminadas a criminalizar la pobreza, los movimientos sociales y la defensa de los derechos humanos. El caso Atenco, la represión en contra e la APPO en Oaxaca, las constantes incursiones de grupos policíacos, militares y paramilitares en comunidades indígenas de Chiapas, Guerreo, Morelia, Hidalgo y la muerte de civiles a manos de militares en diferentes estados del país, son algunos ejemplos.
Resulta preocupante que la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se contextualiza con los antecedentes de la reforma judicial, mejor conocida como ley Gestapo, el Plan Mérida, la militarización que se vive en el país, y la reciente entrevista entre Juan Camilo Mouriño y el director nacional de Inteligencia de Estados Unidos, Michael McConnell. Cómo entender la visita: cómo injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones de nuestro país, cómo muestra de subordinación del gobierno mexicano a gobiernos extranjeros, o cómo una "reunión bilateral de seguridad", en la cual, el gobierno estadounidense no tiene calidad moral cuando es sabido en el mundo entero que impulsa "guerras preventivas" contra los pueblos como en Irak, Afganistan, Palestina y Colombia, bajo el argumento de la democracia y la paz.
Alertamos al pueblo mexicano que esta lógica gubernamental se esta encaminando a retornar a las sanguinarias dictaduras militares vividas en América latina.
Finalmente recordamos a la sociedad en general que este 30 de agosto es el día internacional contra la desaparición forzada de personas, delito de lesa humanidad tipificado por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; y que en México, en lo que va de este sexenio han sido más de 23 casos documentados, entre ellos: Jorge Gabriel Cerón (activista social y profesionista), Baltasar López Pita, David e Hilario Vega Zamarrita con ellos, los captores se llevaron a ocho personas más: la esposa de David, dos hermanos de ella y otros tres obreros (Sección 49 del Sindicato Petrolero, Cadereyta); Edmundo Réyez Amaya (luchador social, militante del PDPR-EPR), Gabriel Alberto Cruz Sánchez (luchador social, militante del PDPR-EPR), Francisco Paredes Ruiz (Activista de DDHH), Rafael Ramírez Bautista, Virginia y Daniela Ortiz Ramírez (indígena-MULT), Lauro Juárez (campesino-Unión de Campesinos Pobres), Gamaliel López Candanosa (Reportero de TV Azteca), Gerardo Paredes Pérez (Camarografo de TV Azteca), Pedro Núñez Pérez, Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo y Antonio Peñate Montejo (indígenas, Viejo Velasco).
De igual manera las muertas de Juárez, y el reciente planteamiento de Elba Esther Gordillo de desaparecer las normales públicas son una agresión al pueblo trabajador. En Puebla, tenemos los casos de Griselda Tirado, de Teodoro Lozano, las agresiones en contra de SITIMEX y Alcoa Fujikura, agresiones a periodistas como el caso de Julio Martínez y Lydia Cacho, en contra de luchadores sociales como Alberto Hernández de la UPVA 28 de Octubre y las vejaciones que viven constantemente los presos indígenas de Huitzilan.
Este recordatorio es al mismo tiempo un llamado a la solidaridad por la presentación con vida de los desparecidos y por la libertad de todos los presos políticos y de conciencia del país.
ACTIVIDADES EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO:
LUNES 1 DE SEPTIEMBRE:
*11am. CORDON HUMANO DEL GALLITO A CASA AGUAYO.
*4pm. MARCHA DEL SITIMSS (4 sur, entre 13 y 15 oriente) al CONGRESO DEL ESTADO.
¡¡Alto a la criminalización de los movimientos sociales y de defensa de los derechos humanos!!
¡¡Presentación con vida de los desparecidos!!
¡¡Por la libertad de todos los presos políticos y de conciencia del país!!
Fraternalmente
Unión Nacional de Trabajadores, Movimiento Sindical Poblano, Frente Sindical, Campesino, Social y Popular del Estado de Puebla, Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH).
H. Puebla de Zaragoza a 29 de agosto de 2008
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