domingo, 31 de agosto de 2008

La Convención Nacional Democrática en Puebla ante el creciente problema de la inseguridad publica en el estado y en el país.



Todos los mexicanos nos sentimos agraviados por los alarmantes extremos a los que ha llegado la inseguridad en nuestro país. Situación que tiene su antecedente inmediato en la implantación del modelo neoliberal que convirtió al gobierno en un comité al servicio de una minoría de banqueros, hombres de negocios vinculados al poder, especuladores, traficantes de influencias y políticos corruptos.

A partir de esta corrupción e impunidad apuntalada en las acciones del gobierno que solo han servido para favorecer los privilegios de los poderosos, sin preocuparse por el destino de los millones de mexicanos que menos tienen, es como se ha venido gestando esta ola de violencia que hoy nos envuelve.

Hoy en día hasta el sector más pudiente del país se encuentra atemorizado dado que por sus exorbitantes ingresos están entre los que más peligro corren de ser víctimas de un secuestro con fines económicos. El vil rapto y asesinato del niño Alejandro Martí, ha provocado tal indignación en esta elite que el asunto de la inseguridad pública en México ha sido finalmente atendido por los medios de comunicación como un asunto en el que no se va ganando la guerra contra el crimen organizado. La razón es comprensible, el pago de seis millones de dólares de rescate, no fue suficiente como para evitar que los infames plagiarios de Alejandro Martí, lo asesinaran.

El Consejo Nacional de Seguridad se reunió con bombos y platillos en el palacio nacional invitando únicamente a los sectores más influyentes del país para firmar un pacto contra la inseguridad pública que por si mismo queda desacreditado al estar firmado por oscuros personajes como Elba Esther Gordillo, Carlos Romero Dechamps, Ulises Ruíz, entre otros. En nuestra entidad, el intento de secuestro de una persona en el municipio de Tlanapalá por parte de un grupo de maleantes disfrazados de agentes de seguridad pública que terminó en un linchamiento, se une al intento de asesinado que sufrió el subprocurador de justicia del estado y a otros hechos violentos ocurridos en meses anteriores.

Si a esto agregamos el hecho de que la industria de los secuestros creció en un 35% en 2007 con respecto a lo que sucedió en 2006, que cada año se observan más de dos mil ejecuciones como consecuencia de las disputas territoriales de los narcotraficantes y el terror que ha despertado entre la población la presencia anticonstitucional del ejercito en las calles y la impunidad con que también actúa contra la población indefensa, es fácil entender la indignación de millones de mexicanos ante la impunidad que tiene el crimen en nuestro país, ya que apenas el 1.2% de los delitos cometidos en México son castigados, tal y como ha sido declarado por el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La CND-P comparte estos agravios e indignación pero rechaza que la solución al gravísimo problema de la inseguridad pública en nuestro país, sea posible solamente con las medidas punitivas que claman voces desde la derecha. Más cárceles, más policías, más ejército, mayores y más duras penas y condenas, serán insuficientes si en México no existe una política integral de prevención de la delincuencia, además de un uso más eficiente de las fuerzas de seguridad pública, del saneamiento del aparato judicial, de una conducción enérgica en contra del crimen, México necesita más empleos, mejores salarios, mayor acceso a la educación, atención eficaz a jóvenes en situación de riesgo, una política contundente que rescate al campo. Con estas medidas y otras de similar naturaleza, estaremos evitando que cada año cientos de miles de jóvenes vean cerradas sus alternativas de una vida honrada y productiva, que muchos de ellos se vean orillados a la delincuencia común o a engrosar las filas de las infanterías del crimen organizado.

Las voces que claman una lucha enérgica contra la impunidad deben agregar a sus reclamos, el que esta impunidad sea desterrada tanto para la delincuencia común, como para la delincuencia organizada y la de cuello blanco, que se amparan en sus poderes y privilegios tanto en el sector público como en el privado. ¿Acaso el gobernador del Estado no está gozando las mieles de la impunidad?


Heroica Puebla de Zaragoza, 29 de agosto de 2008.

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