viernes, 30 de mayo de 2008

Embargarán propiedades a los Mouriño

Hacen diligencias de requerimiento de pago y embargo a cuatro propiedades de la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, a fin de garantizar recursos por 657 mil 763.87 pesos, tras el fallo a favor de tres empleadas despedidas injustificadamente de una lavandería.
Según versiones extraoficiales, las propiedades son tienda de conveniencia, lavandería, donde trabajaban, y un negocio de celulares, ubicados en los alrededores de la gasolinería de la Novia del Mar.
William Antonio Pech Medina, subprocurador de la Defensa del Trabajo, dijo que el juicio laboral les favoreció a las ex empleadas y es una diligencia de requerimiento de pago y embargo, donde deben señalar bienes suficientes para garantizar los recursos.
Pech Medina explicó que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo las benefició después de un largo proceso, ya que la parte demandada utilizó todos los recursos que la misma ley concede.
La diligencia de embargo fue con la finalidad de garantizar el crédito laboral de las trabajadoras por 657 mil 763.87 pesos.
“Ellos señalan que no tienen el dinero para cubrir el monto en estos momentos, por lo cual solicitamos se proceda como la propia ley nos reglamenta, a embargar bienes inmuebles, los que quedaron descritos en la diligencia”.
Silvia Navarro Notario, una de las ex trabajadoras, dijo: “Aquí se ve la prepotencia y el abuso de autoridad del secretario de Gobernación, quien pisotea el derecho de los trabajadores, y de continuar el día de mañana será peor”.
Indicó que sólo quiere decirle que no se quedarán con las manos cruzadas, seguirán los procesos legales y tomarán medidas drásticas para que les paguen. “No lo dejaremos así, si es preciso vamos a manifestarnos en el Palacio y tomaremos alguna instalación”.
Recordó que hace unos años las recibió Fernando Murillo, “pero son las mismas palabras de tranquilidad que no solucionan nada”.
Por su parte, Luis Alberto Cervera Hernández, asesor jurídico del Grupo Novia del Mar, dijo: “Por el momento nos requieren un pago a la empresa y tengo conocimiento que ésta interpuso diversos recursos, actualmente tramita uno de revisión en la ciudad de Mérida, Yucatán, ante el Tribunal Colegiado y hasta que no lo resuelva no pueden, ni deben hablar que se le tenga como patrón sustituto, porque no existe tal figura.
“Pero las trabajadoras están en todo su derecho, simplemente nosotros tenemos que verificar que la diligencia se lleve conforme a derecho, sino pues nos iríamos a los recursos que nos marca la misma ley”.
Comentó que las trabajadoras señalarán los bienes que creen puedan cubrir el monto de su deuda, “si lo consideran en un momento y dicen que embargarán diversas empresas, ese derecho les corresponde, pero deben tener en cuenta de que hay ciertos dueños que pueden acreditar la propiedad, de antemano no resultaría legal que dicha diligencia se lleve a cabo”. (JMM)

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