Argucias

Francisco Rojas

La elaborada tentativa de darle la vuelta a la Constitución mediante modificaciones a las leyes secundarias, ha dividido a la Sociedad y provocado reacciones mayoritarias en contra; se dice que las iniciativas de reforma energética podrían modificarse o que se presentarían otras en su lugar, pero dejando sembrados “caballos de Troya” para conseguir los objetivos, aún a riesgo de controversias constitucionales.

El hábil entramado jurídico no permite el análisis individual de las iniciativas, por lo que suponemos que fueron construidas de abajo hacia arriba partiendo de lo que se quería que fuera o hiciera Pemex; por ejemplo, que con el pretexto de darle autonomía de gestión y flexibilidad operativa con lo que estamos de acuerdo, se cree un régimen de excepción para que el Consejo de Administración, a través de comités internos, tuviera facultades legislativas y reglamentarias para sustraerse de las disposiciones legales existentes sobre contratación de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenación de bienes, remuneraciones, auditoria, fiscalización y deuda pública; con lo cual podrían regularizar, al menos en imagen, cualquier violación a las leyes y a la Constitución que se hubiere cometido.

Que basado en lo anterior, se pudieran celebrar contratos incentivados, no sólo en aguas profundas si no en cualquier área o materia, en donde la remuneración queda indeterminada, tanto en monto como en plazo o avance de la obra, que por sus características se acerca a lo que internacionalmente se conoce como Risk Contracts, que dejan en manos del contratista la planeación, control y ejecución de las obras o servicios. Si esto fuera así, implicaría ceder la dirección, operación y control por parte de Pemex, como ya sucede indebidamente en los contratos de mantenimiento de ductos. Siguiendo la lógica anterior, a las empresas que aporten supuestas innovaciones tecnológicas se les exentaría de la licitación pública y sus contratos podrían ser declarados como reservados y confidenciales.

Que Pemex pueda libremente constituir o desaparecer filiales paraestatales sin ajustarse a las leyes de Entidades Paraestatales y Orgánica de la Federación, para crear “empresas espejo”, que podrían encubrir otra forma de privatización sin sustento económico y orgánico, trasluciendo incapacidades administrativas o de negociación, por ejemplo con el Sindicato; alentándose, además, la “balcanización” de actividades estratégicas reservadas al Estado. Sus objetivos podrían ser alcanzados sin desmembrar a Pemex, estableciendo un fondo para contingencias derivadas de la actividad petrolera y acotando la discrecionalidad para distribuir los excedentes petroleros.

De aprobarse como están, las iniciativas tendrían consecuencias en relación con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte donde, además de abrir unilateralmente el Tratado sin recibir nada a cambio, se estaría eliminando parcialmente la reserva de mercado establecida en el capítulo de Energía y Petroquímica Básica; las aperturas que se realizaran ya no podrían ser revertidas unilateralmente por el Estado mexicano; y, en caso de controversia, éstas tendrían que ser ventiladas ante paneles internacionales y no ante tribunales mexicanos, por lo que debe aclararse si no es otra maniobra para “amarrar” las privatizaciones.

Bastan estos ejemplos para que estemos alerta y cuidar “la letra chiquita” de las iniciativas, no sólo las modificaciones mayores, ya que las privatizaciones puede encubrirse utilizando leyes secundarias o terciarias, confiando en los largos períodos e inciertos resultados de las controversias constitucionales y en la debilidad de la memoria de los mexicanos.