Respuesta de Rosario Ibarra y Edgard Sánchez a la campaña derechista anti-FARC
Agradecemos mucho las expresiones de solidaridad y apoyo que hemos recibido en estos días, especialmente del Frente Nacional Contra la Represión, con motivo de la campaña de la derecha y su gobierno para criminalizar la protesta social y la solidaridad internacionalista. En realidad esa solidaridad es más necesaria y debe dirigirse a la memoria de los mexicanos asesinados por el gobierno colombiano, así como con Lucía Morett y sus compañeros a los que quisieran presentar como delincuentes.
Entre toda la campaña sucia de estos días ha destacado el artículo, reproducido por su supuesto autor en un programa de televisión, en que se señala que el "principal contacto" de las FARC en México lo constituimos tanto Rosario Ibarra, en mi calidad de Senadora de la República, conjuntamente con la colaboración de Edgard Sánchez, dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
En el mismo artículo citan a otras personas y compañeros en una amalgama incoherente que solamente pretende demostrar que las FARC cuentan en México con una red de apoyo y supuestos simpatizantes o militantes que son guerrilleros y que viajan a los campamentos de las FARC a recibir entrenamiento. La conclusión amarillista de lo anterior no sería grave si se recuerda la histórica presencia en México de refugiados y combatientes de otros países latinoamericanos, pero obviamente quiere implicar la comisión de delitos al utilizar la absurda caracterización de Bush sobre las FARC como parte del "eje del mal" y cómplice del narcotráfico. No hay nada en la amalgama de datos y nombres citados en el artículo que demuestren la relación de las FARC con el narcotráfico en México más que el prejuicio difundido por el Procurador General.
Los datos y nombres de personas y organizaciones, así como la foto que ilustra el artículo, la foto de una fiesta particular en México donde se ve a Lucía Morett bailando, obviamente no se encontraban en la supuesta lap top de Raúl Reyes, sino que son datos filtrados por la policía mexicana. Por eso aunque agradecemos el apoyo que se nos ofrece para demandar al articulista o exigir derecho de réplica en el diario que publicó el pasquín, no tenemos prisa de hacerlo pues entendemos que es parte de la campaña sucia de la derecha y que el autor del artículo no hizo investigación alguna sino simplemente mezclar datos que le ofreció la policía para en forma amarillista generar histeria anti-FARC y contra los movimientos de solidaridad latinoamericanos en nuestro país. Por eso ni nos molestamos en pronunciar su nombre y medio.
Lo único que resulta cierto del artículo es que hay mucha gente y organizaciones que somos solidarios con las luchas de los pueblos latinoamericanos. Y eso es lo que la derecha y su gobierno quieren criminalizar identificándolo con el terrorismo, que es algo radicalmente diferente. Con el pretexto del combate al terrorismo quieren perseguir y prohibir la solidaridad latinoamericana y bolivariana. Es una campaña mediática que quiere convencer de que es ilegal lo que hoy es legal y sobre todo legítimo, la solidaridad con los pueblos que luchan por la democracia y la soberanía nacional y contra gobiernos criminales, corrompidos por el narcotráfico –ellos sí- y por el paramilitarismo terrorista –ellos sí- como es el caso del gobierno de Álvaro Uribe.
Nosotros no nos avergonzamos ni nos intimidamos con esta campaña negando nuestra convicción internacionalista y solidaria con las luchas de los pueblos latinoamericanos contra el imperialismo y sus gobiernos títeres, que tienen en Álvaro Uribe y Felipe Calderón a las dos cabezas de la derecha subordinadas al gobierno de Estados Unidos en nuestro continente. Somos internacionalistas, promovemos la solidaridad entre los pueblos, al igual que lo han hecho los jóvenes mexicanos asesinados junto a las FARC en Sucumbíos. Ellos, así como la sobreviviente Lucía Morett y otros jóvenes mexicanos más convencidos por sus estudios y conocimiento, están comprometidos con esa solidaridad internacionalista, como también nosotros la asumimos. Eso no es un delito. Ni ellos ni nosotros hemos cometido delito alguno al ser solidarios. Cualquier acusación fabricada contra ellos tendrían que hacerla también contra nosotros, pues compartimos ese compromiso y en ese marco es que nos conocimos, somos amigos y compañeros. Así recordamos a Juan, Verónica, Chac y Soren y no permitimos que ensucien su nombre y memoria pretendiendo presentarlos como delincuentes. Por eso también nuestra solidaridad con Lucía y otros compañeros que son mencionados, al igual que nosotros, en estos supuestos reportajes periodísticos como supuestos delincuentes.
Bush y Uribe insisten en presentar a las FARC como parte del "eje del mal" y narcotraficantes para negar la realidad política y diplomática que se viene imponiendo: las fuerzas insurgentes colombianas deberán ser reconocidas como fuerza beligerante que disputa territorial y políticamente el poder al gobierno paramilitar de Uribe. Esa es la realidad que mostró la primera entrega de rehenes por parte de las FARC al gobierno de Hugo Chávez y eso es lo que apuntalaría la misión de Raúl Reyes y su campamento para negociar una nueva entrega de rehenes. La criminal acción de Uribe de bombardear ese campamento precisamente, demuestra que el menos interesado en que rehenes como Ingrid Betancourt sean liberados es Alvaro Uribe. Para evitarlo, lo que haría evidente el carácter de fuerza beligerante de las FARC, no dudó en asesinar indiscriminadamente a los que estuvieran en Sucumbíos, incluso eventualmente rehenes. El Presidente Correa denunció en su propia cara a Uribe en la Cumbre de Santo Domingo, recordándole que él sabía que en ese campamento se encontraba Raúl Reyes.
Efectivamente en el mes de noviembre del año pasado en la tribuna del Senado presentamos un punto de acuerdo que era apoyado por el movimiento de solidaridad, exigiendo la expulsión del embajador colombiano en México que había anunciado la presencia de policías colombianos actuando en nuestro país. En el mismo punto de acuerdo se saludaba la intermediación del Presidente Chávez y la Senadora Piedad Córdoba para lograr la liberación de rehenes en manos de las FARC. El siguiente paso era invitar a la Senadora Piedad Córdoba a México para difundir sus esfuerzos humanitarios. Esta invitación ya no se realizó pues en esos días Uribe desconoció la intermediación de Chávez y la Senadora. Todas estas acciones políticas se presentan en el "reportaje" como gran descubrimiento de la actuación de los contactos de las FARC en México. Es cierto que esas acciones se realizaron en el Senado. ¿Y qué? Eso no es delito. Y la propuesta de hacerlo fue comentada y apoyada por los compañeros de la solidaridad ¿Y qué? Eso no es delito.
El contacto con representantes de las FARC tampoco es delito en México. Efectivamente como se "denuncia" en el reportaje durante mucho tiempo hubo una representación oficial, pública y abierta de las FARC en México en la persona de Marco León Calarcá. Su presencia en nuestro país databa del momento en que se realizaron diálogos por la paz entre las FARC y el gobierno colombiano, siendo el gobierno mexicano anfitrión de esos diálogos en Tlaxcala. Aunque los diálogos no fructificaron, Calarcá permaneció mucho tiempo más en México, sin que fuera ilegal su presencia y sus esfuerzos y trabajo para promover la solidaridad con Colombia. En esa actividad lo conocimos y tratamos. En ese carácter asistió a eventos políticos, reuniones, conferencias o congresos para buscar la solidaridad. No fue sino hasta que Bush le contó a Vicente Fox que en México había una representación pública de las FARC que éste expulsó del país a Calarcá. La expulsión fue injustificada pues Calarcá no interfería en la vida política mexicana y el incidente representó simplemente otro gesto de obediencia de Fox a la política de Bush.
Nuestra relación política con las FARC, en este contexto, así como en otras reuniones latinoamericanas partidarias, es similar al contacto que hemos tenido en otros años con otras fuerzas insurgentes. Tener una relación de solidaridad no implica necesariamente coincidencia completa y militancia organizada con las FARC u otras organizaciones. Incluso en el caso colombiano donde además de las FARC hay otra fuerzas insurgentes como el ELN y destacadamente también fuerzas políticas opositoras al uribismo que se expresan en las ciudades, en la lucha política y electoral. Por eso nuestras relaciones solidarias se expresan también con gobiernos revolucionarios como el cubano o de carácter antiimperialista y progresistas como los de Venezuela, Bolivia o Ecuador que representan una alternativa política frente a la derecha neoliberal y proimperialista encabezadas por Uribe y Calderón y su Plan Colombia y el espejo del Plan Mérida y el ASPAN. No renunciamos a nuestro compromiso internacionalista e invitamos a todos los movimientos de solidaridad en nuestro país a no cejar y no dejarse intimidar por la campaña mediática de la derecha. La cabeza que aparece públicamente en esta campaña, incluso facilitando el trabajo de la policía al abrir una averiguación previa contra Lucía Morett y sus compañeros son José Antonio Ortega y Guillermo Velasco Arzac, del grupo "Mejor sociedad, mejor gobierno". Así la PGR alega que debe investigar por la denuncia presentada por unos particulares, pero que casualmente están ligados al PAN. Están claramente identificados y son las mismas personas que pagan los spots televisivos contra el movimiento en defensa del petróleo mexicano, y los que se reunieron con Uribe en Cancún para meter una denuncia penal contra Lucía Morett y sus compañeros. José Antonio Ortega y Guillermo Velasco Arzac son militantes de la extrema derecha yunquista, ya no tan clandestinos, que fueron a Cancún a coordinar su campaña con Uribe, representante de un gobierno señalado como infiltrado por el terrorismo paramilitar y la narcopolítica, para venir a gritar aquí contra el terrorismo, como el ladrón descubierto que grita "al ladrón".
No permitiremos la criminalización de la solidaridad internacionalista.
México, D. F. abril de 2008.
ROSARIO IBARRA
EDGARD SÁNCHEZ
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