Reforma energética y blindaje de la economía

Arturo Huerta González

ahuerta@servidor.unam.mx

Por más que las autoridades gubernamentales nos dicen que la economía tiene condiciones macroeconómicas sólidas para encarar la eventual recesión de EUA, el problema es que el déficit del sector externo está aumentando y las finanzas públicas enfrentan presiones derivadas del crecimiento de su deuda pública interna (a través de los Proyectos de inversión diferidos en el gasto, Pidiregas), que es el rubro a través del cual se contabiliza la inversión privada realizada en Pemex, como artificio para no violar la Constitución. En 2007, el 95% de la inversión en Pemex, fue a través de Pidiregas, donde el 80% fue de inversión extranjera.

La reforma energética planteada por el gobierno de permitir la inversión extranjera en Pemex, está encaminada a su vez a asegurar condiciones legales y de alta rentabilidad para atraer capitales del exterior. El propio Calderón ha dicho que el país tiene que atraer la inversión que está dejando la economía de EUA ante la recesión que se avecina. Como la economía nacional no ofrece niveles de rentabilidad en el sector manufacturero y agrícola, dada nuestra baja competitividad y la contracción del mercado interno, el único sector capaz de atraer inversión es la industria energética, dado que la Bolsa de Valores ha dejado de ofrecer los niveles de rentabilidad que tuvo de 2004 a 2007. La economía nacional depende de los flujos de capital para financiar el déficit externo y estabilizar el tipo de cambio. El déficit externo tiende a ampliarse ante la caída de exportaciones que se está dando ante la desaceleración de la economía de EUA. De ahí que le urge al gobierno atraer capitales para financiar dicho déficit y más ante la caída del crecimiento de las remesas y de la Bolsa de Valores. Es por ello la prisa por la reforma energética.

En este proceso de privatización hemos estado en todo el contexto de liberalización económica. Primero se vendió la banca y Telmex a través de la Bolsa de Valores, lo que trajo grandes flujos de capital (1991-1993) y aún así se dio la crisis a fines de 1994, no obstante la disciplina fiscal tan defendida por el gobierno. La política económica se ha dirigido a atraer capitales para viabilizar la estabilidad de nuestra moneda y financiar nuestra inserción en el proceso de globalización, ante la inexistencia de condiciones endógenas para sortear tal situación. De ahí la extranjerización creciente, sin que ello se haya traducido en mayor desarrollo industrial y agrícola, ni en mayor generación de empleo productivo, ni en menores presiones sobre el sector externo, ni en mayor crecimiento económico y menor desigualdad. Al gobierno le urge la reforma energética, tanto para evitar salidas de capital ante las expectativas de menor crecimiento, como para asegurar flujos de capital para mantener las políticas de liberalización económica y postergar la inminente manifestación de la crisis económica que se deriva de dicha política, y más cuando las variables externas (exportaciones y flujos de capital) actúan en contra.

De realizarse un albazo en torno a la reforma energética, ello no resolvería los problemas del país. Con la privatización de dicho sector, el gobierno, como dijimos, vería disminuidos los ingresos provenientes de la paraestatal, lo que implicará presiones sobre las finanzas públicas, y obligaría al gobierno a efectuar una drástica reforma tributaria para incrementar sus ingresos (afectando al propio sector privado que está por la reforma energética), y a reducir el gasto social, afectando el gasto en salud y en educación, con la consecuente mayor privatización en dichos rubros. La entrada de capitales que propiciaría la reforma energética, apreciará más la moneda nacional (con el consecuente abaratamiento del dólar y de los productos importados), lo que reducirá más nuestra competitividad, afectará la esfera productiva y el empleo nacional e incrementará el déficit de comercio exterior, lo que nos hace depender más de la entrada de capitales, e incrementa la vulnerabilidad externa de la economía. El gobierno no quiere reconocer que en este proceso de privatización y extranjerización hemos estado por más de 25 años y la economía nacional está ahora más subdesarrollada de lo que estaba antes de dichas políticas. Las políticas neoliberales primero le quitaron al gobierno el manejo soberano de la política monetaria con la autonomía del banco central en 1993, después la política fiscal, con la ley aprobada en 2006 que obliga al gobierno a trabajar con disciplina fiscal y ahora se pretende legalizar la privatización de Pemex, todo lo cual implica el fin del Estado nacional, pues no se tendrá ningún poder de negociación frente al sector privado nacional e internacional, ni manejo de la política económica para encarar los problemas del país.

Felipe Calderón ha señalado que hay tres opciones a seguir para reformar Pemex. Una de ellas es aplicar las experiencias de países como China, Brasil, Noruega y Cuba, donde las empresas públicas hacen alianzas con empresas transnacionales para perforar aguas profundas. Se nos dice que la extracción del petróleo no sólo es un problema de dinero, sino de tecnología, ya que las mayores reservas posibles pudieran estar en el mar a 3 mil metros de profundidad y sólo una cuantas empresas transnacionales cuentan con dicha tecnología. Al respecto cabe señalar que tales países tienen Estado nación fuerte que anteponen los intereses nacionales frente al de las empresas extranjeras, y en esos contratos las empresas no participan de un porcentaje de lo encontrado, como lo tratan de imponer aquí, sino son arrendadas por el Estado. El hecho que no se cuente con tecnología de aguas profundas, evidencia la falta de visión estratégica que ha caracterizado a los gobiernos del país, de no canalizar recursos al desarrollo tecnológico, y más a favor de dicho recurso estratégico que ofrece gran potencialidad de crecimiento, que no se ha aprovechado. La entrada de inversión privada a dicho sector no lo resolvería, pues viene en búsqueda de la ganancia, no a transferir tecnología. El desarrollo tecnológico en sectores estratégicos debe ser impulsado por el gobierno, y no por empresas transnacionales, las cuales utilizan su poder financiero y tecnológico para imponer contratos de exploración y explotación a su favor. Si México no cuenta con dicha tecnología, es mejor dedicar recursos para su desarrollo interno, aunque tome años, antes que aceptar los contratos que implicaría compartir la riqueza petrolera con las transnacionales, las que además ocasionarían sobreexplotación de los mantos petroleros, ocasionando que en poco tiempo pasemos a ser país importador de hidrocarburos.

Otra alternativa que nos coloca el gobierno, es quedarnos como estamos. El problema es que la inversión privada ya participa en Pemex, violentando la Constitución y eso se ha traducido, como señalamos antes, en gran crecimiento de la deuda pública interna, que está presionando las finanzas públicas, que de seguir así, terminaría ocasionando crisis fiscal, que el propio gobierno quiere evitar, y es por lo que no quiere seguir como estamos, de ahí la reforma que plantea. Ésta, al legalizar la inversión privada en el sector energético, traerá consigo la desaparición de los Pidiregas, por lo que se eliminaría dicha deuda pública interna, a cambio de reconocer dicha inversión como activos privados, lo que implica privatización de crecientes activos de dicha empresa, considerando que el gobierno ha dejado de invertir ahí en los últimos años, para alcanzar su equilibrio fiscal. La eliminación de dicha deuda, disminuirá las presiones sobre finanzas públicas. Ello evidencia el costo que implica sumarse a los dictados de los organismos financieros internacionales, tales como trabajar con disciplina fiscal, lo que lleva a disminuir la participación del Estado en la economía, a costa de ceder al sector privado, el control de los sectores estratégicos de alta rentabilidad de la economía.

El gobierno perfectamente puede invertir en Pemex utilizando el excedente petrolero. El precio del barril presupuestado para 2008 fue de 46 dólares y actualmente está por arriba de los 80, por lo que no requiere de la inversión privada para potenciar dicha industria. Asimismo, puede trabajar con gasto deficitario a favor del desarrollo de Pemex, lo que no implicaría presiones inflacionarias, ni sobre el sector externo, ni mayor deuda pública, pues dicha empresa es altamente productiva. generadora y ahorradora de divisas, y su rentabilidad supera con creces la tasa de interés que implicaría la deuda que se derivase del déficit fiscal.

La tercera opción que señalan es que habría que quitar recursos a educación, campo y salud para destinarlos a Pemex. Y añaden que “los recursos del hidrocarburo deben contribuir a aumentar el gasto social y la infraestructura del país”. El problema es que los ingresos provenientes de un recurso no renovable, deberían ser canalizados a la producción interna de aquellos bienes que la economía importa del exterior, pues una vez que dejemos de contar con el excedente petrolero, no se va a contar con divisas para financiar tales bienes, lo que provocará escasez de productos y alza de sus precios, lo que frenará la actividad económica. Más que destinar tales recursos a infraestructura (el problema no es falta de infraestructura), deberían canalizarse al desarrollo tecnológico, industrial y agrícola para disminuir las presiones sobre el sector externo y nuestros requerimientos de entrada de capitales.

El gasto de bienestar social debe ser financiado con impuestos. El país tiene una de las más bajas recaudaciones tributarias en América Latina, justo porque los ingresos del petróleo financian el 40% del gasto público, lo que ha permitido que predominen bajos impuestos para los sectores de altos ingresos del país. Ello ha llevado al sobreendeudamiento de Pemex y a su descapitalización. El trato preferencial con que han contado los sectores de altos ingresos y el capital financiero, es lo que ha llevado a dejar sin recursos a Pemex para su desarrollo, y el gobierno piensa que al legalizar la entrada de inversión extranjera en tal empresa, se resolverían sus problemas. Las transnacionales no permitirían que se les grave por arriba de las tasas internacionales, por lo que la reforma energética, al promover la inversión privada en la industria petrolera, redundaría en menores ingresos para el gobierno, lo que le complicaría alcanzar su disciplina fiscal. Más que reducir el gasto social para favorecer a Pemex, como plantea el gobierno, de no aprobarse su reforma energética, debería de llevar a cabo una reforma hacendaria que aumentase los impuestos a quienes más tienen, así como desvalorizar la deuda pública interna a través de menor tasa de interés y menores rendimientos a los Pidiregas, a fin de disminuir las presiones sobre las finanzas públicas y poder dar autonomía financiera a Pemex.

Asimismo, se requiere refuncionalizar a dicha empresa. No es posible que sus empleados y trabajadores tengan salarios y prestaciones por arriba del resto, en un contexto donde esas prácticas han llevado al sobreendeudamiento y descapitalización de dicha empresa y que esté a punto de dejar de ser patrimonio nacional. Se requiere de una limpia general que contemple reajuste de personal, de salarios y prestaciones, así como revisión de todos los contratos estratosféricos que tienen con empresas transnacionales y nacionales que implican derrama de recursos a su favor.