Con un criterio completamente patronal, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), por instrucciones del presidente espurio, Felipe Calderón, y su secretario de Trabajo, Javier Lozano, determinó ayer al medio día, por segunda ocasión, la inexistencia de la huelga en la mina de Cananea, estallada desde el 30 de julio de 2007, con el supuesto argumento de que la huelga no fue estallada el día y la hora señalada en el emplazamiento y amenazando además de que si en un plazo de 24 horas los trabajadores no regresan a laborar serán despedidos. De esta forma Calderón cumple sus compromisos con el Grupo México, propietario de la empresa Minera de Cananea, en pago y reciprocidad al papel que la oligarquía jugó en la instrumentación del fraude electoral del 1 de julio de 2006.
Lo anterior fue señalado este día por el diputado federal José Antonio Almazán, quien aseveró que desde el entallamiento de la huelga, la JFCA dio muestras claras de su orientación patronal al resolver el 7 de agosto de 2007 la inexistencia de la huelga con argumentos sin sustento, alegando que no se cumplieron requisitos de legitimidad, pues, según ellos, el sindicato no acompañó su emplazamiento a huelga con las respectivas convocatorias, las actas de asambleas y las cédulas de votación y arguyendo que las violaciones al contrato colectivo de trabajo alegadas por el sindicato eran vagas y generales.
“Sin embargo —agregó el también representante de los trabajadores elctricistas— resulta relevante señalar que en la primera resolución de inexistencia de la huelga de Cananea, la JFCA reconoció que: ‘Al haber resultado procedentes dos de las causales de inexistencia hechas valer por la empresa emplazada, resulta innecesario entrar al estudio y análisis de la causal que hizo valer en el sentido de que la suspensión de labores no se llevo a cabo el día y hora anunciados y que en el centro de trabajo se continuo laborando normalmente’.”
Con el cinismo patronal que caracteriza a Calderón y a Lozano, la JFCA después de 166 días de huelga argumenta hoy una causal de inexistencia que la propia Junta desechó el 7 de agosto, pues a lo largo de estos meses el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana acreditó plenamente que la huelga cumplió con los requisitos establecidos por la Ley Federal del Trabajo (LFT), así como las violaciones al contrato colectivo de trabajo y las nulas condiciones de seguridad e higiene, afirmó José Antonio Almazán.
“Con esta decisión carente de legalidad, el gobierno espurio de Calderón vulnera el derecho de huelga consagrado en el artículo 123 constitucional y la propia Ley Federal del Trabajo y manda un mensaje muy claro del sentido patronal y fascista de la contrarreforma laboral que el secretario de los patrones, Javier Lozano, prepara, para imponerla en el próximo periodo ordinario de la Cámara de Diputados”, advirtió el legislador.
Por tal razón, Almazán llamó a que el pueblo de México y las organizaciones sindicales expresen su respaldo y solidaridad a los trabajadores de la Sección 35 de Cananea y su repudio total a la agresión fascista de que han sido objeto.
De ISA
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