Podría recurrir el Gobierno Legítimo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante el evidente carpetazo a la denuncia presentada por AMLO, informa O. Pinchetti


México, Distrito Federal
Viernes 16 de noviembre de 2007


* Sin realizar investigación alguna, el subprocurador Santiago Vasconcelos desecha la querella de referencia, precisa
* No descarta la posibilidad de presentar una denuncia penal en contra del citado servidor público

El Gobierno Legítimo de México analiza la posibilidad de interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en contra de los responsables de la tragedia en Tabasco y para exigir que se reparen los daños causados a la población damnificada de aquella entidad, ante el intento de carpetazo que pretende dar la Procuraduría General de la República, con las declaraciones del subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, informó el secretario de Relaciones Políticas, José Agustín Ortiz Pinchetti.

La inmediata descalificación de Santiago Vasconcelos a la querella penal que interpuso el presidente legítimo de México en contra de los responsables de la inundación en Tabasco, entre ellos los expresidentes Salinas, Zedillo y Fox, así como el presidente pelele, Felipe Calderón, es un anticipo de que la acusación será desestimada, puntualizó.

El subprocurador opta por desechar una petición de un ciudadano, “sin que se inicia investigación alguna para definir si existen o no tales responsabilidades”, aseguró al considerar conveniente que se presente una queja ante la Contraloría y una denuncia penal contra el subprocurador Vasconcelos, por presuntas responsabilidades, en el marco de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la legislación penal.

Expresó que la obligación de garantizar el derecho al acceso a la justicia a toda persona, la ubicamos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.

Mencionó también que la Organización de las Naciones Unidas aprobó las directrices sobre la Función de los Fiscales, la cual se aprobó en 1990.

En dicho instrumento se señala dentro de las obligaciones de los mencionados servidores públicos “prestar la debida atención al enjuiciamiento de los funcionarios públicos que hayan cometido delito, especialmente en los casos de corrupción, abuso de poder y violaciones graves de los derechos humanos”, explicó.