LA LUCHA CONTRA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO EN COSTA RICA

El próximo 7 de Octubre, el Pueblo de Costa Rica, decidirá por referéndum si entra o no en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, firmado en el año 2005. El tratado tiene como objetivos estimular la expansión y diversificación del comercio en la región, eliminar los obstáculos y facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y servicios, promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio y aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión. El proceso comenzó en 2003, logrando el acuerdo con El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua y finalmente con Costa Rica. Este el primer tratado comercial que posee disposiciones sobre el derecho ambiental y obliga a los Estados a participar de la cooperación mutua por lo que, paralelo al CAFTA o TLC, se creó un Acuerdo de Cooperación Ambiental entre Estados Unidos, Centro América y República Dominicana. Se establece que cualquier reducción de medidas ambientales con el objetivo de atraer inversiones es ilegal y sujeta de sanciones.

El gobierno, con el apoyo de la embajada de Estado Unidos, realiza una campaña a favor del SI y prohíben que las universidades difundan las consecuencias negativas en el ámbito social y económico. Sin embargo, según una encuesta realizada por la Universidad de Costa Rica el respaldo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos estaría cayendo.

El estudio presentado por la Escuela de Matemáticas indica que el NO al TLC llega al 34,5% de los encuestados mientras que el SI alcanza sólo el 26. Las encuestas se realizaron entre el 2 y el 10 de junio sobre una muestra de 1000 personas de 47 cantones y 93 distritos de todo el país. Si bien los defensores del TLC, consideran como apocalíptica una negativa, los datos parecerían reflejar otra realidad:

De las 80 mil empresas que existen en Costa Rica, sólo 83 exportan mercancías hacia Estados Unidos. El 89 por ciento de los productos exportados por Costa Rica hacia los Estados Unidos ya pagan tarifas por debajo del 10 por ciento (piñas: 0,5 centavos de dólar; jugos: 7,8 centavos por litro), y este 89 por ciento representa el 94,4 por ciento en términos de su valor monetario.

El único sector que quedaría favorecido por la instrumentación del TLC sería el textil, pues bajarían los impuestos que se les cobran a los productos terminados en un 20 por ciento.

En la oposición hay voces en contra del CAFTA pero también, sorprendentemente, una mayoría en el gobierno de Arias se opone al Tratado.

A continuación presentamos fragmentos de la entrevista a Gerardo Cerdas Vega, sociólogo y coordinador del movimiento "Grito de los Excluidos/as" para la región mesoamericana, que nos permitan entender la situación actual de Costa Rica:

-Costa Rica es el único país de América Central que no ha ratificado el Tratado de Libre Comercio con los Estado Unidos. ¿Cómo se ha logrado esta resistencia?

-“En el año 2002 comenzamos a organizarnos y a producir materiales, porque ya veíamos venir este asunto del CAFTA, además de que Costa Rica estaba de lleno metida en las negociaciones de la Ronda de Doha y las del Área de Libre Comercio de las Américas. Estrechamos lazos con la Alianza Social Continental (ASC) y comenzamos a documentarnos sobre la compleja temática relativa al libre comercio (…) Lo que tenemos ahora se debe al hecho de haber actuado a tiempo y a que logramos calar progresivamente en las organizaciones populares del país, que son las verdaderas pioneras de esta lucha que hoy involucra a políticos, partidos, ONGs, universidades públicas, personalidades de diverso tipo y, por supuesto, a una enorme cantidad de ciudadanos y ciudadanas que no pertenecen a las organizaciones antedichas pero que comprendieron la necesidad histórica de organizarse”.

-Si se llegara a ratificar el TLC se prevé la necesidad de que la Asamblea Legislativa apruebe 13 proyectos de ley, inseparables del TLC. ¿Qué temas abarcan? ¿Cuáles son las inconstitucionalidades de estos proyectos de ley que ustedes denuncian?

Estos proyectos de ley, llamados "agenda de implementación", son indispensables para que el TLC tenga plena efectividad jurídica y por eso son parte inseparable del Tratado. Los proyectos más controversiales son:

a- La Ley de "fortalecimiento" del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que debilita a la institución pública más exitosa de Centroamérica para hacerla presa fácil de las transnacionales;

b- La Ley de apertura de los seguros;

c- La aprobación del Convenio para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV-91);

d- La aprobación del Tratado de Budapest;

e- Un préstamo de 220 millones de dólares que el país contraería con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con una contrapartida pública de 135 millones de dólares, para atender áreas como "apoyo a la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, fomento de la producción agropecuaria sostenible y fortalecimiento de la educación rural", sin que se tengan planes concretos en esta línea;

f- La Ley de Recurso Hídrico.

De un lado el TLC, del otro el pueblo, de un lado las cadenas y del otro la autonomía…esas opciones se pondrán sobre la mesa el próximo 7 de Octubre.

Fuente: FOCO