miércoles 29 de agosto de 2007
- 200 agrupaciones de LA, EU y Europa preven lucha por tierras si se construye la obra
- Apelan a jurisprudencia emitida en 2006 para no expropiar sin respetar derechos de dueños
En un comunicado denominado Manifiesto Internacional, las asociaciones civiles expresan su rechazo a la actitud gubernamental en el sentido de ahora argumentar que la asamblea de Aguacaliente era sólo informativa y que no tiene carácter legal, para pretender de todas maneras imponer el proyecto hidroeléctrico.
Sin embargo, advierten que la consulta es un derecho fundamental de los campesinos e indígenas de Cacahuatepec, que no sólo implica que tengan información suficiente para formarse una opinión sino también la garantía de que una vez que se hayan informado, “cuentan con la potestad de emitir su opinión al respecto y fue justamente lo que sucedió” en la asamblea convocada por el comisariado ejidal y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa (Cecop).
Entre las organizaciones que suscriben el documentno se encuentran la International Rivers Network, la Red Latinoamericana contra las presas y por los ríos, sus comunidades y el agua (Redlar), la Marcha Mundial de Mujeres de las Américas, Convergencia de los Movimientos de los Pueblos de las Américas (Compa), el Secretariado Internacional Cristiano con América Latina.
El gobierno federal y el estatal, advierte el comunicado, “pretenden desconocer la voluntad del núcleo agrario indígena de Cacahuatepec” quienes votaron contra el proyecto después de que la Comisión Federal de Electricidad les expuso su visión de los beneficios que obtendrían, y cuatro especialistas independientes informaron acerca de los perjuicios de la obra.
Entre las personalidades que firman el documento están el obispo emérito de San Cristóbal, Samuel Ruiz García, David Aburto Perdomo, Pilar Berrios, de México; Carlos Fazio, Juan Pablo Soler, Sonia Esperanza Gómez, de Colombia; Gladis Jarazo, de Argentina; Irene Meier, de Suiza; entre otros.
En septiembre del año pasado, recuerdan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia en el sentido de que no se puede expropiar sin respetar los derechos de audiencia de los dueños de la tierra antes de cualquier decreto, y que en materia agraria, es la asamblea general de comuneros la que tiene que dar su anuencia o rechazo a la expropiación.
“Si el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa; el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, y la Comisión Federal de Electricidad no acatan la decisión de los pueblos, estarán dando muestras evidentes de que su objetivo último es imponer a toda costa la presa hidroeléctrica La Parota, y con ello generan el riesgo real y fundado de que se orille a las comunidades a defender su patrimonio por la vía de los hechos”.
Las organizaciones provienen de países como Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Italia, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Ecuador y México, de donde son el mayor número de firmantes, de 120 organizaciones.
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