Mientras la ofensiva contra los manifestantes contrarios al gobierno del pequeño reino isleño de Bahréin ubicado en el Golfo Pérsico se intensifica, el presidente Obama se reunió el martes con el príncipe heredero Salman bin Isa al-Khalifa, visita que no se anunció de antemano. Hablamos con Nabeel Rajab, presidente del Centro para los Derechos Humanos en Bahréin, con sede Más...
El presidente Barack Obama tiene previsto visitar Puerto Rico la próxima semana en lo que será la primera visita oficial de un presidente estadounidense al territorio en 50 años. Su viaje ocurre en medio de la creciente controversia por una propuesta para construir un gasoducto de 148 km para trasporte de gas natural que cubriría gran parte de la isla. Para el Más...
Ubicada a unos 128 kilómetros al norte de Las Vegas en Nevada, la base militar secreta de EE.UU., Área 51 , fue creada en la década de 1950 para construir y probar aviones de guerra y de espionaje de alta tecnología, como el U2, el bombardero furtivo y los aviones no tripulados de vigilancia. Ubicada dentro de la base militar Nevada Test and Training Range, el Área 51 Más...
Según datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), los hogares mexicanos presididos por una mujer aumentaron del 20.6 por ciento, en 2000; al 25 por ciento en 2010. Estas mujeres además de hacerse cargo del trabajo doméstico también asumen la manutención de los hijos y la necesidad de garantizar el acceso a la vivienda.
El derecho a la vivienda es un derecho humano central contemplado en las legislaciones nacionales e internacionales, no obstante millones de personas en el mundo enfrentan graves violaciones a este derecho. Situación que afecta por supuesto tanto a hombres como mujeres, pero de manera distinta, ya que ellas son más vulnerables.
De acuerdo con la ONU subsisten leyes y actitudes que discriminan a las mujeres en cuanto a la propiedad, acceso a los créditos y la sucesión en la herencia. En el caso del Infonavit, su política de cobranza no distingue si las acreditadas jefas de familia son madres solteras, viudas, divorciadas, minusválidas, enfermas terminales, de la tercera edad, separadas o en algunos casos abandonadas a causa de que el marido emigró a los Estados Unidos y se encuentra desaparecido, como le sucedió a Lucía Morales.
Lucía quedó al frente de su familia y fue desalojada de su vivienda de interés social. La titularidad del crédito está a nombre de su esposo. Sin embargo, ella no logró firmar el convenio de reestructuración debido a que no consiguió el poder especial notarial para actos de administración, dominio, pleitos y cobranza con carácter de irrevocable por parte de su marido, debido a que se encuentra desaparecido. Con toda la tragedia a cuestas, Lucía es lanzada de su vivienda, sin embargo con la solidaridad y organización vecinal logran realojarla de nuevo.
La unidad habitacional donde se encuentra esta familia, al igual que muchas otras, está llena de casas abandonadas, muchas de ellas vandalizadas, que generan un incremento mayor de la inseguridad. De acuerdo al último censo existen en México 5 millones de viviendas desocupadas en el país.
Por iniciativas no paramos, hace casi dos años propuse a la Cámara de Diputados una reforma integral al Infonavit para devolverle su carácter social. En particular, para casos como el de Lucy planteamos que por el abandono del derechohabiente acreditado, su cónyuge pudiera acceder a la propiedad y a la posibilidad de pago. Insistiré con una iniciativa específica.
Para el asunto de Lucy, desde el Consejo de Defensa de la Vivienda se le han propuesto al Infonavit varias opciones para resolver el problema: El otorgamiento de un crédito solidario al hijo de Lucy, que alcanza la cantidad de $252 mil pesos, o a su sobrina de $287 mil. Según el Infonavit no es posible, porque el avalúo comercial de la vivienda es de $340 mil. Ninguno de ellos “calificó”, señalaron.
El CDV propuso entonces que se hiciera una quita del 15%, considerando que durante años su esposo pagó mensualidades que le descontaba la empresa donde trabajaba, antes de haberse quedado en el desempleo y haber tomado la decisión de irse al otro lado de la frontera. Pero el Infonavit respondió: “En este caso ya no hay nada que se pueda ofrecer. Sólo procede la recompra al precio del avalúo”.
El Infonavit goza del poder del fisco federal, es la nueva tienda de raya del nuevo milenio, cobra los créditos a través del descuento al salario que los patrones realizan como si se tratara de un impuesto. Esta facultad además le otorga la posibilidad de cotizar en bolsa, endeudarse y tener calificaciones financieras altas. Sin embargo, cuando se trata de utilizar este poder para ponerlo al servicio de los trabajadores y no de la banca, la respuesta es negativa. Por esto, se necesita aplicar una política habitacional con visión social y de género para atender a las familias trabajadoras mexicanas.
Recriminan que autoridades dieron permiso a las firmas de explotar por más de 50 años los recursos
REDACCIÓN
Las compañías mineras constituyen una amenaza para los pueblos de La Montaña al pretender explotar sus tierras con las concesiones que les fueron autorizadas para exploración y explotación por más de 50 años, denunciaron los coordinadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Asunción Ponce Ramos, Pablo Guzmán Hernández y Máximo Tranquilino Santiago.
En una visita a la redacción, en la que estuvieron acompañados del comandante regional de la Policía Comunitaria, Felícito Clemente Quintero, y del asesor jurídico de la corporación, Valentín Hernández Chapa, los coordinadores expresaron que de acuerdo con los convenios y tratados internacionales, el gobierno mexicano está obligado a consultar a los pueblos por medio de sus propias instituciones representativas como en este caso la CRAC.
Los dirigentes indígenas informaron que 12 de junio, en la colonia Plan de Ayala, municipio de Marquelia, se llevará a cabo la toma de protesta del grupo de policías comunitarios de ese poblado, y un curso de capacitación al que asistirán más de 200 policías.
En los casi 16 años de vida del sistema de gobierno autónomo de la CRAC-Policía Comunitaria, se ha ido desarrollando un proceso de integración de las comunidades, y en esta ocasión corresponderá a la comunidad de Arcelia, municipio de Azoyú, donde tomarán protesta los nuevos policías.
“Ya llevamos 15 años como policías comunitarios, el 15 de octubre de este año cumpliremos 16. Son procesos en los que el Gobierno nos debería de acompañar”, explicó Guzmán Hernández.
El dirigente recordó que en octubre de 1995, pueblos de las regiones de la Montaña y Costa Chica, San Luis de Acatlán y el municipio de Azoyú, en esos tiempos comunidad de Marquelia, decidieron constituir la Policía Comunitaria de los pueblos para velar por la seguridad de su gente, y el acta de constitución la firmaron 22 comunidades de entre 10 y 12 elementos para formar sus grupos.
También participaron organizaciones como el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena (CG500ARI), La Luz de la Montaña, Unión regional campesina, SSS Café y Maíz, Consejo de Autoridades Indígenas (CAIN), así como los sacerdotes Mario Campos y Bernardo Valle. (Con información de Erika Salinas).
Nosotros somos la parte acusadora, remarca la vicepresidenta de la Afadem; propone foros
RODOLFO VALADEZ LUVIANO (Corresponsal)
Tecpan, 7 de junio. La vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violación de los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez, dijo que ningún luchador social debe encabezar la comisión de la verdad que pretende crear el gobernador Ángel Aguirre Rivero, pues “no podemos ser juez y parte al mismo tiempo”.
La activista sugirió que para la crear dicha comisión se deben realizar foros con expertos internacionales en el tema, “para que todos tengan claro cómo debe ser una instancia de ese tipo para Guerrero”.
Consultada vía telefónica sobre la propuesta hecha el lunes por el dirigente del Movimiento Social de Izquierda (MSI), Ranferi Hernández Acevedo, para que sea ella quien dirija la Comisión, Radilla Martínez rechazó dicha propuesta pues dijo que “nosotros somos los menos indicados” para encabezarla “porque no podemos ser juez y parte, porque nosotros somos la parte denunciante, acusadora”.
Eso es por un lado, abundó, porque por el otro “considero que la creación de una comisión de ese tipo es algo muy serio y que se tiene que analizar cuidadosamente porque no queremos una instancia que venga a darnos otro golpe, quizá los políticos u otra gente que no tiene el mismo problema que nosotros lo ve como muy de lejos y no piensan en lo que hay tras este problema. Los casos no solamente son nombres ni son números sino que atrás de eso hay familias y personas de carne y hueso, y que cada fracaso de una instancia representa una burla para uno”.
Recordó que en América Latina han existido Comisiones como la que pretende el gobierno estatal, “unas han tenido algunos avances y otras han sido verdaderos fracasos”, aseguró, y propuso que a través de la relación que mantiene la Afadem con organismos internacionales defensores de los derechos humanos se invite a expertos en la materia para la realización de los foros.
Precisó que de formarse la Comisión, ésta debe ser enfocada a un único caso en particular, es decir, que si se habla de las victimas de la guerra sucia pues se analice y se llegue a la verdad sólo a lo que concierne a esa etapa de la historia y no abarcar todos los casos que han existido en la entidad como El Charco o Aguas Blancas y aclarar que sólo buscará la verdad de las cosas y no sancionar ni juzgar a nadie, puntualizó.
Demandan indígenas al gobernador Aguirre que los soldados y paramilitares salgan de la zona
FRANCISCA MEZA CARRANZA (Enviada)
Ayutla, 7 de junio. A 13 años de la matanza de 11 campesinos en la comunidad de El Charco, Ayutla, la exigencia de justicia y apoyo a las viudas sigue vigente y asimismo el llamado a sacar los militares y los grupos paramilitares que hostigan a los habitantes de las comunidades. En el acto conmemorativo las organizaciones sociales hicieron hincapié en que el gobernador Ángel Aguirre Rivero, en ese entonces interino, tiene una “deuda histórica” con la comunidad y lo conminaron a que la creación de la Comisión de la Verdad, promesa “cacaraqueada” en campaña no sea una comisión de falsedad.
Habitantes de distintos poblados de la zona serrana de Ayutla colocaron ofrendas desde la noche anterior en uno de los dos salones de la escuela Caritino Maldonado en la que pernoctaban los campesinos cuando fueron masacrados y donde aún por fuera se observan secuelas del ataque; en la pared del salón hay un mural relacionado con la matanza sobre el cual fue colocada una cruz con los nombres de los caídos, flores y veladoras.
Como a las 11 de la mañana la banda de chile frito entonaba las últimas melodías. Los hombres sentados en sus sillas platicaban y algunos observaban la banda mientras que en los salones de atrás las mujeres servían el almuerzo a las personas que los acompañaban en su duelo.
Poco antes del medio día los indígenas e integrantes de distintas organizaciones sociales se reunieron en el punto del camino conocido como Crucero del Ocote Amarillo, desde donde caminaron en caravana con mantas y una escolta con la bandera nacional, conformada por niños, al frente.
“Nos asesinan por tener un sueño: dejarles un mundo mejor a nuestros hijos con justicia, dignidad, amor y respeto a todo ser viviente y a la madre tierra”, “La muerte es material, la memoria inmortal” y “Por los caídos el 7 de junio, toda una vida de lucha”, decían las mantas.
La marcha en que participaron más de 100 personas se desarrolló en silencio, sin consignas ni gritos de lucha; al llegar a la cancha donde se cometió el crimen comenzó el acto con honores a la bandera.
Al frente se colocaron cinco viudas y ocho sobrevivientes; poco a poco representantes de las organizaciones tomaron la palabra.
Eustolia Castro Ramírez, una de las viudas, exigió justicia pues desde la muerte de su esposo, José Rivera Morales, de 22 años, no se ha hecho nada; pidió al gobierno una indemnización ya que los menores no cuentan con los recursos necesarios para continuar con sus estudios. “Que esto no quede en el olvido, lo seguiremos haciendo año con año”, aseveró.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, exigió también que se lleve ante la justicia los responsables de la masacre; dijo que la creación de la Comisión de la Verdad debe ser con sentido de justicia y resaltó que desde el 7 de junio en que murieron los indígenas no ha terminado la represión y hostigamiento en las comunidades por parte de militares.
La dirigente de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel, sostuvo que los únicos beneficiados han sido los “guachos” porque se les ha permitido matar y violar a sus compañeros.
“A nosotros nos vienen a matar y a amenazar y en la esquina están los delincuentes riéndose de nosotros”, aseveró.
Bertoldo Martínez Cruz, representante del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), dijo que a la fecha han sido asesinados al menos 40 luchadores sociales además de los detenidos y encarcelados.
Criticó que los militares hostiguen a los habitantes de comunidades cuando saben en dónde se vende droga y no hacen nada ante ello.
Mario Zamora Maldonado de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación (Ceteg) exigió al gobernador justicia y la creación de la comisión de la verdad y sostuvo que mantiene una deuda histórica en El Charco.
En el acto también participaron integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), la Red Guerrerense de Derechos Humanos, los Cinco Pueblos de Tecoanapa, Red Solidaria Década contra la Impunidad, entre otras, quienes coincidieron con las peticiones y exigencias.
Al finalizar, Erika Zamora, sobreviviente al ataque, pasó lista de las personas fallecidas: Honorio García lorenzo, Mauro González Castro, Mario Chávez García, Ricardo Vicente, Fidencio Morales Castro, José Rivera, Fernando Félix Guadalupe, Daniel Crisóforo, Ricardo Zavala Tapia, Manuel Francisco Prisciliano, Apolonio Jiménez García así como los sobrevivientes asesinados más tarde Esteban Leobardo, Porfirio Hernández, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
Sin apoyo
Eustolia Castro Ramírez tenía cinco meses de embarazo cuando su esposo fue asesinado, actualmente su hija Maribel Rivera Castro tiene 12 años y está por terminar la primaria. Cuenta que quiere ser médico, pero que esa carrera es muy costosa.
En entrevista pidió al gobierno de Ángel Aguirre una indemnización o becas para los niños pues tras la matanza no recibieron ningún apoyo, dijo que a los cinco años recibieron 5 mil pesos para proyectos productivos.
Recordó que en la campaña a la gubernatura Aguirre Rivero los buscó para decirles que no tuvo nada que ver en la matanza y les pidió su apoyo, sin embargo no han vuelto a las comunidades.
La sobreviviente, Erika Zamora, de Hidalgo, quien en ese momento era estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, consideró que si bien Aguirre “se ha querido lavar las manos” con el argumento de que fueron militares los autores, eso no lo exime de su responsabilidad como gobernador, por lo que exigió justicia y respuestas.
Este 8 de junio, Día mundial de los océanos, Greenpeace denunció a dos funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante el Órgano Interno de Control de la dependencia, por haber aprobado la construcción del megacomplejo turístico Cabo Cortés, el cual representa una amenaza para el arrecife de coral más importante del Golfo de California, Cabo Pulmo.
Los funcionarios, cuyo mandato es proteger el medio ambiente, están haciendo lo contrario y los mexicanos no debemos permitir que por su mal desempeño se ponga en riesgo un arrecife que es fundamental para las especies marinas de Baja California Sur.
Por eso te invitamos a participar y replicar esta denuncia para que seamos cada vez más los ciudadanos que exigimos la protección de nuestros recursos. Cabo Pulmo es de todos. Actuar para protegerlo te llevará menos de 3 minutos.
México es uno de los países de Latinoamérica con más altos índices de riesgo para ejercer la libertad de expresión; prueba de ello son los periodistas muertos y desaparecidos en cumplimiento de su labor.
Ante este panorama, el secretario general de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Egberto Bedolla Becerril, aseguró que el papel de las universidades es fundamental, ya que la apuesta por la educación y la ciencia es el punto de partida para tener una sociedad más crítica, libre y responsable. “En las aulas, además de la formación académica, se enseñan los valores que hace que los jóvenes se alejen de la delincuencia y el crimen”.
Al participar en un foro en el Aula Máter del Colegio de San Nicolás de Hidalgo, con motivo del Día de la Libertad de Expresión, el funcionario nicolaita expresó que la UMSNH se suma a la demanda de replantear la estrategia de la lucha contra el crimen organizado, y sin ninguna postura política reflexionar si ha sido adecuada.
En el evento organizado por periodistas locales, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Víctor Serrato, puntualizó que un síntoma de la debilidad de una democracia es la censura y las agresiones de que han sido objeto aquellos periodistas quienes en su labor evidencian la corrupción, la negligencia y la podredumbre.
El ombudsman puntualizó que del periodo del 2007 al 2010 la CEDH recibió la queja de 11 periodistas que argumentaban haber recibido amenazas, lesiones, detenciones arbitrarias de parte de autoridades de seguridad pública así como del Ejército Mexicano.
Del mismo modo, el organismo defensor de los derechos humanos da seguimiento a los casos de cinco periodistas desaparecidos cuyos expedientes fueron turnados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo al Organismo Mundial de Control de Prensa, del 2004 al 2010, México pasó del tercer al primer lugar de violencia contra los medios de comunicación y contra los periodistas, la mayoría de los casos relacionados con noticias, o investigaciones que implican al crimen organizado y la seguridad pública.
Como parte de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, el secretario general de la sección 32 del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa (SNRP), ubicada en Tecpan, Pablo Alonso Sánchez, lamentó que hasta la fecha las autoridades estatal y federal se nieguen a dar a conocer los avances en las investigaciones para aclarar los asesinatos de periodistas ocurridos en el estado, por lo que exigió su esclarecimiento.
Recordó los nombres de los periodistas que han sido asesinados en los últimos años en Guerrero, entre ellos el de Amado Ramírez, Misael Tamayo o Juan Francisco Rodríguez, “y podemos mencionar otros más que están registrados pero que no han sido esclarecidos por el gobierno estatal”, abundó.
Durante una reunión con comunicadores de esta región, Alonso Sánchez dijo que es lamentable que en los estados del norte del país los comunicadores, en especial aquellos que cubren la nota roja, se vean obligados a no firmar su información debido a las amenazas de las que son objeto de parte de la delincuencia organizada, “incluso algunos compañeros han muertos asesinados a causa del clima de inseguridad que se vive en el país”, puntualizó el dirigente.
Hoy los periodistas en Guerrero, sobre todo los que escriben sobre nota roja o hasta política, manifestó, deben tener mucho cuidado al escribir porque hoy te asesinan y todo mundo apunta hacia la delincuencia organizada cuando pudo ser por escribir en contra del gobierno o de algún funcionario.
Criticó además la lentitud con que se realizan las investigaciones por parte de las dependencias encargadas de la procuración de justicia en el país cuando se trata del asesinato de un periodista, “y es que hasta la fecha son más de 300 los compañeros muertos y en ninguno de los casos se ha dado a conocer al menos una pista o algo de las averiguaciones hechas”, puntualizó.
Mayor unión
En Taxco, comunicadores del municipio solicitaron mayor unidad en el ejercicio periodístico ante el panorama de inseguridad que existe en la entidad, debido a que en México de 2000 a 2010 fueron asesinados 66 periodistas y 12 desaparecieron.
Durante un desayuno con autoridades municipales donde se reconoció a ocho comunicadores por su trayectoria periodística, uno de los homenajeados y además corresponsal del periódico El Sur, Claudio Viveros Hernández, denunció que de acuerdo con el informe final sobre la misión oficial conjunta con la relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Catalina Botello, México es el país más peligroso de Latinoamérica para ejercer el periodismo.
Dijo que la ciudadanía “está con miedo, hay terror, se han sembrado hogares con luto, sangre y dolor en un Estado fallido”, como resultado del combate a la delincuencia organizada.
Criticó “que las autoridades no asuman su papel y su función; la ley queda a la deriva y la realidad se palpa y está presente y no hay nadie que pare esto”.
Por lo que llamó a los periodistas a ejercer la función de manera unida, con el reto “de capacitarnos actualizarnos y profesionalizarnos, demandando cursos de mayor nivel para que todos tengan la misma oportunidad y se pueda cambiar, lo que está dejando la violencia”.
Por su parte el periodista Francisco Javier Pérez del semanario Vox Populi, quien también fue homenajeado, pidió que se logren “jalar recursos”, para que los comunicadores tengan acceso a proyectos productivos.
Después del asesinato y desaparición sistemática de periodistas en México, de la falta de garantías laborales para llegar a una vejez digna, de la inequitativa compra de publicidad gubernamental para beneficiar al duopolio televisivo, y de una autocensura ligada a intereses comerciales, “no hay nada qué celebrar” en el Día de la Libertad de Expresión, según periodistas michoacanos reunidos ayer en el Colegio de San Nicolás.
Egberto Bedolla se sumó a la petición cuando hizo recuentos sobre el peligro que enfrentan los informadores en México, lo que colocó a este país en el tercer lugar de los más peligroso del mundo para ejercer el periodismo en 2004; el segundo sitio que alcanzó en 2007, sólo detrás de Irak en medio de la guerra; y el primero sitio, en 2010, entregado a este país como el lugar más mortífero para un periodista.
Según recuentos oficiales, en los últimos 10 años 66 periodistas han sido asesinados, y 12 más han desaparecido en México. En Michocán, en los pasados seis años, han muerto cinco periodistas y desaparecido cinco más.
La prensa comercial en los países del norte sólo hablan de ellos cada vez que un occidental es secuestrado. Nunca han contado le verdadera historia de los «piratas» somalíes ni las condiciones de vida de sus compatriotas. Esta gente está en lucha contra el pillaje de pesca occidental y la descarga de basura tóxica en sus aguas de los países industrializados, principalmente a cargo de las mafias europeas. En este artículo del Proyecto Censurado, se explica cómo el caos político persistente en Somalia ha sido aprovechado por ciertos intereses, que representan a Somalia únicamente bajo el ángulo de la piratería: incluso la ONU ha demostrado mucha negligencia en cuanto a los tratados en vigencia para impedir el tráfico de desperdicios tóxicos. Se incluyen dos videos documentales.
Por: Johann Hari, Mohamed Abshirwaldo , Najad Abdullahi
La comunidad internacional condenó con fuerza y declaró la guerra a los piratas-pescadores somalíes, mientras protege discretamente las operaciones de sus flotas dedicadas a la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada (IUU, por su sigla en inglés) procedentes de todo el mundo, que pescan furtivamente y, además, descargan basura tóxica en aguas somalíes desde que cayó el gobierno de ese país hace 18 años.
Cuando colapsó el gobierno de Somalia, en 1991, los intereses extranjeros aprovecharon la oportunidad para comenzar a saquear las riquezas marinas que son las fuentes alimenticias del país y a utilizar las aguas sin vigilancia como vertedero de basura nuclear y tóxica.
Según el Grupo de Trabajo de Alta Mar (HSTF, su sigla en inglés), en 2005 más de 800 barcos pesqueros IUU operaban al mismo tiempo en aguas de Somalia, aprovechándose de la incapacidad del país de vigilar y controlar sus propias aguas y zonas de pesca.
Los barcos IUU arrasan anualmente por un valor estimado de 450 millones de dólares en mariscos y peces del mar somalí. Al obrar así, roban una fuente inestimable de proteínas a una de las naciones más pobres del mundo y arruinan el sustento legítimo de vida de los pescadores.
Los reclamos contra la descarga de basura tóxica, así como la pesca ilegal, han existido desde principios de los años 90, pero las pruebas físicas emergieron cuando el tsunami de 2004 azotó el país.
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) reportó que el tsunami arrastró contenedores oxidados de desechos tóxicos hasta las tierras de Puntland, en el norte de Somalia. Nick Nuttall, portavoz del PNUMA, dijo a la cadena de televisión árabe Al- Jazzera que cuando los envases fueron destrozados y abiertos por la fuerza de las olas, los contenedores sacaron a la luz una «actividad espantosa» que se había estado llevando a cabo por más de una década. «Somalia está siendo utilizada como vertedero para desechos peligrosos desde comienzos de los años 90, y continuó durante toda la guerra civil desatada en ese país», dijo.
«La basura es de muy diversas clases. Hay residuos radioactivos de uranio, la basura principal, y plomo y metales pesados como el cadmio y el mercurio. También hay residuos industriales, desechos de hospitales, desechos químicos. De todo».
Nuttall también dijo que desde que los contenedores llegaron a las playas, centenares de residentes han caído enfermos, afectados por hemorragias abdominales y bucales, infecciones en la piel y otras dolencias. «Lo más alarmante aquí es que se están vertiendo residuos nucleares. La basura radiactiva de uranio está matando potencialmente a los somalíes y está destruyendo totalmente el océano», dijo. Ahmedou Ould-Abdallah, enviado de la ONU para Somalia, dijo que en la práctica el petróleo contribuyó a la guerra civil que dura ya 18 años en ese país, pues las compañías pagan para descargar su basura a los ministros del gobierno y/o a los líderes de la milicia. «No hay control gubernamental... y sí hay pocas personas con alta base moral..., están pagándole a gente dirigente, pero a causa de la fragilidad del «gobierno federal transitorio», algunas de estas corporaciones ahora ni siquiera consultan a las autoridades: «simplemente descargan sus desechos y se van».
En 1992 los países miembros de la Unión Europea y otras 168 naciones firmaron la Convención de Basilea, sobre el control de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su almacenamiento. El convenio prohíbe el comercio de residuos entre los países signatarios, así como también a los países que no hayan firmado el acuerdo, a menos que haya sido negociado un acuerdo bilateral. También prohíbe el envío de desechos peligrosos a zonas de guerra.
Video documental en inglés acerca de los desperdicios tóxicos incluso nucleares de la industria europea arrojados impunemente en Somalia.
Por asombrosamente que esto pueda parecer, la ONU ha desatendido sus propios principios y ha ignorado súplicas somalíes e internacionales para detener la devastación continua de los recursos marinos somalíes y la descarga de basura tóxica. Las violaciones también han sido largamente ignoradas por las autoridades marítimas de la región. Éste es el contexto en el que aparecieron los hombres que estamos llamando «piratas».
Hay acuerdo en que al principio los pescadores somalíes ordinarios fueron quienes usaron lanchas rápidas para intentar disuadir a los barcos descargadores y rastreadores, o por lo menos aplicarles un «impuesto». Se llamaron a sí mismos «Guardacostas Voluntarios de Somalia». Uno de los líderes de los piratas, Sugule Ali, explicó que su motivo fue «ponerle fin a la pesca ilegal y a las descargas de basura en nuestras aguas... No nos consideramos bandidos del mar. Consideramos que los bandidos del mar son aquellos que pescan ilegalmente y descargan basura, y portamos armas pero en nuestros mares».
El periodista británico Johann Hari observó en el diario estadounidense Huffington Post que, mientras nada de esto justifica la toma de rehenes, los «piratas» tienen, de manera aplastante, el apoyo de la población local que les da la razón. El sitio web independiente WardherNews1, de Somalia, condujo la mejor investigación que tenemos sobre qué está pensando el somalí ordinario.
Encontró que el 70% «apoya fuertemente la piratería como una forma de defensa nacional de las aguas territoriales del país».
En vez de tomar medidas para proteger a la población y las aguas de Somalia contra las transgresiones internacionales, la respuesta de la ONU a esta situación ha sido aprobar resoluciones agresivas que dan derecho y animan a los transgresores a emprender la guerra contra los piratas somalíes. Un coro de voces de países que demandan endurecer la acción internacional condujo a una precipitación naval multinacional y unilateral por invadir y tomar el control de las aguas somalíes. El Consejo de Seguridad de la ONU (algunos de cuyos miembros pueden tener muchos motivos ocultos para proteger indirectamente a sus flotas pesqueras ilegales en aguas somalíes) aprobó las resoluciones 1816, en junio de 2008, y 1838, en octubre de 2008, que «invitan a los estados interesados en la seguridad de las actividades marítimas a participar activamente en la lucha contra la piratería en alta mar fuera de las costas de Somalia, particularmente desplegando buques de guerra y aviones militares…»
La OTAN y la Unión Europea han publicado órdenes al mismo efecto. Rusia, Japón, India, Malasia, Egipto y Yemen se han unido a la batalla, junto con un número cada vez mayor de países. Durante años, las tentativas realizadas para controlar la piratería en los mares del mundo a través de resoluciones de la ONU no pudieron aprobarse, en gran parte porque las naciones miembros sentían que tales acuerdos afectarían a su soberanía y seguridad.
Los países son poco proclives a ceder el control y patrullaje de sus propias aguas. Las resoluciones 1816 y 1838 de la ONU, a las que se opusieron algunas naciones de África Occidental, del Caribe y Suramérica, por consiguiente fueron acordadas para aplicarse solamente a Somalia, un país que no tiene ninguna representación en las Naciones Unidas con fuerza como para exigir enmiendas destinadas a proteger su soberanía.
Igualmente, fueron ignoradas las objeciones de la sociedad civil somalí al proyecto de resolución, que no hizo ninguna mención a la pesca ilegal ni a los peligros de la descarga de basura. Hari preguntó: «¿Esperamos que los somalíes hambrientos permanezcan pasivamente en sus playas, remando entre nuestra basura nuclear, y nos observen cómo les arrebatamos sus peces para comérnoslos en restaurantes de Londres, París y Roma? No hemos actuado contra esos crímenes. Pero cuando algunos pescadores respondieron interrumpiendo el tránsito por el corredor marítimo del 20% del suministro de petróleo del mundo, comenzamos a chillar sobre esta «maldad». Si realmente queremos ocuparnos de la piratería, necesitamos extirpar la raíz que la causa -es decir perseguir a nuestros propios crímenes-, antes de enviar a las cañoneras a despejar la ruta de criminales somalíes».
Actualización de Mohamed AbshirWaldo (de WardheerNews)
Las crisis de piratería múltiple en Somalia no han disminuido desde mi artículo anterior, «Las dos piraterías en Somalia: ¿Por qué una palabra ignora a la otra?», publicado en diciembre de 2008. Continúa con nuevos bríos toda la piratería ilegal de pesca, la descarga de basura y el tráfico marítimo ilegal.
Los pescadores somalíes, convertidos en piratas como reacción a la pesca furtiva masiva extranjera armada, han intensificado su guerra contra toda clase de naves en el Golfo de Adén y el Océano Índico.
En una respuesta internacional, los gobiernos extranjeros, las organizaciones internacionales y los grandes medios de información se han unido para demonizar a Somalia y describir a sus pescadores como hombres malvados que sorprenden a las naves y aterrorizan a los marineros (aunque no se ha dañado a ninguno). E
Esta versión es distorsionada. Los grandes medios dijeron relativamente poco sobre las otras piraterías, la de la pesca ilegal y la descarga de basura. Las marinas de guerra aliadas del mundo –con una flota superior a 40 buques de guerra, de ellos 10 asiáticos, árabes y de países africanos, así como de muchas naciones miembros de la OTAN y de la Unión Europea– intensificaron su cacería de pescadores-piratas somalíes, sin importar si realmente practican la piratería o a la pesca normal en las aguas somalíes.
Las diversas reuniones del Grupo Internacional de Contacto para Somalia (ICGS, por su sigla en inglés) en Nueva York, Londres, El Cairo y Roma continúan haciendo parecer a los pescadores somalíes como demonios e impulsan acciones punitivas, sin una sola mención a las violaciones de la pesca ilegal y la descarga tóxica de basura, cometidas por los barcos de sus propias flotas. De los mismos países que se sientan en los foros del ICGS y de la ONU para juzgar a la piratería.
En la reunión anti-piratería del ICGS en El Cairo, el 30 de mayo de 2009, Egipto e Italia fueron los países que más insistieron en pedir un castigo severo para los piratas-pescadores somalíes. Mientras estos países ICGS se reunían en Roma (10 de junio de 2009), la comunidad local de la ciudad costera somalí de Las Khorey retuvo a una embarcación italiana y a dos barcos rastreadores egipcios abarrotados de peces capturados ilegalmente en aguas somalíes, que a la vez remolcaban dos enormes tanques sospechosos de contener basura tóxica o nuclear.
La comunidad de Las Khorey invitó a los expertos internacionales a que vinieran a investigar estos casos, pero hasta ahora no hubo respuesta a la invitación.
Debe señalarse que la IUU (sigla en inglés de Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada) y la descarga de desechos están ocurriendo también en otros países africanos. Costa de Marfil es otra víctima importante de la descarga tóxica internacional.
Se dice que los actos de piratería obedecen a la lógica de la desesperación, y en el caso de Somalia, ¿los piratas para unos no serian los guardacostas para otros?
Ver este documental (en idioma inglés) acerca de los desperdicios y basura tóxica arrojados en Somalia por las compañías marítimas italianas. Dos periodistas investigando acerca de las mafias implicadas en este negocio de la basura en los países africanos fueron asesinados enla ciudad de Mogadiscio.
Johann Hari
Mohamed Abshirwaldo
Najad Abdullahi
Fuentes:
Al Jazeera English, 11 de octubre de 2008, “Toxic waste behind Somali piracy”, por Najad Abdullahi; Huffington Post, 4, de enero de 2009, “You are being lied to about pirates”, por Johann Hari; y WardheerNews, 8 de enero de 2009, “The Two Piracies in Somalia:Why theWorld Ignores the other”, por Mohamed AbshirWaldo.
Estudiante investigador: ChristineWilson.
Evaluador académico: Andre Bailey, EOP Advisor Sonoma State University.
Najad Abdullahi (Al Jazeera English), Johann Hari (Huffington Post) Y Mohamed Abshirwaldo (Wardheernews) / Red Voltaire / Proyecto Censurado.
El hecho violento del 10 de junio de 1971, en donde un grupo de estudiantes fue avasallado por el grupo paramilitar “los halcones” por órdenes del entonces presidente del país, Luis Echeverría Álvarez, es analizado en el libro 10 de junio: ¡ganamos la calle! que no sólo describe la muerte de los 42 jóvenes que fueron acribillados, sino que propone que a partir de esa fecha “se ganó la libertad de expresión y manifestación”, tal como consideró su autor, Joel Ortega Juárez.
El libro, publicado por Ediciones de Educación y Cultura, será presentado el 9 de junio en el Foro San Ángel, en la Ciudad de México y contará con los comentarios de René Avilés Fabila, Gustavo Hirales y Pedro José Peñaloza, quienes serán moderados por Ricardo Rocha Reynaga. En Puebla se presentará el 23 de junio próximo.
Para Ortega Juárez, quien fue entrevistado vía telefónica por este diario, la importancia de esta manifestación es que un grupo de jóvenes salió a la calle para hacer válida la libertad de manifestarse sin saber que iban a ser reprimidos. “A partir de esa fecha no ha vuelto a haber una matanza: eso es lo que ganamos”, afirmó.
Señaló que el movimiento del 10 de junio fue distinto, porque al contrario de lo que sucedía a nivel mundial, no pasaron ni tres años para que un grupo de manifestantes volviera a salir a la calle a pesar de lo ocurrido en 1968.
“Todos salimos a la calle deliberadamente y nos caracterizamos porque éramos jóvenes, y como tales no imaginábamos que aquelloshalcones no volverían a matar y a entrar hasta los quirófanos de la Cruz Verde para rematar a los moribundos”, recordó.
El ’71, continuó, no fue un movimiento institucional ni se firmó un pliego petitorio, y por ello se le restó importancia. “Desde el punto de vista institucional no existimos”, reiteró el entrevistado.
Indicó, además, que aquel grupo de jóvenes universitarios no seguía a las “vacas sagradas” de los movimientos sociales, sino que eran iconoclastas, comunistas y socialistas, y otros, como Aurelio Fernández, anarquistas. “El Aurelio mexicano se gestó ahí, en medio de la revuelta”, afirmó Joel Ortega.
Acotó que aquel suceso “fue una brutalidad, y en México hay que decir lo que ocurre, ya que la realidad es peor que lo que cualquier demente delirante puede imaginar”; por ello, los 42 muertos –con nombre y apellido– significan “un costo que no se puede perdonar”.
En el texto documentó la participación de “los halcones”, un grupo entrenado por el gobierno federal y supervisado por Echeverría, un presidente que fue considerado, tanto por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación como por otros tribunales internacionales como un genocida, “aunque una juez tonta haya dicho que no”.
El suceso “no es un asunto de cantidad, sino que su importancia radica en que demuestra la conducta de un estado tendiente a suprimir a las minorías”, confió el economista.
En el texto 10 de junio: ¡ganamos la calle!, el autor también revisó los antecedentes de aquella marcha como los movimientos y las huelgas de los ferrocarrileros, maestros y campesinos, y por supuesto la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.
“Al ’68 lo veo no sólo como una tragedia, sino como un movimiento libertario y un enorme estremecimiento social y mundial en contra del poder: autoritario, soviético, de derecha, estatal, familiar y hasta cultural”, explicó.
Para Ortega Juárez fue un movimiento que reivindicó a las mujeres, que originó grupos como el black power, que detonó en sonidos como el rock y en corrientes literarias como el “boom latinoamericano”, y hasta tendencias cinematográficas como la ola francesa o el cine italiano.
El libro es una oportunidad para “revisar la historia y no tropezar con las mismas piedras, para que la gente se defienda y entienda que la libertad de manifestación se gestó aquel jueves de Corpus”, señaló.
A 40 años expresó que existe tristeza por el rumbo que tomó el proyecto: por las izquierdas que se han vuelto parte del bazar político, por los sindicatos controlados, por las universidades que se corrompieron; por ello, la “mejor manera de homenajear a los muertos es haciéndolos vivos”, concluyó.
En un programa especial de Democracy Now!, nos acompaña el legendario periodista Bill Moyers, organizador y fundador de los Cuerpos de Paz, secretario de prensa del presidente Lyndon Johnson, editor del periódico Newsday y corresponsal del programa CBS News. La televisión pública estadounidense (conocida como PBS) es el lugar donde Moyers se estableció, donde produjo numerosos programas innovadores y ganó más de 30 premios Emmy. Moyers acaba de publicar un libro titulado Bill Moyers Journal: The Conversation Continues (El diario de Bill Moyers: la conversación continúa), una recopilación de las entrevistas realizadas en su programa de gran audiencia en PBS emitido de 2007 hasta 2010. Más...
La economía de EU creó 54 mil empleos en el mes de mayo, cuatro veces menos que los generados en el mes de abril. La tasa de desempleo pasó a ser de 9.1 por ciento. El crecimiento registrado de tal economía en el primer trimestre de este año, fue de 1.8 por ciento en relación al trimestre anterior, el cual había crecido 3.1 por ciento. Tal situación es resultado de la caída del consumo de las familias, como la desaceleración del gasto público (sobre todo en gastos militares) como consecuencia de la política del Congreso de dicho país, y del gobierno de reducir el déficit público. A ello se suma el alza del precio de la gasolina, como los problemas de abastecimiento que está enfrentando la industria estadounidense a raíz del terremoto en Japón, aunado a los problemas fiscales y de restricción del gasto y del mercado interno de las economías de la zonaeuro que impactan la economía mundial.
El techo impuesto al déficit público del gobierno de EU, por parte del Congreso (de mayoría del Partido Republicano), así como al monto de la deuda pública, vendrá a ahondar los problemas de dicha economía, así como de la economía mundial, dada la incidencia que la primera tiene sobre el resto de las economías. Al frenarse su capacidad de financiarse a través de emisión de deuda, mandará señales de insolvencia a los mercados financieros, lo que obligará a dicha economía a tener que incrementar su tasa de interés para poder colocar deuda, y que el resto del mundo la adquiera. Considerando que prosiguen los altos niveles de endeudamiento, sobre todo en las familias, así como los problemas hipotecarios y la caída del precio de las casas, el alza de la tasa de interés ahondará los problemas de insolvencia y la devolución de las casas, por lo que caerán más los precios de éstas, así como de los activos financieros en los mercados de capitales.
La banca restringirá más la disponibilidad crediticia (que de hecho no ha venido otorgando créditos), por lo que se contraerá la inversión y el consumo y la actividad económica, además de desestabilizarse nuevamente la banca y los mercados financieros. Se contraerán más las importaciones de EU, y con ello las exportaciones que el resto del mundo realiza a dicho país, afectando la dinámica de la economía mundial. Ante tales perspectivas surge la pregunta si la Reserva Federal pueda anunciar otro nuevo paquete de inyección de liquidez, como el que entró en operación en noviembre pasado y que termina a fines del mes de junio, a fin de mantener restringida la tasa de interés, y evitar que la restricción presupuestal aprobada por el Congreso lleve al alza el precio del dinero. Lo podría hacer. El problema es que esos recursos, más que aumentar el crédito y reactivar la economía, se han canalizado en mayor medida a ser invertidos en economías como la nuestra que ofrecen mayor tasa de interés que la de EU, así como en los mercado especulativos de las materias primas y de alimentos. Ello evidencia que no se tiene opciones dentro de las políticas instrumentadas hasta ahora para retomar la dinámica económica en forma sostenida. La política fiscal ha dejado de instrumentar la política de estímulos (expansión de gasto) que permitió salir de la recesión de 2008 y 2009 en dicho país. La política monetaria de baja tasa de interés y la devaluación del dólar han mostrado que son insuficientes por sí solas para impulsar una dinámica sostenida con incremento de empleo.
El retorno a la reducción del déficit fiscal, en un contexto donde no está incrementando la inversión el sector privado, ni el consumo las familias ni las exportaciones en forma significativa, llevará nuevamente a la recesión a la economía de EU y con ello a aquellas economías cuya dinámica depende de ella.
La economía mexicana no ha venido instrumentando política contra–cíclica alguna. Mantiene altas tasas de interés (para frenar demandas y presiones inflacionarias como para atraer capitales para estabilizar el tipo de cambio), junto con políticas de disciplina fiscal (o bajo déficit) con el mismo propósito, aunado a la apreciación (fortaleza) del peso, que favorece al sector financiero a costa de contraer el mercado interno y perder competitividad frente a importaciones, lo que impide condiciones internas de crecimiento. Ello ha llevado a que la economía dependa de las exportaciones, como de la entrada de capitales, por lo que al caer nuevamente la actividad económica de EU se desacelerará la economía nacional, ya que no tenemos motor interno de crecimiento, ni condiciones productivas ni financieras, ni macroeconómicas para impulsar el crecimiento y atender las demandas de bienestar social de la población.
El hecho de que la economía tenga bajos niveles de productividad, grandes rezagos productivos, altos coeficientes importados, altos niveles de desempleo, subempleo, y capacidad ociosa, refleja la pérdida de producción de bienes y servicios que está ocasionando la política económica predominante. El gobierno, en su afán de seguir actuando a favor del sector financiero, no está gastando, ni haciendo lo suficiente y correcto, para contrarrestar el impacto negativo que sobre la actividad económica tiene la disminución del consumo e inversión del sector privado, como al hecho que las importaciones desplazan a la producción nacional y aumenten el déficit de comercio exterior. No se puede seguir con la política que nos ha llevado a crisis recurrentes y nos coloca al vaivén del comportamiento de la economía de EU. Los costos de ello han sido muchos para el país, y los seguirán siendo, y el problema es que si la sociedad los seguirá soportando.
La gente más pobre del país vive en los lugares de mayor riqueza natural, pareció ironizar FCH
GEORGINA GARCÍA SOLÍS
En la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, el gobernador Emilio González Márquez agradeció al presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa el esfuerzo hecho por su gobierno para que sea una realidad la presa El Zapotillo, pese a la resistencia de Temacapulín, Acasico y Palmarejo a aceptar su desaparición.
Ante el Ejecutivo federal y José Luis Luege Tamargo, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), instancia responsable de esta obra, el mandatario jalisciense destacó que a través de este embalse se aprovecharán las aguas del río Verde que actualmente desembocan en el mar sin mayor beneficio y se garantizará el servicio de agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en 14 municipios de Los Altos de Jalisco.
Este proyecto, justificó, le dará descanso al lago de Chapala y permitirá que los mantos freáticos sobreexplotados recuperen su nivel.
“No podemos seguir dependiendo de Chapala, por eso es importante el trabajo que se hace con el gobierno federal, con la Comisión Nacional del Agua en el aprovechamiento de esta agua limpia que ahora se va al mar sin mayor beneficio y que esperamos que sea aprovechada en la zona de Los Altos de Jalisco, y por supuesto en la Zona Metropolitana de Guadalajara”, arguyó.
De esta forma, González Márquez refrendó su apoyo para que siga adelante la presa El Zapotillo, tras la celebración de la mesa resolutiva entre el gobierno federal y los opositores, y se le diera luz verde al proyecto a pesar de prevalecer la resistencia a aceptar su construcción a costa de la desaparición de tres poblados.
“Son muchos los temas que podríamos hablar de cómo ahora Jalisco es mejor que antes y mucho de ello gracias al trabajo y al esfuerzo del presidente Felipe Calderón.
“(Queremos) sumarnos a este reconocimiento en la persona del presidente y hacerlo extensivo a todos los que creemos que no hay un verdadero desarrollo si no se considera el factor ambiental como parte del mismo”, señaló.
En la base central de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), ubicada en Zapopan, el presidente Felipe Calderón conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente.
En este marco, se entregó el Premio al Mérito Ecológico y el Ejecutivo federal fue condecorado por la organización mundial Rainforest Alliance por su compromiso con el medio ambiente y el combate al cambio climático.
El mandatario federal afirmó que su política ambiental tiene como objetivo el cerrar la brecha entre el medio ambiente y el hombre.
“La cruel paradoja es que siendo nuestro país tan rico en recursos naturales, la gente más pobre o parte de la gente más pobre vive en los lugares de mayor riqueza natural. Las comunidades indígenas, por ejemplo. Esas dos brechas tienen que cerrarse al mismo tiempo: proteger el medio ambiente y, al mismo tiempo, elevar el ingreso de las comunidades más pobres”, sentenció.
Para ello, dijo, se promueven programas como ProÁrbol de pago por servicios ambientales, “que han permitido combatir la pobreza y disminuir la tasa de deforestación a menos de la mitad, así como la Agenda del Agua 2030, una política de largo plazo para garantizar un manejo integral y sustentable del agua en México”.
También resaltó la labor del ex gobernador de Jalisco y hoy senador Alberto Cárdenas Jiménez para la constitución de Conafor, que ayer celebró 10 años de existencia.
Zongolica, Ver.- La construcción de la hidroeléctrica en esta serranía podría detenerse si los vecinos afectados deciden interponer una denuncia ante las instancias legales por daños y perjuicios. Hay antecedentes que a la empresa responsable, Comexhidro, le detuvieron la construcción de otra planta en el estado de Oaxaca. En tanto, organizaciones no gubernamentales revelan el registro de contaminación en ríos, desaparición de bosques, cafetales y puentes antiguos.
De acuerdo con la antropóloga Amanda Ramos, así como Edelmira García y Hugo Guzmán, integrantes del Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, hay datos que cimientan afectaciones al entorno ecológico y a los usos y costumbres de las zonas indígenas de la sierra, concretamente en los municipios de Zongolica, Mixtla de Altamirano y San Juan Texhuacan.
“Según el manifiesto de Impacto Ambiental de la empresa, es una pequeña presa que captará los escurrimientos del río Apatlahuaya para producir energía eléctrica con fines de autoabastecimiento. La empresa señala que el proyecto representa un avance en favor del desarrollo de las poblaciones humanas que utilizarán el servicio y la producción de energía renovable”.
Aunque acusaron que hay diferencias entre lo que se dice y lo que se hace: “vayamos por pasos, la empresa no captará los escurrimientos del río. La empresa va a captar toda el agua del río Apatlahuaya. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) autoriza el aprovechamiento de aguas nacionales, mas no de escurrimientos. El volumen medio anual del río Apatlahuaya es de 72 mil millones de litros. La empresa había solicitado aprovechar 90 mil millones, finalmente la Conagua, autorizó un volumen anual de 65 mil millones de litros”.
Además, desmintieron la versión no oficial que la energía eléctrica sería distribuida entre los municipios de la zona a un costo menor, “la empresa producirá energía eléctrica para satisfacer necesidades de sus socios que se beneficiarán con energía producida en nuestros territorios”. Walmart no será la beneficiada, sino las siguientes empresas: Plásticos envolventes SA de CV; Envases Universales de México; Envases Innovativos SA de CV.
Los entrevistados revelaron que ya hay afectaciones en las áreas en donde se construye la planta, llamada micro hidroeléctrica: “la construcción de la planta se hace en terrenos de los municipios de Zongolica, Mixtla de Altamirano y San Juan Texhuacan, abarcan una superficie de 24 hectáreas, de las cuales 13 son de monte, cafetales y áreas de reforestación”.
Al momento, la obra tiene el siguiente avance: “una cortina de 30 metros de alto en el cauce del río Apatalhuaya, para captar el río en una presa con capacidad útil de 194 mil 430 metros cúbicos. Ubicada en la congregación de Palulca. Además se construye un túnel en el cerro Soyayo, donde se instalará una tubería de acero para conducir el agua hasta la casa de máquinas, donde se producirá la energía eléctrica, ubicada entre las congregaciones de Palulca y Acontla. Una casa de máquinas donde se alojará una turbina con 42 megavatios de capacidad. Cerca de la casa de máquinas se construirá una subestación que recibirá la energía generada, para enviarla a la subestación de la Comisión Federal de Electricidad en Zongolica, concretamente en la congregación de San Jerónimo Tonacalco. Un ducto de concreto que correrá de la casa de máquinas a Puente Porras, para conducir el agua al río Zongolica que, dos kilómetros adelante, se une al río Apatlahuaya, donde originalmente se captó el agua”.
En materia de afectaciones, “tenemos datos que en la congregación de Acontla, las detonaciones son muy fuertes. Han cuarteado casas y no permiten dormir. Hay temor de derrumbes y deslaves, porque han caído piedras del cerro, golpeando matas de café y exponiendo la vida de las personas”.
También, en la carretera hay mucho polvo que impide respirar bien, esto es causa de enfermedades respiratorias y estomacales, que afectan principalmente a niños y ancianos. En Xometla, se destruyó un puente antiguo que utilizaba la comunidad para llevar y vender mercancía a Zongolica. En las comunidades, como Tonalixco Chico llega agua sucia, con escombros, aceites y otras sustancias que impiden que las mujeres usen el agua para actividades de las casas. En Macuilaca, considerada como turística, el río baja revuelto, con lodo, lo que afecta los ingresos económicos de la población”.
Estas condiciones pueden ser denunciadas por los vecinos afectados para que se abra una investigación que pudiera detener los trabajos de la construcción de la planta, “tal y como sucedió en el estado de Oaxaca”.
Los antecedentes demuestran que la empresa Comexhidro generó afectaciones, por ejemplo en el estado de Guerrero: “la presa Gallo está ubicada en Tierra Caliente, Guerrero, y fue construida por Comexhidro. Notas de prensa muestran que ha impactado a las comunidades cercanas a la presa en tiempo de sequía cierran la toma principal, por lo que no corre el agua debajo de la presa, lo que causa que las comunidades río abajo se queden sin agua. En tiempo de lluvias se rebasa el nivel de la cortina y desfogan el agua, lo que causa inundaciones y provoca la pérdida de ganado y cultivo. Diversos medios de comunicación relacionan a la presa Benito Juárez, ubicada en Jalapa del Marqués, Oaxaca, construida por Comexhidro, con graves inundaciones en San Blas Atempa, Tehuantepec y Salina Cruz”.
Ante este escenario, los vecinos de los municipios en referencia iniciaron movilizaciones pacificas para pedir que se detenga la obra debido a los impactos que ya generan en la sierra.
Se modificó el punto al que se oponía el mandatario estatal, informa Suástegui Muñoz
FRANCISCA MEZA CARRANZA
Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop) acordaron dar una semana de plazo al gobernador Ángel Aguirre Rivero para que firme los Acuerdos de Cacahuatepec o, de lo contrario habría un “rompimiento” entre ambas partes.
A un mes de la visita del gobernador al poblado de Aguacaliente, comunidad donde se gestó ese movimiento, el vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz informó que aún existe confianza en que el gobernador firme los acuerdos, a pesar de que no ha habido nuevamente un acercamiento y de que la reunión programada para el jueves en las instalaciones de la Promotora Turística (Protur) fue cancelada.
Dijo que la postura de los opositores es la misma en cuanto a la firma de los acuerdos y que por ello modificaron el punto al cual se oponía el gobernador, mismo que le informaron en la pasada audiencia pública.
“Uno de los temas de ayer (domingo) en la asamblea de Tasajeras fue la firma con el gobernador y lamentablemente no ha habido el acercamiento. El jueves quedaron de reunión en Protur y se canceló, ayer se acordó por lo que se decidió que se dará de plazo esta semana”, dijo.
Resaltó que la lucha para que firme el gobernador se lleva también mediante cartas que organizaciones sociales le han enviado para conminarlo a que firme lo cual, dijo, se espera que sirva de presión para que atienda a las demandas del Cecop.
“Tenemos todavía la confianza de que se pueda consensar los acuerdos o de lo contrario se tendría algo así como un rompimiento con el gobierno del estado y nos iríamos a la Federación”, aseveró.
Informó que entre los acuerdos tomados el domingo en la asamblea fue que en caso de que el gobernador no acepte se buscará acercamiento con el gobierno federal para solicitar la cancelación final del proyecto, petición que será sustentada con los juicios ganados a su favor.
Stéphane Hessel tiene 93 años, fue militante de la Resistencia Francesa, sobreviviente de los campos nazis de concentración, y participante en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con su reciente libro Indignaos publicado originalmente en 2010 en Francia y en España en 2011 por Editorial Destino ha creado un gran impacto entre los movimientos sociales, el breve texto hace un llamado urgente a la humanidad para indignarse ante lo inaceptable de la actual situación internacional, marcada por la pobreza, la desigualdad, la violación de los derechos humanos y el deterioro ambiental y donde valores como la dignidad, la libertad, la justica, la igualdad y la democracia, han sido avasallados por los poderes financieros, políticos y mediáticos.
El libro ha influido poderosamente en el movimiento social conocido como la Revolución de los Indignados o 15-M en el Estado español. La indignación y el compromiso planteados por Hessel, tienen un fondo ético incuestionable y a lo largo de la historia han desempeñado un papel central en las transformaciones sociales. En la actualidad diversos movimientos como el 15-M dan cuenta de la fuerza movilizadora de la indignación y miles de ciudadanos y ciudadanas se han congregado en las plazas públicas de muchas ciudades del Estado español, bajo el lema de Democracia real ya.
La revolución de los indignados es un movimiento social amplio, descentralizado y diverso que da continuidad a las acciones altermundistas y hace evidente su indignación ante un modelo económico que ha causado desempleo, pobreza, marginación y una merma en las expectativas de vida de todos y especialmente de los jóvenes. Los impactos de la crisis financiera se han cargado sobre las grandes mayorías de la sociedad civil atentando contra sus derechos sociales y económicos, mientras los verdaderos causantes de la crisis –financieros, políticos y medios de comunicación–, continúan impunes, haciendo sus negocios especulativos y promoviendo las bondades de los fundamentalismos del mercado.
La historia reciente de México da cuenta de relevantes movimientos sociales que desde la indignación han aportado significativos avances frente al desastre en que el país se encuentra sumido. Las luchas por las demandas indígenas, por los derechos humanos, por la equidad de género, por la diversidad sexual, por el medio ambiente y recientemente por la seguridad son ejemplos de los temas que han reunido y movilizado a amplios sectores sociales. Por desgracia en México los motivos para indignarse crecen continuamente y parecen no acabar nunca, a partir de los temas que habitualmente ocupan esta columna periodística, quisiera llamar a la indignación sobre tres elementos cruciales para el presente y el futuro de este país, y que tienen suficientes razones para indignarnos y comprometernos en la construcción de alternativas.
La disponibilidad y precio de los alimentos: nuestro país se encuentra ante una situación donde el precio de los granos básicos como el maíz se incrementa continuamente y como consecuencia el hambre y la desnutrición crecen, haciendo muy penosa la vida actual y amenazando el futuro de las nuevas generaciones. Mientras tanto las políticas agrícolas siguen obsesionadas por la agroexportación, y un indignante ejemplo es el campo de Jalisco, donde las superficies dedicadas al cultivo de granos alimenticios se reducen y son substituidas por invernaderos de producción intensiva de frutillas y hortalizas y por la siembra de agrocombustibles.
Los recursos naturales: el deterioro creciente del medio ambiente continúa imparable en México y de acuerdos a los propios datos oficiales (INEGI 2011), le cuesta al país el 8 por ciento del Producto Interno Bruto. El agua es un caso dramático por la contaminación, el desperdicio y la mala distribución, y de nuevo Jalisco ofrece un caso indignante mientras se evidencian los millonarios fraudes en el SIAPA, sus autoridades nos dicen con toda tranquilidad que están considerando el aumento de cuotas, y además, se empeñan contra toda racionalidad en extraer aún más agua del ya exhausto lago de Chapala.
Estrechamente relacionada con la producción de alimentos y el deterioro de los recursos naturales, se encuentra la crisis del medio rural, donde la pobreza, el hambre, la marginación y la violencia afectan directamente a las familias campesinas e indígenas, condenadas a la emigración, la destrucción del tejido social y el abandono de las comunidades rurales. En Jalisco es posible advertir con indignación cómo la vida rural y comunitaria están destrozadas y en muchas comunidades, especialmente en los municipios del norte, se incrementa la emigración, se acelera el envejecimiento de los habitantes y los poblados y tierras rurales se quedan solas y sin futuro.
La indignación, nos recuerda Hessel, debe ir acompañada del compromiso para transformar esta situación que desde la ética es inaceptable y participar activamente en este desafío global es un deber ineludible de los ciudadanos y ciudadanas contemporáneos. En nuestro país sobran los motivos para indignarse y comprometerse. Los caminos para participar son muy variados y van desde movimientos como la esperanzadora Marcha por la Paz con Dignidad y Justicia que llegará a Ciudad Juárez el 10 de junio, hasta la vida cotidiana, donde nuestros hábitos de información, de consumo, de alimentación, de movilidad, de socialización deben ser espacios que reflejen nuestra indignación y nuestro compromiso por transformar este presente que se transforma en pesadilla para las mayorías.
