jueves, 5 de septiembre de 2013

Tlachinollan hará su propio seguimiento a los guardias detenidos: Vidulfo Rosales


MARGENA DE LA O ( )

Chilpancingo, 4 de septiembre. El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan dará seguimiento jurídico al caso de los policías comunitarios y los dos coordinadores de la Crac, Nestora Salgado García y Bernardino García Francisco, detenidos, independientemente de la mesa que pactaron tres de las cuatro casas de justicia de la organización con el gobierno estatal, porque, aseguró el abogado Vidulfo Rosales Sierra, hay elementos legales de peso para acreditar su inocencia.

El acuerdo entre parte de la Crac y el gobierno estatal se entendió como un acuerdo político, porque se fijó una mesa mixta para el próximo viernes en la que analizarán caso por caso de los 21 detenidos, menos el de Salgado García, para liberar a los que estén exentos de delitos y reducar en la casa de justicia de San Luis Acatlán a quienes se los confirmen.

En entrevista, Rosales Sierra comentó que mientras estuvo en la reunión, el acuerdo nunca incluyó que la casa de San Luis Acatlán reducaría a los policías en caso de que se les comprobaran delitos, sino analizar caso por caso jurídicamente, pues hay elementos suficientes para que muchos sean liberados. Entre la conferencia de prensa que dieron los coordinadores encabezados por Eliseo Villar Castillo; el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, y el asesor del gobernador, Ernesto Aguirre, y la salida de Rosales Sierra de la sala donde fue la reunión sólo pasaron unos minutos, en los que se supone que pactaron la mesa mixta.

El abogado de Tlachinollan, aclaró que ese centro de derechos humanos seguirá jurídicamente el caso, pero fuera de la mesa acordada entre una parte de la Crac y el gobierno. Incluso, precisó que ese organismo no gubernamental tiene la representación legal de los 21 comunitarios detenidos por el Ejército y la Marina, incluido el coordinador de Ayutla, Bernardino García Francisco, porque la defensa de Nestora Salgado García la lleva un defensor de oficio, porque un juez le negó el derecho pro persona, es decir su derecho a elegir una defensa de su confianza.

“Tenemos que ponernos en comunicación con el compañero Eliseo y los demás miembros de la casa de justicia para saber cómo entienden los acuerdos de ayer (martes). Por lo pronto, nosotros trabajaremos fuera de esa mesa, en la vía jurídica”, aclaró.

Insistió que si la mesa entre el gobierno y parte de la Crac incluye temas que son exclusivos de la asamblea regional, Tlachinollan no participará.

Un reportero le preguntó si el acuerdo político del Ejecutivo y los coordinadores encabezados por Villar Castillo contravendría el trabajo jurídico de Tlachinollan; admitió que desconocía si la Crac reducará a aquellos comunitarios con delitos probados en la mesa mixta del viernes.

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