• Escuadrón de la muerte de SSP
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• Lo integran 70 policías federales
• Dudas en contratos de la Sedena
Para algunos mexicanos, el Pacto por México es la única esperanza de
solución a los graves problemas sociales que enfrenta el país:
desigualdad, injusticia, pobreza extrema, desempleo, subempleo,
delincuencia, alimentación, salud y educación; para muchos otros, ese
acuerdo partidista es sinónimo de impunidad, abuso de poder, imposición,
privatización del petróleo y la entrega a trasnacionales de lo poco que
aún queda a la nación.
Lo cierto, aceptan funcionarios de distintas áreas de gobierno, es
que este pacto entre partidos políticos, concebido en la residencia
oficial de Los Pinos, le ha dado una tregua al combate a la corrupción
gubernamental, la cual durante el sexenio de Felipe Calderón se agudizó
como en las mejores épocas del salinismo.
En prácticamente todas las dependencias federales y organismos
descentralizados se acumulan expedientes con pruebas suficientes sobre
la corrupción cometida en el sexenio anterior, pero los titulares de las
secretarías de Estado y de las empresas paraestatales tienen
instrucciones presidenciales de “no mover nada” mientras el Partido
Acción Nacional (PAN) mantenga su apoyo al Pacto por México hasta que
concluyan las reformas constitucionales –ya anunció Enrique Peña Nieto
que se concretarán en 120 días más– sobre temas tan importantes como la
educación, el petróleo y los impuestos.
Es ese concilio partidista el que ha dado un gran respiro a
funcionarios del gobierno anterior que estuvieron involucrados en graves
irregularidades, como el desvío de recursos públicos, abuso de poder,
tráfico de influencias, extorsiones, sobornos, chantajes, desapariciones
forzadas, homicidios y otros crímenes.
Por eso se entiende ahora cómo es que el exsecretario Genaro García
Luna se pasea tranquilamente entre las ciudades de Miami y México sin
acusación de por medio y sin ser perseguido por autoridad alguna, a
pesar de los excesos y abusos cometidos durante su gestión al frente de
la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.
Además, es vox pópuli que ese exfuncionario al que Felipe Calderón le
permitió todos sus excesos, tuvo la dedicación, durante su gestión, de
grabar conversaciones privadas telefónicas de todos los funcionarios del
gobierno federal, líderes de oposición, políticos, legisladores,
luchadores sociales y periodistas, entre otros, a quienes también grabó
en video con los costosos aparatos comprados con dinero público. Esta
puede ser la razón por la cual ni Peña Nieto ni algún miembro de su
gabinete se van a atrever a fincarle responsabilidades penales, a pesar
del evidente enriquecimiento ilícito y, al contrario, se habla de que en
la Procuraduría General de la República (PGR) todos los expedientes
abiertos en su contra fueron desestimados y simplemente enviados al
archivo.
Un ejemplo de ese abuso de poder que con la venia presidencial se
permitió en el sexenio anterior fue la acumulación de una cuantiosa
fortuna que no provenía de su salario como servidor público (según
reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera).
En el escritorio del procurador General de la República, Jesús
Murillo Karam, hay un expediente abierto sobre un grupo de 70 agentes
federales pertenecientes a la extinta SSP, comandados por uno de los
hombres más cercanos al exsecretario García Luna, quienes eran
utilizados como un “escuadrón de la muerte” con licencia para
desaparecer personas, secuestrar, torturar y “hacer justicia” por su
propia mano; sólo bastaba que “el jefe lo ordenara” y dicho escuadrón
entraba en operación.
De acuerdo con fuentes de procuración de justicia, en el sexenio
impune de Felipe Calderón se creó este “escuadrón de la muerte”,
integrado por agentes federales de diversas direcciones de la SSP, al
cual se le encargaban desde detenciones arbitrarias hasta ajustes de
cuentas, secuestros, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos.
Todo en nombre del poder y de la justicia federal.
Lo extraordinario de todo es que ha concluido la investigación de
dicho expediente judicial y, en casi 10 meses de estar al frente la
nueva administración priísta, el Ministerio Público Federal no ha
ordenado la consignación de la averiguación previa a un juez federal.
Hay preocupación entre familiares de víctimas de que ese expediente que
confirma la existencia de un “escuadrón de la muerte” pueda enviarse al
archivo, y ese caso probado en donde agentes federales se dedican a
desaparecer personas, secuestrar y torturar, quede impune.
Familiares y testigos de uno de los desaparecidos han explicado que
en las evidencias recabadas por la autoridad hay hasta videos en donde
se identifica claramente a los agentes federales y a su comandante
cuando, en 2008, secuestraron a un joven de 28 años de edad y a partir
de ese momento jamás se volvió a saber de él. Además de que en los
interrogatorios a los policías involucrados, éstos niegan haber
participado en dicha detención, a pesar de que en los videos aparecen en
el operativo realizado en la capital de Chihuahua.
Para investigadores y peritos expertos de la PGR no hay lugar a dudas
de que se trata de un “escuadrón de la muerte” que se integró con
policías federales bajo las órdenes de Genaro García Luna, con la misión
de cometer delitos y ajusticiar a quien se les ordenara.
Hace poco más de 2 meses, el diputado Ricardo Monreal, hombre cercano
al líder opositor Andrés Manuel López Obrador e integrante del
Movimiento Ciudadano, presentó su libro Escuadrones de la muerte en
México, en donde narra cómo se integran estos grupos de asesinos a
sueldo, algunos pagados por el propio Estado y otros por empresas
privadas.
El problema, explicó en esa ocasión el legislador, es que fue a
partir de la descomposición social motivada por la “guerra” de Calderón
en contra del crimen organizado, en donde se presentaron cifras
alarmantes de personas asesinadas, secuestradas y desaparecidas, sin que
autoridad alguna hiciera algo al respecto, pues ni siquiera hay una
lista completa de los nombres de las más de 100 mil víctimas. Agregó que
muchos de esos homicidas pertenecen a grupos de seguridad privada y ni
la Secretaría de la Defensa Nacional ni algún otro organismo
gubernamental tienen control sobre ellos.
Ahora con este amplio expediente ministerial, la PGR cuenta con
pruebas suficientes para procesar y enjuiciar a un grupo de 70 policías
federales y un comandante de alto rango, por su participación en la
desaparición y el asesinato de personas. Qué espera entonces el
procurador Murillo Karam para hacer justicia y procesar a estos policías
delincuentes.
El nuevo responsable de la herencia negra que dejó García Luna en la
policía federal es el recién nombrado comisionado Nacional de Seguridad
Pública, el médico cirujano Manuel Mondragón y Kalb, quien a pesar de
estar al mando de los policías federales aún no se entera de este tipo
de grupos delincuenciales creados por el gobierno panista de Calderón y
que permanecen al interior de esa corporación, la cual por cierto tuvo a
su cargo el fin de semana del desalojo de los maestros de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Nuevas irregularidades en la Sedena
A pesar de los esfuerzos que ha hecho el general Salvador Cienfuegos
para evitar actos de corrupción en la adquisición de bienes y servicios
por miles de millones de pesos en la Secretaría de la Defensa Nacional,
nada se ha podido avanzar y la mala administración continúa al otorgar
cuantiosos contratos a empresas privadas que no cumplen con los
requerimientos necesarios.
Uno de esos contratos que en esta columna se había informado de las
múltiples irregularidades, es la licitación pública nacional
LA-007000999-N150-2013, para la contratación de servicio de
abastecimiento de prótesis e insumos para cirugías de ortopedia y
traumatología para hospitales militares regionales y enfermerías, con
una partida presupuestal cercana a los 100 millones de pesos.
Pues en ese contrato la Dirección General de Sanidad de la Sedena
dictaminó en junio pasado que cinco empresas concursantes “no cumplieron
con las especificaciones técnicas establecidas en la convocatoria”,
razón por la cual había decidido cancelar la licitación pública.
Después de esa cancelación, lo extraño es que hace unos días la
Sedena le asignó el contrato de manera directa, sin licitación, a la
empresa Hemost S.A. de C.V. la cual había sido descalificada por tres
razones que esa misma secretaría había explicado:
1. No entregó ningún título ni cédula profesional, lo que no permitió
evaluar la competencia o habilidad en el trabajo, como se requirió
previamente en el formato 1 de la convocatoria.
2. No entregó la declaración anual ni la declaración provisional, como lo establece la convocatoria.
3. No entregó copia de contratos certificados por notario público, para
evaluar su experiencia en la prestación de este tipo de servicios como
se establece en las disposiciones del concurso.
Al final estas razones expuestas por las áreas responsables de la
licitación (Órgano Interno de Control, Asesoría Jurídica de la Dirección
General de Administración y Dirección General del Hospital Central
Militar) fueron insuficientes y algún militar de alto rango determinó
que el contrato se le asignara sin concurso a Hemost. ¿Sabrá de esto el
general Cienfuegos?
Otro caso que ha llamado la atención en el órgano de vigilancia de la
Sedena es el de la empresa Aid Logística S.A de C.V., propiedad del
pariente de un coronel que se desempeñó durante el sexenio pasado en el
área de adquisiciones de la Defensa, motivo por el cual participa
activamente en diferentes licitaciones militares. En este asunto se
investiga la participación de varios militares que en otras entregas
revelaremos dichos nombres.
Puntos suspensivos…En los últimos días el procurador general de la
República, Jesús Murillo Karam, reveló desde Estados Unidos que abrió
una investigación en contra de su antecesora Marisela Morales, actual
cónsul de México en Milán, por su presunta responsabilidad en el pago
irregular de recompensas por varios millones a informantes que
supuestamente sirvieron para la captura de miembros de la delincuencia
organizada. El funcionario priista parece tener un gran interés en
procesar a quien fuera la primera mujer procuradora del país, aun cuando
su nombramiento de cónsul lo decidió el propio presidente de la
República, lo que hace pensar que el procurador no tiene una buena
comunicación con Los Pinos y al andar tan suelto pone en riesgo algunos
acuerdos que parece desconocer. Por lo pronto, esa libertad que siempre
debe tener el Ministerio Público Federal para la impartición de justicia
y el desarrollo de las investigaciones, debe mantenerse en la PGR para
evitar que se tuerza la ley. Fuentes de la Procuraduría explican que el
responsable del pago de dichas recompensas es un comité integrado por
subprocuradores y el oficial mayor, y en este órgano colegiado que
revisa todo el procedimiento para que se realicen los pagos no tiene voz
ni voto el titular de la Procuraduría, además las áreas responsables de
las detenciones como Sedena, Marina o Policía Federal tienen que avalar
que la información proporcionada por el informante fue determinante
para la captura del fugitivo. En fin, ya veremos en qué acaba esta
historia, porque lo que si es cierto es que en la PGR hay áreas como la
de Servicios Aéreos en donde la corrupción estuvo muy presente el
sexenio pasado.
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