La prisa del sector privado por que se aprueben más reformas estructurales

Por: Arturo Huerta González

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) critica a los legisladores por la tardanza en aprobar las reformas estructurales, y afirman que al empezar a discutir las reformas hacendarias y energéticas hasta septiembre implicará que se pierda el primer año de gobierno, y que los resultados empiecen a reflejarse hasta 2015.

Los defensores de las reformas estructurales, antes de clamar por más reformas tendrían primero que evaluar los resultados de las reformas estructurales que se han venido aprobando e instrumentando en las últimas décadas, tal como la autonomía del Banco Central, los Tratados de Libre Comercio, la liberalización financiera, la disciplina fiscal, la venta de Teléfonos de México (Telmex), de la minería, de la aviación, de la siderúrgica, así como la privatización de los ejidos, de los ferrocarriles, la privatización y extranjerización de la banca, la reforma laboral, la reforma del sistema de pensiones, la apertura de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la inversión privada, y tantas otras que han des–regulado y liberalizado al mercado, y achicado el tamaño y participación del Estado en la actividad económica, y han incrementado el poder y participación de la cúpula empresarial en la economía.

Se nos ha dicho y se insiste en que las reformas estructurales tienen “efectos favorables sobre la competitividad y el blindaje de nuestra economía”. Nos dicen que tales reformas son para “enfrentar episodios de alta volatilidad” provenientes del exterior. Ello refleja la miopía existente en los defensores de tales políticas, pues tenemos décadas escuchando dicho discurso, sin que la economía nacional mejore la eficiencia, la competitividad, y no se logre blindaje alguno frente a los shock externos. Tales reformas no nos han llevado a una mayor dinámica económica, ni a mayor generación de empleo. Por el contrario, la economía nacional tiene menos condiciones internas para encarar tal vulnerabilidad, como resultado de las políticas de libre mercado, que ellos y el gobierno impulsan. Tales políticas han atentado sobre el sector industrial y agrícola, como sobre la economía formal, sobre el nivel de vida de la población, y nos han llevado a depender más del comportamiento de las variables externas (exportaciones, remesas y de la entrada de capitales), colocando a la economía en un contexto de alta vulnerabilidad externa. Prueba de ello es la grave crisis en que la economía cayó en 1995, la desaceleración de la actividad económica de 2001 a 2003, debido a que la economía estadounidense se estancó, evidenciando que no teníamos blindaje alguno frente a ello. Lo mismo aconteció en 2009, cuando la economía nacional cayó en 6.2 por ciento, y actualmente de nuevo la economía frena su crecimiento, y en mayor proporción a la desaceleración que muestra la economía de Estados Unidos, lo que evidencia que las reformas estructurales instrumentadas no han incrementado eficiencia, competitividad, ni el blindaje de la economía. La cúpula empresarial, y el gobierno, como los partidos del Pacto por México, quieren más reformas estructurales para seguir favoreciendo a los dueños del dinero, quienes son los que se han apropiado de las empresas públicas que son vendidas, y ahora van por lo que queda de Pemex. Es el gran capital el favorecido de la política económica predominante, y en cambio pierde la mayoría de la población, que ve deteriorado el poder adquisitivo de sus ingresos, y pierden aquellos que buscan empleo y no lo encuentran, aquellos que no tienen ingresos para alimentar a su familia, aquellos que no tienen recursos para llevar a sus enfermos al médico, ni para mandar a sus hijos a la escuela. Para estos millones de habitantes, no hay políticas que los favorezca.

Mientras sigamos con más de lo mismo, continuarán profundizándose los problemas de bajo crecimiento, de desempleo, y miseria, como la violencia que se vive a lo largo y ancho del país, y por otro lado, los dueños del dinero continuarán incrementando su fortuna y poder. Ello es insostenible económica y políticamente. Una economía no puede crecer con altas tasas de desempleo, miseria y violencia, pues no hay opciones de inversión, tanto porque el mercado interno está contraído, como por el clima de desconfianza e incertidumbre. Tampoco hay opciones de inversión para incrementar exportaciones, dado el clima generalizado de recesión y/o desaceleración económica a nivel mundial.

Ante la falta de opciones de inversión en el sector productivo, por la contracción de demanda, tampoco hay opción de inversión en los mercados de capitales, dado el contexto de incertidumbre generalizado que está desestabilizando a dichos mercados a nivel mundial.

Los sectores excluidos tienen que demandar cambio de rumbo de las políticas predominantes para que se atiendan sus demandas de crecimiento económico, de empleo y bienestar para las grandes mayorías de la población. No debemos esperar que la crisis y la violencia se arrecien, pues los costos sobre la esfera productiva, la extranjerización de la economía y el nivel de vida de la población serán mayores. Debemos de anteponer un Proyecto de nación incluyente, soberano, a favor de las grandes mayorías.