En concreto | Laura Itzel Castillo
A la memoria de una amiga, luchadora incansable, defensora de los derechos de los campesinos y colonos, asesora permanente en materia agraria y muchos etcéteras más...Carlota Botey.
Te empezamos a extrañar
El modelo económico neoliberal impuesto en México desde hace tres décadas se caracteriza por defender las ganancias del capital privado a costa de la depredación ambiental y la afectación de las mayorías.
La minería es un claro ejemplo de ello: en 2010 se concesionaron 4 millones de hectáreas, por las cuales el gobierno habría recibido, cuando mucho, 20 millones de dólares. En contraste, las ganancias del sector, totalmente privatizado, fueron de 15 mil 474 millones de dólares, constituyéndose como la cuarta fuente de divisas del país.
Los gobiernos panistas han concesionado 26% del territorio nacional, alrededor de 56 millones de hectáreas, a la industria minera, y están en marcha 757 proyectos extractivos de capital extranjero, a cargo de 279 empresas.
De ellas, 210 son de Canadá y poseen concesiones en 26 estados. Del total de proyectos, 475 son de oro y plata.
Además, a las mineras nacionales, también en este sexenio se les entregaron 6 millones 600 mil hectáreas de reservas mineras a tres consorcios: Peñoles, Grupo México y Carso, de Alberto Bailleres, Germán Larrea y Carlos Slim, respectivamente.
En su informe de 2011, la Cámara Minera de México ubica al país como el cuarto destino más atractivo del mundo y el primero en América Latina para las inversiones en explotación minera.
Y no es para menos: tan sólo las reservas de oro de México tienen un valor de unos 112 mil millones de dólares, un billón 342 mil 483 millones de pesos, 40% del Presupuesto de Egresos de 2011.
De acuerdo con el mismo organismo México es el único productor de oro que ha experimentado un crecimiento sostenido en su producción desde 2003.
A la riqueza minera de México debe añadirse los incentivos y facilidades otorgadas por la legislación, que ha sufrido enormes cambios para: establecer que la minería tiene preferencia sobre cualquier otro uso de suelo; entregar concesiones de explotación de oro, plata y cobre a particulares hasta por 50 años, con derecho a prórroga; eliminar los límites de la superficie que puede ser concesionada, derogar el impuesto a la extracción de minerales y favorecer la privatización del sector paraestatal minero.
Los métodos de explotación minera implican la remoción de miles de toneladas de suelo para la extracción de metales preciosos.
Por cada tonelada de tierra se obtienen sólo 200 gramos de plata y menos de 40 gramos de oro, pagando entre cinco y 111 pesos por hectárea concesionada, con lo que nos podemos imaginar tanto las ganancias como la gran devastación ecológica que esto implica.
Un ejemplo de ello se encuentra en el caso de Wirikuta, donde los daños a las comunidades huicholes y la afectación directa a los sitios históricos o sagrados están severamente amenazados por la minera canadiense First Majestic Silver.
Fuente: El Gráfico
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