miércoles, 31 de agosto de 2011

Rechaza López Obrador reformar la Ley Federal de Juegos y Sorteos para regular los casinos



San Luis La Paz, Guanajuato
Miércoles 31 de agosto de 2011



* Propone que se reactiven las actividades productivas, que se generen fuentes de empleo y que se garantice el bienestar de la mayoría de las familias mexicanas

*Los permisos para la operación de los casinos disfrazados de centros de juego se extendieron con Fox manifiesta.


Andrés Manuel López Obrador expresó su rechazo a cualquier iniciativa de reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos que regule las actividades de casas de apuestas y casinos, como lo sugieren legisladores panistas y priistas, así como autoridades de diferentes niveles de gobierno.

En su lugar de modificar cualquier legislación, el presidente legítimo de México propuso que se reactiven las actividades productivas, que se generen fuentes de empleo y que se garantice el bienestar de la mayoría de las familias mexicanas.

Para mostrar la doble moral de los gobernantes de extracción panista, manifestó que los permisos para la operación de los casinos disfrazados de centros de juego y de apuestas se extendieron precisamente en la administración del ex presidente Vicente Fox.

Sin embargo, prosiguió, legisladores y autoridades surgidas del partido albiazul “hablan que no deben autorizarse más permisos para operar casinos, porque son malos ejemplos para los niños, porque propician vicios y son ambientes muy dados a la delincuencia”.

En entrevista que concedió al término de una asamblea informativa que se llevó a cabo en este municipio, el presidente legítimo de México recordó que el gobierno foxista autorizó los permisos “porque querían quedar bien con Televisa, si se considera que el mayor número de ellos se otorgaron a Televisa en el 2005, un año antes de la elección presidencial, para que el PAN tuviese el apoyo de Televisa”.

Pero ahora “Televisa inicia toda una campaña para hacerse pasar como la salvadora de México. Pura hipocresía”, a raíz de la tragedia de Monterrey, afirmó.

Un segundo ingrediente en el asunto de la operación de casas de juego, centros de apuestas y casinos es el millonario negocio en donde están involucrados “los de arriba”, tanto panistas como priistas, que en el fondo son iguales y su única diferencia radica en que los primeros son corruptos y ladrones los segundos.

Por esa razón carece de todo “sentido estar cuestionando a los panistas, cuando los miembros de la mafia del poder son en su mayoría priistas. Son priistas de corazón y de conveniencia, porque se hicieron inmensamente ricos cuando el PRI estaba en su apogeo”, subrayó.

Luego hizo énfasis en que fue precisamente el ex presidente Carlos Salinas quien facilitó el enriquecimiento, al amparo del poder público, de los 30 integrantes de la mafia del poder, de la política y del dinero.

Antes de Salinas, ninguno de los 30 pintaba ni existía, y sus intereses son contrarios al interés del pueblo, “porque no les importa el bienestar de la gente ni la paz, la tranquilidad, la existencia de la gente. En suma, son unos ambiciosos de poder y de dinero”, añadió.

A pregunta expresa que le formularon los comunicadores, López Obrador aseguró que la tragedia de Monterrey confirma que el régimen ya se pudrió y que es necesaria una transformación de fondo de la vida pública de México.
“No hay posibilidad de que las cosas mejoren, si no hay un cambio de régimen”, alertó.

Luego se le preguntó si iniciaría campaña en los tiempos marcados por la legislación electoral. Expresó que todo depende del aspirante de las fuerzas progresistas que esté mejor posicionado. ”Ese es el acuerdo que mantengo con Marcelo Ebrard”, jefe de gobierno del Distrito Federal”, recordó.

Un reportero atajó: Navarrete dice que podría ser Juan Ramón de la Fuente Ramírez, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. El presidente legítimo dijo que “todas las propuestas son buenas y todos somos libres de participar”.

Durante la asamblea informativa ante el pueblo de San Luis La Paz, Guanajuato, Andrés Manuel López Obrador denunció que el gobierno usurpador de Felipe Calderón abrió las fronteras para dar entrada a la importación de calzado fino, en vez de apoyar la actividad productiva en el país y crear empleos en el país.

Con la inundación de calzado del extranjero, sostuvo, podrían verse afectadas por lo menos 40 mil familias que se dedican a elaborar zapatos en León, Guanajuato, además hay posibilidad de que quiebren los pequeños productores, así como los fabricantes de calzado de Guanajuato y del país.

Destacó que en México no se protege a la mediana y pequeña empresa, los productores no tienen ningún apoyo y se les pone a competir, sin condiciones de igualdad, con empresas trasnacionales.

Planteó que es necesario un cambio a partir de apoyar la actividad productiva para que haya empleos y la gente no se vaya a buscar la vida del otro lado de la frontera, que pueda la gente trabajar donde nació y además que se utilice el petróleo como palanca del desarrollo y solo comprar las gasolinas a empresas extranjeras.

Al manifestar que por el mal gobierno de Felipe Calderón los mexicanos padecen de una crisis económica, política, social, de inseguridad y de violencia, manifestó que los potentados son los responsables de la debacle nacional, porque se quedaron con todos los bienes de la nación y le cancelaron el futuro a millones de mexicanos.

“Son 30 personajes, varones del dinero y del poder que son los que mandan a México, porque no es cierto que vivamos en un Estado de Derecho o que las instituciones están al servicio del pueblo o que vivamos en una democracia”, mencionó.

Acompañado por el presidente municipal de San Luis La Paz, Guanajuato, Javier Becerra, indicó que el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) nació para transformar la vida pública del país, porque si sigue este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, no se va a encontrar la salida ni como pueblo, ni como nación.

MORENA, comentó, es una lucecita que nos indica que podemos salir del túnel en que nos encontramos “y es la única esperanza para la mayoría de los mexicanos y por eso no estamos organizando”.

Informó que desde abajo y con la gente se viene construyendo el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), para sacar a México del atolladero en que se encuentra, para sacar al pueblo de la pobreza y de la marginación y para lograr entre todos el renacimiento del país.

Para mañana, el presidente legítimo de México estará en los municipios de Ciudad Mante y Ciudad Madero, Tamaulipas.

Boletín y Conferencia 30 de agosto Día Internacional del Detenido Desaparecido



El 30 de agosto es un día emblemático para recordar, no olvidar y no perdonar a los perpetradores de estos crímenes, así como también para dignificar a nuestros detenidos desaparecidos, para seguir luchando por el juicio y castigo a los responsables y para lograr garantías de no repetición de este crimen de lesa humanidad.


Exigir la presentación con vida de todas las víctimas de desaparición forzada, el castigo a los responsables materiales e intelectuales de esta política de Estado, así como también para exigir la promulgación de una Ley General contra la Desaparición Forzada de Personas, un registro público nacional de personas desaparecidas forzadas, una instancia especializada encargada de realizar la búsqueda de personas desaparecidas, un órgano independiente e imparcial que permita resguardar y proteger las muestras de ADN de aquellos familiares que otorguen su consentimiento al respecto, a fin de crear un banco de ADN y un fondo de contingencia social para las familias víctimas de desaparición forzada que queden en el desamparo y que así lo deseen.
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Fuente: Comité Cerezo

Sólo quieren saber donde están




Por Javier Zúñiga, Asesor Especial de Amnistía Internacional

La última vez que Supaya Serrano Cruz vio a sus hermanas, Erlinda y Ernestina, las niñas tenían apenas 3 y 7 años respectivamente.

Las tres caminaban por un monte, escapando de un operativo del ejército salvadoreño en la localidad de Chalatenango. El año era 1982 y El Salvador vivia un sangriento conflicto armado. Cuando Supaya escuchó tiros, escondió a las niñas y fue a buscar refugio. Al regresar a buscarlas, sus hermanas ya no estaban.

Tiempo después supo que testigos vieron como soldados secuestraron a Erlinda y Ernestina y se las llevaron en un helicóptero.

Nadie supo más de ellas.

Casi 30 años han pasado, pero no se ha iniciado ninguna investigación seria sobre su desaparición. Nadie ha sido llevado a la justicia.

Hoy, Supaya habla de la desaparición de sus hermanas como si el tiempo no hubiera pasado.

“Busco la verdad, saber lo que pasó, nada más que eso. Tengo la esperanza que alguna vez las voy a volver a ver,” dice.

El 30 de Agosto marca el Día Internacional de los Desaparecidos. El día fue establecido en 1983 para llamar la atención sobre los cientos de miles de personas detenidas sin acceso a sus familiares o representantes legales alrededor del mundo.

En mis más de 30 años trabajando con Amnistía Internacional en América Latina, conocí a muchas personas como Supaya. Madres, padres, abuelos y hermanos que durante años han pasado cada uno de sus días recorriendo tribunales, manifestándose con fotos gigantes, siguiendo pistas y golpeando puertas, en sus países y en otros.

Personas que sólo quieren saber que fue de sus seres queridos.

Muchas cosas han cambiado desde mis primeros viajes de investigación a Chile y Argentina, allá por los años 70’s. A casi tres décadas del final de las últimas dictaduras latinoamericanas, comenzamos a ver importantes avances hacia la justicia.

En Argentina, por ejemplo, se han abierto decenas de procesos contra altos mandos militares por su responsabilidad en abusos a los derechos humanos, incluyendo su rol en miles de desapariciones forzadas. Decenas de niños apropiados ilegalmente encontraron su verdadera identidad.

En Perú, un grupo de miembros del escuadrón de la muerte “Grupo Colina” y de ex altos cargos del gobierno de Alberto Fujimori fueron hace poco declarados culpables del homicidio de 15 personas y de la desaparición forzada de otras 10, cometidos en 1991 y 1992.

En Colombia, el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega fue condenado en 2010 a 30 años de prisión por la desaparición forzada de 11 personas en 1985, después de que el ejército asaltara el Palacio de Justicia, donde el grupo guerrillero M-19 retenía a varias personas como rehenes.

Pocos hubiéramos imaginado hace apenas 20 años, que veríamos a estas personas rindiendo cuentas. Aunque en otros lugares, sin embargo, las cosas no han avanzado.

En Bolivia, por ejemplo, las autoridades que investigaban desapariciones forzadas cometidas entre 1980 y 1981 siguen teniendo dificultades para acceder a los archivos militares, pese a que la Corte Suprema del país ha dictado dos órdenes para que se desclasificaran.

Brasil todavía se niega a derogar una Ley de Amnistía de 1979 que no permite que cientos de casos de tortura, asesinatos y desapariciones sean investigados.

Mientras tanto, en Estados Unidos, los responsables de delitos de derecho internacional cometidos en el marco de la “guerra contra el terror”, como torturas y desapariciones forzadas, no rindieron cuentas de sus actos.

Aun hoy, Amnistía Internacional continúa recibiendo cientos de denuncias de desapariciones forzadas desde cada rincón del planeta.

En México, por ejemplo, hemos visto un aumento en los informes de desapariciones a manos de las fuerzas armadas en el contexto de operativos para combatir el crimen organizado.

No es casual que las desapariciones continúen siendo una realidad en las Americas. Cuando los responsables de los abusos a los derechos humanos no son llevados a la justicia y castigados, es probable que esos abusos vuelvan a cometerse. El mensaje que se envía es muy peligroso.

Tan seria es la situación que en 2007, las Naciones Unidas acordaron una convención contra las desapariciones forzadas, destinada a prevenir estas violaciones a los derechos humanos, iniciar investigaciones cuando se cometen y llevar a los responsables a la justicia.

La convención, ratificada por la mayoría de los países en América Latina es un importante paso hacia el esclarecimiento de estas violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, para que este acuerdo sea realmente útil, es imprescindible que todos los estados se comprometan a llevarlo a la práctica.

“Es muy duro hurgar el pasado pero lo que me mantiene viva es la esperanza de que algún día mis hermanas y yo nos volveremos a ver,” dijo Supaya.

Es que esa esperanza es lo único que queda cuando alguien pierde a un ser querido sin saber que pasó. Cuando se les quita el derecho a un entierro, a saber si viven o no. Cuando no les queda más opción que pasar cada día de sus vidas, preguntándose: ¿dónde están?

Pero no están solos, nunca los dejaremos solos.

Organizaciones demandan al Estado cumplir con la Coidh


RODOLFO VALADEZ LUVIANO (Corresponsal)

Atoyac, 29 de agosto. Como parte de la conmemoración del Día del Detenido Desaparecido, los miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos Víctimas de Violación de los Derechos Humanos en México (Afadem) y de la Fundación Lucio Vive AC, exigieron al gobierno federal que cumpla con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).

En un comunicado, Cuauhtémoc Contreras Javier, dirigente de la Fundación Lucio Vive, manifestó que quienes integran ese grupo demandan al Estado mexicano que cumpla la sentencia de la Coidh, particularmente en el caso del luchador social, Rosendo Radilla Pacheco, “ya que de hacerlo, sería una muestra clara de que en México existe y se hace valer el Estado de derecho como tanto pregonan las autoridades; de lo contrario, no estaremos más que frente a un Estado que hace de la desaparición forzada de personas su más vil y cobarde acción contra su pueblo y contra la humanidad entera”.

Manifestó que el martes, fecha que las organizaciones no gubernamentales reconocen como el Día Internacional del Detenido-Desaparecido, no debe quedar en el olvido la demanda del esclarecimiento de los crímenes cometidos por el Estado mexicano contra los ciudadanos que han sufrido este delito.

La Afadem rememoró que en 1988 fue fundada esa organización con muchas dificultades por ser un movimiento de víctimas, además de que sus miembros fueron objeto de persecución, hostigamiento, campañas de difamación e incluso, en algunos casos, víctimas de desaparición, mientras que otros fueron asesinados.

Fuente: La Jornada de Guerrero

El pueblo de Vícam, Sonora, territorio de la tribu yaqui, vive momentos alarmantes


FERNANDA NAVARRO

Recibimos una convocatoria de las autoridades de la tribu yaqui donde relata que en estos instantes, en suelos sonorenses se está perpetrando un atraco criminal contra su tribu y su supervivencia, acciones orquestadas por parte del presidente de la República, Felipe Calderón, y el gobernador del estado, Guillermo Padres Elías, dando continuidad a una de las guerras más largas que se tenga en la historia contra los pueblos indígenas.

Se están dando los pasos para construir el acueducto llamado “Independencia”, violando flagrantemente disposiciones judiciales que otorgan protección a las garantías constitucionales, a través de una medida cautelar precautoria urgente otorgada por un tribunal agrario a la tribu yaqui, a favor de la demanda de restitución de aguas y un amparo interpuesto por los agricultores del valle del yaqui contra la licitación del acueducto, ordenando parar las obras por parte de un juzgado de distrito, el pasado 14 de agosto del año en curso. Lo anterior ratifica que el gobierno de Guillermo Padres Elías se encuentra en desacato.

Los efectos de alto riesgo que significa el proyecto del acueducto “Independencia” en Vícam no tiene precedentes en la historia de Sonora. Se le califica de “criminal”, nos explican, porque además de constituir una flagrante ruptura del estado de derecho, se traduciría en despojar a la población originaria del Valle del Yaqui del agua; en otras palabras, provocar su muerte por sed, literalmente.

Dicho proyecto de destrucción proviene, en primer lugar, del gobierno del estado, a través del gobernador Guillermo Padres Elías, aunado a la complicidad e irresponsabilidad del Ejecutivo federal que, como suele ocurrir, antepone los intereses trasnacionales a los del propio país. Por otro lado, los abogados enterados de la situación han guardado un ominoso silencio. Los únicos esfuerzos evidentes han venido, desde hace más de un año, de los ciudadanos afectados del Valle del Yaqui.

Nos comunican los pobladores del Valle del Yaqui: “una vez más, el Estado mexicano queda expuesto ante la opinión pública mundial, nacional, regional y local y concretamente Felipe Calderón, Guillermo Padres Elías, como instrumentos del poder económico de empresas extranjeras, al violar y despreciar las leyes mexicanas y convenios y tratados mexicanos, como el de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 169, instrumento que utilizaron las autoridades tradicionales contra el manifiesto de impacto ambiental, que fue aprobado a favor de la construcción del acueducto por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y su secretario encargado de despacho, José Luis Luegue Tamargo, violando flagrante la ley en materia de derechos humanos de tercera generación, que protege a los indígenas el derecho al trabajo y el desarrollo”.

“Bajo estas condiciones de guerra de baja intensidad, y una vez más, confabulados el gobierno mexicano y el gobierno del estado de Sonora, sirviendo como instrumentos e interés del gran capital y sus trasnacionales, quieren cometer el despojo más descomunal de nuestra historia reciente al quitarnos el agua, patrimonio de la humanidad, un bien de la nación y propiedad de la tribu yaqui –a través del decreto presidencial de 1940 y convertirlo de un instrumento e insumo para el desarrollo y producción de alimentos en un bien privado y sujeto a las reglas del mercado especulativo-.

“Es por ello que la tribu yaqui y la sociedad civil de siete municipios del estado de sonora, representados en sus diferentes organizaciones, queremos hacer valer la ley y el estado de derecho, y constituirse en fuerza civil para detener el acueducto a través de la denuncia, la resistencia y la desobediencia civil pacífica e impedir que se cometa uno de los actos más injustos de la historia reciente. En nuestro carácter de autoridades tradicionales de la tribu yaqui de Vícam y Potam, no vamos a permitir que se vuelvan a cometer más injusticias contra nuestro pueblo, haremos hacer valer nuestra razón histórica como pueblos originarios de estas regiones áridas y nuestros derechos históricos. Donde toda autoridad tradicional y todo integrante de la tribu yaqui se consagra en la defensa de la tierra y el agua.

“La lucha por la autonomía y autodeterminacion son principios irrenunciables.Nunca más un méxico sin nosotros”.

Atentamente: autoridades tradicionales de la tribu yaqui.

Fuente: La Jornada de Michoacán

Muchos insisten en que no habrá crisis, sin reconocer que vivimos en ella



ARTURO HUERTA GONZÁLEZ

El pasado 25 de agosto Felipe Calderón insistió en que no hay riesgo de que ocurra otra crisis económica. Dijo que “hay economías emergentes que reportan un crecimiento notable, pero con riesgos de sobrecalentamiento, mientras el país crece de manera moderada, pero sin calentamiento”. Al respecto cabe señalar que es mejor crecer, aumentar la capacidad productiva y la generación de empleo y el ingreso de la población, a pesar de que se esté en riesgo de sobrecalentamiento, que mantener políticas monetarias y fiscales restrictivas deliberadas para reducir la inflación y estabilizar el tipo de cambio, que solo favorece a los dueños del dinero, a costa de sacrificar el crecimiento económico, el desarrollo industrial y agrícola, la generación de empleos, y el nivel de vida de la población, como ha venido aconteciendo en el país. Ello refleja que no hay visión alguna de estrategia de proyecto de nación. El crecimiento moderado que defiende Calderón ha puesto en jaque la seguridad nacional del país, y tomará muchos años salir de los problemas que enfrentamos, y menos saldremos de ello, si se insiste en lo mismo.

Dijo que “ante el escenario internacional, y lo que sucede en las naciones europeas, debemos estar preparados”, y de ahí “la decisión de mantener firmeza y disciplina en las finanzas públicas con recortes presupuestales cuando son necesarios como ocurrió en 2009”. Siguen sin entender que fue justo el no tener políticas contracíclicas (el defender la política de disciplina fiscal y las altas tasas de interés), lo que llevó a México en 2009 a tener una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de 6.2 por ciento, que fue mayor a lo que cayó el resto de América Latina, Estados Unidos y Europa. En dicho discurso, defendió el déficit fiscal de menos de 1 por ciento que está actualmente, y cree que ello protegerá a México de lo que ocurre en otras economías. No se dan cuenta que cuando caen las ventas que el país realiza al exterior, y cuando el sector privado no está invirtiendo porque el mercado está contraído, y las familias no están incrementando el consumo, debido a la caída de salarios, como por las altas tasas de desempleo y la disminución de las remesas recibidas, el gobierno tendría que estar incrementando el gasto, para así dinamizar el mercado interno y contrarrestar la caída de la actividad económica y del empleo ocasionada por los factores externos antes señalados, como por la menor demanda interna. Al insistir el gobierno en lo mismo, en la disciplina fiscal, en las altas tasas de interés, como en el dólar barato, y en más economía abierta, seguiremos recreándonos en un crecimiento “moderado” y en más crisis. A pesar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su informe semanal señale (agosto 26) que México en los últimos seis trimestres trae un crecimiento de 5 por ciento anual, superior al de la OCDE, ello no contrarresta la caída de 6.2 por ciento que se tuvo en 2009. Si se ha crecido así, es por la base tan baja que se dio en 2009, y aparte, no tiene bases internas que lo sustenten. Al caer las exportaciones, como la entrada de capitales, tal como está aconteciendo, la crisis se hará más profunda.

No hay discurso oficial en que no se insista en las reformas estructurales, lo que evidencia el fracaso de la política macroeconómica seguida para que ésta configure condiciones de crecimiento. Por más reformas estructurales, es decir, por más apertura económica, por más proceso de privatización y extranjerización de la economía, por más disminución del tamaño y participación del Estado en la actividad económica, y por más disminución de salarios y prestaciones laborales, la economía sigue sin crecer. Tal política nos ha llevado a tener menos industria, menos agricultura, menos economía formal, menos empleo productivo, menos activos nacionales, menos nivel de vida de la población, así como a perder el manejo soberano de la política económica, a la mayor violencia, y a comprometer la seguridad nacional, situación que debería alertar a todos los sectores de la sociedad.

La economía mexicana enfrenta una situación de gran fragilidad, en lo económico, en lo político y social. Un Estado, en sus tres poderes –Legislativo, Ejecutivo y Judicial– que no dan respuestas a las demandas y reclamos de la sociedad. Un poder Ejecutivo que gobierna para las transnacionales y los dueños del dinero. Un poder Judicial que no frena aquellas medidas que violentan la Constitución (como los contratos que Petróleos Mexicanos acaba de dar al sector privado nacional y extranjero), y un Poder Legislativo, donde la mayoría aprueba las políticas y reformas predominantes que nos han llevado a que el país esté más subdesarrollado, a que no tengamos ni capacidad productiva interna, ni manejo soberano de política económica para satisfacer las demandas de la población. Un país frágil en todos los ordenes, no tiene futuro alguno. Cualquier evento interno y externo lo desestabiliza, lo lleva a crisis profunda, donde será muy difícil salir a flote.

Fuente: La Jornada de Oriente

Boletín de Democracy Now! en Español

30/8/2011

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martes, 30 de agosto de 2011

Venezuela nacionaliza su oro; el "itamita México neoliberal" regala su plata


Por: Txente Rekondo

Todavía sin una tercera "facilitación cuantitativa" (QE3) –es decir, una vulgar impresión masiva de dólares por Ben Shalom Bernanke, el vilipendiado "gobernador" de la Reserva Federal acusado de alta "traición (sic)" por Rick Perry (gobernador de Texas y aspirante presidencial del Partido Republicano)–, si se decanta la presente turbulencia bursátil que tiene al mundo secuestrado (debido al parasitismo económico de Estados Unidos) y al borde de una estanflación, el último refugio global fue la onza de oro (a punto de romper la barrera "impensable" de 2 mil dólares) y la plata, cuyo primer productor estéril mundial es el “itamita México neoliberal”.

A Ben Shalom Bernanke, como a su antecesor, el siempre locuaz Alan Greenspan –con un cuarto de siglo de control conjunto de la Reserva Federal manejada en forma etnocéntrica–, solamente les interesan los beneficios de la banca israelí-anglosajona (los "Trece banqueros" de Wall Street, Simon Johnson dixit), en detrimento del resto de la población de Estados Unidos, ya no se diga del mundo entero.

Una de las supremas enseñanzas de la cleptomaniaca intervención militar de la OTAN en Libia fue la obscena captura de los depósitos bancarios de su anterior aliado Muammar Kadafi, quien ingenuamente privatizó su banca y colocó la riqueza nacional en las arcas de la insolvente banca israelí-anglosajona.

Ya es muy tarde para arrepentirse cuando la depredadora banca de la OTAN, que forma parte de su panoplia bélica, ha dispuesto de la riqueza nacional libia dándose el lujo de crear un insólito banco central "rebelde" bajo su control.

Como decía Napoléon, las finanzas son "el nervio de la guerra", axioma que aplican desde el siglo XIX los banqueros esclavistas Rothschild.

Recientemente en Beirut, a mis interlocutores de las seis petromonarquías del Consejo de Cooperación de los Países Árabes del Golfo les planteé la probabilidad, ahora que está quebrada la banca israelí-anglosajona a los dos lados del Atlántico, de que sus depósitos bancarios –una de las mayores liquideces del planeta, también ingenuamente colocadas– puedan ser objeto de una pignoración por la depredadora banca de la OTAN con el pretexto de las próximas revueltas "democráticas" en la península arábiga.

La geopolítica del gas difiere exquisitamente de la del petróleo (tema nodal de mis conferencias "privadas" en Líbano). Es inevitable que ocurra algo fuerte en el Golfo Pérsico cuando Estados Unidos abandona el petróleo y opta por el gas, con el cuento texano de su menor polución, como si a las depredadoras petroleras anglosajonas les hubiera importado algo durante más de un siglo de control energético global.

En medio del disparo del metal amarillo, Venezuela –que ostenta las mayores reservas de hidrocarburos y oro del mundo (con razón los desinformativos multimedia israelí-anglosajones exorcizan tanto a su presidente)– inició el traslado de una parte de sus depósitos a la banca de sus aliados de Rusia, China y Brasil, así como el retorno de sus lingotes de oro a las más seguras bóvedas en Caracas (RIA Novosti, 18/8/11).

Para que no le permuten gato por liebre, Venezuela regresará su oro en forma "gradual, bajo técnicas específicas que certifiquen que los lingotes físicos depositados son los mismos". ¿Serán capaces de alterar hasta los lingotes los hoy insolventes banqueros israelí-anglosajones?

Benedict Mander, de The Financial Times (17/8/11), explaya que Venezuela "nacionalizará su industria aurífera para impedir la minería ilegal e impulsar las reservas internacionales".

Por cierto, en una reciente conferencia que impartí en un seminario de economía convocada por la secretaría general del PRD, propuse que México, después de crear una nueva banca nacional (sin necesidad de nacionalizar la existente, hoy insolvente), utilice sus pletóricas reservas de petróleo y plata para apuntalar al peso mexicano hoy atado al Titanic estadunidense

Benedict Mander aduce que de sus 29 mil millones de dólares de reservas en dólares Venezuela solamente podrá disponer de 5 mil millones (el 17 por ciento); no es tan sencillo retirarlos en una situación normal, menos cuando Exxon Mobil (socia de los mismos bancos israelí-anglosajones) quizá los haya embargado precautoriamente.

De sus 364 toneladas en oro, con un valor de 18 mil millones de dólares, Venezuela cuenta trasladar 211 toneladas (a un valor de 11 mil millones), las cuales, a juicio de Julio Montoya, legislador entreguista (¡cómo abundan!) de la oposición, servirán para garantizar el pago de la deuda que adquirió por 34 mil millones de dólares con Rusia, China y Brasil. ¡Qué forma tan baladí de interpretar una decisión de la mayor transcendencia geoestratégica!

Venezuela nacionalizó los activos auríferos de tres empresas, entre ellas la canadiense Gold Reserve. La única empresa foránea que queda es la rusa Rusoro.

The Wall Street Journal (17/8/11) asevera que Venezuela trasladará 6 mil 300 millones de dólares del Banco Internacional de Pagos, con sede en Basilea –cuyo presidente del consejo de administración es Guillermo Ortiz Martínez– y del londinense banco Barclays (con razón se tambaleó) a otros bancos más seguros de Rusia, China y Brasil.

Cuando el capitalismo global se encuentra agónico solamente un demente puede confiar sus ahorros al fondomonetarista y miembro del G-30 Guillermo Ortiz Martínez, quien aniquiló a la banca "mexicana" por encargo.

La profunda jugada geoestratégica de Venezuela –de ruptura con la caduca unipolaridad financierista (controlada por el sionismo jázaro) en favor de la multipolaridad geoeconómica de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica)– es de alto riesgo y la banca de la OTAN no se quedará con los brazos cruzados –si es que no opta por otra alocada aventura militar– como advertí a los multimedia suramericanos que me entrevistaron al respecto (ver Twitter @laradiodelsur; http://t.co/FMFfLJD).

En represalia, la descalificada "calificadora" Standard & Poor’s –vinculada al espionaje de Estados Unidos a través de John Dimitri Negroponte, quien fue vicedirector de su matriz controladora McGraw-Hill– "degradó el crédito de deuda soberana de largo plazo de Venezuela" basado en "una nueva (sic) metodología (sic) más enfocada al riesgo político (sic)" que abulta la "salud incierta" del presidente Chávez (CNBC.com, 18/8/11). ¡De risa!

Desde luego que la geopolítica de Venezuela es distinta a la de México, y tanto las tomas de decisiones como los márgenes de maniobra son diferentes.

En el otrora patio trasero de la extinta Doctrina Monroe, Venezuela se ha atrevido en forma temeraria a salvarse y redimirse con Rusia, Brasil y China (tres gigantes de la multipolaridad), mientras el “itamita México neoliberal” se hunde en el Titanic financierista de la banca israelí-anglosajona y regala impúdicamente a las trasnacionales mineras canadienses y británicas su plata, la cual, con el oro, se ha posicionado como uno de los pivotes del nuevo orden financiero global.

No cuadra que el “itamita México neoliberal” sea estérilmente el primer productor de plata del mundo y Zacatecas, su principal matriz, sea también la principal exportadora de migrantes a Estados Unidos. No son los mexicanos quienes se llevan la plata del país.

Preocupante, el envejecimiento de campesinos: investigador del Ciesas


NORMA TRUJILLO BÁEZ - LUNES, AGOSTO 29, 2011

Debido a que el estado de Veracruz ocupa el primer lugar en campesinos viejos, de 60 años y más, hay riesgo de que la entidad sufra una crisis de alimentos, ya que por su avanzada edad no pueden sostener la producción agrícola, algunos otros ancianos al recibir los apoyos de 70 y Más y Procampo han dejado de producir y los hijos de éstos tampoco quieren dedicarse al cultivo de las tierras, expuso Felipe Vázquez Palacios, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social unidad Golfo (Ciesas-Golfo), y dijo que una de las políticas públicas más rezagada es la del campo.

En entrevista con La Jornada Veracruz, el autor del libro ¿Veracruz se está volviendo viejo? dijo que al campo se le ha abandonado, al productor, al jornalero; no hay apoyo a la mano de obra que se dedica al campo y mientras no tengamos claro que en Veracruz la agricultura está en manos de ancianos y que estos ancianos por sus propios achaques y discapacidades no pueden sostener la producción agrícola de nuestro estado y que si no implementamos políticas de apoyo hacia la promoción de cultivos básicos, hacia la producción de cultivos que los veracruzanos consumimos, en poco tiempo estaremos importando todo”.

Habrá una crisis de alimentos, refirió, y los campesinos están conscientes de que sus propios hijos ya no quieren dedicarse a la agricultura, y cuando uno les pregunta entonces qué vamos a hacer, dicen: “lo vamos a tener que comprar, lo vamos a traer de donde lo produzcan, voy a sembrar en mi parcela para mi consumo, pero ya no para la producción en general”.

“¿Cuál va a ser el futuro de tus tierras? ¿Si ya no las vas a trabajar qué va a ser de esas tierras?, les he cuestionado”, dijo el investigador, y la respuesta ha sido: “pues las voy a rentar para la ganadería, para pasto, ahí no se necesita más que dejar al ganado para que entre al terreno y pues ahí que pasten los animales, o bien las rento con mi vecino o bien para herencia para los hijos”.

Lo cual, adujo, resulta preocupante toda vez que Veracruz es el estado que ocupa el primer lugar en campesinos viejos, de 60 años para arriba; sin embargo, en los diálogos sostenidos con ellos, hay clara referencia que los campesinos tienen frustración ante la pobreza en la que viven, aunque hay esperanza que con el tiempo estas tierras lleguen a valer más de lo que les costaron y que éstas sirvan de herencia para los hijos.

Esta frustración y abandono de los cultivos, comentó, se registra en todo el estado de Veracruz, especialmente en las zonas donde no hay riego, en donde la tierra está muy trabajada y en donde los ingenios, las grandes empresas y los monocultivos, como el café, los cítricos y la caña, no han llegado a promover la producción, “el campo se queda abandonado, entonces los campesinos dicen 'vender las tierras no, porque es la herencia de los hijos', pero tampoco los hijos la quieren producir”.

Los campesinos están conscientes de que los alimentos continuarán a la alza y refieren: “vamos a esperar que el gobierno nos apoye, eso dicen, sobre todo los ancianos a que llegue el 70 y Más y ojalá los promotores lleguen a inscribirnos al programa, que Procampo siga con la ayuda; que el Presidente nos consiga despensas para nuestras familias, esa es la ilusión del campesino, vivir al día”, señaló el investigador.

–¿Los programas sociales revierten la mentalidad del campesino? –se le planteó.

–Algunos campesinos que más empuje y agarre tienen en las comunidades dicen que los programas de Procampo y 70 y Más en vez de estimular la producción lo que provocan es un efecto inverso, porque “para qué siembro si tengo mi dinero de 70 y Más”.

En el caso de los productores de caña, continuó, mantienen su producción por el acceso médico y medicinas, en cambio los campesinos que piensan en proyectos más amplios dicen que ojalá estos programas estimularan que el campesino siembre, que si reciben Procampo también se proyecte un cierto cultivo: frijol, ajonjolí, pero promueven la flojera, dicen los campesinos más activos.

“Nosotros con una visión desde fuera vemos que son condiciones estructurales, lo que ha dado el gobierno hasta ahora son puras obras, puras migajas, puro mitigar para cuestiones políticas; no hay un cambio estructural, ni una visión de la producción para fines de elevar el desarrollo y bienestar de las familias campesinas, y mientras no tengamos esta visión seguiremos con esta pobre visión de nuestros pobres campesinos”.

–¿Hay alguna directriz firme de parte de la Sedarpa (Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca) para evitar el riesgo? – se le insistió.

–En Sedarpa hay proyecto y líneas de acción, pero no llegan a ser efectivas en cuanto al desarrollo que los campesinos requieren, sino en otra producción; por ejemplo están interesados en la producción del etanol y allí echan todas las ganas y promueven y difunden, pero todo esto no llega a los campesinos. Cuando hubo el milagro en el campo mexicano era precisamente porque el campesino cultivaba el maíz y junto a este producto el frijol, el chile, el ajonjolí, la papa, la cebolla; tenían sus hortalizas, el mismo campesino sembraba lo que comía, su dieta estaba basada en los ciclos productivos que iban teniendo cada año.

Ahora, agregó, con los monocultivos de la caña, el café, la naranja, le destruyen al campesino toda su dieta y cuando le pregunta uno al campesino “¿cuál es su comida predilecta?” responde: “frijol, tortilla y un chilito”, esas es la comida, pero antes comían verdolagas, frijolitos, verduras, había variedad, y por lo mismo el campesino no se enfermaba tanto porque tenía de su alimento su propia salud, ahora el problema es que los campesinos toman refrescos, comen chatarra, precisamente porque su alimentación ya no se basa en sus cultivos.

Pero eso las instituciones como la Sedarpa, Sagarpa, Secretaría de Salud, no lo ven, “la propia Secretaría de Salud dice que hay que comer frutas y verduras, ¿pero con qué?, si me han quitado todo lo que yo producía; el IMSS dice de una dieta, ¿pero con qué dinero; con el programa de 70 y Más me da para comer pescado, carne, dos veces a la semana?, entonces se alimentan de lo que tienen”.

Fuente: La Jornada de Veracruz

La estrategia de México para proteger a las personas es inefectiva


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La guerra de Calderón atenta contra la seguridad de los mexicanos


RAÚL MORÓN OROZCO

La mala estrategia de Felipe Calderón Hinojosa para combatir la inseguridad en el país sólo ha ocasionado que en México sean cada vez más las víctimas y a la fecha se reporten más de 50 mil muertes violentas en el territorio mexicano. Lo sucedido en Monterrey es un ejemplo más de que las cosas en el país no van bien y no mejorarán mientras no se ataque el problema de raíz.

Declarar tres días de luto nacional por el ataque a un casino en la norteña ciudad de Monterrey, que dejó 52 muertos y el anuncio de que se reforzará la seguridad de ese lugar con mil 500 efectivos, no garantiza que las cosas mejoren en el país ni en ese estado. Claro ejemplo son las respuestas fallidas de Calderón en otras entidades a las que ha mandado miles de policías; sin embargo, el problema de inseguridad no se ha resuelto, al contrario, se ha agudizado.

Ha faltado criterio para reconocer y entender que no es provocando como se va solucionar el problema de inseguridad y crimen organizado. Mientras no se ataque el problema de fondo y las causas que dan origen, jamás se resolverá y lamentablemente se continuará elevando la cifra de muertos y víctimas en esta guerra, que no es la de la mayoría de los mexicanos.

Lo sucedido en Monterrey sin duda es algo doloroso que lastima a nuestra sociedad; si bien el gobierno federal atribuyó el hecho al crimen organizado, una realidad es que se trata del peor atentado contra civiles en la guerra contra el narcotráfico decretada a mediados de 2006 por Felipe Calderón y que ha dejado a la fecha un saldo de más de 50 mil muertos, más que en otras guerras en otras naciones.

Si bien la inseguridad ha rebasado todos los límites como lo señaló el propio Calderón con el ataque al casino de Monterrey, también ha rebasado todos los limites la autoridad federal encargada de combatir la inseguridad y delincuencia organizada y la responsable de garantizar la seguridad de los mexicanos, peor aún, mientras no reconozca que ha fallado, y no emprenda acciones para corregir el camino se vislumbra que las tragedias seguirán registrándose e incrementando la cifra de víctimas asesinados en esta guerra.

Y qué lástima que Calderón no hiciera nada antes en Monterrey, ya que de acuerdo a los reportes en la ciudad del norte había vivido en julio pasado su semana más trágica con al menos 71 asesinatos atribuidos a cárteles de las drogas, que se desencadenaron con un ataque a un bar que dejó 21 muertos el 9 de julio pasado, por lo que había antecedentes para prevenir y no lo hizo, ahora quiere consolar el dolor de familiares de las víctimas declarando días de luto y mandando efectivos.

Lo que ha ocurrido las últimas semanas en México no sólo nos coloca en el contexto internacional como un foco rojo en cuestión de seguridad pública, sino que también proyecta la idea de que existen muy pocas garantías por parte del Estado para hacer respetar los derechos humanos de las personas.

Del año 2006 a la fecha, la fallida e incontenible guerra contra el narcotráfico ha disparado los índices delictivos como nunca antes, dando como resultado según cifras nacionales más de 50 mil muertes violentas relacionadas con el crimen organizado, de las cuales miles de personas no han sido identificadas, además de haber el reporte de más de 6 mil desapariciones forzadas en todo el país, de los cuales en su mayoría son hombres y sin contar todo tipo de violaciones de derechos humanos producidas tanto por sicarios de los cárteles, como por algunos representantes del Estado mismo. Ejemplo de ello son los cuerpos localizados en fosas clandestinas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, que ya superó los más de 100 cadáveres.

A estos hechos de las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, les precede el hallazgo de 72 cadáveres de migrantes centroamericanos que presuntamente fueron interceptados por integrantes de grupos delictivos. En el caso de Michoacán, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que cuenta con más de 22 denuncias de desaparecidos, de los cuales se investiga la posible relación con alguno de los cuerpos localizados en las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas.

Lo más grave es que ni por lo anterior, ni todas esas víctimas que han muerto en la guerra que inició Calderón son aún suficientes para que el gobierno federal recapacite y modifique su estrategia de combate. Es irracional que no acepte que ha fallado y que las consecuencias de malas decisiones han costado la vida de miles de mexicanos.

Si bien estamos a favor de que se combata la inseguridad en nuestro país, no avalamos las formas en las que se está haciendo y las cifras y los últimos hechos violentos como el caso de Monterrey demuestran que la estrategia implementada no es la correcta, sólo se está generando más violencia y el problema de fondo sigue vigente.

De nada sirven lutos nacionales si no se atiende el problema. No es sólo con más policías como se combate la inseguridad, sino también se requiere combatir de fondo las causas que dieron origen a la delincuencia, mientras no se ataque la pobreza, las desigualdades y se refuerce la cultura y valores, México desafortunadamente seguirá con problemas de inseguridad.

Es absurdo que Felipe Calderón trate de legitimar su guerra y busque convencer a los mexicanos de que ha hecho un buen trabajo cuando la realidad es que no. En materia de seguridad, empleo, pobreza, salud y educación, está reprobado, no hemos avanzado como país y en vez de realizar llamadas telefónicas para informar y decir que ha hecho bien las cosas y de invertir tanto en difusión, debería destinar recursos en una verdadera estrategia mediante la cual se le regrese al pueblo de México la tranquilidad, para que todos podamos vivir en paz, queda claro que no es cierto que “el que mata más, más gobierna”.

Ojalá Calderón recapacite en su lucha genocida contra la delincuencia, en los cambios de rumbo que hay que proponerle al país antes de que se convierta en una narcoinsurgencia y que los canales democráticos no nos alcancen para evitar una confrontación de mayores dimensiones y tengamos que recurrir al auxilio internacional o mejor dicho a la solicitud de intervención formal del vecino del norte, tenemos que cambiar y buscar las alternativas necesarias para enfrentar lo que nos aqueja a todos.

Fuente: La Jornada de Michoacán

Oficio de Papel



* Panistas y priistas beneficiados con casinos
* Las omisiones de Gobernación y de la PGR
* Casinos, vías libres para el lavado de dinero

Nunca antes como en los gobiernos panistas floreció la industria de juegos y sorteos, legales e ilegales. El Congreso de la Unión, el gobierno federal y el sector turístico, legisladores, funcionarios y empresarios analizaron durante muchos años las repercusiones de permitir esta actividad, y en gobiernos del PRI siempre concluyeron que esta actividad estaba ligada al crimen organizado, al tráfico de drogas, la prostitución y al lavado de dinero sucio.Sobre esto último se discutió su gran vulnerabilidad ante la participación del blanqueo de capitales, como la forma de financiamiento de todo tipo de crímenes. Se pidió que los centros de apuestas y sorteos se instalaran lejos de centros de trabajo; se advirtió sobre el riesgo de generar problemas sociales y sicológicos como la ludopatía y de otros problemas como prostitución, trafico de mujeres y consumo de estupefacientes.

En fin, sobre los juegos y sorteos, sobre la operación de casinos, se revisaron una y otra vez las amenazas relacionadas con la operación de una actividad económica que en otros países, incluido Estados Unidos, genera miles de millones de dólares en inversiones y utilidades, además de generar empleos lícitos e ilícitos bien remunerados, que ayudan a la economía mexicana.

Fue así, con argumentos a favor y en contra, cómo en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón se autorizaron y promovieron los “casinos” en México, sin importar que esta actividad está concentrada mundialmente en los casinos de Las Vegas y Mónaco, mientras que en México prácticamente no ha sido un negocio lícito redituable, pero para el crimen organizado ha sido una máscara que le permite lavar millones de dólares, ante la anuencia del gobierno del PAN. Por qué creerle entonces a Felipe Calderón de su “buena” intención de combatir al crimen organizado si promueve los casinos. Una prueba más de su falacia.

En realidad, se trata de centros de juegos y apuestas en donde el 90 por ciento de las actividades de entretenimiento se realizan a través de máquinas tragamonedas, en donde el gasto promedio de los visitantes a estos establecimientos es de 600 dólares, según la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos (APJSAC).

El problema ha sido, sin embargo, que el otorgamiento de permisos se convirtió en moneda de cambio y pago de favores políticos. De esto sabe muchos el precandidato presidencial panista Santiago Creel Miranda, quien como titular de Gobernación en el sexenio foxista otorgó el mayor nñumero de permisos de casas de apuestas.

Algo parecido a muchos contratos que se otorgan en Pemex a contratistas improvisados. Al final, estas historias se convierten en fracasos y problemas para los contribuyentes. En la Secretaría de Gobernación se otorgan los permisos, se recuerdan las obligaciones de la contraprestación (que genera impuestos por más de 400 millones de dólares) y, al final, se aplican las sanciones o revocaciones correspondientes.

El problema es que el proceso puede viciarse de origen y en muchos casos someterse a prácticas de corrupción. Después, en los tribunales se logran amparos en contra de las decisiones del Poder Ejecutivo y se refuerza, en muchas ocasiones, la corrupción que permite la operación de establecimientos que incumplen las disposiciones de la Secretaría de Gobernación. Los jueces no podían quedar fuera tan rentable negocio de corrupción.

Además de estos problemas de origen, los casinos en México también han registrado la metástasis en su operación generada por el crimen organizado, la presencia del dinero sucio y sobre todo la descomposición social. La APJSA advirtió desde el año pasado, en el marco del análisis legislativo para aprobar la Iniciativa de Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, que los casinos “ilegales” eran altamente vulnerables a todos los males que se les atribuía antes de autorizar su operación. Pero yo diría que no sólo los ilegales, también los legales.

La APJSA que representa intereses como los de la española Codere, CIE (Administradora Mexicana de Hipódromo), Televisa, Caliente de la familia Hank con más de ocho empresas permisionarias, entre otros como Promociones e Inversiones de Guerrero, dijo en voz alta que la industria del juego enfrentaba problemas derivados de la ilegalidad y de la informalidad. Denunció, de esta forma, el crecimiento del juego ilegal. Hay indicios, dijo, de la participación de recursos de procedencia ilícita en las salas de juego ilegal, que operan fundamentalmente en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, en donde operaba el Casino Royale, cuyo permiso se otorgó a Ramón Aguirre Velázquez, aquel viejo político priista que llegó a ocupar la regencia del gobierno capitalino y de quien se cuentan negras historias.

El año pasado, en la Procuraduría General de la República, empresarios de este sector a través de la APJSAC interpusieron al menos 30 denuncias contra los establecimientos ilegales que había identificado. Sin embargo, aunque la PGR ha logrado clausurar algunos de estos casinos, se confirmaba que en pocos días volvían a operar sin mayor trámite, ante la pasividad de la Segob, aseguraron representantes de dicha asociación. Ese círculo vicioso orilló a la APJSAC a presentar nuevas denuncias ante la Secretaría de la Función Pública contra los funcionarios que no estaban actuando diligentemente para frenar este problema.

Políticos y casinos

En la revista Contralínea, Zósimo Camacho escribió cómo panistas y priístas han sido los beneficiarios de la operación de negocios como Casino Royale, donde murieron más de 52 personas luego de que el inmueble fuera atacado e incendiado por un comando armado el pasado 25 de agosto. El centro de apuestas –que operaba en la ciudad de Monterrey sin los permisos del municipio, pero con la “autorización” de un juez del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo – era administrado por Cymsa Corporation y Atracciones y Emociones Vallarta, SA de CV.

Aunque Cymsa es la inversionista, las “concesiones” son de Atracciones y Emociones Vallarta, las cuales datan de 1992. Hasta la llegada del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República, la empresa era la que contaba con más autorizaciones (14) por parte de la Secretaría de Gobernación, sólo detrás del Grupo Caliente, de Jorge Hank Rhon.

Vicente Fox, en la Presidencia, y Santiago Creel, en la Secretaría de Gobernación, entregaron cientos de nuevos permisos en 2005 a debutantes inversionistas del ramo, entre los que se encuentra Televisa. Atracciones y Emociones Vallarta era propiedad de Ramón Aguirre Velázquez, quien fuera regente del Departamento del Distrito Federal de 1982 a 1988. Las concesiones para operar casas de apuestas fueron consideradas “premio de consolación”, luego de la primera “concertacesión” entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) en 1991: el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari habría negociado con Diego Fernández de Cevallos el reconocimiento del triunfo de Carlos Medina Plascencia en las elecciones estatales de Guanajuato y la derrota del propio Aguirre Velázquez. A cambio, el exregente de la ciudad de México se convirtió en próspero empresario del juego.

Ya en manos de Rodrigo Aguirre Vizzuet, hijo de Ramón Aguirre Velázquez, Atracciones y Emociones Vallarta se asoció con la familia Madero. Se trata de primos del exalcalde panista de Monterrey Adalberto Madero Quiroga. Según declaraciones de Aguirre Vizzuet al diario El Norte, la familia Madero terminó por quedarse con la administración y mayoría de acciones de Atracciones y Emociones Vallarta.

Además de las familias Madero y Aguirre Velázquez, las dinastías Hank, Riva Palacio y Guardia, así como el Corporativo CIE, son las beneficiarias de las concesiones para centros de apuestas y sorteos desde la época del priísmo. Los panistas no sólo han renovado sus permisos, sino que han entregado cientos de nuevas autorizaciones y con su doble moral promueven las apuestas y sorteos.

Vía libre para el lavado

En las salas de juegos y apuestas el movimiento de efectivo y la operación está muy alejado del escenario que predomina en el sector bancario. En la sala de juego, por ejemplo, no puede conocerse al cliente, porque en muchos casos sus visitas son esporádicas, mientras que en los bancos se persigue a trabajadores por ahorrar ahí sus ingresos.

Los empresarios de esta industria argumentan que un interrogatorio directo pondría en peligro la relación “a nadie le preguntan de donde ha sacado el dinero para pagar una cena”, dicen. Esta situación provocaría mayor migración a las salas ilegales y se agudizarían el ingreso de dinero sucio a esos centros de apuestas.

Aceptan, como si fuera una concesión, validar la información que les proporciona el cliente, pero reconocen que tienen muy pocas herramientas para conocerlo. Para ellos el lavado de dinero que se puede realizar en este negocio sólo podría presentarse si el dueño de la empresa está relacionando con actividades ilícitas.

La conclusión evidente es que resultaría muy caro para la sala, si ésta tiene que pagar el impuesto correspondiente, usar la actividad para lavar. Con esta afirmación, las empresas establecidas parecen lanzar una acusación directa sobre los establecimientos que en las zonas fronterizas están surgiendo como hongos. La alerta, sin embargo, debe encenderse en todas las áreas.

Aseguran que usar casinos legales como mecanismo de lavado es escaso y que hacerlo a través de terminales de juego, lo es aún más. El propio GAFI, a través del Grupo Pacífico, emitió un informe de tipología en el que sólo pueden encontrarse dos ejemplos relacionados con máquinas de azar: uno conllevaba la modificación y alteración del software de la máquina para otorgar premios de forma controlada. Esto se evita, dicen los empresarios de este sector, “certificando” los equipos.

En México el 90 por ciento de la actividad en las salas de juego se realiza en las terminales de juego. Un estudio conducido por el Grupo de Acción Pacifico en colaboración con GAFI demostró la total ausencia de casos relacionados directamente con máquinas de azar. Sin embargo, los expertos en este sector advierten la importancia de revisar y adecuar los “sujetos obligados” en materia de juegos y sorteos para incluir como sujetos obligados las múltiples casas de juego sin permiso de Gobernación que operan a través de “amparos”.

También se debe excluir múltiples tipos de juegos y sorteos distintos a las casas de juego que son de bajo nivel de riesgo, tales como: rifas y loterías organizadas por instituciones de asistencia privada y educativa, sorteos promocionales realizados por distintas empresas o concursos y sorteos realizados por radio y televisión u otros medios masivos de comunicación.

En el caso de juegos y sorteos operados por Lotería Nacional, Pronósticos para la Asistencia Pública, Multijuegos, Sorteo Tec y otros similares, únicamente deberían de quedar obligados a reportar los ganadores de premios mayores. En todos los demás casos el enfoque debería ser el recomendado por GAFI desde el año 2007, basado en riesgo, y no en reglas.

Puntos suspensivos…¿Estará al tanto Andrés Manuel López Obrador que funcionarios en delegaciones como Azcapotzalco están solicitando en su nombre “apoyos económicos” para la contienda presidencial del próximo año? Personajes como Plácido Humberto Morales Trujillo, director de Gobierno en esa demarcación política, así como Jorge Eduardo Trejo Herrera, del área de Manifestaciones y Licencias de Construcción, se han hecho presentes ante empresas que necesitan la autorización de la delegación para realizar obras relacionadas con servicios públicos. Ellos aseguran que el dinero que se les ha solicitado, como una especie de “donativo”, sería utilizado para financiar la campaña de Andrés Manuel López Obrador.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

AI condena el ataque contra el casino royale


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SIN LIBERTAD DE EXPRESIÓN, NO HAY DEMOCRACIA: JOSÉ NARRO




El rector de la UNAM señaló que la violencia que afecta al ejercicio del periodismo está relacionada con la crisis de valores que vivimos

México, D. F., a 26 de agosto de 2011

Para el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, la Libertad de Expresión después del derecho a la vida, es uno de los derechos fundamentales y esenciales para el ser humano, por lo que esta capacidad se debe ejercer sin distinción y sin ningún tipo de cortapisa.

“Es también, por cierto y como ya se dijo muy bien, condición inescapable de la democracia; sin libertad de expresión no hay democracia.”

Al hacer uso de la palabra durante la ceremonia oficial de inauguración de la Conferencia Hemisférica Universitaria convocada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se llevó a cabo la tarde de este jueves en el precioso salón Barroco del edificio Carolino de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el rector de la UNAM, señaló que conferencias como estas, hacen evidente que el ejercicio del periodismo y la comunicación enfrentan todavía en nuestros tiempos limitaciones, obstáculos e incluso violencia, que pueden provenir tanto desde los poderes establecidos, como de otros sectores legalmente constituidos o fuera de ley.

“La libertad de expresión enfrenta en nuestro país y en mucho otros, enemigos poderosos, no sólo por los recursos financieros de los que disponen, sino en muchos casos en razón de que se hacen presentes en la mentalidad de la gente.”

Y señalo tres, el miedo, el autoritarismo y la ignorancia.

“Un pueblo ignorante, no puede ser un pueblo libre”, remarcó.

José Narro, mencionó que la violencia que sacude al país y que afecta de manera directa en muchos casos al ejercicio del periodismo está relacionada con la crisis de valores que vivimos, no sólo en México, sino en todo el mundo.

Dijo que los Medios de Comunicación también tienen un compromiso con la formación de los valores cívicos, tales como la libertad, la democracia, la igualdad, la solidaridad, el diálogo, el respeto y la tolerancia.

Destacó que México y América Latina han tenido avances notables en la libertad de expresión, es por ello que no se deben admitir retrocesos y se deben rechazar con toda contundencia las descalificaciones al ejercicio de pensar y de expresar lo que se piensa, dijo que privar a alguien de manifestar su verdad es equivalente al tratar de enmudecer a toda la sociedad.

Enfatizó que esta conferencia, en la que se reúnen representantes de 22 universidades de 13 países, copatrocinada por la Fundación para la Libertad de Expresión, el Periódico Síntesis y la BUAP, es un foro ideal para reforzar la convicción de sumar fuerzas, recursos, inteligencia y experiencia para combatir estos y otros enemigos de la libertad de expresión.

Señaló que no obstante los riesgos que corren los trabajadores de la información, no se debe claudicar.

A la inauguración de la “Conferencia Hemisférica Universitaria, Políticas Públicas para combatir la impunidad”, asistieron también el Rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez; el Presidente de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) y del diario Síntesis, Armando Prida Huerta ; el Secretario de Educación Pública del Estado de Puebla, Luis Maldonado Venegas en representación del gobernador Rafael Moreno Valle; el Presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y presidente del diario Siglo 21 de Guatemala, Gonzalo Marroquín; el Presidente de la Comisión por la Libertad de Prensa y Presidente del diario El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz; el Director Ejecutivo de la SIP, Julio Muñoz ; el Director de Libertad de Prensa de la SIP, Ricardo Trotti; y el Vicepresidente de la Comisión Contra la Impunidad de la SIP y Director de El Universal, México, Roberto Rock.