PABLO ALARCÓN-CHÁIRES
El artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere las condicionantes y procedimientos por los cuales puede ser instituido un Estado de excepción. El Presidente, junto con los titulares de las secretarías de Estado, la Procuraduría General de la República y con aprobación del Congreso de la Unión, puede suspender en todo el país o en un lugar determinado las garantías individuales que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.
Por declaraciones atribuidas a Felipe Calderón Hinojosa (La Jornada Michoacán, 18 de mayo del 2011), se tiene referencia de sus intenciones de suspender las próximas elecciones en Michoacán, lo que podría implementar en la entidad un Estado de excepción, para dar paso a un proceso “democrático” basado en un candidato de consenso surgido de los partidos políticos.
El argumento sería la falta de seguridad y la violencia que privan en nuestro estado y que colocarían en peligro la vida de los candidatos. Para ello, y según dicha nota periodística, estaría cabildeando con algunos sectores de la iniciativa privada (nada raro en ellos), que han insistido en el tema invocando a la candidatura de unidad.
Este tipo de llamados, que pretenden sustituir las elecciones por candidaturas más a modo de los intereses dominantes, están encaminados a vulnerar el espíritu de las disposiciones que sobre democracia se especifican en nuestra Carta Magna y que le atribuyen este carácter al Estado, su régimen y al pueblo mexicano (artículos 2, 25 y 40).
Pensar en omitir un proceso de elección que aún con todos sus errores no deja de ser un ejercicio de ciudadanía, por otro, en el que una junta de notables políticos encerrados en sus intereses y su miopía social decidirían el futuro de Michoacán, da paso a inaugurar nuevas y sutiles formas de “golpes de Estado”.
Es de notar que un llamado de esta naturaleza coincida con un proceso de elección en una entidad federativa donde gobierna un partido diferente al de Felipe Calderón, pero que éste se ha empeñado en teñir de blanco y azul, y si es por la vía filial, mejor. Llama la atención de igual manera que dicho Estado de excepción no se haya intentado aplicar en otros puntos del país en donde la violencia y criminalidad de los últimos meses ha trascendido lo que actualmente acontece en Michoacán. En todo caso debería aplicarse este tipo de medidas a todo México y no únicamente a aquellas entidades políticamente incómodas o inviables para el partido político en el poder federal, particularmente en aquellas en las que está bien posicionada la izquierda nacional. Porque si alguien cuestiona ¿dónde está la izquierda?, la respuesta es: Michoacán.
¿Por qué no se pensó antes en el Estado de excepción? De ser ciertos los motivos de fondo que se aluden en dicha nota, triste es pensar que Michoacán y su gente necesitaban que algún miembro de la familia presidencial pudiera estar en situación vulnerable para que se pensara en dicho Estado de excepción, si es que éste fuera una opción.
Dado que los michoacanos no disponemos del poder ni protección personalizada del Estado mexicano, y que aún con ello hemos sabido hacer frente y de forma valiente a la inseguridad a la que nos han llevado, ¿no es demasiado despliegue de poder hacer este tipo de propuestas sólo para proteger a Cocoa? En todo caso, ¿no es más sano para la convivencia en sociedad bajo un régimen democrático que renuncie Luisa Calderón a su posible candidatura?, ¿por qué ensombrecer más el panorama político estatal y nacional con este tipo de sugerencias antidemocráticas y que atestiguan los abusos que pudieran generarse con un Estado de excepción?
palarcon@oikos.unam.mx
Fuente: La Jornada de Michoacán
No hay comentarios:
Publicar un comentario