Es insostenible mantener gobernantes en México que se sustentan en el egoísmo y la codicia por sostenerse en el poder público con ventajas y privilegios personales, familiares y de grupo; en la traición constante a los mexicanos por los políticos que no cumplen con sus promesas de campaña a favor de la sociedad mexicana, y sí en cambio se benefician ellos, a grupos de presión y de interés, a monopolios y sectores económicos poderosos; a la deslealtad institucional de los servidores públicos para cumplir y hacer cumplir las leyes, o cuando dilapidan los recursos públicos, se corrompen y violentan los derechos humanos de las personas.
Basta observar las disputas entre los dirigentes de los partidos políticos por mantenerse en el poder público, que hacen circo, maroma y teatro con estrategias partidistas desde el gobierno, utilizando la justicia para fines políticos-electorales, aunque se cometan injusticias, con acciones mediáticas o cualquier otro medio.
También se constata lo anterior cuando los políticos que viven de la política y para la política se esfuerzan por mantenerse de un cargo de elección popular para pasar a otro o a uno de la administración pública federal, estatal o municipal. De secretario de Estado o senador a la Presidencia de la República, a una gubernatura, diputación federal o local, o bien a una presidencia municipal, lo que importa es sostenerse en el poder público, lo que otorga prestigio, poder político y económico, sin importar el interés público o social; es decir, siendo administrador público o gobernante dejan programas inconclusos, en proceso o bien no dan continuidad a una política social o económica.
En materia de corrupción, México ocupó el segundo lugar de América Latina en el año 2010, en las prácticas públicas y privadas conforme a las evaluaciones de Transparencia Internacional, con lo que la nación es líder en términos de corrupción, lo que es un obstáculo para cualquier adelanto en la economía, en lo social, en seguridad pública o en cualquier otro rubro que se quiera tratar.
Los sistemas de transparencia y rendición de cuentas son rebasados por la opacidad y el secretismo. Los gobernantes no otorgan las facultades necesarias para operar correctamente los institutos federales o estatales para ejercer el derecho de acceso a la información pública por las personas, no se sanciona a los servidores públicos de las dependencias federales o locales cuando no proporcionan los datos de las solicitudes. Si desde los altos mandos se practica la corrupción los cambios que necesita la sociedad simplemente no son factibles de impulsarse o no se pueden dar.
Los derechos humanos siguen siendo vulnerados por las autoridades estatales, basta revisar los expedientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para darse cuenta de la impunidad, injusticia y de la violación constante de ellos por los servidores públicos. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió en el año 2010, 16 mil 66 quejas, de las cuales, 6 mil 916 fueron calificadas como presuntas violaciones a los derechos humanos.
En este escenario desalentador, con una nación que la han convertido los políticos y gobernantes en un desastre, en condiciones de rezago social y económico, con deterioro de las instituciones públicas y ausencia de legitimaciones, de malos gobiernos y gobernantes, de una partidocracia oligárquica, egoísta y codiciosa, las respuestas y soluciones no resultan fáciles de fijar para un México que aspiramos con liderazgo político, económico, cultural, social y moral. Menos en un ambiente de crisis recurrente, así como por la astringencia de recursos públicos para hacer frente a los cambios que se requieren para la posmodernidad, que se caracteriza por ser globalizante, incierta y turbulenta.
En la actualidad, en México existen factores reales y potenciales que pueden contribuir a contar con una nación con liderazgo, como son el ciudadanizar el poder público, elegir gobernantes con perfiles y sin ser integrantes de partidos, por sistema democrático de insaculación, ciudadanos debidamente evaluados, que no sean toxicómanos, con situación económica y social proba y condición psicológica apta, así como ingresar los mecanismos de democracia participativa, plebiscito, revocación del mandato, iniciativa popular y referéndum para acreditar el buen gobierno que responde a los intereses de la ciudadanía.
Fortalecer los pesos y contrapesos entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y democratizar este último; es decir, elegir a los ministros, magistrados y jueces por el sistema de insaculación democrática para que tenga independencia y autonomía.
También se requiere vigorizar los sistemas de participación ciudadana, con ciudadanos activos e interesados en participar en las decisiones y actividades públicas, que fortalecen la gobernabilidad democrática, que pueden contribuir a mejorar las condiciones sociales.
El México que aspiramos con liderazgo político, económico, cultural, social y moral, consideramos requiere empezarse por la democratización del poder político, cuyo eje gira sobre las preocupaciones de mejorar el gobierno, de lograr el buen gobierno y de buenos gobernantes que conduzcan el desarrollo económico justo y equilibrado, reduzca la brecha entre pobreza y riqueza y garantice el respeto a los derechos humanos para fincar desarrollo nacional de manera estratégica, en los escenarios regional, nacional e internacional.
El México que aspiramos es reencausar el mal gobierno y a los malos políticos por ciudadanos y para los mexicanos, no para unos cuantos. Esta sería la renovación de la vida democrática nacional para acceder a niveles cualitativamente mejores en la calidad de vida de sus habitantes, que permitan superar condiciones de marginación y pobreza, cuyos resultados sean a favor de la sociedad.
Fuente: La Jornada de Michoacán
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