La senadora Isabel Allende, hija del ex presidente chileno Salvador Allende, entregó un comunicado a los medios de comunicación de su país en el que afirma que apoyará las investigaciones sobre la muerte de su padre el 11 de septiembre de 1973, cuando fue derrocado por un golpe de Estado.
Allende hizo el anuncio desde España después de que la justicia chilena resolviera investigar por primera vez las circunstancias de la muerte del mandatario socialista.
Solicitó que el "Estado colabore al máximo en la investigación de estos hechos que implicaron la peor dictadura que hemos padecido los chilenos".
El comunicado agrega que el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 "buscaba, además de derrocar a las autoridades legítimamente elegidas, doblegar la voluntad del Presidente, humillarlo y finalmente eliminarlo físicamente. Así se ha evidenciado en los registros de las conversaciones de Pinochet con el resto de los conspiradores”.
Agrega que aún está pendiente determinar las responsabilidades judiciales de “los numerosos delitos cometidos en esa fecha”.
“Si bien la familia no tiene dudas respecto a la decisión del Presidente Allende de defender con su vida la democracia, es importante que se realicen todas las acciones judiciales que busquen establecer la verdad de todas las muertes y desapariciones desde el 11 de septiembre de 1973. Apoyaré a la justicia con todos los antecedentes que sean requeridos para facilitar su trabajo efectivo”, concluye el comunicado de la senadora.
Según la autopsia oficial practicada al cadáver del mandatario, el disparo que terminó con la vida de Allende "corresponde a los llamados de corta distancia en medicina legal” y "ha podido ser hecho por la propia persona".
Algunos profesionales cuestionaron la necropsia y advirtieron que el informe presentó "omisiones técnicas relevantes", además de haber sido hecha en un hospital castrense en vez de en el Servicio Médico Legal chileno, según correspondía.
Otras reacciones
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, dijo este jueves que con esta decisión "el Poder Judicial está dando un ejemplo" y fue más allá al celebrar que la medida "se contrapone a las decisiones del presidente Sebastián Piñera, quien está desbaratando toda la institucionalidad de derechos humanos en el Gobierno".
Por su parte, desde el Ejecutivo chileno la ministra vocera, Ena von Baer, fue la única que se pronunció afirmando que Gobierno respetará lo que determine la justicia.
"Respetamos todas las decisiones de los tribunales; que todas las situaciones que tengan que ser investigadas se investiguen", manifestó.
Se estima que en Chile unas 3 mil personas fueron ejecutadas o desaparecidas durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, y unos pocos militares, 110, fueron condenados, aunque apenas 22 cumplen penas efectivas, según cifras del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior chileno.
Fuente: TeleSur
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