San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
12 de febrero de 2010
Pronunciamiento público
Ataque armado a poblado zapatista de Bolón Ajaw por pobladores priístas de Agua Azul
• El Gobierno del Estado busca evadir su responsabilidad en el conflicto suscitado y denunciado desde el 2007 e intenta culpar a las Bases de Apoyo Zapatistas del ataque armado contra el poblado zapatista de Bolón Ajaw.
• El Gobierno Federal presiona para una intervención militar contra civiles “Bases de Apoyo Zapatistas” e incrementa operaciones de inteligencia de fuerzas mixtas militares y civiles.
• La Junta de Buen Gobierno realiza acciones para un acuerdo de distensión basado en los procedimientos de la justicia autónoma indígena.
• Falta de voluntad del gobierno estatal cierra posibilidades de acuerdo de distensión.
El día 6 de febrero de 2010, a las 9:00 horas, este Centro de Derechos Humanos recibió información de la Junta de Buen Gobierno “Corazón del Arcoíris de la Esperanza” (JBG de Morelia), sobre la situación de emergencia existente en la zona derivado de un ataque armado en contra del poblado zapatista de Bolón Ajaw, perteneciente a la Región Autónoma San José en Rebeldía, Municipio Autónomo Rebelde Zapatista Comandata Ramona, del Caracol IV “Torbellino de Nuestras Palabras”.
Por otro lado, a las 9:39 hrs. funcionarios del Gobierno del estado de Chiapas establecieron comunicación con este Centro para saber si se tenía información acerca de un enfrentamiento en Bolón Ajaw. Hicimos de su conocimiento la solicitud de intervención por parte de la Junta de Buen Gobierno, sin que se tuviera mayor información al respecto por el momento.
Fue así que integrantes de este Centro se trasladaron de manera inmediata a la sede de la Región San José en Rebeldía para entrevistarse con las Autoridades del Municipio Autónomo Rebelde Zapatista Comandanta Ramona y documentar la situación del ataque armado perpetrado contra Bases de Apoyo Zapatistas por parte de pobladores de Agua Azul identificados como integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mismos que se presumió en el año 2007 –según versión oficial-[1], habrían entregado las armas y abandonado su militancia en la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, A.C. (OPDDIC)[2].
Cabe señalar que la situación de agresiones y hostigamientos de pobladores de Agua Azul, miembros de la OPDDIC, contra las Bases de Apoyo Zapatista del poblado de Bolón Ajaw, había venido siendo documentada y denunciada de manera reiterada tanto por la Junta de Buen Gobierno, como por diversas organizaciones civiles, principalmente a partir del año 2007 ante el incremento del clima de violencia generado por la OPDDIC.
Desde entonces, el Gobierno del estado ha sido responsable de mantener en impunidad las acciones de agresión y hostigamiento realizadas por los militantes de la OPDDIC, de administrar el conflicto en el tiempo y no darle solución definitiva. Esta situación colocó al grupo de filiación priísta bajo un manto de impunidad que favoreció su beligerancia y la escalada del clima de hostilidad contra los pobladores de Bolón Ajaw.
Es así que los presuntos ex militantes de la OPDDIC invadieron apenas hace unas semanas, la tierra recuperada de los pobladores de Bolón Ajaw, para estar en condiciones de participar en la gestión de los proyectos ecoturísticos planeados para ese territorio por parte del Gobierno Federal y Estatal. En respuesta, Bases de Apoyo Zapatistas se han movilizado para retomar el control de ese territorio en dónde dicho grupo perpetró deleznable ataque armado contra las Bases de Apoyo Zapatistas.
Ante la gravedad del evento, este Centro reconoce la sensibilidad y responsabilidad de la Junta de Buen Gobierno, ya que en su calidad de Autoridades Autónomas establecieron acciones inmediatas para la distensión. De esta manera, propusieron a este Centro de Derechos Humanos realizar la tarea de “puente de comunicación”, papel que fue aceptado. Es decir, “prestar oído” a las propuestas de parte del Gobierno del estado de Chiapas, cuya palabra pareció representar los intereses y voz de los pobladores priístas de Agua Azul, y entregarlas a la Junta de Buen Gobierno para su consulta y nuevas propuestas.
Desde esa posición, este Centro fue testigo de los procedimientos de justicia autónoma indígena donde las propuestas guardaron equilibrio entre realizar acciones que demostraran buena voluntad para avanzar hacia los acuerdos, y la exigencia del reconocimiento de la serie de agresiones de que había sido objeto la comunidad de Bolón Ajaw por exigir respeto a su territorio.
Por otra parte, el Gobierno del estado, manifestó que la única salida viable para resolver este conflicto era establecer una mesa de diálogo en Palacio de Gobierno, en la que tendría que presentarse una representación de la comunidad zapatista de Bolón Ajaw, ya que los líderes priístas de Agua Azul ya se encontraban ahí. Que dicha mesa sería presidida por el Gobernador, y que en caso de no hacerse así, no habría otra salida que la intervención militar. Ésta era la posición sostenida desde Tuxtla Gutiérrez, por los representantes de instancia federales (SEDENA, PGR, PF), estando presentes por el Gobierno del estado de Chiapas, el Gobernador, el Secretario General de Gobierno y el Procurador General de Justicia del Estado.
Es importante señalar que mientras se buscaba una salida acordada a esta problemática, la tensión en la región se incrementó debido a la realización de un operativo de fuerzas mixtas Federales y Estatales. Se realizaron sobrevuelos de helicópteros en la comunidad de Bolón Ajaw, se enviaron 6 camiones tipo torton de transporte con elementos policíacos, y alrededor de 15 camionetas de la Policía Estatal Preventiva instalados en la comunidad de Xanil (a 15 minutos del crucero Agua Azul).
Fue constante el movimiento de agentes de inteligencia del Estado que se disfrazaban de periodistas y turistas para ingresar en Agua Azul. Así también había pobladores de la región que fungían como informantes de diferentes instancias gubernamentales. Además, este Centro fue informado de la incursión de un grupo de fuerzas mixtas del Ejército Mexicano, Procuraduría General de la República y Policía Federal en el territorio de Agua Azul.
Con estas acciones, el Gobierno del estado no abonó a la distensión y solución del conflicto. Mostró una falta de voluntad para corresponder a las acciones de distensión establecidas por la Junta de Buen Gobierno; se mantuvo modificando y radicalizando su postura frente a los pasos a seguir para caminar hacia un acuerdo sólido. De esta manera hizo evidente su estrategia de “ganar-ganar”, lógica en la política institucional, pero estrategia poco sensible ante la magnitud del problema y los actores que estaban interviniendo, señal de falta de respeto por la vida comunitaria de los Pueblos Indígenas.
Del mismo modo, mientras expresaba su disposición de llegar a acuerdos, utilizaba los medios de comunicación para tergiversar y fabricar una versión que culpaba a las Bases de Apoyo Zapatistas de Bolón Ajaw. Asimismo, intentó también criminalizar a los ejidatarios adherentes de la Otra Campaña del Ejido San Sebastián Bachajón y con esto buscar presionarlos para participar en la mesa de diálogo y ahí orillarlos a entregar la caseta de cobro.
Ante la posición del Gobierno del estado, la Junta de Buen Gobierno dio por finalizado el puente de comunicación, y por tanto el papel que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. desarrolló. Este Centro desea expresar que debido al cumplimiento de responsabilidad en la interlocución que se asumió para la facilitar la comunicación entre las partes, para la construcción de acuerdos que dieran solución a este conflicto, no había emitido información pública alguna.
Ante todo lo ya expuesto este Centro de Derechos Humanos manifiesta:
1. Profunda preocupación ante los hechos sucedidos en el poblado de Bolón Ajaw, producto de la mala actuación y omisión por parte del Gobierno del estado para resolver un problema ante el clima de violencia generado en contra de las Bases de Apoyo Zapatistas por parte de pobladores de Agua Azul, mismos que son integrantes del PRI, y presuntamente ex militantes de la OPDDIC.
2. Rechazamos el intento del Gobierno del estado de responsabilizar del ataque armado contra el poblado zapatista de Bolón Ajaw a las Bases de Apoyo Zapatistas, a los adherentes de la Otra Campaña del ejido San Sebastián Bachajón, y de generar condiciones para una intervención militar, ordenada por el gobierno federal contra la población civil, situación que agravaría las condiciones del conflicto armado interno no resuelto en Chiapas.
3. Responsabilizamos al Gobierno federal y estatal de actuar en contra de la Paz a la que como pueblo Soberano de México tenemos derecho.
4. Hace un llamado URGENTE a la sociedad civil nacional e internacional, comprometida con la defensa y ejercicio de los Derechos Humanos, a pronunciarse en contra del claro incremento de las acciones de violencia en contra el proceso autonómico, civil y pacífico, de las Bases de Apoyo Zapatistas y sus Juntas de Buen Gobierno como instancias civiles.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C.
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Nota: En breve, este Centro hará público un informe que describe la documentación recabada en la zona, misma que da testimonio del ataque armado contra la población civil zapatista de Bolón Ajaw.
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[1] Comunicado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas de fecha 20 de diciembre de 2007.
[2] Organización social de corte paramilitar cuya trayectoria se ha caracterizado por su beligerancia y su rol como actor en la estrategia integral de contrainsurgencia implementada por el Gobierno mexicano en contra del EZLN, sus bases civiles y simpatizantes.
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