Josefina Reyes, activista y defensora de derechos humanos, fue asesinada el 3 de enero por pistoleros anónimos en México. Había protestado en contra de abusos cometidos por miembros del ejército desplegados en la zona en el marco de la lucha contra el crimen organizado. Las vidas de otros defensores de derechos humanos están en riesgo.
El 3 de enero un grupo armado intentó secuestrar a Josefina Reyes a las afueras de una tienda en el municipio de Guadalupe, al este de Ciudad Juárez, Chihuahua. Un testigo declaró que cuando los hombres intentaron secuestrar a Josefina Reyes, ésta se defendió y los hombres, aparentemente, le dijeron “te crees muy chingona porque estás con las organizaciones” y después le dispararon en la cabeza.
Desde el 2008, Josefina Reyes había participado activamente en las protestas contra la violencia del crimen organizado en la región así como por las violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército. En agosto de 2009, participó en el Foro Contra la Militarización y la Represión en Ciudad Juárez, para protestar por las crecientes violaciones de derechos humanos en el combate al narcotráfico.
Amnistía Internacional considera que otros defensores de derechos humanos en Ciudad Juárez que han participado al lado de Josefina en las protestas y que pertenecen a la Coordinación de Organizaciones de la Sociedad Civil de Ciudad Juárez se encuentran también en riesgo de ser amenazados y atacados. En particular Cipriana Jurado, otra defensora de derechos humanos que ha trabajado en estrecha colaboración con Amnistía Internacional sobre casos de abusos cometidos por los militares.
Información Adicional
Desde 2007, México ha experimentado una espiral de violencia que continúa en aumento: los medios de comunicación han reportado más de 14.000 asesinatos relacionados con los cárteles de la droga. La mayoría de estos asesinatos han ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua. La administración del Presidente Calderón ha intentado combatir los cárteles mediante el despliegue de miles de policías federales y más de 50.000 efectivos militares en las zonas más afectadas, particularmente en Ciudad Juárez. Sin embargo, esto no se ha reflejado en una reducción de la violencia. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las demandas de abusos cometidos por militares, como homicidios extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias y cateos ilegales han aumentado seis veces entre el 2006 y el 2008. Estos casos son habitualmente investigados y juzgados por el sistema de justicia militar, el cual no garantiza una investigación imparcial e independiente, dando lugar a la impunidad de la gran mayoría de los autores. Como resultado, les es negado a las víctimas y sus familiares un recurso efectivo a la justicia, y los funcionarios militares son concientes de lo poco probable de que sean llamados a rendir cuentas.
Fuente: Amnistía Internacional
Difusión: Soberanía Popular
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