Sugieren incluso investigar al gobernador por este caso
Fuente: La Jornada de Guerrero
CITLAL GILES SANCHEZ
La Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales (COMS) de Guerrero reprobó las declaraciones del procurador Eduardo Murueta Urrutia contra el ecologista Javier Torres Cruz al querer responsabilizarlo de la desaparición del perredista Alvaro Rosas Martínez y sugirió que las investigaciones deben centrarse en las diferencias y enconos políticos que hay entre los principales dirigentes del PRD, incluido el gobernador.
En tanto, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) denunció que Torres Cruz ha vuelto a ser hostigado por policías estatales y ministeriales, quienes hacen rondines a unos cuantos metros de la comunidad La Morena.
Mediante un comunicado, la COMS hace referencia a la desaparición del líder perredista e indica que ésta se da “en medio de una intensa pugna entre los grupos perredistas y el encono entre sus principales dirigentes, incluido su gobernador”.
Explica que esta desaparición se da en un proceso electoral donde hay una disputa por “turbios” espacios de poder político y económico, “ahí se debe buscar la causa de la desaparición de Alvaro Rosas y no en un supuesto negocio de enervantes, armas y cartuchos, en el que se quiere involucrar a nuestro compañero ecologista Javier Torres Cruz”.
El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ), que integran la COMS, consideraron indignante que Murueta Urrutia quiera “salir al paso de las presiones de los diputados y dirigentes perredistas” quienes se manifestaron en sus oficinas.
Además reprocharon la actitud de los dirigentes perredistas que “con justa razón” reclaman la presentación con vida de Alvaro Rosas, sin embargo criticó que su actuar es como si se tratara de un único caso, cuando en el estado hay más de 200 desaparecidos en lo que va del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo.
“La politización de este desafortunado caso de desaparición forzada de Alvaro Rosas se hace evidente cuando se señala que lo que ahora preocupa es que este fenómeno ya afecta a actores políticos, como si estos estuvieran por encima del resto de los ciudadanos afectados por el mismo delito y se pide darle un trato de excepción, en un marco de confrontación en contra de un funcionario muy cercano al equipo del gobernador”, señalaron.
Expusieron que la ola de violencia e inseguridad en el estado se debe a una política gubernamental que protege los intereses de ricos y grandes empresarios, entre ellos -dicen– narcotraficantes, y acusaron que el gobierno es quien orquesta a la delincuencia.
Por su parte, el CCTI también reprobó esos señalamientos y criticó la reticencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de otorgar medidas cautelares a Torres Cruz, mismas que fueron solicitadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y contrario a ello, lo exponen como sospechoso de secuestro, con lo que incrementa el riesgo de que él y su familia sean sujetos a amenazas, agresiones y hechos violatorios de derechos humanos.
Reveló que Torres Cruz denunció que el pasado 3 de mayo, un convoy de seis carros y varias camionetas con al menos seis u ochos policías del estado y ministeriales rondaron a unos metros de la comunidad La Morena, donde vive junto con su familia, lo que considerán como actos de intimidación y hostigamiento.
Por tal motivo las organizaciones reclamaron al gobierno estatal que otorgue medidas cautelares a Torres Cruz.
A Murueta Urrutia les exigen una explicación coherente de la acusación contra el ecologista así como un desmentido público y responsable.
Al gobierno estatal le solicitan un informe especial sobre el problema de la violencia, la inseguridad pública y la violación de los derechos humanos en Guerrero, que incluya de manera clara las acciones, compromisos y plazos para localizar a los desaparecidos y secuestrados, así como la aprehensión y castigo a los culpables de los asesinatos, las acciones y compromisos para poner un alto definitivo a la violencia e inseguridad.
Asimismo la investigación de la detención arbitraria y tortura de Torres Cruz en diciembre del año pasado así como la investigación y presentación con vida del dirigente perredista Alvaro Rosas Martínez.
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