Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)
MÓNICA CAMACHO
Sólo los integrantes de la bancada del PRD en el Congreso estatal han manifestado que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para echar abajo la reforma a la Constitución Política local que se aprobó el jueves pasado, pues de entrar en vigor impediría la legalización del aborto dentro de las 12 semanas de gestación así como la eutanasia.
En tanto, el Colectivo Mujeres por la Democracia y la Red de Democracia y Sexualidad anunciaron que exigirá a la Comisión de Derechos Humanos del estado recurrir al máximo tribunal de justicia del país para anular esta modificación que obliga al Estado a “proteger la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural del individuo”.
La reforma constitucional fue impulsada por los representantes del PRI y el PAN ante el Poder Legislativo local, quienes aprobaron la iniciativa pese a las protestas de asociaciones y organismos no gubernamentales que se realizan en Puebla desde hace una semana.
De los 41 legisladores que integran el Congreso, la propuesta recibió el voto en contra de sólo 10 diputados, que pertenecen a PRI, PRD, PT y Convergencia.
Sin embargo, hasta el momento únicamente los representantes del sol azteca han anunciado la estrategia jurídica que seguirán para cancelar las modificaciones.
La coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD, Irma Ramos Galindo, informó que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque la reforma viola la carta magna federal y contradice a la misma Constitución local, la cual determina en su artículo 12 que la vida comienza desde el nacimiento y no desde la concepción.
“Les apostamos que esta reforma se va a venir abajo”, advirtió Ramos Galindo a los legisladores en la sesión del Congreso del jueves pasado.
A su vez, el legislador priista Jorge Alfonso Ruiz Romero, quien fue uno de los diputados que votó en contra de la iniciativa, anunció que se reunirá con sus pares del tricolor el próximo martes para definir lo que sigue.
Ruiz Romero aclaró que la reforma tendrá que ser aprobada por el 50 por ciento más uno de los municipios que tiene el estado para que entre en vigor y los representantes de partidos puedan acudir a la SCJN.
El procedimiento, apuntó, será largo pues podría prolongarse hasta tres meses, por lo que es necesario valorar todo el contexto y preparar los argumentos que se presentarían ante la corte.
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