Por Jaime Cárdenas
Creado en 1990, el IFE muestra ya los rasgos de una institución vieja, decadente y sin deseos de ser un organismo vigoroso y abierto a la sociedad. No tiene ánimo de conducir las transformaciones del país ni sirve de catalizador a los cambios democráticos. Cinco causas son las que explican su parálisis y grisura.
1. Su sometimiento a los poderes fácticos. Las decisiones del Consejo General de los últimos tiempos lo comprueban: El IFE se negó a transparentar la información de las boletas electorales de 2006, no realizó con suficiencia una investigación sobre los más de 280 mil spots de paternidad y origen desconocido que se exhibieron con motivo del proceso electoral de 2006, y no investigó el financiamiento paralelo que nutrió la campaña de Felipe Calderón. En el mes de diciembre de 2008, el IFE no consideró procedentes y/o fundadas 374 quejas relacionadas tanto con el proceso electoral pasado como con asuntos derivados de la reforma electoral de 2007-2008, probando con ello que es un organismo promotor de la impunidad electoral. En el IFE exclusivamente hay sanciones para los débiles o los que no se pueden defender. Está al servicio de partidos, medios de comunicación electrónica, organismos empresariales y gobernantes; no realiza sus competencias en favor de los ciudadanos.
2. No representa la pluralidad política del país. La integración de su Consejo General, producto de los acuerdos de las cúpulas de los partidos en la Cámara de Diputados, ha dado por resultado una conformación que responde a los intereses del PAN y del PRI. En cuanto a la izquierda, podemos decir que hay consejeros que posiblemente tengan una cercanía ideológica y conceptual con el sector negociador del PRD pero no con el movimiento social que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Es decir, tanto en el IFE como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no existe consejero o magistrado que tenga coincidencia ideológica, conceptual y de proyecto de país con el sector político fundamental de nuestra nación que constituye la auténtica oposición política en México. Si hubiese un miembro de los órganos de dirección del IFE o del Tribunal Electoral con algún tipo de cercanía con el movimiento social de López Obrador, ello se manifestaría en votos particulares durante las decisiones más rascendentes en las instituciones electorales, pero lo que percibimos los ciudadanos es aquiescencia entre consejeros y magistrados con el status quo dominante.
3. Desconoce el debate. Como ex consejero del IFE, estoy convencido de que el debate vigoroso y franco en las instituciones genera buenas decisiones y las legitima. En el IFE o en el Tribunal Electoral si hay debate interno intenso y amplio, éste no se muestra a la sociedad. Los ciudadanos tenemos el derecho y queremos conocer los argumentos que se esgrimen entre consejeros y magistrados, y no sólo los que formalmente se contienen en las resoluciones o acuerdos oficiales. El debate para serlo necesita ser auténtico, ahora nada más existe una simulación.
4. Tiene una concepción atrasada de lo jurídico. Los que defienden la pasividad del IFE y del Tribunal Electoral suelen decir que estos órganos no pueden hacer más porque la ley no les faculta para actuar. Esta visión atrasada del derecho, empleada como coartada por funcionarios electorales y por personeros del status quo, se apoya en una concepción que desconoce el papel de los principios y valores jurídicos en la interpretación y aplicación de las normas. En el pasado, es verdad que no siempre, en el IFE y en el Tribunal Electoral recurríamos a categorías jurídicas como la de los ilícitos atípicos que implican la violación a principios jurídicos y no a reglas jurídicas, lo que nos permitió sancionar en casos como el Pemexgate. Si entonces nos hubiésemos quedado en el nivel de las reglas, esos asuntos no hubieran tenido la respuesta adecuada. Cuando el IFE y el Tribunal Electoral avanzaron más fue cuando se acudió a formas de interpretación jurídica diferentes a las tradicionales y ortodoxas. Hoy todo queda en una apelación a la incompetencia jurídica para no actuar y resolver los asuntos que las realidades electorales plantean.
5. Finalmente, en el IFE y en el Tribunal Electoral no existen canales permanentes de comunicación ni de diálogo con la sociedad. Los dos tienen que abrirse a la sociedad a través de más transparencia, más deliberación pública de los asuntos que les competen, debates con la sociedad y no sólo con los partidos sobre las principales decisiones a tomar, con la introducción de figuras como la auditoría ciudadana y, con más información sobre las presiones o intereses que los partidos y los poderes fácticos les manifiestan. El IFE y el Tribunal Electoral tienen que tomar como su principal aliado a la sociedad, a la que se deben.
Si los órganos electorales quieren tener algún tipo de credibilidad durante el proceso electoral de 2009 deben reconstruirse y recuperar el vigor transformador que en algún tiempo tuvieron. Si no lo hacen, la historia de descrédito y de desprestigio de 2006 volverá a repetirse.
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