Está más preocupado Calderón por pagar facturas a quienes lo llevaron ilegalmente a Los Pinos, que por sacar al país de la crisis y apoyar a los mexicanos que más lo necesitan: Ibarra
México, Distrito Federal
Domingo 23 de noviembre de 2008
* Discurso de la senadora e integrante de la Coordinación Nacional del Movimiento en defensa de la economía popular, el petróleo y la soberanía nacional, Rosario Ibarra de Piedra, en la asamblea informativa realizada en la explanada de Bellas Artes
Compañeras y compañeros:
En las graves circunstancias por las que atraviesa el país, estamos convencidos de que es necesario pasar a una nueva fase del combate por hacer realidad los ideales de justicia, libertad y democracia. Reivindicaciones por las que históricamente ha luchado el pueblo de México y que hoy como nunca están siendo conculcadas por quienes lo mal gobiernan. Por eso, hemos decidido constituir el Movimiento en Defensa de la Economía Popular, del Petróleo y de la Soberanía Nacional para defender los grandes intereses de la nación y los derechos de todos los mexicanos.
La lucha en favor de la economía popular que estamos comenzando, es la prolongación obligada de la batalla por preservar la propiedad de la nación sobre el petróleo. Batalla que hemos dado y que seguiremos dando sin descanso, sobre todo cuando se corre el riesgo de que el grupo en el poder entregue este recurso, que es de la nación, a empresas extranjeras sacrificando nuestra soberanía energética.
Las dificultades que vive nuestro país vienen de lejos, pero se han visto agravadas por las políticas antinacionales y antipopulares de los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN. Políticas que debilitaron nuestra economía, vulneraron la soberanía y atropellaron las conquistas sociales de la mayoría de la población.
La actual crisis no es sólo económica, es igualmente institucional, social y de seguridad, pero es también una profunda crisis moral. Frente a esta realidad, la tarea de nuestro movimiento es impedir que la minoría en el poder siga destruyendo al país y contribuir a la construcción de una nueva República, que debe sustentarse en la soberanía popular.
Es convicción profunda de este Movimiento que sólo el pueblo organizado puede frenar las acciones antipatrióticas y entreguistas del gobierno ilegítimo. Una administración que está llevando hasta sus últimas consecuencias las políticas que han conducido al enriquecimiento ilimitado de unos cuantos y al empobrecimiento extremo de la mayoría.
Este movimiento social surgió del compromiso de miles de mexicanos de hacer valer la democracia y abolir el régimen de corrupción y privilegios que han llevado al país al desastre. Este movimiento es la continuación de la Convención Nacional Democrática, nacida el 16 de septiembre de 2006, al calor de las protestas contra el fraude electoral. Convergencia ciudadana que asumió la responsabilidad de defender los derechos del pueblo, de proteger el patrimonio nacional, de ampliar el derecho a la información, de luchar contra la corrupción y la impunidad. Movimiento patriótico que se dio a la tarea de transformar a fondo nuestro país para acabar con la injusticia y la desigualdad que padecemos.
A esta labor ha contribuido grandemente el Gobierno Legítimo de México, que el 20 de noviembre pasado cumplió dos años. Este gobierno colectivo, patriótico y popular es la expresión de la gente organizada. De la gente consciente de sus derechos y de sus responsabilidades para con la nación, es el ejercicio de la resistencia civil, derecho legítimo de los pueblos para oponerse a la opresión y a la injusticia institucionalizadas.
Este movimiento ha organizado movilizaciones ciudadanas en defensa del petróleo, ha propiciado un debate nacional inédito sobre el futuro de la industria petrolera, ha promovido una consulta nacional para conocer la opinión de los mexicanos y elaboró una propuesta alternativa para modernizar a Pemex sin privatizar sus actividades estratégicas..
Las acciones del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo lograron detener la aprobación apresurada de las reformas legales y permitieron modificar la mayor parte de las propuestas privatizadoras de Felipe Calderón y del PRI. Sin embargo, a pesar de que se mantuvieron intocables los principios de la exclusividad del Estado en el manejo de la industria petrolera, la reforma aprobada por el Congreso de la Unión, dejó huecos y lagunas legales a través de las cuales, la derecha en el poder intentará seguir desmantelando a Pemex y entregando a las compañías trasnacionales partes importantes de la industria petrolera mexicana. Por ello hay que mantener la resistencia popular y darle un rumbo verdaderamente nacionalista al petróleo y al uso de la renta petrolera.
El riesgo mayor para el país es que la nueva ley del petróleo no prohíbe la entrega a empresas extranjeras de áreas, lotes o bloques, en exclusiva, lo que permitiría otorgar, en concesión, parte del territorio nacional. A esto nos opondremos con firmeza, y llamaremos a la movilización popular si se pretende firmar contratos con empresas extranjeras que vulneren nuestra soberanía como nación. Afortunadamente, nuestro movimiento ya creó una conciencia nacional sobre los riesgos que implica rematar nuestros recursos naturales y cancelar nuestra soberanía energética.
La defensa del petróleo es y seguirá siendo tarea primordial del movimiento. No obstante, hoy por hoy, el desempleo y la carestía son los problemas más graves que golpean a los mexicanos, sobre todo a los más pobres. De modo que ante el empecinamiento de la minoría en el poder de mantener las mil veces fracasadas políticas neoliberales, políticas que son dictadas desde los centros de poder financiero internacional, el movimiento ha decidido ampliar sus tareas para promover una intensa y decidida defensa de la economía popular.
La falta de trabajo, los bajos salarios, la vulnerabilidad laboral, la disminución o carencia de prestaciones que padecen los afortunados que tienen empleo, se agravan aún más con los reajustes de personal resultantes de la crisis.
Y al mismo tiempo que se reducen los ingresos de las mayorías, aumentan inconteniblemente los precios de los productos y servicios básicos, sobre todo los alimentos que en el ultimo año se incrementaron en hasta un 70 por ciento. El resultado es que a las familias ya no les alcanza ni para lo más indispensable.
Así, desempleo y carestía se combinan para hundir en la desesperación a los mexicanos más pobres, pero también a buena parte de las clases medias, que ya no ven la suya.
El empleo y la satisfacción de las necesidades básicas, son los mínimos de la justicia social, son lo menos que los mexicanos podemos y debemos exigir. Y debemos exigirlos porque es de justicia, pero también porque son derechos, derechos establecidos en nuestra Constitución. Sin embargo, los derechos constitucionales al trabajo digno y bien remunerado, a la educación y a la salud, no se cumplen. Como tampoco se respeta la Ley de Desarrollo Rural que mandata al Estado a procurar y defender la soberanía alimentaria para garantizar el derecho de todos a la comida.
Defender la economía popular. Combatir las políticas que profundizan el desempleo y la carestía. Impulsar políticas comprometidas con el bienestar de las mayorías es luchar por la justicia social y al mismo tiempo reivindicar derechos que hoy son conculcados por los tecnócratas en el poder.
Pero estos derechos básicos de todos los mexicanos no se podrán hacer realidad si no recuperamos la soberanía como nación. Particularmente, la soberanía alimentaria, que significa garantizar la producción de maíz y otros alimentos básicos suficientes, de buena calidad y accesibles para toda la población; y la soberanía laboral, que significa crear empleos dignos, seguros y bien remunerados.
Es necesario, es urgente garantizar comida y empleo para todos. Y para que esto se haga realidad es indispensable abandonar de una vez y para siempre el antipopular y vendepatrias modelo neoliberal. Es necesario tirar de una vez por todas a la basura la inaceptable receta de importar comida y exportar mexicanos, aplicada por los gobiernos del PRI y del PAN durante casi 20 años.
Los neoliberales han debilitado el mercado interno, han destruido la agricultura de consumo nacional, han arruinado la economía de los campesinos y de las pequeñas y medianas empresas que generan empleo, han provocado un éxodo incontrolable de migrantes y nos han hecho depender de los alimentos del exterior. Y si esta receta siempre ha sido antinacional, antipopular y socialmente depredadora, hoy además de eso, resulta económicamente suicida.
El Movimiento en Defensa de la Economía Popular, del Petróleo y de la Soberanía Nacional, está comprometido, sin reservas, con estas tareas. A ellas están abocadas las nuevas comisiones de trabajo que forman parte de nuestro movimiento, quienes convocarán a otras organizaciones sociales y ciudadanos a sumar esfuerzos para lograr estos propósitos.
La Comisión en Defensa de la Economía Popular tiene como objetivo la lucha contra el desempleo y la carestía; la reivindicación del derecho al trabajo y a la alimentación; el combate para restaurar la soberanía toda, en particular, la energética, la alimentaria y la laboral, son las tareas más importantes del momento.
Son tareas de vida o muerte cuando el gobierno usurpador está más preocupado por pagar las facturas de quienes lo llevaron ilegalmente a Los Pinos y por rescatar a las grandes empresas, que por sacar al país de la crisis en que se encuentra y apoyar a los mexicanos que más lo necesitan.
La Comisión para la Defensa de la Constitución y la Legalidad tiene como propósito defender a los ciudadanos frente a los actos y abusos que vulneren sus derechos. También impulsará la ampliación de la democracia mediante instrumentos de participación popular y rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno para combatir la corrupción. Esta comisión instrumentará todos los mecanismos legales para defender la soberanía y la seguridad nacional, en particular, para defender los recursos naturales e impedir que se entreguen zonas o bloques del territorio nacional a compañías petroleras extranjeras. Para ello, notificará a las petroleras extranjeras que nuestro movimiento no aceptará contratos riesgo ni el reparto de bloques en aguas profundas o en zonas territoriales. También velará porque se respeten los derechos humanos, sociales, políticos, económicos y culturales de la población, incluyendo el derecho a la información. Apoyará también al Frente Nacional Contra la Represión y su exigencia de una amnistía para los presos políticos, los perseguidos y por la presentación de los desaparecidos políticos.
La Comisión de Asuntos Internacionales actuará como representante y portavoz del Movimiento ante instancias internacionales: organismos multilaterales, gobiernos nacionales y locales, representaciones diplomáticas y de organismos, sindicatos y organizaciones sociales, ONG y empresas. También procurará establecer contactos con partidos políticos, líderes populares y personalidades destacadas afines al Movimiento. Su primer objetivo será en dar a conocer internacionalmente la existencia, naturaleza y alcance y principales medios de acción del Movimiento.
La Comisión de Combate a la Corrupción de Pemex investigará y documentará los casos de corrupción en la paraestatal y presentará las denuncias correspondientes ante instancias legislativas y judiciales. Presentará informes periódicos al pueblo de México sobre la corrupción en Pemex..
La Comisión de Vigilancia del Consejo de Administración de PEMEX dará seguimiento puntual a las decisiones del nuevo Consejo de Administración de la paraestatal, de sus subsidiarias y de los Comités que se creen, con el propósito de evitar que violen la Constitución y atenten contra la soberanía energética de la Nación , en todo lo que se refiere a planes, proyectos y programas estratégicos y, particularmente, a las licitaciones, los contratos y las obras, que han sido el medio para desarrollar redes de corrupción. En especial, vigilarán cualquier intento por desmantelar o enajenar las instalaciones industriales de Pemex, exigiendo que se establezcan mecanismos de transparencia en todas las políticas de la paraestatal. Recurriendo a la denuncia pública y a las acciones judiciales que procedan conforme a Derecho.
La Comisión de Difusión va a intensificar las acciones que ha llevado a cabo para informar al pueblo de las propuestas e iniciativas de nuestro movimiento, a través de volantes, folletos, historietas y videos sobre la realidad de la situación nacional.
La Comisión de Apoyo Mutuo en respaldo a la economía popular promoverá una economía solidaria, a partir de acciones que, además de ayudar a frenar el empobrecimiento de los mexicanos y los problemas agudizados por la crisis, deben contribuir a desarrollar y fortalecer desde la base social, formas de autoorganización en defensa de los derechos sociales del pueblo empobrecido.
Esta comisión impulsará una red social y una economía popular alternativa desde las comunidades, pueblos, barrios y colonias, que permitan movilizar los recursos locales para mejorar la calidad de vida de las familias; canalizará las denuncias ciudadanas y promoverá la organización de los afectados, frente a los excesos y arbitrariedades en el cobro de bienes y servicios. A su vez, impulsará diez acciones de ayuda mutua para articular a organizaciones sociales, instituciones civiles y académicos para la generación de proyectos de economía popular, solidaria y autogestiva, como cooperativas de abasto, de consumo y de vivienda para acceder a productos y bienes básicos a bajos precios. También promoverá la instalación de comedores populares, la defensa del patrimonio de miles de familias con créditos hipotecarios vencidos, y la defensa de la economía de indígenas y campesinos, para garantizar el derecho a la alimentación.
La Comisión de Estudios y Actualización del Proyecto alternativo de Nación promoverá, con la participación de académicos, investigadores, especialistas y organizaciones sociales y ciudadanas, foros, encuentros y debates para enriquecer la propuesta del país que queremos.
La Coordinación Nacional de las Brigadas será la instancia encargada de organizar las movilizaciones y las acciones de resistencia civil de nuestro movimiento en todo el país.
La Comisión de Acciones Inmediatas dotará de un instrumento eficaz a nuestro movimiento, en el procesamiento de la información necesaria para planear y convocar, junto con las otras comisiones, a las movilizaciones y acciones de resistencia civil que se requieran para defender el petróleo, los derechos del pueblo y la soberanía nacional,
En esta nueva etapa, el Movimiento, como expresión del pueblo organizado que resiste las políticas contrarias al interés nacional, se halla ante una responsabilidad histórica, pues no sólo debe actuar para defender a los pobres, a los humillados y a los excluidos, para reivindicar el patrimonio de la Nación , para ampliar el derecho a la información y para combatir la corrupción y la impunidad, sino que también debe sentar las bases para construir una República democrática, justa y libre.
Esta responsabilidad es tarea de todos. Manos a la obra.
¡Viva el Movimiento en defensa del Pueblo, del Petróleo y de la Soberanía Nacional !
¡Viva el pueblo de México!
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