FAP 4. Motivos de la iniciativa

El FAP plantea definir un programa de desarrollo de la industria petrolera dentro de un Programa Nacional de Energía, derivado a su vez de una política energética de Estado. Se plantea un Pemex “sin ingerencia de extranjeros” vinculado con “todas” las formas disponibles de energía y que garantice el respeto de la Constitución. En 12 puntos se propone un programa para el desarrollo y fortalecimiento de Pemex. Este discurso corresponde a la Exposición de motivos de la iniciativa energética del FAP. En todos los casos, se elude la privatización energética en marcha que ya desnacionalizó a la industria eléctrica, a la petroquímica y parte de la del gas natural.

Exposición de motivos

El 25 de agosto de 2008, el Frente Amplio Progresista (FAP) entregó al Senado de la República una “Iniciativa con proyecto de decreto que crea, adiciona, modifica y deroga diversas disposiciones en materia del sector energético nacional”.

Se anunció en los medios que se trataba de una “iniciativa ciudadana” elaborada por “intelectuales y expertos”. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que aceptaba íntegramente la propuesta “sin quitarle una sola coma”. Cuauhtémoc Cárdenas, por su parte, expresó también su apoyo a la iniciativa de marras. El PAN y el PRI se han mantenido callados. Algunos de los invitados por el FAP han participado en Foros, otros han escrito en la prensa o declarado a los medios. Todos se han referido a la parte “buena” de la iniciativa, ninguno ha sido crítico ni ha explicado el fondo de las propuestas.

Hasta ahora, los “expertos” se han referido a los motivos de la iniciativa del FAP, no así al contenido de la misma. La burocracia política ha sido más superficial aún.

La Exposición de motivos indica las razones que llevan a proponer la iniciativa describiendo a ésta. Sin embargo, la Exposición NO tiene validez legal solamente expresa la llamada “intención del legislador”. Lo que vale y es votable son las propuestas concretas expresadas en el articulado de las leyes a considerar.

En esta entrega, el FTE de México analiza la Exposición de Motivos de la iniciativa energética del FAP; en las siguientes, se abordarán las leyes específicas.

I. Contexto de las propuestas

Señala el FAP que “los contenidos” de las iniciativas del gobierno federal “se limitan a la reestructuración” de Pemex y que, “en el debate nacional”, “ha quedado clara la necesidad de definir un programa de desarrollo de la industria petrolera dentro de un Programa Nacional de Energía, derivado a su vez de una política energética de Estado”.

El FTE considera que las propuestas de Calderón so “se limitan a la reestructuración” de Pemex sino a la desnacionalización. Por otra parte, lo que se necesita es una “política energética de la nación”, independiente del imperialismo, del Estado y del charrismo sindical.

El FAP indica que las iniciativas oficiales, de Calderón y el PAN, “carecen de ese marco indispensable” y que expresan “un discurso contrario a lo que su propuesta de reforma contiene”. Algo similar ocurre con las iniciativas presentadas por el PRI, se dice.

Luego, el FAP delinea lo que sería “un Pemex fuerte, pero pleno de sus facultades constitucionales, sin ceder (sic) a la iniciativa privada sus áreas de exclusividad, autónomo (sic) en el manejo de sus recursos y de sus acciones, con un régimen fiscal no confiscatorio, equitativo y justo para el buen desempeño de sus funciones, pero con los controles ciudadanos (sic) que garanticen transparencia y honestidad, eficiente ... sin relajar las normas al límite de la discrecionalidad de sus funcionarios”.

Se plantea “un Pemex de todos los mexicanos sin ingerencias de extranjeros” (sic). Se expresa a “un Pemex con ductos y refinerías, propiedad de la Nación; sin contratos de riesgo ni de servicios mútiples, …; con una estructura integrada, con capacidades de gestión y con recursos suficientes …, con mecanismos de supervisión y control internos y externos adecuados y con un sindicato democrático …”.

También se propone “un Pemex que promueva la ingeniería mexicana, la industria del país y el desarrollo científico y tecnológico nacionales …”, así como “un Pemex vinculado con todas las formas disponibles de energía …”.

Se expresa “la importancia del petróleo en el contexto geopolítico mundial” y se dice que “ese es el Pemex que quiere la mayoría de los mexicanos”. El FAP agrega que “estas manifestaciones que podrían considerarse sólo una larga serie de buenos deseos, son expresión de situaciones perfectamente asequibles si la conciencia política (sic) de quienes tienen la responsabilidad de las grandes decisiones nacionales (sic), nuestros congresistas (sic), se pone en armonía con los derechos y las necesidades de los mexicanos …”.

Los “buenos deseos” del FAP se diluyen poniéndolos en manos de “nuestros congresistas” quienes no tienen ninguna “conciencia política” acorde con la nación viviente y a quienes NO corresponden las “grandes decisiones nacionales” pues eso corresponde al pueblo mexicano en ejercicio de su soberanía. Las decisiones sobre Pemex implican “decisiones políticas fundamentales”, no únicamente formales ni legislativas.

Expresa el FAP “atender las necesidades sin compartir una sola molécula (sic) de nuestros hidrocarburos” e insiste en una “política energética del Estado Mexicano … cuyo objetivo esencial es su soberanía y su seguridad energética”.

Al respecto, se indica que esa política “considere la transición energética. Agrega que “una propuesta que solo busca reformar a Pemex es notoriamente insuficiente e inadecuada. Más aún, cuando persigue instaurar las condiciones para que capitales privados constituyan corporaciones que se beneficien del transporte y almacenamiento de hidrocarburos y derivados, de la refinación del crudo y de las labores de exploración y extracción de hidrocarburos, en especial en algunas zonas del país y, sobretodo, del Golfo de México”.

El FAP indica que tanto las propuestas de reforma energética del PAN como las del PRI, “implican la sobreexplotación del recurso, el sostenimiento de una cuantiosa plataforma exportadora de crudo, el creciente desmantelamiento de Pemex, la participación abierta o encubierta de transnacionales y el uso de la mayor parte de los ingresos por exportación de crudo para financiar el gasto corriente del sector público”.

II. Política energética de Estado

En este apartado, el grupo del FAP encargado de la elaboración del documento en cuestión señala que “desde hace varios lustros los gobiernos en turno decidieron incrementar la extracción de crudo” y que, esto, “se acompaña de una baja en la tasa de restitución de reservas y agotamiento acelerado de los yacimientos actuales”.

Se indica que “crece notablemente la participación de los ingresos provenientes de la industria petrolera en los ingresos del sector público” y que “hay una petrolización de las finanzas públicas, sin que los recursos se destinen a la inversión”, que “existe un crecimiento en el consumo de hidrocarburos sustentado en las importaciones y un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero” y que, cada vez, es “mayor la participación de las industrias energéticas transnacionales en actividades reservadas por la Constitución al Estado”.

Se expresa que una política energética de Estado debe “garantizar el respeto del pacto social fundamental expresado en la Constitución” y “convertir a Pemex en una palanca del crecimiento general de la economía, incluido su papel como auxiliar de la hacienda pública”, así como “reconocer al petróleo como un recurso no renovable y de amplio uso económico”.

Tal política de Estado “debe considerar como elementos estratégicos: la soberanía y seguridad energéticas, la disminución de la proporción del ingreso petrolero en la recaudación federal, la mejora de la productividad energética, los menores impactos ambientales, la mayor participación de las energías renovables, una adecuada tasa de restitución de reservas de hidrocarburos, la satisfacción de las necesidades energéticas básicas de la población, el fortalecimiento de las entidades públicas del sector energético y el apoyo a la investigación y el desarrollo tecnológico nacionales”.

Se habla de “un programa de largo plazo que incluya todas las fuentes de energía y la eficiencia energética”. También se dice que “las exportaciones de crudo deben ir disminuyendo a un nivel adecuado en función de las necesidades financieras del país y su contribución al presupuesto público nacional, sustituida por ingresos provenientes del gravamen real a las grandes empresas privadas y las personas en las que se concentra una elevada proporción del ingreso nacional”.

Después, se hacen consideraciones para la “mejora de la productividad energética”, “menores impactos ambientales de la producción y consumo de energía”, “mayor participación de las energías renovables”, una “adecuada tasa de restitución de reservas de hidrocarburos” incluyendo el establecimiento de una “reserva estratégica”, la “satisfacción de las necesidades energéticas básicas de la población”, el “fortalecimiento de las entidades públicas del sector energético” y el “fortalecimiento de la investigación y el desarrollo tecnológico nacional”.

III. Programa para el fortalecimiento y desarrollo de Pemex

En esta parte el FAP reitera varios de los puntos señalados en el Programa de Acción Inmediata para Pemex, indicados en Anexo al Decreto de Presupuesto de la Federación para 2009, de las reformas propuestas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
“1. Recursos suficientes para Pemex”.

Primero, se indica que “Pemex es el organismo público descentralizado encargado del aprovechamiento de los hidrocarburos”, ya que, “en esta materia no pueden darse contratos”. La expresión es correcta y se invoca a la Constitución pero, también, a la Ley Orgánica de Pemex y a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, mismas que permiten la privatización de la petroquímica “secundaria” y del gas natural.

Luego, se propone un “presupuesto adecuado para el plan estratégico de desarrollo” para atender “los programas de exploración y explotación definidos en la plataforma estratégica” (sic), “recursos suficientes para atender las inversiones que reclama su operación, mantenimiento y desarrollo”, “revisar la aplicación de los excedentes petroleros y evitar la discrecionalidad en su distribución”, “utilizar parte de los excedentes petroleros para atender los rezagos en refinación, ductos, recuperación de reservas y desarrollo tecnológico”, “otorgar a Pemex autonomía presupuestal (sic) y establecer un nuevo régimen fiscal”, “basar la contribución fiscal de Pemex fundamentalmente en impuestos indirectos” y “que el gobierno absorba gradualmente (sic) la deuda de los PIDIREGAS”.

“2. Pemex: industria integrada”.

Se critica la creación de las subsidiarias de Pemex en 1992 y se dice que esta organización “ha evitado una política de planeación integral en materia petrolera y ha limitado la inversión en refinación, petroquímica, almacenamiento y distribución; dañando severamente a Pemex”.

Después se propone “reestablecer a Pemex como una industria plenamente integrada” sin explicar en qué consiste tal integración. Se indica a que debe reconocerse “a todas (sic) las actividades de la industria petrolera y por tanto la exclusividad de Pemex en la propiedad, control y operación de las mismas”. No se especifica, sin embargo, qué es “la industria petrolera”.

NO se toca el fondo privatizador

“3. Inversión en exploración y restitución de la producción de petróleo a niveles sustentables”.

Se menciona que la disponibilidad de recursos le permitiría a Pemex invertir en proyectos urgentes “sobretodo para mantener la producción de crudo en campos existentes y recuperar reservas” dirigiendo los esfuerzos “principalmente a las aguas someras y tierra”.

Luego, se vuelve a repetir el “esfuerzo sostenido” en investigación y desarrollo para acumular “la capacidad de negociación en la compra (sic) o renta (sic) de la tecnología”. Como hemos señalado previamente, reiteramos que ese “esfuerzo” para negociar la “compra” o “renta” de tecnología NO es ninguna investigación ni desarrollo, ni la única alternativa.

“4. Redefinición de la política de precios entre las diversas entidades”.

Aquí se indica que “deben adecuarse los precios de transferencia de crudo, los condensados y el gas para el procesamiento que realiza el propio Pemex”, ya que, actualmente Pemex Exploración y Producción (PEP) le vende a las demás filiales a precios internacionales.
Se indica, también, la “autosuficiencia en gas natural a través del uso de derivados de petróleo con nuevas tecnologías y fuentes renovables, y el uso eficiente de este gas”.

El FAP critica el crecimiento de la generación eléctrica basado en la utilización de plantas privadas de ciclo combinado a base de gas natural. La preocupación es correcta pero superficial, el FAP se preocupa por el uso del gas pero NO indica NADA respecto a la propiedad privada de las centrales, es decir, la privatización eléctrica furtiva se elude.

También, dice que “son necesarios el ahorro y uso eficiente del gas natural” y que, en particular, “es urgente eliminar la quema de gas natural” y “la instalación de nuevas plantas de procesamiento de gas natural”.

Asimismo, se critica la política que ha generado pérdida de seguridad energética “por sustentarse en combustibles importados” y se propone reorientar “la política de fuentes de generación de electricidad hacia su diversificación”.

“6. Autosuficiencia en gasolinas y diesel a través del aumento en la capacidad instalada de refinación y medidas de eficiencia, ahorro y sustitución de combustibles para el transporte”.

Se critica que no ha habido inversión en nuevas refinerías, así como, el crecimiento en las importaciones de petrolíferos y se propone una “política de eficiencia energética y sustitución de combustibles en el sector transporte”. Entre otras medidas, el FAP propone combustibles alternos “como el diesel y el etanol a partir de la caña de azúcar”, “el uso de motores híbridos”, revisar “las normas de rendimiento mínimo de combustible” y promover a nivel nacional “el uso del transporte público”. También se propone aprovechar “al máximo la capacidad instalada de refinación” y se indica que “la construcción de nuevos trenes de refinación debe reorientarse tanto al suministro de gasolinas y diesel, como a la producción de combustibles para generación de electricidad y a la producción de materias primas para la petroquímica”.

“7. Modernización y ampliación de la red de ductos”.

Las consideraciones al respecto se orientan “al mantenimiento como a la nueva infraestructura”. Se plantea “fortalecer las estructuras organizacionales de los sectores de ductos”, “proporcionar los servicios de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo”. Se dice que estas actividades “pueden ser realizadas” por personal de Pemex y, en el caso del mantenimiento correctivo, “dependiendo de su grado de complejidad y magnitud, podrán ser ejecutadas por contratistas nacionales a través de contratos de obras específicos, debidamente licitados”.

“8. Fortalecimiento de la petroquímica”.

El FAP parte de reconocer que las reformas legislativas petroleras de 1995 fracasaron y la petroquímica “se deprimió a tal grado que se cerraron plantas y líneas de producción y las importaciones crecieron”. Se indica que ha habido pérdidas “por tener plantas fuera de operación” y se pone como ejemplo “el etileno” que es uno de los productos estratégicos porque del mismo se derivan múltiples productos secundarios.

Sin embargo, el FAP vuelve a omitir las causas, es decir, las inconstitucionales reformas a la Ley reglamentaria petrolera y, al respecto, NO dice NADA. Al contrario, después de quejarse y sin tomar acciones coherentes, contradictoriamente indica que “la iniciativa privada puede y debe (sic) hacer la transformación secundaria de este carburo de hidrógeno” (el etileno).

Otro ejemplo es “el amoníaco”, materia prima de los fertilizantes nitrogenados. El FAP señala que “Pemex ha desmantelado y vendido varias de sus plantas productoras de amoníaco a la iniciativa privada, sin embargo, no se cubren las necesidades del país”. Al respecto, el FAP no acierta a resolver sus contradicciones pues indica que “con esto se garantiza la producción de amoníaco por el Estado a bajo costo y se asegura la materia prima económica para la producción del fertilizante, dónde las empresas privadas realizarían esta transformación (sic)”.

“9. Inversión en investigación y desarrollo”.

El FAP propone, en general, “el fortalecimiento del Instituto Mexicano del Petróleo, con apoyo económico suficiente para realizar un programa (sic) agresivo (sic) de ciencia y tecnología, vistas las necesidades de Pemex y de la imperiosa transición energética”, “la integración de un fondo para el desarrollo científico y tecnológico para la transición energética”, y “el apoyo a las instituciones de educación superior”.

“10. Transparencia y freno a la corrupción”.

Este grupo del FAP propone “realizar auditorías integrales e independientes a Pemex, CFE y Comisión Reguladora de Energía acerca del otorgamiento y uso de PIDIREGAS, permisos y contratos a generadores privados de energía eléctrica, contratos de servicios múltiples, contratos para la adquisición de gas natural y destino de las plantas de proceso en petroquímica que han sido desmanteladas y vendidas a compañías privadas”.

Para la transparencia y freno a la corrupción “deben considerarse controles institucionales internos y externos y vigilancia ciudadana (sic) que garanticen (sic) transparencia, pertinencia y eficiencia y eviten (sic) la corrupción”. Y, ¿la corrupción sindical?

Contratismo “con procedimientos”

“11. Mayor agilidad a la operación de Pemex y contratación con empresas privadas”.

Se critica “la contratación de empresas transnacionales para la ingeniería y ejecución de proyectos que viene realizando Pemex” y se plantea “eliminar la contratación sistemática con empresas extranjeras, así como revitalizar las firmas nacionales de ingeniería, las empresas (sic) y cooperativas (sic) de trabajadores, así como consultores y proveedores nacionales”.

Luego, se propone “cambiar la forma de contratación de los proyectos de inversión de Pemex”, asignándolos a “los proveedores de menor costo y mayor calidad y no solo a los que pueden obtener financiamiento”, con la obligación de participar “en una licitación pública y/o otros procedimientos de competencia” (sic). También se dice que “se debe prescindir de los PIDIREGAS para nuevos proyectos y en su lugar utilizar deuda directa, cuando sea necesaria”.

Después, se propone “promover empresas de capital nacional” y “establecer un Programa Sectorial de Política Industrial”.

Asimismo, se propone “exceptuar a Pemex, CFE y otras instituciones públicas del sector energético de todos (sic) tratados de libre comercio en los que se han comprometido las compras del sector de energía gubernamental (sic)”. Eso no está bien, porque en México, constitucionalmente, el sector de la energía NO es “gubernamental”, es de la nación.

Finalmente, se dice que “es imprescindible eliminar a los denominados “de llave en mano”. Es necesario acudir preferentemente (sic) a los contratos por administración”.

“12. Yacimientos transfronterizos”.

En este rubro se reitera lo indicado en el Programa de Acción Inmediata para Pemex indicando que “una comisión plural” del Senado y la secretaría de relaciones exteriores inicie de inmediato “negociaciones para ampliar la moratoria relativa a la explotación de los yacimientos comprendidos en el llamado Polígono Occidental, delimitando en la negociación del tratado de límites marítimos con Estados Unidos” y, también, las acciones diplomáticas para “definir los criterios aplicables a la eventual explotación de los yacimientos transfronterizos” con Estados Unidos, Cuba, Belice y Guatemala.

Comentarios del FTE

Comparada con las iniciativas del PAN y del PRI, la Exposición de Motivos del FAP es diferente pero, a la vez, incompleta. Muchas de las afirmaciones quedan al nivel del discurso. El FAP habla de un Pemex “sin compartir una sola molécula de nuestros hidrocarburos” pero, por omisión, exceptúa a las moléculas del gas natural, que siendo las de un hidrocarburo gaseoso, ya están privatizadas tratándose de la distribución, transporte y almacenamiento del gas natural y del gas LP, actividades que son parte del proceso de trabajo petrolero.

La “política energética de Estado” que se promueve critica la “cada vez mayor participación de las industrias energéticas transnacionales en actividades reservadas por la Constitución al Estado”. ¡Correcto! Pero no hay congruencia al evitar referirse a las inconstitucionales reformas legislativas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, de 1992 y 1995, respectivamente.

Se indica que se debe “garantizar el respeto del pacto social fundamental expresado en la Constitución política”, cuando ese pacto ha sido roto por los gobiernos en turno. Se plantea incluso una “mayor participación de las energías renovables” que también están ya en proceso de privatización, sin hacer ninguna crítica al respecto.

De esta manera, la consideración de “Pemex: industria integrada” se reduce a los aspectos formales y administrativos, sin atender al proceso de trabajo completo. Se insiste que en materia de hidrocarburos “no pueden darse concesiones” pero los permisos privados otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ni siquiera se mencionan.

El caso de la sustitución de combustibles para el sector transporte, la “producción de etanol a partir de la caña de azúcar”, es discutible, lo mismo que un Pemex “autónomo”. Si de cultivar las tierras se trata, debe ser para producir alimentos. Además, la producción de amoníaco, la del etileno y su transformación debe ser realizada por Pemex no por el sector privado.

La auditoría integral a la CRE es una simpleza, lo que debe proponerse es desaparecer a ese veneno privatizador del Banco Mundial. A la nación no interesa saber cuántos permisos ha otorgado sino que deje de hacerlo. Sabido es que, al 13 de junio de 2008, la CRE había entregado 742 permisos privados de generación eléctrica y 200 en materia de gas natural.

La crítica al uso del gas natural para las plantas privadas de ciclo combinado es correcta pero insuficiente. El problema no es solamente la utilización de combustibles importados sino el proceso de privatización eléctrica furtiva que llega ya al 47% de la generación eléctrica total a nivel nacional. Al respecto, el FAP NO dice NADA. Eso es incorrecto.

Finalmente, la Exposición de Motivos no tiene validez legal, la argumentación (cualquiera que sea) no forma parte de la iniciativa de ley, ni del decreto correspondiente. Lo importante son las iniciativas mismas. ¿Hay correspondencia entre el discurso y las propuestas específicas contenidas en los proyectos de modificaciones y/o adiciones a las leyes secundarias propuestas?

Frente de Trabajadores de la Energía, de México