lunes, 14 de julio de 2008

Utopía

Con la misma piedra

Eduardo Ibarra Aguirre

Como aliado del grupo gobernante, José Luis Soberanes Fernández avaló que violentando el orden constitucional el Ejército fuera convertido en actor central de la seguridad pública, en detrimento de la soberanía nacional, y ahora se sorprende por la sistémica violación de los derechos humanos y emplaza al “Ejecutivo a establecer fecha para que los militares regresen a sus cuarteles y la PFP se haga cargo de la seguridad”.

Es una obligación elemental que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos vigile el respeto a éstos por los poderes públicos y documente las violaciones en que incurren, como lo acaba de hacer respecto al Ejército.

El balance del 1 de diciembre de 2006 al 17 de mayo de 2008 es así: 634 quejas contra militares. De ellas 250 por ejercicio indebido de la función pública, 221 por cateos, 182 por tratos crueles, 147 por detenciones arbitrarias, 85 por robo, 41 por amenazas y 32 por intimidación. Siete civiles asesinados, entre ellos un menor, sin que los micrófonos, pantallas y páginas de la mediocracia se percataran.

Lo anterior refleja parte de una terrorífica como antigua realidad que desde octubre de 1993, con la propuesta académica del ombudsman militar dada a conocer por Forum, empieza a trascender. Una buena cantidad de ilícitos castrenses se convierten en rabia contenida entre las víctimas porque el Ejército es más temido que respetado.

Tras presentar las recomendaciones de la 29 a la 36 de 2008, el jurista alertó que “la PGR busca amedrentarnos con demandas judiciales”. Y pidió a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa “llame a cuentas” a Eduardo Medina-Mora Icaza, poseedor de recomendaciones incumplidas por los brutales excesos policiacos contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, San Salvador Atenco, estado de México, y Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuando era secretario de Seguridad Pública. Antes se desempeñó como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Todo el espectro que permite un Estado antidemocrático.

Pero más que el desencuentro con el procurador general de la República, mismo que también tuvo con Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández --el notario público de Vicente Fox Quesada que también despachó en Reforma y Río Guadiana y ahora cobra como subsecretario de Gobernación--, importa la visión optimista del doctor Soberanes al llamar a impedir que “el país se vuelva campo de batalla, como Chicago en los años 20”.

Primero guardó silencio cuando se decretó “la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado”, más como una vía de legitimación presidencial –el quinazo de Calderón-- que como cruzada del Estado y la sociedad que no se realiza a balazos, retenes y mucha propaganda, sino con labores de inteligencia y de cierre de los amplios circuitos financieros y bursátiles que permiten el lavado de dinero de cara al país, sin que nadie sea molestado.

Soberanes Fernández supone que es la falta de capacitación de los militares y que con cursos, diplomados y oficinas burocráticas que sirven para dar empleo a la gigantesca cabeza del pequeño cuerpo castrense que tiene sus propios tribunales en los que el alto mando es juez y parte, se podrá afrontar la sistémica violación de los derechos humanos.

No entiende el doctor, como tampoco el divisionario Félix Galván Gaván y el comandante supremo de las fuerzas armadas, que es la consecuencia natural por asignarles tareas policiacas a hombres y mujeres formados para combatir con las armas en la mano a los enemigos del país, para hacerse cargo de la seguridad nacional y no de la seguridad pública.

Amén de que son instituciones cerradas al escrutinio público, negadas a la rendición de cuentas al Congreso de la Unión y no sometidas a la civilidad del Estado. Actúan como uno más de los poderes fácticos.

Acuse de recibo

Por la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda Esquivel, expresa: “Recibe un abrazo y toda nuestra solidaridad al periodismo combativo, honesto e independiente que ha caracterizado vuestra labor profesional, así como la de todos quienes hacen posible contar con ese instrumento de verdad y lucha. Todo nuestro apoyo a la revista Forum. Adelante”... Comenta el general y doctor José Francisco Gallardo Rodríguez: “En el mismo sentido que Utopía describe con exactitud la actuación de la CDHDF en el caso lamentabilísimo de News Divine, donde el ombudsman capitalino pone sobre la mesa los procedimientos sistemáticos de operar de la policía, "un abuso institucionalizado de abuso poder", tolerado y auspiciado desde la máxima autoridad; el caso de la censura a Forum a través del ahogamiento económico, el gobierno federal utiliza los recursos destinados a la publicidad en forma selectiva para castigar o premiar a sus críticos o seguidores, igual es una forma institucionalizada de abuso de poder que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no detecta como violación a los derechos humanos vía derecho a la información.” … “Un abrazo solidario”, envía el doctor Agustín Basave Benítez.

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