CHIAPAS: Demandan indígenas la liberación de 33 presos, acusados de participar en la matanza de Acteal. (Fuente: apro). Tuxtla Gutiérrez.

Con el argumento de que son inocentes, más de 100 indígenas, la mayoría mujeres y niños, realizaron hoy una manifestación para exigir la libertad de por lo menos 33 personas de más de 70 señaladas como presuntos paramilitares, que participaron en la masacre de 45 tzotziles del grupo civil Las Abejas, perpetrada en el paraje de Acteal el 22 de diciembre de 1997.

Con mantas, pancartas y coreando consignas, ese grupo de indígenas de diversas comunidades del municipio de Chenalhó llegaron a la plaza central de esta ciudad, donde demandaron la intervención del gobernador Juan Sabines Guerrero, para liberar a los presos, los cuales han pasado 10 años en la cárcel por un suceso del que, dijeron, no son responsables.

Originaria de la comunidad La Esperanza, municipio de Chenalhó, Estela Luna Pérez, una indígena líder del grupo de mujeres y niños que llegó hoy a esta ciudad dijo que sus familiares son “inocentes de la matanza”. Señaló que su padre, Bartolo Luna Pérez, fue detenido el 25 de diciembre de 1997, cuando el camión en el que iba fue interceptado por los policías estatales que vigilaban la marcha fúnebre de familiares y amigos que llevaban a enterrar a los 45 muertos masacrados tres días antes. Añadió que, al ser señalado como presunto responsable de la masacre, su padre fue bajado en forma violenta del camión.

"Mi papá nada tuvo que ver con la masacre. No tenía porqué arriesgarse a que lo capturaran si hubiera sido responsable. El se hubiera escondido en el monte, pero no tenía porque hacerlo porque es inocente. Por más que dijimos a los jueces y ministerios públicos que lo acusaron que el día de la matanza mi papa estaba cortando café en su predio, no nos hicieron caso y lo condenaron a más de 30 años de prisión. Eso no se vale", señaló.

Agregó que su padre, ahora de 74 años de edad, está enfermo. Dijo: “Yo le pido al gobernador Juan Sabines que así como se dice defensor y promotor de los derechos de los viejitos, que nos ayude, que intervenga para liberar a mi papá. Queremos que, si va a morir, que sea con nosotros, no en esa prisión".

Luna Pérez dijo que lo que más le duele es que, junto con su padre, también se llevaron a sus hermanos, Miguel y Manuel Luna Pérez. El primero fue detenido el 22 de diciembre de 1997 y procesado por diversos delitos, y el segundo fue aprehendido el 29 de junio de 1998. Añadió que su lucha es apoyada ahora por el “Comité de familiares y amigos de los inocentes presos por el caso Acteal".

Contó que durante 10 años las esposas de más de 70 indígenas presos han “vivido en la miseria sin un esposo que las apoye, y los niños han tenido que dejar la escuela para incorporarse a las labores del campo para poder llevar algo de comer a la casa”. Si el gobierno no atiende sus demandas, regresarán en un mes y realizarán un plantón indefinido, pues "no es posible que, a raíz de la matanza de Acteal, se haya llevado a prisión a gente inocente".

Además del padre y los dos hermanos de Luna Pérez, ese comité tiene una lista de 33 presos acusados de diversos delitos derivados de la matanza.

Entre los reclamados figuran: Lorenzo Ruiz Vázquez, Andrés Méndez Vázquez, Pedro Girón Méndez, Alonso López Arias, Antonio Ruiz Pérez, Elías Luna Pérez, Antonio Gutiérrez Sántiz, Bartolo Pérez Díaz, José Ruiz Tzucut, Rafael Luna Vázquez, Manuel Luna Vázquez, Pedro López López, Alonso Jiménez Entzin, Mariano Pérez Jiménez, Lorenzo Gómez Jiménez, Juan Sántiz Vázquez, Sebastián Méndez Arias, Julio Etnzin Guzmán, José Pérez Pérez, Florencio Pérez Jiménez, Mariano Pucuj Luna, Antonio Pucuj Luna, Mariano Díaz Chicario, Elías Lunas Vázquez, Armando Guzmán Luna, Víctor López López, Nicolás Hernández Vázquez y Lorenzo Ruiz Vázquez.

Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que ha defendido a los familiares de las 45 víctimas de Acteal, inicialmente 87 indígenas fueron procesados en siete causas penales. De ellos, al menos seis fueron absueltos el 16 de noviembre de 2001. El juez consideró que no existían elementos que acreditaran su responsabilidad, a pesar de que fueron reconocidos por sobrevivientes y testigos de cargo.

Otros 27 enfrentan penas de entre 35 y 40 años de prisión después de haber agotado todos los recursos legales e, incluso, el juicio de amparo. Otros 49 fueron condenados –el 23 de julio y 1 de octubre del 2007-- a 26 años de prisión. . Otros dos indígenas fueron condenados a 25 años de prisión, pero fueron liberados debido a su edad y salud. Otros dos indígenas tzotziles bajo proceso esperan les sea dictada nuevamente sentencia de primera instancia, ya que hubo reposición de procedimiento. Faltan por ejecutarse otras 27 órdenes de aprehensión en contra de indígenas. Todos son acusados de los delitos de homicidio calificado, lesiones calificadas, portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.