DEL ¡POR ESTO!.
“O se es mexicano o se es traidor”
jueves, 31 enero 2008 *
Afirma Andrés Manuel López Obrador al llamar a los coordinadores parlamentarios en las Cámaras de Diputados y Senadores de los tres partidos que integran el Frente Amplio Progresista a cerrar filas y sumarse al paro legislativo en cuanto se presente alguna iniciativa de reforma energética* La convocatoria a la movilización está dirigida también a la Convención Nacional Democrática (CND) y al Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo / El plan de acción deberá correr en dos líneas: 1.- Acciones en la Cámara de Diputados que contemplan la huelga legislativa y 2.- Movilización en las calles / Ambas vertientes incluyen además acciones de resistencia pacífica
http://senderodelpeje.blogspot.com/2008/01/del-por-esto_31.html
jueves, 31 de enero de 2008
Cartones de La Jornada
El honor de Ruth Zavaleta · El Fisgón
Agarrando la pierna · Hernández
TLCAN · Helguera
Legisladores de antes y de ahora
Octavio Rodríguez Araujo
Legisladores de antes y de ahora
Los diputados y senadores de hoy parecen más torpes que los de antes. Esto es cierto y no, a la vez. Lo que ocurría en el pasado era que los legisladores no legislaban, y entonces nadie se preocupaba de seguirles la pista de lo que aprobaban, reprobaban o mandaban al congelador. El Ejecutivo era el principal legislador y las cámaras del Congreso de la Unión lo único que hacían, en el mejor de los casos, era corregir la sintaxis y la ortografía, y no siempre. Digamos que estábamos acostumbrados a que las leyes se nos impusieran y lo único que nos quedaba por hacer era buscarles la vuelta si acaso no estábamos de acuerdo. México es uno de esos países donde no se acaba de aprobar una ley y ya se está buscando cómo burlarla, como el sistema de virus y antivirus en las computadoras, pero sin el negocio de las empresas fabricantes de los antivirus.
En el presente, y desde que el Congreso de la Unión dejó de ser monopolio del Revolucionario Institucional, el Ejecutivo sigue enviando proyectos de leyes, pero ahora no se aprueban en automático. Y, a diferencia del pasado, cuando incluso se rechazaban las iniciativas emanadas de los mismos diputados o senadores (por consigna presidencial), en la actualidad los legisladores sí tratan de legislar, sobre todo los de la oposición, quienes suelen hacerlo sin buscar el visto bueno del Presidente del país. Este es un avance notable que no se ha apreciado suficientemente, como también lo es el hecho de que estemos, los ciudadanos, más pendientes de lo que hacen los diputados y los senadores que antes, cuando sólo eran levantadedos. Pero…
El problema es que, al igual que en el pasado, en el presente se aprueban leyes mal hechas, llenas de agujeros, con fisuras legales que provocan controversias y hasta gazapos que se vuelven motivo de burlas cuando son descubiertos. La diferencia es que ahora sí las vemos, las analizan los juristas, las atacan los que no están de acuerdo y las defienden los que sí. Es decir, se discuten entre la opinión pública y no sólo en las cámaras, aunque frecuentemente esas discusiones no sirven de nada porque ahora también tenemos que soportar a diputados y a senadores que no son independientes y que funcionan por consigna. Y aquí también hay otra diferencia: antes el presidente de México daba consigna a los líderes de ambas cámaras, siempre del PRI, y todos los priístas –la absoluta mayoría– aceptaban esa consigna, con muy raras excepciones. Ahora el Presidente del país trata de hacer lo mismo, pero con los diputados de su partido (el PAN) por medio de la intervención del dirigente panista (Germán Martínez), quien ordena a sus diputados respaldar las políticas de Calderón (La Jornada, 29/01/08). La diferencia, no siempre positiva, es que los demás legisladores, también con excepciones, reciben consignas, en este caso de sus partidos (práctica común en muchos países), que anulan en los hechos su independencia, su libre albedrío y su compromiso con los ciudadanos (que debiera estar por encima de su compromiso partidario).
Lo que ha ocurrido con la elección de los consejeros electorales es sintomático. Se supone que el Instituto Federal Electoral, como órgano estatal autónomo, debería estar compuesto por consejeros ciudadanos no comprometidos con ningún partido. Sin embargo, los mismos diputados de todos los partidos, por someterse a éstos, han partidizado (valga la expresión) sus posibles selecciones de los consejeros del IFE. La lógica que han seguido es la siguiente: si un ciudadano, cualquiera, es propuesto por los diputados de una bancada partidaria, automáticamente ese ciudadano se convierte en un simpatizante de ese partido, independientemente de que lo sea. A partir de ahí se dan las negociaciones, los cabildeos y quizá también los convencimientos mediante promesas no siempre éticas. Búsqueda de consensos, le han llamado. El resultado no sólo ha sido la posposición de la elección de los sustitutos de los tramposos que avalaron los fraudes de la elección presidencial de 2006, sino que ya se les hizo bolas el engrudo. Estos diputados se han burlado de sus mismos plazos legales y, peor aún, de sus propios procedimientos para elegir a los consejeros. Les hicieron exámenes, revisaron sus currículos, los entrevistaron y luego los calificaron, y al final “dice mi mamá que siempre no”. ¿Han actuado como personas inteligentes, libres de presiones, que no sean las de los ciudadanos ahí representados? No. Han actuado en función de intereses partidarios y, ¿por qué no decirlo?, hasta han lesionado la imagen pública de varias decenas de personas honorables y especialistas en asuntos electorales, poniendo en entredicho su autonomía por la única razón de que han sido propuestos por los diputados de un partido. ¿Y quién más podría proponerlos, si la mayoría de los diputados actúan como militantes sumisos de los partidos que los llevaron a la Cámara? Círculo vicioso que será difícil romper.
Bueno sería que ahora, cuando los ciudadanos nos interesamos en lo que hacen los legisladores (interés que no existía antes), los diputados y los senadores actuaran como personas sensatas, inteligentes y dignos representantes de la nación y no de sus partidos. Fueron votados, supuestamente, por su identificación con el partido que los propuso como candidatos. Esto está bien, pues brinda a los ciudadanos la posibilidad de escoger, digamos, entre la derecha, la centro-derecha y la centro-izquierda, tres posiciones políticas más o menos diferenciadas. Pero nadie les dio un cheque en blanco para que subordinen la representación de la nación que tienen por la representación de sus partidos. El papel de los partidos es escoger a sus candidatos, no convertirlos en robots controlados como quieren hacer, explícitamente y como en los viejos tiempos, el presidente del PAN y Calderóng>
http://www.jornada.unam.mx/2008/01/31/index.php?section=opinion&article=026a1pol
Legisladores de antes y de ahora
Los diputados y senadores de hoy parecen más torpes que los de antes. Esto es cierto y no, a la vez. Lo que ocurría en el pasado era que los legisladores no legislaban, y entonces nadie se preocupaba de seguirles la pista de lo que aprobaban, reprobaban o mandaban al congelador. El Ejecutivo era el principal legislador y las cámaras del Congreso de la Unión lo único que hacían, en el mejor de los casos, era corregir la sintaxis y la ortografía, y no siempre. Digamos que estábamos acostumbrados a que las leyes se nos impusieran y lo único que nos quedaba por hacer era buscarles la vuelta si acaso no estábamos de acuerdo. México es uno de esos países donde no se acaba de aprobar una ley y ya se está buscando cómo burlarla, como el sistema de virus y antivirus en las computadoras, pero sin el negocio de las empresas fabricantes de los antivirus.
En el presente, y desde que el Congreso de la Unión dejó de ser monopolio del Revolucionario Institucional, el Ejecutivo sigue enviando proyectos de leyes, pero ahora no se aprueban en automático. Y, a diferencia del pasado, cuando incluso se rechazaban las iniciativas emanadas de los mismos diputados o senadores (por consigna presidencial), en la actualidad los legisladores sí tratan de legislar, sobre todo los de la oposición, quienes suelen hacerlo sin buscar el visto bueno del Presidente del país. Este es un avance notable que no se ha apreciado suficientemente, como también lo es el hecho de que estemos, los ciudadanos, más pendientes de lo que hacen los diputados y los senadores que antes, cuando sólo eran levantadedos. Pero…
El problema es que, al igual que en el pasado, en el presente se aprueban leyes mal hechas, llenas de agujeros, con fisuras legales que provocan controversias y hasta gazapos que se vuelven motivo de burlas cuando son descubiertos. La diferencia es que ahora sí las vemos, las analizan los juristas, las atacan los que no están de acuerdo y las defienden los que sí. Es decir, se discuten entre la opinión pública y no sólo en las cámaras, aunque frecuentemente esas discusiones no sirven de nada porque ahora también tenemos que soportar a diputados y a senadores que no son independientes y que funcionan por consigna. Y aquí también hay otra diferencia: antes el presidente de México daba consigna a los líderes de ambas cámaras, siempre del PRI, y todos los priístas –la absoluta mayoría– aceptaban esa consigna, con muy raras excepciones. Ahora el Presidente del país trata de hacer lo mismo, pero con los diputados de su partido (el PAN) por medio de la intervención del dirigente panista (Germán Martínez), quien ordena a sus diputados respaldar las políticas de Calderón (La Jornada, 29/01/08). La diferencia, no siempre positiva, es que los demás legisladores, también con excepciones, reciben consignas, en este caso de sus partidos (práctica común en muchos países), que anulan en los hechos su independencia, su libre albedrío y su compromiso con los ciudadanos (que debiera estar por encima de su compromiso partidario).
Lo que ha ocurrido con la elección de los consejeros electorales es sintomático. Se supone que el Instituto Federal Electoral, como órgano estatal autónomo, debería estar compuesto por consejeros ciudadanos no comprometidos con ningún partido. Sin embargo, los mismos diputados de todos los partidos, por someterse a éstos, han partidizado (valga la expresión) sus posibles selecciones de los consejeros del IFE. La lógica que han seguido es la siguiente: si un ciudadano, cualquiera, es propuesto por los diputados de una bancada partidaria, automáticamente ese ciudadano se convierte en un simpatizante de ese partido, independientemente de que lo sea. A partir de ahí se dan las negociaciones, los cabildeos y quizá también los convencimientos mediante promesas no siempre éticas. Búsqueda de consensos, le han llamado. El resultado no sólo ha sido la posposición de la elección de los sustitutos de los tramposos que avalaron los fraudes de la elección presidencial de 2006, sino que ya se les hizo bolas el engrudo. Estos diputados se han burlado de sus mismos plazos legales y, peor aún, de sus propios procedimientos para elegir a los consejeros. Les hicieron exámenes, revisaron sus currículos, los entrevistaron y luego los calificaron, y al final “dice mi mamá que siempre no”. ¿Han actuado como personas inteligentes, libres de presiones, que no sean las de los ciudadanos ahí representados? No. Han actuado en función de intereses partidarios y, ¿por qué no decirlo?, hasta han lesionado la imagen pública de varias decenas de personas honorables y especialistas en asuntos electorales, poniendo en entredicho su autonomía por la única razón de que han sido propuestos por los diputados de un partido. ¿Y quién más podría proponerlos, si la mayoría de los diputados actúan como militantes sumisos de los partidos que los llevaron a la Cámara? Círculo vicioso que será difícil romper.
Bueno sería que ahora, cuando los ciudadanos nos interesamos en lo que hacen los legisladores (interés que no existía antes), los diputados y los senadores actuaran como personas sensatas, inteligentes y dignos representantes de la nación y no de sus partidos. Fueron votados, supuestamente, por su identificación con el partido que los propuso como candidatos. Esto está bien, pues brinda a los ciudadanos la posibilidad de escoger, digamos, entre la derecha, la centro-derecha y la centro-izquierda, tres posiciones políticas más o menos diferenciadas. Pero nadie les dio un cheque en blanco para que subordinen la representación de la nación que tienen por la representación de sus partidos. El papel de los partidos es escoger a sus candidatos, no convertirlos en robots controlados como quieren hacer, explícitamente y como en los viejos tiempos, el presidente del PAN y Calderóng>
http://www.jornada.unam.mx/2008/01/31/index.php?section=opinion&article=026a1pol
Que cosas
Comentario
Pues nada, que esta señora (espero que no me mencione en su próxima entrevista, exigiendo que no la llame señora, que mejor le diga Duquesa de San Lázaro ).
Al parecer tiene muchos actos reprimidos y por todo protesta, en una actitud que ella cree muy feminista, pero que la muestra en toda la intolerancia de la que es dueña.
¿Esta es la "izquierda moderna" que se mostró en las internas del partido allá por el 2005, cuando juzgaban a Ebrard como un precandidato que no era de izquierda?, ¿esta es la izquierda moderna y negociadora, que ahora quiere vender el movimiento que encabeza AMLO, al que llama buscapleitos?
Señora, hagale un favor al país, a México, al que ya nos dimos cuenta que usted no quiere y renuncie. Haga esto y deje de hacer el rídiculo
De última hora ( lo agrego con la edición): Dice el pueblo que la reunión que mantuvieron Zavaleta y Mouriño es igual a aquella que llevaron a cabo Cortéz y La Malinche, hace algunos años y que engendró a Martín Cortéz, ¿ cómo llamarán a lo que resulte de su encuentro, Zavaleta y el Virrey Mouriño?, ¿Reforma Energética?
Pues nada, que esta señora (espero que no me mencione en su próxima entrevista, exigiendo que no la llame señora, que mejor le diga Duquesa de San Lázaro ).
Al parecer tiene muchos actos reprimidos y por todo protesta, en una actitud que ella cree muy feminista, pero que la muestra en toda la intolerancia de la que es dueña.
¿Esta es la "izquierda moderna" que se mostró en las internas del partido allá por el 2005, cuando juzgaban a Ebrard como un precandidato que no era de izquierda?, ¿esta es la izquierda moderna y negociadora, que ahora quiere vender el movimiento que encabeza AMLO, al que llama buscapleitos?
Señora, hagale un favor al país, a México, al que ya nos dimos cuenta que usted no quiere y renuncie. Haga esto y deje de hacer el rídiculo
De última hora ( lo agrego con la edición): Dice el pueblo que la reunión que mantuvieron Zavaleta y Mouriño es igual a aquella que llevaron a cabo Cortéz y La Malinche, hace algunos años y que engendró a Martín Cortéz, ¿ cómo llamarán a lo que resulte de su encuentro, Zavaleta y el Virrey Mouriño?, ¿Reforma Energética?
Del Correo Ilustrado de La Jornada de hoy 31 de Enero del 2006
Mensaje a Ruth Zavaleta
Con todo respeto, señora, he visto por el Canal del Congreso la forma en que usted cedió el cuerpo durante la toma de protesta del señor Calderón. ¿Para qué colocarse en una posición tan estratégica en la tribuna, si no la podía defender?
Posteriormente, he sido testigo de sus coqueteos con el Congreso, sus devaneos con el PRI, sus escarceos con el PAN y su manoseo con la derecha del país. Si ha sido usted una cortesana, ¿a qué viene ahora la pose de dama del siglo XVI? ¡Vaya usted y... asuma lo que la izquierda mexicana tiene que decirle! En lo que a mí respecta... ni por solidaridad de género puedo apoyarle. Sólo espero que los caballeros con brillante armadura del PRD que la defendieron antes, guarden hoy un prudente silencio.
Genoveva Suárez Garduño
RESCATAR AL CAMPO 2
Ciudad de México, 30 de enero de 2008
Servicio informativo núm. 333
http://www.serviciodenoticiasisa.blogspot.com
Sumario:
I. Documenta Almazán la sangría fiscal a Pemex
II. Convoca el gobierno legítimo de México a la movilización en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano, Sin Maíz no hay País
III. Rescatar al campo 2, por Alejandro Encinas Rodríguez
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DOCUMENTA ALMAZÁN LA SANGRÍA FISCAL A PEMEX
El panorama político y social no favorece la pretensión de Calderón de privatizar Pemex. Las puertas de una reforma constitucional están prácticamente cerradas y su intención de privatizar por la vía de una reforma a leyes secundarias enfrenta serias dificultades políticas en el Congreso de la Unión, pese a los cabildeos del español Mouriño.
Así lo señaló este día el diputado federal José Antonio Almazán, quien agregó que diversos hechos apuntan a que el gobierno pospondrá hasta después del 18 de marzo la presentación de cualquier iniciativa sobre el tema en el Poder Legislativo, una vez que concluyan las elecciones para renovar la dirigencia del PRD y que en el PRI logren aplacar a una corriente de base y dirección que se opone a la privatización del petróleo.
El también dirigente de los trabajadores electricistas destacó entre los obstáculos que enfrentan “los privatizadores de ultraderecha que encabeza Calderón, las crecientes movilizaciones y conflictos sociales que han estallado a raíz del gasolinazo, el rechazo nacional al capítulo agropecuario del TLC que terminará por arruinar al campo mexicano, la oposición fortalecida a la ley del ISSSTE y el repudio a la reforma judicial constitucional que busca criminalizar a la resistencia social al neoliberalismo”.
Almazán interpreta así la reciente declaración de Felipe Calderón, demandando un diagnóstico “honesto y objetivo” sobre Pemex, con lo que “busca ganar tiempo para sortear el temporal de conflictos sociales que tiene encima e implícitamente es un reconocimiento de que su estrategia inicial de imponer por vía de un fast track la reforma energética ha fracasado”.
El representante del Sindicato Mexicano de Electricistas en la Cámara de Diputados agregó que el diagnóstico que solicita Calderón “es una muletilla que utiliza con frecuencia para salir al paso, como ocurrió hace un año, el 18 de marzo de 2007, cuando al escuchar el informe del director general de Pemex, en Ixhuatlán, Veracruz, reconoció el diagnóstico objetivo de la situación que guarda la principal paraestatal de México. Por lo visto, de nada le sirvió a Felipe Calderón su meteórico paso por la Secretaría de Energía de septiembre de 2003 a mayo de 2004”, indicó Almazán.
Al ahondar sobre la situación objetiva que guarda la paraestatal, José Antonio Almazán señaló que “las propias cifras oficiales echan por tierra las principales falacias privatizadoras, como es el caso de la mentira de que Pemex no cuenta con los recursos de capital suficientes para resolver su crisis y afrontar su modernización”.
Según el diputado electricista, “un somero recuento de la historia financiera de Pemex, de 1938 a la fecha, conforme a datos oficiales, nos muestra que la situación de crisis financiera de Pemex obedece a una deliberada política neoliberal para descapitalizar a la empresa más importante de México y de América Latina en el ramo energético, para después utilizarla como un argumento a favor de la participación del capital privado en materia de petróleo y contradiciendo lo que establece el párrafo sexto del artículo 27 constitucional”.
Contundente, José Antonio Almazán señaló: “El diagnóstico que solicita Calderón para ganar tiempo y sortear la crisis que enfrenta, está a la vista de todos y su solución radica en terminar con la criminal sangría a la que se ha sometido a Pemex”, a lo cual agregó las siguientes cifras, que confrontan los ingresos de Pemex con el monto de impuestos que se le ha obligado aportar al erario, mismos que han llegado a ser de hasta 60%.
Conforme a datos de los Anuarios Estadísticos de Pemex, en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas (1938-1940), sus ingresos fueron de 938 millones de pesos y aportó por concepto de impuestos 196 millones, es decir, 20.5 por ciento de sus ingresos. Con Ávila Camacho (1941-1946), Pemex tuvo ingresos por 2 770 millones de pesos, y pagó 608 millones de pesos en impuestos, 22.1%. Con. Alemán 1947-1952), los ingresos de la paraestatal fueron de 9 303 millones y sus impuestos de 1 636 (17.9%). En el periodo presidencial de Ruiz Cortines (1953-1958), ese porcentaje siguió disminuyendo, a 15.6%, con ingresos de 19 144 millones e impuestos de 2 939 millones.
La disminución continuó con López Mateos (1959-1964), cuando pagó en impuestos sólo 13.1% de sus ingresos (5 109 millones de pesos de 38 879 que tuvo de ingresos) y con Díaz Ordaz (1965-1970), cuando la paraestatal registró ingresos por 64 397 millones de pesos y pagó 8 292 millones de impuestos, 12.9%.
A partir de esa fecha, el porcentaje de impuestos que pagó Pemex en relación con sus ingresos empezó a crecer: con Echeverría (1971-1976) pagó 16.3% de sus ingresos, es decir, 29 345 millones de pesos de un total de 165 529. Con López Portillo (1977-1982), la sangría empezó a ser grave, pues pagó 37.3% de sus ingresos por concepto de impuestos, es decir, 840 796 millones de pesos de un total de 2 284 981.
Establecidas las políticas neoliberales en materia económica, la dinámica de empobrecer a Pemex por la vía fiscal continuó, con porcentajes de impuestos de 48.3% con De la Madrid (1983-1988), de 51.9% con Salinas (1989-1994), de 59.5% con Zedillo (1995-2000) y de 60% con Fox (2001-2006). En esos sexenios, ingresos e impuestos fueron: 70 304 y 32 793, 413 869 y 217 099, 1 756 290 y 1 051 525, y 4 342 702 y 2 593 121, respectivamente.
Este panorama de permanente y creciente sangría fiscal es con el que se quiere justificar la entrada de inversión privada a Pemex, concluyó José Antonio Almazán.
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CONVOCA EL GOBIERNO LEGÍTIMO DE MÉXICO A LA MOVILIZACIÓN EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA REACTIVACIÓN DEL CAMPO MEXICANO, SIN MAÍZ NO HAY PAÍS
Al anunciar que los secretarios del gobierno legítimo de México Laura Itzel Castillo, Mario di Costanzo, Asa Cristina Laurell, Bernardo Bátiz, Raquel Sosa y Gustavo Iruegas estarán presentes en la movilización convocada para mañana 31 de enero, que tiene como propósito rechazar las alzas de precios en los productos básicos y la desgravación del maíz, frijol, leche en polvo y caña de azúcar, en el contexto de la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el gobierno legítimo de México que encabeza Andrés Manuel López Obrador llamó a todos los mexicanos a incorporarse a esta acción, para lo cual anunció que sus representantes estarán citados en esa fecha, a las 3 de la tarde, en el Monumento a la Revolución frente al Frontón México.
Cabe señalar que la marcha ha sido convocada por una gran cantidad de organizaciones políticas y sociales, algunas de ellas provenientes desde la frontera norte del país, y partirá a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo capitalino.
Igualmente importante es informar que la cita para los miembros de la Resistencia Civil Pacifica es también a las 3 de la tarde en el Monumento a la Revolución, donde está el campamento de la CNTE, desde donde partirá la Gran Mazorca que llevará la actriz Jesusa Rodríguez.
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RESCATAR AL CAMPO 2
por Alejandro Encinas Rodríguez
(publicado en El Gráfico el 29 de enero de 2008)
Como apunté anteriormente, no basta revisar el capítulo agropecuario del TLC, como tampoco el frustrado Acuerdo Nacional para el Campo e incluso el programa emergente para la producción de frijol y maíz que propuse la semana pasada. Estos son urgentes y necesarios, pero insuficientes para superar la crisis económica y social que enfrenta el agro mexicano.
Superar esta situación requiere en primer término asumir que la seguridad alimentaria, la recuperación productiva y el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos son asuntos estratégicos en la agenda de la seguridad nacional. Se trata de establecer una política de Estado y de restablecer las funciones y responsabilidades a las que el neoliberalismo abdicó.
El Estado debe reponer y rediseñar los instrumentos públicos para el fomento de la actividad productiva; la atención especial a la investigación y desarrollo tecnológico; a la infraestructura en educación, salud y servicios rurales; reconocer la diversidad de unidades productivas, en particular del ejido y de la economía campesina, que han demostrado su profundo arraigo en nuestra cultura y capacidad de resistencia frente a los embates que promovieron su extinción; y desterrar las tentaciones del nuevo corporativismo para debilitar las organizaciones campesinas.
Dirán los defensores del neoliberalismo que lo aquí planteado busca restaurar el viejo Estado paternalista. Por el contrario, se trata de que al igual que en los países socios se establezcan mecanismos de compensación a los productores. Por ejemplo, datos proporcionados por organizaciones campesinas señalan que en México el crédito al sector agropecuario se redujo —en términos reales— de 1994 a 2007 de 51 mil millones de pesos a 5 mil 200 millones; sólo 15 de cada 100 productores tuvieron acceso al crédito de avío y cinco de cada 100 a crédito refaccionario. El crédito de la banca comercial al campo representa apenas 1.6% de su cartera y 0.3% de la banca de desarrollo. Las tasas de interés que pagan los productores mexicanos están hasta 200% por encima de las que pagan en EU.
El segundo lugar, el rescate del campo tiene que ver con sus actores sociales y organizaciones. Nos encontramos ante el eventual resurgimiento del movimiento campesino. Los acuerdos recientes han permitido el acercamiento de diversas agrupaciones, que ante la apertura comercial han logrado posicionar la problemática del campo en el debate nacional y al mismo tiempo han construido los primeros acuerdos para su reencuentro, como el Plan Chamizal presentado el primer día del año.
Sin embargo, la experiencia de las últimas décadas indica que ello tampoco es suficiente. El golpe asestado al movimiento y a muchas de sus organizaciones que significaron las reformas legales del salinismo, el desmantelamiento y privatización de las instituciones públicas para el desarrollo rural y la cooptación de dirigentes en esos años lo debilitaron y dividieron, por lo que es necesario un esfuerzo mayor para avanzar hacia una nueva organicidad democrática y la definición de una agenda común que garanticen su unidad de acción.
Si bien esta agenda atraviesa por la exigencia de revisar el capítulo agropecuario del TLC y el Acuerdo Nacional para el Campo, y por la demanda de una política de Estado que permita establecer condiciones de equidad con los productores de los países asociados, ésta debe incluir además la defensa de la economía campesina y la sociedad rural, partiendo de reconocer que la apertura de los mercados requiere de la competitividad de las cadenas productivas y las redes de valor, que pueden alcanzar los productores mexicanos.
Ello demanda políticas de incremento a la productividad de los diferentes sistemas producto; la inversión en infraestructura y la ampliación de las superficies de riego; el mejoramiento tecnológico y de la calidad genética de las plantas, impidiendo la presencia de maíz y otros productos transgénicos; la reconversión productiva, respetando la vocación agroecológica de las regiones, la conservación de suelos, la cosecha de agua y la protección a los bosques del país; la creación de redes de comercialización; y programas de desarrollo regional que permitan creación de empleos, intercambio comercial y cohesión social en el campo.
De manera primordial, se requiere la organización de productores. Es impensable hoy el desarrollo de organizaciones campesinas sujetas a prácticas clientelares del pasado; se necesita asociar la organización al fortalecimiento de las unidades productivas campesinas y al esquema de sistema producto, con apoyos públicos transparentes y respeto a su autonomía.
Lo que se antoja difícil ante un gobierno que, ausente de legitimidad, carece de una visión de Estado, más interesado en los negocios y el pago de favores desde el poder público. De ahí la importancia de la marcha campesina del próximo jueves, en un nuevo intento por ubicar al campo en el sitio que le corresponde en el devenir nacional.
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Sumario:
I. Documenta Almazán la sangría fiscal a Pemex
II. Convoca el gobierno legítimo de México a la movilización en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano, Sin Maíz no hay País
III. Rescatar al campo 2, por Alejandro Encinas Rodríguez
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DOCUMENTA ALMAZÁN LA SANGRÍA FISCAL A PEMEX
El panorama político y social no favorece la pretensión de Calderón de privatizar Pemex. Las puertas de una reforma constitucional están prácticamente cerradas y su intención de privatizar por la vía de una reforma a leyes secundarias enfrenta serias dificultades políticas en el Congreso de la Unión, pese a los cabildeos del español Mouriño.
Así lo señaló este día el diputado federal José Antonio Almazán, quien agregó que diversos hechos apuntan a que el gobierno pospondrá hasta después del 18 de marzo la presentación de cualquier iniciativa sobre el tema en el Poder Legislativo, una vez que concluyan las elecciones para renovar la dirigencia del PRD y que en el PRI logren aplacar a una corriente de base y dirección que se opone a la privatización del petróleo.
El también dirigente de los trabajadores electricistas destacó entre los obstáculos que enfrentan “los privatizadores de ultraderecha que encabeza Calderón, las crecientes movilizaciones y conflictos sociales que han estallado a raíz del gasolinazo, el rechazo nacional al capítulo agropecuario del TLC que terminará por arruinar al campo mexicano, la oposición fortalecida a la ley del ISSSTE y el repudio a la reforma judicial constitucional que busca criminalizar a la resistencia social al neoliberalismo”.
Almazán interpreta así la reciente declaración de Felipe Calderón, demandando un diagnóstico “honesto y objetivo” sobre Pemex, con lo que “busca ganar tiempo para sortear el temporal de conflictos sociales que tiene encima e implícitamente es un reconocimiento de que su estrategia inicial de imponer por vía de un fast track la reforma energética ha fracasado”.
El representante del Sindicato Mexicano de Electricistas en la Cámara de Diputados agregó que el diagnóstico que solicita Calderón “es una muletilla que utiliza con frecuencia para salir al paso, como ocurrió hace un año, el 18 de marzo de 2007, cuando al escuchar el informe del director general de Pemex, en Ixhuatlán, Veracruz, reconoció el diagnóstico objetivo de la situación que guarda la principal paraestatal de México. Por lo visto, de nada le sirvió a Felipe Calderón su meteórico paso por la Secretaría de Energía de septiembre de 2003 a mayo de 2004”, indicó Almazán.
Al ahondar sobre la situación objetiva que guarda la paraestatal, José Antonio Almazán señaló que “las propias cifras oficiales echan por tierra las principales falacias privatizadoras, como es el caso de la mentira de que Pemex no cuenta con los recursos de capital suficientes para resolver su crisis y afrontar su modernización”.
Según el diputado electricista, “un somero recuento de la historia financiera de Pemex, de 1938 a la fecha, conforme a datos oficiales, nos muestra que la situación de crisis financiera de Pemex obedece a una deliberada política neoliberal para descapitalizar a la empresa más importante de México y de América Latina en el ramo energético, para después utilizarla como un argumento a favor de la participación del capital privado en materia de petróleo y contradiciendo lo que establece el párrafo sexto del artículo 27 constitucional”.
Contundente, José Antonio Almazán señaló: “El diagnóstico que solicita Calderón para ganar tiempo y sortear la crisis que enfrenta, está a la vista de todos y su solución radica en terminar con la criminal sangría a la que se ha sometido a Pemex”, a lo cual agregó las siguientes cifras, que confrontan los ingresos de Pemex con el monto de impuestos que se le ha obligado aportar al erario, mismos que han llegado a ser de hasta 60%.
Conforme a datos de los Anuarios Estadísticos de Pemex, en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas (1938-1940), sus ingresos fueron de 938 millones de pesos y aportó por concepto de impuestos 196 millones, es decir, 20.5 por ciento de sus ingresos. Con Ávila Camacho (1941-1946), Pemex tuvo ingresos por 2 770 millones de pesos, y pagó 608 millones de pesos en impuestos, 22.1%. Con. Alemán 1947-1952), los ingresos de la paraestatal fueron de 9 303 millones y sus impuestos de 1 636 (17.9%). En el periodo presidencial de Ruiz Cortines (1953-1958), ese porcentaje siguió disminuyendo, a 15.6%, con ingresos de 19 144 millones e impuestos de 2 939 millones.
La disminución continuó con López Mateos (1959-1964), cuando pagó en impuestos sólo 13.1% de sus ingresos (5 109 millones de pesos de 38 879 que tuvo de ingresos) y con Díaz Ordaz (1965-1970), cuando la paraestatal registró ingresos por 64 397 millones de pesos y pagó 8 292 millones de impuestos, 12.9%.
A partir de esa fecha, el porcentaje de impuestos que pagó Pemex en relación con sus ingresos empezó a crecer: con Echeverría (1971-1976) pagó 16.3% de sus ingresos, es decir, 29 345 millones de pesos de un total de 165 529. Con López Portillo (1977-1982), la sangría empezó a ser grave, pues pagó 37.3% de sus ingresos por concepto de impuestos, es decir, 840 796 millones de pesos de un total de 2 284 981.
Establecidas las políticas neoliberales en materia económica, la dinámica de empobrecer a Pemex por la vía fiscal continuó, con porcentajes de impuestos de 48.3% con De la Madrid (1983-1988), de 51.9% con Salinas (1989-1994), de 59.5% con Zedillo (1995-2000) y de 60% con Fox (2001-2006). En esos sexenios, ingresos e impuestos fueron: 70 304 y 32 793, 413 869 y 217 099, 1 756 290 y 1 051 525, y 4 342 702 y 2 593 121, respectivamente.
Este panorama de permanente y creciente sangría fiscal es con el que se quiere justificar la entrada de inversión privada a Pemex, concluyó José Antonio Almazán.
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CONVOCA EL GOBIERNO LEGÍTIMO DE MÉXICO A LA MOVILIZACIÓN EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA REACTIVACIÓN DEL CAMPO MEXICANO, SIN MAÍZ NO HAY PAÍS
Al anunciar que los secretarios del gobierno legítimo de México Laura Itzel Castillo, Mario di Costanzo, Asa Cristina Laurell, Bernardo Bátiz, Raquel Sosa y Gustavo Iruegas estarán presentes en la movilización convocada para mañana 31 de enero, que tiene como propósito rechazar las alzas de precios en los productos básicos y la desgravación del maíz, frijol, leche en polvo y caña de azúcar, en el contexto de la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el gobierno legítimo de México que encabeza Andrés Manuel López Obrador llamó a todos los mexicanos a incorporarse a esta acción, para lo cual anunció que sus representantes estarán citados en esa fecha, a las 3 de la tarde, en el Monumento a la Revolución frente al Frontón México.
Cabe señalar que la marcha ha sido convocada por una gran cantidad de organizaciones políticas y sociales, algunas de ellas provenientes desde la frontera norte del país, y partirá a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo capitalino.
Igualmente importante es informar que la cita para los miembros de la Resistencia Civil Pacifica es también a las 3 de la tarde en el Monumento a la Revolución, donde está el campamento de la CNTE, desde donde partirá la Gran Mazorca que llevará la actriz Jesusa Rodríguez.
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RESCATAR AL CAMPO 2
por Alejandro Encinas Rodríguez
(publicado en El Gráfico el 29 de enero de 2008)
Como apunté anteriormente, no basta revisar el capítulo agropecuario del TLC, como tampoco el frustrado Acuerdo Nacional para el Campo e incluso el programa emergente para la producción de frijol y maíz que propuse la semana pasada. Estos son urgentes y necesarios, pero insuficientes para superar la crisis económica y social que enfrenta el agro mexicano.
Superar esta situación requiere en primer término asumir que la seguridad alimentaria, la recuperación productiva y el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos son asuntos estratégicos en la agenda de la seguridad nacional. Se trata de establecer una política de Estado y de restablecer las funciones y responsabilidades a las que el neoliberalismo abdicó.
El Estado debe reponer y rediseñar los instrumentos públicos para el fomento de la actividad productiva; la atención especial a la investigación y desarrollo tecnológico; a la infraestructura en educación, salud y servicios rurales; reconocer la diversidad de unidades productivas, en particular del ejido y de la economía campesina, que han demostrado su profundo arraigo en nuestra cultura y capacidad de resistencia frente a los embates que promovieron su extinción; y desterrar las tentaciones del nuevo corporativismo para debilitar las organizaciones campesinas.
Dirán los defensores del neoliberalismo que lo aquí planteado busca restaurar el viejo Estado paternalista. Por el contrario, se trata de que al igual que en los países socios se establezcan mecanismos de compensación a los productores. Por ejemplo, datos proporcionados por organizaciones campesinas señalan que en México el crédito al sector agropecuario se redujo —en términos reales— de 1994 a 2007 de 51 mil millones de pesos a 5 mil 200 millones; sólo 15 de cada 100 productores tuvieron acceso al crédito de avío y cinco de cada 100 a crédito refaccionario. El crédito de la banca comercial al campo representa apenas 1.6% de su cartera y 0.3% de la banca de desarrollo. Las tasas de interés que pagan los productores mexicanos están hasta 200% por encima de las que pagan en EU.
El segundo lugar, el rescate del campo tiene que ver con sus actores sociales y organizaciones. Nos encontramos ante el eventual resurgimiento del movimiento campesino. Los acuerdos recientes han permitido el acercamiento de diversas agrupaciones, que ante la apertura comercial han logrado posicionar la problemática del campo en el debate nacional y al mismo tiempo han construido los primeros acuerdos para su reencuentro, como el Plan Chamizal presentado el primer día del año.
Sin embargo, la experiencia de las últimas décadas indica que ello tampoco es suficiente. El golpe asestado al movimiento y a muchas de sus organizaciones que significaron las reformas legales del salinismo, el desmantelamiento y privatización de las instituciones públicas para el desarrollo rural y la cooptación de dirigentes en esos años lo debilitaron y dividieron, por lo que es necesario un esfuerzo mayor para avanzar hacia una nueva organicidad democrática y la definición de una agenda común que garanticen su unidad de acción.
Si bien esta agenda atraviesa por la exigencia de revisar el capítulo agropecuario del TLC y el Acuerdo Nacional para el Campo, y por la demanda de una política de Estado que permita establecer condiciones de equidad con los productores de los países asociados, ésta debe incluir además la defensa de la economía campesina y la sociedad rural, partiendo de reconocer que la apertura de los mercados requiere de la competitividad de las cadenas productivas y las redes de valor, que pueden alcanzar los productores mexicanos.
Ello demanda políticas de incremento a la productividad de los diferentes sistemas producto; la inversión en infraestructura y la ampliación de las superficies de riego; el mejoramiento tecnológico y de la calidad genética de las plantas, impidiendo la presencia de maíz y otros productos transgénicos; la reconversión productiva, respetando la vocación agroecológica de las regiones, la conservación de suelos, la cosecha de agua y la protección a los bosques del país; la creación de redes de comercialización; y programas de desarrollo regional que permitan creación de empleos, intercambio comercial y cohesión social en el campo.
De manera primordial, se requiere la organización de productores. Es impensable hoy el desarrollo de organizaciones campesinas sujetas a prácticas clientelares del pasado; se necesita asociar la organización al fortalecimiento de las unidades productivas campesinas y al esquema de sistema producto, con apoyos públicos transparentes y respeto a su autonomía.
Lo que se antoja difícil ante un gobierno que, ausente de legitimidad, carece de una visión de Estado, más interesado en los negocios y el pago de favores desde el poder público. De ahí la importancia de la marcha campesina del próximo jueves, en un nuevo intento por ubicar al campo en el sitio que le corresponde en el devenir nacional.
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Hoy, la gran marcha en el DF en repudio al TLCAN
Llegada del Movimiento de Resistencia Campesina Francisco Villa Foto: Víctor Camacho
Llegan caravanas de campesinos de todo el país
Prevén protesta de 150 mil personas en el Zócalo
Gabriel León, Carolina Gómez y corresponsales
Provenientes de todo el país, campesinos, productores y organizaciones sindicales protagonizarán hoy lo que consideran será la protesta más grande que se haya efectuado en el país en repudio al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y por la defensa de la soberanía alimentaria y los derechos de los trabajadores.
Se prevé que por la tarde en el Zócalo capitalino se concentren por lo menos 150 mil manifestantes, para exigir al gobierno federal la renegociación del acuerdo comercial y que emprenda un viraje en las políticas económico-social y agraria, pues las que se han mantenido han llevado a la “ruina” al sector.
Previamente, diversos frentes campesinos cerrarán la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), cuyas sedes estatales desde ayer empezaron a ser tomadas. En la jornada de hoy no participarán seis de las 12 organizaciones del Congreso Agrario Permanente (CAP), las cuales simpatizan con la política de la Sagarpa.
La manifestación sellará el Pacto de solidaridad mutua –documento que firmarán por la mañana las organizaciones participantes–, con el que se pretende evitar que tras el alcance de acuerdos con el gobierno federal haya una desbandada de organizaciones, como ocurrió en 2003 luego de la firma del Acuerdo Nacional para el Campo.
Desde anoche, el Gobierno del Distrito Federal estableció un operativo de vialidad, seguridad pública y protección civil para mitigar el impacto de la marcha convocada por organizaciones campesinas para las 16 horas de hoy, y garantizar la gobernabilidad y la integridad de quienes participen en ella y de los capitalinos.
La mañana de ayer arribó al Distrito Federal la caravana de tractores que encabeza el Movimiento de Resistencia Campesina Francisco Villa –que será la que inicie la movilización de las 16 horas del Angel de la Independencia al Zócalo capitalino–, que se concentró en las inmediaciones del Museo de Antropología.
Horas antes, durante la madrugada comenzó la llegada de los primeros contingentes por la caseta de Tepotzotlán, en la carretera México-Querétaro. Procedentes de Guanajuato, mil 300 integrantes del Comité pro mejoramiento del agro nacional guanjuatense se instalaron en el Monumento a la Revolución.
Desde anoche y hasta el mediodía de hoy se espera la llegada cientos de miles de productores por los cuatro accesos al Distrito Federal, que estacionarán sus vehículos en torno al Monumento a la Revolución.
Procedente de Michoacán, 55 autobuses de 17 organizaciones de la Caravana General Lázaro Cárdenas del Río salieron desde anoche; un segundo contingente lo hará a las 8 de la mañana, y el tercero partirá en punto de las 10 horas.
Por el acceso sur de la capital llegará antes del mediodía el contingente Caudillo del Sur; el convoy de Veracruz arribará por la mañana por avenida Insurgentes Sur
La concentración en la Plaza de la Constitución durará 90 minutos y se dividirá en tres bloques, es decir serán 30 minutos para las agrupaciones campesinas, igual tiempo para el Frente Sindical Mexicano y un espacio similar para la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
Por el sector agrario hablarán, en nombre de las 300 organizaciones que integran el movimiento Sin Maíz no Hay País, el dirigente Gabino Gómez, de la marcha que recorrió 2 mil kilómetros desde El Chamizal, Chihuahua, al Distrito Federal; Miguel Luna, por el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros, y Cruz López, por la Confederación Nacional Campesina.
Por el FSM hablarán Martín Esparza, del sindicato de electricistas, y Artemio Ortiz Hurtado, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por la UNT, Francisco Hernández Juárez, del sindicato de telefonistas; Agustín Rodríguez, del sindicato de la UNAM, y Valdemar Gutiérrez, líder de los trabajadores del Seguro Social.
De forma paralela, en el interior del país ayer iniciaron las protestas, que continuarán hoy.
Leopoldo Ramos, Sergio Ocampo, Angeles Mariscal, Silvia Chávez, Andrés Timoteo, Ernesto Martínez, Jesús Narváez, Saúl Maldonado, Carlos Camacho y Martín Sánchez
http://www.jornada.unam.mx/2008/01/31/index.php?section=politica&article=015n1pol
"Nuestro maíz morirá el día que muera el sol"
La caravana Sin maíz no hay país finalizó en el Zócalo la travesía de más de 300 kilómetros que comenzó el martes. Con una ofrenda, la multitud solicitó a la deidad mesoaméricana Oméotl que apoye la lucha por la renegociación del TLCAN, con el fin de frenar la invasión de semillas transgénicas estadunidense Foto Yazmín Ortega Cortés
Jaime Avilés
Buscan activistas detener la “invasión” de cultivos trasgénicos en el campo nacional
Llega hasta el Zócalo la caravana Sin maíz no hay país, en contra del TLCAN
Con dificultades por el tránsito citadino, se instalan activistas en la Plaza de la Constitución
Jaime Avilés
La caravana Sin maíz no hay país finalizó ayer tal como empezó el martes en la mañana: con un ritual poético encabezado por la actriz Jesusa Rodríguez y el antropólogo Julio Glockner, y con la colocación de una ofrenda en honor de Oméotl, la máxima deidad mesoamericana, para solicitarle que apoye la lucha del pueblo de México por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y se detenga la invasión del maíz trasgénico estadunidense.
Así culminó la travesía de poco más de 300 kilómetros, iniciada por un puñado de entusiastas en la cueva donde en 1966 fueron encontrados los elotes más antiguos que se conocen en el mundo –datan aproximadamente de hace 8 mil años–, y que a lo largo de la semana sembró un camino de maíz desde el sur del estado de Puebla hasta la “ciudad deportiva” de Xochimilco, donde se llevó a cabo el último mitin antes del Zócalo.
Los caravaneros despertaron ayer muy temprano, rodeados de un portentoso bosque enano de nopales, en la mera villa de Milpa Alta, y pasadas las nueve de la mañana partieron a Xochimilco. Allí, sin entrar al corazón de esa abigarrada comunidad, donde el tráfico es cada vez más denso, efectuaron un breve acto y sembraron maíz de Cholula cerca de las canchas deportivas, para dirigirse de inmediato al estadio Azteca.
En la explanada del Coloso de Santa Úrsula los aguardaban algunos miembros de la organización ciudadana Resistencia Creativa, que Jesusa Rodríguez fundó en el Zócalo durante el plantón del verano de 2006, y que desde entonces se reúne domingo a domingo en el Hemiciclo a Juárez.
Rumbo al Centro
Una vez que los automóviles y camionetas integraron una larga hilera de vehículos, al frente de los cuales se colocó la camioneta que llevaba a bordo todas las muestras de maíz que la gente le regaló a la caravana desde los alrededores de Tehuacán, Puebla, hasta Xochimilco, el cortejo se puso en marcha hacia su destino final: el Zócalo.
Sin embargo, la entrada a ese mar de asfalto en el que desembocan los ríos de todas las luchas políticas del país, en esta ocasión resultó anticlimática porque la plancha continúa ocupada, en una inmensa porción central, por el gigantesco adefesio del Museo Nómada, que por fuera es definitivamente espantoso, aunque por dentro contiene bellezas que, a decir de quienes ya las vieron, son apabullantes. Y con la ventaja adicional de que la entrada es gratuita.
O dicho de otro modo: había colas interminables de espectadores tostándose al rayo del sol matutino de enero, que avanzaban a paso de tortuga hacia el recinto de bambú y formaban una serpiente de incontables metros de longitud enroscada sobre sí misma.
En el espacio restante, que corresponde a la otra mitad de la plancha, pero que ante la estatura descomunal del museo parece minúsculo, había un diminuto escenario donde artistas de diversas disciplinas se turnaban para alegrar los trabajos del Foro Social Mundial, capítulo México.
Muestra de semillas
Y fue en esa tarima, ornamentada con pinturas en las que se empeñaron durante días grafiteros anónimos, donde terminaron su viaje las semillas de distintas variedades de maíz amarillo, rojo, blanco, azul, negro, pinto y cacahuazintle, así como la mazorca cuatera que una señora le regaló el viernes a Jesusa, y que tiene poderes medicinales. Y, por supuesto, las doradas hojas de elote y las tortillas, un poquito tiesas ya algunas, que los campesinos de Puebla y el estado de México donaron para la ofrenda que ayer quedó sobre la parte posterior del escenario, por desgracia muy lejos de la vista del público.
Pero tal como se hizo el martes en la gruta de Coxcatlán, aquí también se pidió a los presentes que trataran de concentrarse en la energía primigenia del maíz, sin hacer caso del escándalo ensordecedor del Zócalo, y poco más tarde Jesusa invitó a los presentes a repetir el verso del poeta Ak Abal, que a la letra dice: “Nuestro maíz morirá el día que muera el sol”. Palabras que, de nueva cuenta, obraron el efecto de liberar la angustia de quienes terminaron gritándolas a todo pulmón.
La “guerra nuclear preventiva” de la “nueva OTAN”
Bajo la Lupa
Alfredo Jalife-Rahme
La “guerra nuclear preventiva” de la “nueva OTAN”
No son los tiempos derrotistas de Gorbachov y Yeltsin cuando Estados Unidos (EU) y la Organización de Tratado del Atlántico Norte (OTAN) humillaron cuantas veces quisieron a Rusia.
Ahora, con la resurrección rusa en la etapa de la dupla Putin-Medvedev, consciente de la nueva correlación global de fuerzas geoenergéticas y en pleno fragor del pánico de las bolsas “occidentales”, su armada reanudó ejercicios militares en la bahía de Vizcaya, no muy lejos de las costas de España, miembro vociferante de la OTAN, lo cual reduce a su verdadera dimensión diminuta a la pueril aznarización bélica en Irak y Afganistán bajo las órdenes del régimen torturador bushiano.
Es más probable que el despliegue militar ruso haya respondido al “manifiesto radical”, como lo tilda el rotativo británico The Guardian (22/1/08), que fue el primero en divulgar la “guerra preventiva en primera instancia” que proponen como estrategia para la “nueva OTAN” cuatro generales y un almirante de EU, Gran Bretaña, Alemania, Holanda y Francia –“el más alto nivel de militares estrategas de Occidente”– con el fin de detener la “inminente” diseminación de armas nucleares.
Hacia una gran estrategia para un mundo incierto: renovación de la alianza trasatlántica, título original del manifiesto radical bélico de la OTAN, aboga por la creación de un “nuevo pacto” que unifique a EU, la OTAN y la Unión Europea (UE) en una “gran estrategia conjunta” para lidiar con los “desafíos de un mundo cada vez más brutal (sic)”: la opción nuclear en primera instancia representa un “instrumento indispensable”, ya que “no existe un prospecto realista de un mundo libre de armas nucleares”.
El “manifiesto radical” nuclear será presentado en abril en la cumbre de la OTAN, en Bucarest. En forma demencial aduce que el uso de armas nucleares en primera instancia representa el “instrumento último” para prevenir la utilización de armas de destrucción masiva, es decir, se desnucleariza, con o sin pruebas, a un país catalogado de enemigo con las armas nucleares masivas de la OTAN.
Sus autores son: el general John Shalikashvili, ex comandante del Estado Mayor Conjunto de EU y anterior comandante supremo de la OTAN en Europa; general Klaus Naumann, anterior comandante militar de Alemania y ex jefe del Comité Militar de la OTAN; general Henk van den Breemen, anterior jefe de Estado Mayor de Holanda; Lord Inge, mariscal de campo de Gran Bretaña, y el almirante Jaques Lanxade, anterior jefe de Estado Mayor de Francia, quienes “pintan un cuadro alarmante de las amenazas y desafíos que confronta Occidente en el mundo posterior al 11/9”.
Las principales amenazas son: 1. fanatismo político y fundamentalismo religioso; 2. el lado oscuro de la globalización (nota, que por cierto plagia el título de nuestro libro que contiene objetivos y contenido diametralmente opuestos), que versa sobre el “terrorismo internacional, crimen organizado y la diseminación de armas de destrucción masiva”; 3. seguridad energética y cambio climático, y 4. el debilitamiento del “Estado-nación” y los organismos como las Naciones Unidas, la OTAN y la UE.
Destaca en todo la nacionfobia nuclear de la OTAN y para “prevalecer”, los cuatro generales y el almirante proponen transformar la toma de decisiones mediante un nuevo directorio de los líderes de EU, la OTAN y la UE, por lo que exigen los siguientes “cambios radicales” que tienen como fin el control unilateral de la OTAN por EU, así como el dominio de la UE por estos dos últimos: 1. pasar del “consenso” a la simple mayoría por voto, lo cual finiquitará el veto nacional; 2. abolición de las veleidades nacionales en el seno de la OTAN, como ocurre en su fracasada operación en Afganistán; 3. ningún miembro de la alianza participará en la toma de decisiones si no contribuye en las operaciones bélicas, y 4. “el uso de la fuerza será sin (sic) la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU cuando sea necesaria la acción inmediata para proteger un extenso número de seres humanos (¡súper-sic!)”.
A De Defensa (23/1/08), centro de pensamiento estratégico militar europeo, no se le escapa que el manifiesto radical, “extremadamente alarmante”, sea “apadrinado” por Marshall Fund, “instituto trasatlántico y correa de transmisión habitual de la influencia de EU en Europa”. Pero menos se le escurre que la nuclearización preventiva de la OTAN sea una “copia conforme a la estrategia elaborada por la administración Bush”.
De Defensa acentúa el “extraño desorden” imperante en el “condominio” EU-OTAN-UE, en medio de una “atmósfera absolutamente trágica” que parece un operativo de “bomberos” cuando se dispone “usar el arma nuclear en primera instancia y en forma urgente, mes y medio después del Estimado de Inteligencia Nacional 2007 (NIE, por sus siglas en inglés. Nota: que versa sobre las buenas intenciones nucleares civiles de Irán) y dos días después del desplome de las bolsas occidentales”. Muy sarcástica, luego de resaltar la autoría por la “vieja guardia militar” de una organización paradójicamente a la vez “impotente e invencible”, se pregunta si la OTAN “todavía existe” cuando su “carácter militar ha sido superado”, al unísono de sus pretensiones de ser el “gendarme del mundo”, lo cual pone en relieve el “grito de alarma que amenaza a la OTAN”, lo cual explica su “inflación (sic) de palabras y posibilidades”.
Es de entenderse que la OTAN dibuje un cuadro lúgubre del siglo XXI después de su triple derrota militar en Irak, Afganistán y Líbano, frente a diferentes guerrillas “asimétricas”, cuando los yacimientos petroleros y sus oleoductos euroasiáticos le han cerrado las puertas.
Su paranoia no es para menos y todos los pretextos son válidos para defender los “valores (sic) occidentales (sic)”: desde la visión neomalthusiana del “crecimiento poblacional” hasta el controvertido “cambio climático” que súbitamente se convirtió en el tema de moda después de más de medio siglo de depredación neoliberal, lo cual encubre, a nuestro juicio, la “guerra multidimensional” para adueñarse de los “recursos escasos”, primordialmente petróleo y gas.
No es ocioso que el manifiesto radical señale a China, Rusia e Irán como sus “enemigos”, por lo que el condominio EU-OTAN-UE reclama la adopción de una estrategia de “dominio escalado (sic)”, que use un “saco lleno tanto de zanahorias como de garrotes, y todos los instrumentos de poder, duro y blando, que van desde la protesta diplomática hasta las armas nucleares”.
Aquí ya existe una flagrante contradicción de los estrategas trasatlánticos, cuando pregonan la guerra preventiva nuclear en primera instancia al mismo tiempo de la “escalada de dominio” que tiene como último recurso el uso de las armas nucleares.
El grave problema del manifiesto radical de una OTAN nuclearizada hasta las molares es que despierta de inmediato la reacción de legítima defensa de parte de los “enemigos” aludidos, como acaba de advertir el general Yuri Bauyevsky –jefe del Estado Mayor del ejército ruso– de que su país “se reserva el derecho de lanzar ataques nucleares preventivos para defender la soberanía nacional y la de sus aliados” (Ria Novosti, 19/1/08).
El “condominio EU-OTAN-UE” pretende revertir su derrota geoeconómica frente a China, Rusia y la Organización de Países Exportadores de Petróleo mediante el uso demencial de armas nucleares en primera instancia. El problema es que, desde el punto de vista atómico, Rusia es tanto más poderosa.
http://www.jornada.unam.mx/2008/01/27/index.php?section=opinion&article=016o1pol
Alfredo Jalife-Rahme
La “guerra nuclear preventiva” de la “nueva OTAN”
No son los tiempos derrotistas de Gorbachov y Yeltsin cuando Estados Unidos (EU) y la Organización de Tratado del Atlántico Norte (OTAN) humillaron cuantas veces quisieron a Rusia.
Ahora, con la resurrección rusa en la etapa de la dupla Putin-Medvedev, consciente de la nueva correlación global de fuerzas geoenergéticas y en pleno fragor del pánico de las bolsas “occidentales”, su armada reanudó ejercicios militares en la bahía de Vizcaya, no muy lejos de las costas de España, miembro vociferante de la OTAN, lo cual reduce a su verdadera dimensión diminuta a la pueril aznarización bélica en Irak y Afganistán bajo las órdenes del régimen torturador bushiano.
Es más probable que el despliegue militar ruso haya respondido al “manifiesto radical”, como lo tilda el rotativo británico The Guardian (22/1/08), que fue el primero en divulgar la “guerra preventiva en primera instancia” que proponen como estrategia para la “nueva OTAN” cuatro generales y un almirante de EU, Gran Bretaña, Alemania, Holanda y Francia –“el más alto nivel de militares estrategas de Occidente”– con el fin de detener la “inminente” diseminación de armas nucleares.
Hacia una gran estrategia para un mundo incierto: renovación de la alianza trasatlántica, título original del manifiesto radical bélico de la OTAN, aboga por la creación de un “nuevo pacto” que unifique a EU, la OTAN y la Unión Europea (UE) en una “gran estrategia conjunta” para lidiar con los “desafíos de un mundo cada vez más brutal (sic)”: la opción nuclear en primera instancia representa un “instrumento indispensable”, ya que “no existe un prospecto realista de un mundo libre de armas nucleares”.
El “manifiesto radical” nuclear será presentado en abril en la cumbre de la OTAN, en Bucarest. En forma demencial aduce que el uso de armas nucleares en primera instancia representa el “instrumento último” para prevenir la utilización de armas de destrucción masiva, es decir, se desnucleariza, con o sin pruebas, a un país catalogado de enemigo con las armas nucleares masivas de la OTAN.
Sus autores son: el general John Shalikashvili, ex comandante del Estado Mayor Conjunto de EU y anterior comandante supremo de la OTAN en Europa; general Klaus Naumann, anterior comandante militar de Alemania y ex jefe del Comité Militar de la OTAN; general Henk van den Breemen, anterior jefe de Estado Mayor de Holanda; Lord Inge, mariscal de campo de Gran Bretaña, y el almirante Jaques Lanxade, anterior jefe de Estado Mayor de Francia, quienes “pintan un cuadro alarmante de las amenazas y desafíos que confronta Occidente en el mundo posterior al 11/9”.
Las principales amenazas son: 1. fanatismo político y fundamentalismo religioso; 2. el lado oscuro de la globalización (nota, que por cierto plagia el título de nuestro libro que contiene objetivos y contenido diametralmente opuestos), que versa sobre el “terrorismo internacional, crimen organizado y la diseminación de armas de destrucción masiva”; 3. seguridad energética y cambio climático, y 4. el debilitamiento del “Estado-nación” y los organismos como las Naciones Unidas, la OTAN y la UE.
Destaca en todo la nacionfobia nuclear de la OTAN y para “prevalecer”, los cuatro generales y el almirante proponen transformar la toma de decisiones mediante un nuevo directorio de los líderes de EU, la OTAN y la UE, por lo que exigen los siguientes “cambios radicales” que tienen como fin el control unilateral de la OTAN por EU, así como el dominio de la UE por estos dos últimos: 1. pasar del “consenso” a la simple mayoría por voto, lo cual finiquitará el veto nacional; 2. abolición de las veleidades nacionales en el seno de la OTAN, como ocurre en su fracasada operación en Afganistán; 3. ningún miembro de la alianza participará en la toma de decisiones si no contribuye en las operaciones bélicas, y 4. “el uso de la fuerza será sin (sic) la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU cuando sea necesaria la acción inmediata para proteger un extenso número de seres humanos (¡súper-sic!)”.
A De Defensa (23/1/08), centro de pensamiento estratégico militar europeo, no se le escapa que el manifiesto radical, “extremadamente alarmante”, sea “apadrinado” por Marshall Fund, “instituto trasatlántico y correa de transmisión habitual de la influencia de EU en Europa”. Pero menos se le escurre que la nuclearización preventiva de la OTAN sea una “copia conforme a la estrategia elaborada por la administración Bush”.
De Defensa acentúa el “extraño desorden” imperante en el “condominio” EU-OTAN-UE, en medio de una “atmósfera absolutamente trágica” que parece un operativo de “bomberos” cuando se dispone “usar el arma nuclear en primera instancia y en forma urgente, mes y medio después del Estimado de Inteligencia Nacional 2007 (NIE, por sus siglas en inglés. Nota: que versa sobre las buenas intenciones nucleares civiles de Irán) y dos días después del desplome de las bolsas occidentales”. Muy sarcástica, luego de resaltar la autoría por la “vieja guardia militar” de una organización paradójicamente a la vez “impotente e invencible”, se pregunta si la OTAN “todavía existe” cuando su “carácter militar ha sido superado”, al unísono de sus pretensiones de ser el “gendarme del mundo”, lo cual pone en relieve el “grito de alarma que amenaza a la OTAN”, lo cual explica su “inflación (sic) de palabras y posibilidades”.
Es de entenderse que la OTAN dibuje un cuadro lúgubre del siglo XXI después de su triple derrota militar en Irak, Afganistán y Líbano, frente a diferentes guerrillas “asimétricas”, cuando los yacimientos petroleros y sus oleoductos euroasiáticos le han cerrado las puertas.
Su paranoia no es para menos y todos los pretextos son válidos para defender los “valores (sic) occidentales (sic)”: desde la visión neomalthusiana del “crecimiento poblacional” hasta el controvertido “cambio climático” que súbitamente se convirtió en el tema de moda después de más de medio siglo de depredación neoliberal, lo cual encubre, a nuestro juicio, la “guerra multidimensional” para adueñarse de los “recursos escasos”, primordialmente petróleo y gas.
No es ocioso que el manifiesto radical señale a China, Rusia e Irán como sus “enemigos”, por lo que el condominio EU-OTAN-UE reclama la adopción de una estrategia de “dominio escalado (sic)”, que use un “saco lleno tanto de zanahorias como de garrotes, y todos los instrumentos de poder, duro y blando, que van desde la protesta diplomática hasta las armas nucleares”.
Aquí ya existe una flagrante contradicción de los estrategas trasatlánticos, cuando pregonan la guerra preventiva nuclear en primera instancia al mismo tiempo de la “escalada de dominio” que tiene como último recurso el uso de las armas nucleares.
El grave problema del manifiesto radical de una OTAN nuclearizada hasta las molares es que despierta de inmediato la reacción de legítima defensa de parte de los “enemigos” aludidos, como acaba de advertir el general Yuri Bauyevsky –jefe del Estado Mayor del ejército ruso– de que su país “se reserva el derecho de lanzar ataques nucleares preventivos para defender la soberanía nacional y la de sus aliados” (Ria Novosti, 19/1/08).
El “condominio EU-OTAN-UE” pretende revertir su derrota geoeconómica frente a China, Rusia y la Organización de Países Exportadores de Petróleo mediante el uso demencial de armas nucleares en primera instancia. El problema es que, desde el punto de vista atómico, Rusia es tanto más poderosa.
http://www.jornada.unam.mx/2008/01/27/index.php?section=opinion&article=016o1pol
Más inundaciones y tecnología de punta
Antonio Gershenson
gershen@servidor.unam.mx
Más inundaciones y tecnología de punta
Funcionarios relacionados con las presas y las plantas hidroeléctricas de la cuenca del Grijalva y las inundaciones asociadas comparecieron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Además de reconocer que en Tabasco no se aplicaron programas para contener el agua de lluvia, y otros, dedicaron el tiempo a ver quiénes más tenían la culpa, para tratar de eludir la propia.
La insistencia en que las inundaciones fueron por las intensas lluvias “olvida” deliberadamente que en el río Usumacinta, que normalmente lleva más agua que el Grijalva, no hubo ningún desastre comparable con los de la cuenca de este último.
Debemos considerar que no se trata sólo de un problema de “lo que pasó”. Los problemas siguen, y siguen creciendo. En el área en la que se desgajó un cerro, entre las presas Malpaso y, más abajo, Peñitas, se siguen inundando superficies crecientes. La mala información hace que más de 5 mil damnificados en esa zona quieran regresar a sus casas (o lo que quede de ellas), cuando que ahora se reconoce que la inundación es permanente. El canal que se hizo a lo largo de lo que fue el cauce del río apenas puede soportar una pequeña parte de lo que era el cauce normal. Las presas están casi llenas, porque si se suelta el agua causaría nuevos daños. Pero hay funcionarios que hablan de que se hagan pasar por ahí 3 mil 500 metros cúbicos de agua por segundo. Si a finales de octubre pasado 2 mil metros cúbicos por segundo causaron el desastre en Villahermosa y alrededores, aunque ahora se suelte sin lluvia casi el doble de agua, ¿qué desastre no se va a provocar? Hay que considerar que tanto los diques como los bordes naturales de los ríos fueron destruidos.
Se quiere evitar que al llegar la siguiente temporada de lluvias, en mayo, las presas sigan casi llenas, pues el agua de lluvia se desbordaría y aumentarían las zonas inundadas, incluso a zonas que ahora no han sido afectadas. Pero por todos lados se ven problemas y dificultades, y no se ven soluciones claras.
Mientras tanto, las cuatro hidroeléctricas del Grijalva, que suman 4 mil megavatios de potencia y son la principal fuente de este tipo de generación, están en los hechos casi sin generar. Se les ha usado para generar energía en periodos de punta, de alta demanda, porque basta con abrir y cerrar las compuertas del agua de las presas para generar más o menos electricidad, o nada si se cierran las compuertas. Las otras formas de generar energía de punta son mucho más caras. Las termoeléctricas no se pueden estar calentando y dejando de calentar según la demanda, porque se dañan los equipos. Las plantas de turbina de gas, que se pueden usar para picos e incluso de utilizan con ese propósito, consumen más gas por kilovatio-hora que otros tipos de plantas de gas, y por lo mismo producen energía más cara. Esto no es novedad, son razones que durante muchos años llevaron a cobrar la energía consumida en horas pico mucho más cara que la de otros periodos.
En medio de este cúmulo de problemas, el gobierno cede a peticiones de usuarios de grandes cantidades de electricidad: dicen que les cuesta muy cara la energía en horas pico. No es que les cueste, es que es su costo real, sobre todo con la principal fuente de energía de punta, está prácticamente fuera de servicio. Pero además se debe desalentar el uso excesivo en estas horas, para abaratar el costo promedio real de la electricidad en su conjunto.
Habíamos mencionado en el artículo de hace dos semanas que se rebajó la tarifa en los horarios de punta a los mayores consumidores de electricidad en 30 por ciento, más un aumento mensual menor, en las horas pico, que en los otros horarios. Ese cambio estimula que las grandes empresas no “se salgan” de la red eléctrica en esas horas, y por lo mismo un aumento en el consumo en esos periodos. El costo de producción de esta energía de punta es hoy más caro que antes de los desastres de la cuenca del Grijalva, pero se vende más barato. Pierden la CFE y la nación, importando más gas y pagándolo más caro en la medida en que se usa en horas pico, y al mismo tiempo, como vimos en el mencionado artículo anterior, empresas medianas que hoy, y sobre todo mañana, pagarán la energía más cara.
http://www.jornada.unam.mx/2008/01/27/index.php?section=opinion&article=022a2pol
gershen@servidor.unam.mx
Más inundaciones y tecnología de punta
Funcionarios relacionados con las presas y las plantas hidroeléctricas de la cuenca del Grijalva y las inundaciones asociadas comparecieron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Además de reconocer que en Tabasco no se aplicaron programas para contener el agua de lluvia, y otros, dedicaron el tiempo a ver quiénes más tenían la culpa, para tratar de eludir la propia.
La insistencia en que las inundaciones fueron por las intensas lluvias “olvida” deliberadamente que en el río Usumacinta, que normalmente lleva más agua que el Grijalva, no hubo ningún desastre comparable con los de la cuenca de este último.
Debemos considerar que no se trata sólo de un problema de “lo que pasó”. Los problemas siguen, y siguen creciendo. En el área en la que se desgajó un cerro, entre las presas Malpaso y, más abajo, Peñitas, se siguen inundando superficies crecientes. La mala información hace que más de 5 mil damnificados en esa zona quieran regresar a sus casas (o lo que quede de ellas), cuando que ahora se reconoce que la inundación es permanente. El canal que se hizo a lo largo de lo que fue el cauce del río apenas puede soportar una pequeña parte de lo que era el cauce normal. Las presas están casi llenas, porque si se suelta el agua causaría nuevos daños. Pero hay funcionarios que hablan de que se hagan pasar por ahí 3 mil 500 metros cúbicos de agua por segundo. Si a finales de octubre pasado 2 mil metros cúbicos por segundo causaron el desastre en Villahermosa y alrededores, aunque ahora se suelte sin lluvia casi el doble de agua, ¿qué desastre no se va a provocar? Hay que considerar que tanto los diques como los bordes naturales de los ríos fueron destruidos.
Se quiere evitar que al llegar la siguiente temporada de lluvias, en mayo, las presas sigan casi llenas, pues el agua de lluvia se desbordaría y aumentarían las zonas inundadas, incluso a zonas que ahora no han sido afectadas. Pero por todos lados se ven problemas y dificultades, y no se ven soluciones claras.
Mientras tanto, las cuatro hidroeléctricas del Grijalva, que suman 4 mil megavatios de potencia y son la principal fuente de este tipo de generación, están en los hechos casi sin generar. Se les ha usado para generar energía en periodos de punta, de alta demanda, porque basta con abrir y cerrar las compuertas del agua de las presas para generar más o menos electricidad, o nada si se cierran las compuertas. Las otras formas de generar energía de punta son mucho más caras. Las termoeléctricas no se pueden estar calentando y dejando de calentar según la demanda, porque se dañan los equipos. Las plantas de turbina de gas, que se pueden usar para picos e incluso de utilizan con ese propósito, consumen más gas por kilovatio-hora que otros tipos de plantas de gas, y por lo mismo producen energía más cara. Esto no es novedad, son razones que durante muchos años llevaron a cobrar la energía consumida en horas pico mucho más cara que la de otros periodos.
En medio de este cúmulo de problemas, el gobierno cede a peticiones de usuarios de grandes cantidades de electricidad: dicen que les cuesta muy cara la energía en horas pico. No es que les cueste, es que es su costo real, sobre todo con la principal fuente de energía de punta, está prácticamente fuera de servicio. Pero además se debe desalentar el uso excesivo en estas horas, para abaratar el costo promedio real de la electricidad en su conjunto.
Habíamos mencionado en el artículo de hace dos semanas que se rebajó la tarifa en los horarios de punta a los mayores consumidores de electricidad en 30 por ciento, más un aumento mensual menor, en las horas pico, que en los otros horarios. Ese cambio estimula que las grandes empresas no “se salgan” de la red eléctrica en esas horas, y por lo mismo un aumento en el consumo en esos periodos. El costo de producción de esta energía de punta es hoy más caro que antes de los desastres de la cuenca del Grijalva, pero se vende más barato. Pierden la CFE y la nación, importando más gas y pagándolo más caro en la medida en que se usa en horas pico, y al mismo tiempo, como vimos en el mencionado artículo anterior, empresas medianas que hoy, y sobre todo mañana, pagarán la energía más cara.
http://www.jornada.unam.mx/2008/01/27/index.php?section=opinion&article=022a2pol
Del FNCR, propuestas de ley de amnistía
SEGUNDA REUNIÓN DE
El miércoles 30 de enero, 16 hrs. en Serapaz,
Patricio Sanz, número 449, Col. Del Valle.
Como seguimiento del trabajo alcanzado por la comisión de redacción, una vez presentadas varias propuestas de amnistía que fueron analizadas en lo individual y en su conjunto se acordó elaborar dos formatos de propuesta, una de carácter federal y otra para los estados, bajo los siguientes criterios:
- Realizar el manifiesto político del FNCR donde se expresen todas las demandas y se contextualice la situación nacional en la lucha contra la represión, la libertad de presos políticos y la presentación con vida de los desparecidos.
Los proyectos de amnistía constan de dos partes: la exposición de motivos y el articulado:
- En relación al primer punto, se acordó elaborar la exposición de motivos con el lenguaje propio del FNCR, sin utilizar expresiones comunes del lenguaje legislativo, asumiendo la demanda política de los objetivos de lucha.
- En lo que respecta al articulado, se acordó elevar toda la demanda jurídica de libertad de presos políticos y presentación con vida de los desaparecidos, sin autolimitaciones, atendiendo al carácter político jurídico de la estrategia del FNCR.
Las dos propuestas serán presentadas el 2 de febrero en el Foro que se llevará a cabo en el Club de Periodistas, a las 10:00 hrs., en donde los integrantes de ésta comisión participaran junto con otras personalidades y organizaciones a quiénes se les está realizando la invitación para que opinen sobre las iniciativas.
(Propuesta Leonel y Flacso)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PRIMERO. Que en los últimos años se han generado en la entidad federativa varias formas de manifestación y movilización sociales, mediante las cuales diversas personas agrupadas en una organización social o ciudadanos por iniciativa propia, han expresado sus demandas sociales frente a acciones concretas del gobierno estatal o de alguno de los gobiernos municipales. Algunos hechos derivados de las manifestaciones y movilizaciones sociales a juicio del Ministerio Público o de los órganos jurisdiccionales competentes en razón de materia y fuero han devenido en la ejecución de actos considerados como punibles por el Código Penal vigente en la entidad en el momento en que se suscitaron los hechos.
SEGUNDO. Que la consolidación del Estado de derecho, constriñe a las autoridades a ajustar sus acciones al imperio de la ley, al respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos de los gobernados.
TERCERO. Que el ánimo de reconciliación, así como el espíritu de respeto al pluralismo, a los principios democráticos y a la defensa pacífica de todas las ideas, debe motivar a la autoridad a buscar soluciones alternativas a los conflictos sociales. Asumiendo sin embargo, que en un Estado de Derecho los gobernantes no deben recurrir al uso de la fuerza como única vía para contener las demandas de inconformidad social y participación ciudadana sino que deben generar los canales de dialogo con la sociedad civil, asimismo los gobernados no pueden sentirse legitimados para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas o sus intereses particulares o grupales por encima del interés social.
CUARTO. Que el Pacto Federal y
QUINTO. Que como parte de las acciones encauzadas al fortalecimiento del Estado de derecho y la paz social, se encuentra la decisión constitucional de esta soberanía de expedir una ley que deje sin efecto los procesos penales, la integración de averiguaciones previas y ordenes de presentación, comparecencia y de aprehensión que se han incoado en contra de diversos ciudadanos en lo particular o que se encuentran agrupados en organizaciones sociales, quienes a consideración del Ministerio Público y de los órganos jurisdiccionales competentes en razón de materia han incurrido en conductas consideradas como punibles por el Código Penal que se encontraba vigente en la entidad al momento de suscitarse los hechos, y por esa razón algunos ciudadanos han sido sentenciados, otros se encuentran sujetos a proceso y otros más tienen giradas en su contra ordenes de comparecencia, presentación o de aprehensión.
SEXTO. Que para dar seguimiento a la implementación de esta ley, se instaurará una Comisión que será conformada por instituciones de gobierno, grupos sociales y organizaciones de la sociedad civil.
En razón de lo anterior, esta legislatura tiene a bien expedir la siguiente:
LEY DE AMNISTÍA
TÍTULO ÚNICO
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo Primero. Esta legislatura de conformidad con (el) o (los) artículo(s) …. de
a) El Ministerio Público inició una averiguación previa en su contra.
b) El Ministerio Público ejercitó acción penal ante los tribunales competentes del fuero común en la entidad federativa, solicitando el libramiento de orden de comparecencia, presentación o de aprehensión.
c) Se encuentren sujetas a proceso penal ante los tribunales del fuero común de la entidad federativa.
d) La autoridad competente les haya decretado sentencia condenatoria.
Los efectos de esta ley se retrotraen al día … de … de 199.. y hasta el día … de … de 200.. y benefician a todas las personas que en su calidad de integrantes de una organización social o que a título individual hayan participado en diversos actos de movilización y protesta social y, que a consideración del Ministerio Público o de los tribunales del fuero común constituyeron conductas ilícitas sancionadas por el Código Penal de la entidad.
Artículo Segundo. La amnistía decretada en esta ley extingue la acción penal y las sentencias impuestas por los jueces de fuero común o los tribunales de alzada de la entidad, con excepción de la reparación del daño, conforme a lo dispuesto por el (los) artículo(s) del Código Penal que se encontraba vigente en el momento en que sucedieron los hechos punibles.
Artículo Tercero. Las personas a las que beneficia esta ley y que al momento de su entrada en vigor, se encuentren sustraídas de la acción de los tribunales dentro de la entidad, en otra entidad de
Artículo Cuarto. Se conforma una Comisión de seguimiento para la aplicación de esta ley, la cual deberá integrarse y entrar en funciones en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la publicación de esta ley y sus atribuciones consistirán en:
a)…
La comisión para la implementación de la amnistía estará integrada por un representante del gobierno del Estado designado por el Gobernador constitucional, un representante del Procurador General de Justicia de la entidad designado por éste, el Presidente de
Artículo Quinto. La extinción de la acción penal y de las sanciones entraña que las personas que resulten beneficiadas por esta ley, no podrán ser aprehendidas, detenidas, procesadas o molestadas por haber incurrido en las conductas tipificadas punibles por el Código Penal vigente en la entidad al momento de suscitarse los hechos, por lo que las personas que se encuentren sujetas a proceso o compurgando sentencia deberán ser puestas de inmediato en libertad, sobreseyéndose los procesos y dejando sin antecedentes penales a los individuos en cuestión en términos de lo dispuesto por el (los) artículo(s) … del Código Penal vigente en la entidad.
Las autoridades judiciales cancelarán las órdenes de aprehensión que hayan girado en contra las personas beneficiadas por esta ley, y que se encuentren pendientes de ejecución.
De igual manera el Ministerio Público o el Procurador General de Justicia de la entidad cuando así lo determine el Código Penal declararán extinguida la acción persecutoria derivada de la integración de las averiguaciones previas, ordenando el archivo definitivo de las indagatorias, dejando a salvo el derecho de los ofendidos a la reparación del daño.
En el caso de que exista interpuesto juicio de amparo por los individuos susceptibles de los beneficios de esta ley, la autoridad responsable remitirá copia certificada de las órdenes giradas con motivo de la aplicación de la presente ley a los órganos de control constitucional que estén conociendo del juicio de garantías para que dicten el auto de sobreseimiento del acto reclamado.
TRANSITORIOS.
Primero. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
Segundo. La presente ley tendrá una vigencia no mayor de un … a partir de su publicación en
LEONEL RIVERO
Estimados Compañeros.- El documento que adjuntó Damián al correo que les fue enviado señala " Propuesta de Leonel y Flacso" contiene una imprecisión.
Por lo que con la finalidad de no suscitar ningún tipo de malentendido aclaro que la propuesta que presentamos, como se señala en el documento que se entregó al FNCR fue elaborado por un grupo de personas cuyo interés común es la defensa de los derechos humanos.
Si bien es cierto, que la totalidad del equipo de trabajo pertenece a
anexo copia del documento entregado al FNCR
FRATERNALMENTE
LEONEL RIVERO
LEONEL RIVERO
- Mostrar texto citado –
México, Distrito Federal enero 23 de 2008.
AL FRENTE NACIONAL CONTRA
El proyecto de Ley de Amnistía que se anexa a este documento, es fruto de un esfuerzo conjunto emprendido por un equipo multidisciplinario integrado por académicos, servidores públicos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y abogados litigantes, el interés común del grupo es la defensa de los derechos humanos a partir de acciones individuales o en coordinación con organizaciones sociales y ciudadanos que en lo particular compartan los mismos objetivos.
Ponemos a consideración del Frente Nacional Contra
Atentamente
LEONEL RIVERO RODRÍGUEZ
De Felipe Canseco Ruiz
COMPAÑEROS: EN
PROPUESTA 1 CONSENSADA EN REUNIÓN DE COMISIÓN FNCR DE FECHA 28 DE ENERO DE 2008.
LEY DE AMNISTIA FEDERAL.
PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DE Amnistía.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7I, fracción II y 73, fracción XXII, de
Exposición de motivos:
Cuando se habla de amnistía para presos políticos, en principio se reconoce la existencia de ciudadanos inconformes que se han manifestado a través de distintas formas de lucha en contra del gobierno establecido y que se encuentran presos o son perseguidos por las fuerzas de seguridad gubernamentales.
Además es evidente que la mayoría de los actuales prisioneros por motivos políticos son integrantes de organizaciones sociales que luchan en forma pacífica por demandas legítimas y que han sido acusados, procesados y sentenciados a partir de conductas derivadas de actos de protesta; en tanto que otros presos y perseguidos pertenecen a organizaciones que han recurrido a la lucha armada por considerar canceladas las vías pacíficas para transformar al país y otros más han sido acusados de pertenecer a organizaciones armadas cuando que en realidad son parte de la población civil en contra de la que se ejercen represalias por considerar el gobierno que son base social de los insurrectos.
Es inconcebible que en el extranjero diversos organismos no gubernamentales de derechos humanos señalen la existencia de presos políticos en nuestro país, en tanto que el gobierno mexicano se niega obstinadamente a reconocer esta realidad.
Si representantes del gobierno expresan públicamente que se está viviendo en un período de "normalidad democrática" en la vida política nacional y aún existe inconformidad por los resultados de los procesos electorales y necesidad de reformar las leyes que rigen dichas contiendas , ello implica que se ha vivido décadas en circunstancias anormales o antidemocráticas, lo cual aunado a los graves problemas económicos, sociales y políticos, ha generado inconformidad ciudadana, que se expresa de diferentes maneras. Por ello la amnistía general a los prisioneros y perseguidos por motivos políticos es un imperativo ético, es saldar una deuda con quienes han tenido el valor de protestar contra el anormal e injusto orden de cosas que ha existido en nuestro país. Es un punto de partida para continuar la transformación del país en un régimen donde impere un verdadero Estado de derecho.
Existen antecedentes históricos de la aplicación de decretos de amnistía en nuestro país, desde la lucha por la independencia encontramos esta figura jurídica, cuando el 15 de octubre de 1810 las cortes españolas decretaron una amnistía para los insurgentes americanos, condicionada a cesar su actividad. Posteriormente, el primero de enero de 1831 se instaló el IV Congreso Constitucional y Anastacio Bustamante, entonces Presidente de
Uno de los episodios más recientes, se registró en septiembre de 1978, cuando el Presidente José López Portillo envió al Congreso de
Un asunto básico de la agenda política nacional, el cual que no puede ser soslayado en
Por lo anteriormente expuesto, proponemos ante
"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
LEY DE AMNISTIA
ARTICULO 1
SE DECRETA AMNISTIA EN FAVOR DE TODAS AQUELLAS PERSONAS EN CONTRA DE QUIENES SE HAYA EJERCITADO O PUEDA EJERCERSE ACCION PENAL, ANTE LOS TRIBUNALES DE
EL EJECUTIVO FEDERAL, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LAS CámaraS DE DIPUTADOS Y SENADORES, LAS COMISIONES NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO CINCO REPRESENTANTES DEL FRENTE NACIONAL CONTRA
ARTICULO 2
ARTICULO 3
LOS INDIVIDUOS QUE SE ENCUENTREN ACTUALMENTE SUSTRAIDOS DE
ARTICULO 4
EN CUMPLIMIENTO DE ESTA LEY, LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS COMPETENTES, CANCELARAN Y DEJARÁN DE EJECUTAR, RESPECTIVAMENTE, LAS ORDENES DE APREHENSION, DE PRESENTACIÓN AUTOS DE FORMAL PRISIÓN, AUTOS DE SUJECIÓN A PROCESO, Y PONDRAN EN LIBERTAD A LOS PROCESADOS O SENTENCIADOS.
ARTICULO 5
EN EL CASO DE QUE SE HUBIERE INTERPUESTO JUICIO DE AMPARO POR LAS PERSONAS A QUIENES BENEFICIE ESTA LEY,
ARTICULO 6
ARTICULO 7
LAS PERSONAS A QUIENES APROVECHE
TRANSITORIOS
ARTICULO Primero
ESTA LEY SURTIRA SUS EFECTOS AL DIA SIGUIENTE DE SU PUBLICACION EN EL "DIARIO OFICIAL DE
Marcha en Defensa de la Soberanía Alimentaria
Los convocamos a participar en la movilización en Defensa de
Marcharán con nosotros Laura Itzel Castillo, Mario di Costanzo, Asa Cristina Laurell, Bernardo Bátiz, Raquel Sosa y Gustavo Iruegas, secretarios del Gobierno Legítimo de México.
CONSEJO DE DEFENSA DE
DESPLEGADO PÚBLICO DEL MOVIMIENTO NACIONAL POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS
Con el actual modelo neoliberal, la sociedad mexicana presenta graves problemas de inequidad para alcanzar los satisfactores mínimos consagrados en la Constitución. El desempleo, la pobreza y la falta de libertades son constantes en detrimento de las clases marginadas y mayoritarias del campo y la ciudad. Con el creciente deterioro del medio ambiente y entrega de los recursos naturales, el problema social se agrava, ha llegado el momento de revertirlo.
Ante la demanda de modificar la política neoliberal, expresada en diversas movilizaciones realizadas por organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, sociales, populares y civiles, se ha profundizado la agresividad e insistencia del gobierno en mantener esta política depredadora, privatizadora y excluyente que privilegia los intereses de unos pocos por encima de los derechos de la mayoría.
La entrada en vigor de la última etapa de desgravación de las importaciones agropecuarias del TLCAN, la imposición del ASPAN, la escalada de precios derivada de la aplicación del incremento a los combustibles y el riesgo que representa para nuestro país la inminente recesión de la economía de Estados Unidos, agudizan el estancamiento de la economía nacional, el deterioro del campo y aceleran la caída del nivel de vida de la mayoría de la población. A lo que se añade una reforma fiscal que, con nuevos impuestos, vulnera la libertad de asociación de los mexicanos al considerar a las organizaciones ciudadanas como empresas mercantiles.
Durante años las propuestas de los campesinos no han sido tomadas en cuenta y se han aplicado políticas contrarias al interés del campo y la Nación. La alimentación es la primera condición de vida de 107 millones de mexicanos, dos millones de niños que anualmente hay que alimentar, el sector primario es el sustento de supervivencia para 30 millones de ciudadanos del campo: la alimentación es un asunto de Seguridad Nacional. La Soberanía Agroalimentaria es responsabilidad de todos los mexicanos, es inseparable de la Soberanía Energética y son requisito para mantener las libertades y la Soberanía de la Nación. La política neoliberal y el TLCAN, han traído al país y al campo, dependencia agroalimentaria, pobreza, desempleo, descapitalización, falta de productividad, rentabilidad y competitividad, migración, despojo y destrucción de nuestros recursos nacionales.
Ante las movilizaciones sociales, el gobierno ha optado por la cerrazón y el autoritarismo, violentando gravemente los derechos humanos de la población. Se dejan en la impunidad delitos graves perpetrados por efectivos del ejército y las policías. Suman ya decenas de demandas por violación de mujeres y asesinatos de civiles inocentes, Se arremete contra organizaciones sindicales, como en los casos de los nucleares, sobrecargos y mineros, quebrantando sus derechos adquiridos y sobre todo, el derecho de Huelga.
La aprobación de reformas en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública que, con el pretexto de combatir al crimen organizado, cancelan derechos ciudadanos al lesionar libertades y garantías individuales y al criminalizar la protesta social. Además se cierran los espacios de los periodistas cuya labor resulta incómoda para el gobierno o los círculos empresariales que le son afines.
La nula disposición del Ejecutivo para impulsar la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN, y para atender y resolver las demandas planteadas por la sociedad, dan cuenta de una situación en la que la mayor parte de la clase política y las oligarquías empresariales expresan su decisión de mantener y profundizar una política económica y social excluyente, para beneficio de los intereses de los capitales trasnacionales y de sus socios mexicanos. Ello explica el anuncio de reformas que revelan un profundo desprecio por nuestra historia, lesionan los derechos de los trabajadores y comprometen severamente la Soberanía Energética de la Nación.
La reforma energética, promovida por el gobierno federal, ratifica la aplicación de las políticas que imponen los organismos financieros internacionales para sustraer los recursos naturales del país. La privatización de instituciones y servicios públicos de seguridad social y del sector energético, juega un papel fundamental para reducir la inversión del gobierno y abrir nuevas oportunidades de negocio a las voraces transnacionales. Para cumplir sus compromisos, al gobierno mexicano poco le ha importado renunciar a sus obligaciones consagradas en nuestra Carta Magna en materia de Soberanía Nacional. Privatizan, aunque digan lo contrario, a través de modificaciones a leyes secundarias, con recortes presupuestales a las empresas e instituciones públicas, con el otorgamiento de contratos y permisos que violentan las actividades reservadas exclusivamente al Estado por la Constitución.
La reforma laboral, auspiciada por el Poder Ejecutivo busca: autorizar con cambios en varias leyes secundarias modificaciones a la Ley Federal del Trabajo; legalizar la intromisión de la Secretaria del Trabajo y de los patrones en la organización autónoma y exclusiva de los trabajadores; nulificar el derecho de huelga; legitimar los contratos de protección patronal; sustituir la jornada de ocho horas por el trabajo por hora; impedir la estabilidad en el empleo; desaparecer la antigüedad laboral con contratos temporales; ampliar el tiempo de servicios para obtener la pensión o la jubilación; abaratar la mano de obra nacional. Por ello, reiteramos nuestra exigencia de discusión y consenso con todos los trabajadores a partir del pleno respeto a los derechos adquiridos, ante cualquier modificación a la Ley Federal del Trabajo. Para hacer frente a la crisis del país, las organizaciones que suscribimos el presente Acuerdo Político, hacemos un llamado a todos los sectores sociales comprometidos en la lucha por la democratización y transformación de nuestro país, a participar en el "MOVIMIENTO NACIONAL POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS" , será un amplio movimiento social, plural y solidario capaz de desarrollar la movilización indispensable para impulsar una nueva correlación de fuerzas que modifique la actual política económica y social Neoliberal.
Luchamos por la restitución de la legalidad constitucional porque en ese contexto es posible generar las condiciones para democratizar el régimen político y modificar la política económica.
Para consolidar nuestro movimiento asumimos los siguientes compromisos:
Modificar la política neoliberal de subordinación, dependencia y pérdida de Soberanía ante poderes externos; por otro modelo de desarrollo basado en los campesinos, trabajadores, empresas públicas y nacionales, utilizando la renta petrolera exclusivamente para el desarrollo nacional, que garantice el desarrollo humano, de crecimiento económico, la generación de empleos y la disminución de las desigualdades de todos los mexicanos, en todas las regiones, con pleno respeto a todas las libertades y bajo condiciones de Soberanía Nacional. Fortalecer la democracia con la participación de las organizaciones sociales en las decisiones públicas y fortalecer la cultura e identidad nacionales.
Renegociar el capítulo agropecuario del TLCAN con la participación de las organizaciones campesinas; expedición inmediata de un decreto presidencial o una ley para establecer un mecanismo de administración del comercio de maíz y frijol y la creación de una reserva estratégica de granos con los campesinos. Defensa de la soberanía agroalimentaria, de los territorios campesinos e indígenas; reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación; aprobación de la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional; y, creación de Fondos Compensatorios para el Trabajo Rural y Urbano.
Defender la propiedad social de la tierra -ejidos y comunidades- como patrimonio de las familias campesinas. Modificar la contrarreforma al Artículo 27 Constitucional, restituyendo a los campesinos el derecho a la tierra como un derecho al trabajo. Reconocer las actividades que desarrollan las organizaciones campesinas como de interés público; exigimos la modificación de las políticas públicas y nuestra participación en el diseño, ejecución y evaluación de las mismas, y el presupuesto federal del sector rural mediante una reforma institucional que evite el manejo corporativo, clientelar y electoral de los programas e incluya como destinatarios y sujetos de desarrollo a la clase campesina. Ratificación y cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, mediante la firma del Adendo acordado con los campesinos.
Cumplimiento de los acuerdos sobre derechos y cultura indígena.
Defender la economía popular; fortalecer el mercado interno, con la creación de empleos estables y bien remunerados; combatir la carestía por medio del control de precios de la canasta básica; impulsar la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, incrementando su participación en el ingreso nacional; exigiendo aumento general de emergencia; y, diseñar políticas de desarrollo social que superen la visión asistencialista.
Defensa de los derechos laborales adquiridos; de la contratación colectiva auténtica con democracia e independencia sindical; del derecho de huelga; del derecho a jubilaciones y pensiones dignas, de la seguridad social universal. Rechazo a la nueva Ley del ISSSTE. Apoyaremos los procesos de revisiones contractuales y salariales, en especial los que involucran a los trabajadores de las universidades públicas.
Defensa de la soberanía energética revirtiendo las privatizaciones y acabando con participación privada abierta o simulada en el petróleo, gas, agua y electricidad. Respeto irrestricto de la legalidad constitucional.
Derogar la ASPAN y la Iniciativa Mérida, que promueven el estado de excepción y la militarización, garantía integral de los derechos humanos, resolución de los casos de violación vinculados a la protesta social y aquellos en los que han sido señalados miembros del ejército y las policías, erradicación de toda violencia contra las mujeres, perpetrada o tolerada por agentes del Estado. Liberación de los presos políticos.
Respetar la libertad de asociación, de expresión y de acceso a la información; freno a la concentración de los medios de comunicación social; nueva ley de medios electrónicos que incluya el otorgamiento de un sistema de concesiones de radio y televisión para las organizaciones sociales y civiles e instituciones de educación y cultura; impulso a la democracia participativa con el establecimiento de mecanismos de participación social en las políticas públicas en los diversos órdenes de gobierno. Demandamos el otorgamiento de concesiones para las organizaciones sociales de señales de televisión y de radio, abiertas y con alcance nacional.
Defender la identidad y el carácter nacional de nuestra cultura, frenar las privatizaciones en el sector de la educación, impulsar la educación pública, gratuita, laica y de excelencia académica, así como la cultura y la investigación científica y tecnológica.
Por un desarrollo ecológicamente sustentable, defendiendo nuestros recursos naturales, tierra, agua, bosques, biodiversidad y germoplasma nativo. Rechazamos la siembra de transgénicos y exigimos la implementació n de programas de investigación con un sentido de desarrollo nacional que esclarezca los riesgos de su uso.
Los ejes fundamentales de nuestras acciones;
Convocar a todas las expresiones campesinas, sindicales, sociales, ciudadanas y al pueblo en general, agraviados por la actual política gubernamental a participar en nuestro plan de lucha cuyo punto de partida es la gran marcha Nacional del 31 de enero y que incluye las movilizaciones del 7 de febrero, del 6 de marzo, del 18 de marzo, del 10 de abril y del 1° de Mayo, entre otras acciones que llevaremos a cabo durante el año en curso.
Construir un movimiento que se extenderá a todos Estados y regiones de la República Mexicana, propiciando la articulación de estrategias y acciones entre las organizaciones participantes.
Impulsar una alianza entre los diversos sectores sociales democráticos del país con una perspectiva de largo plazo, que inicia con la suscripción del presente Acuerdo Político.
Promover la vinculación y solidaridad con organizaciones internacionales afines.
Exigir al Ejecutivo Federal y convocar al Poder Legislativo, a la Conferencia Nacional de Gobernadores y a los distintos órdenes de gobierno, para que conforme a sus atribuciones constitucionales resuelvan nuestras propuestas.
Articular las principales demandas de las organizaciones campesinas, sindicales, y ciudadanas para construir una agenda integral, no fragmentable, que exigiremos por medio de la movilización. Elaboraremos propuestas y alternativas para solucionar la grave crisis política y social del país.
¡BASTA YA, RENEGOCIACIÓN DEL CAPÍTULO AGROPECUARIO DEL TLCAN! ¡RESCATEMOS AL CAMPO PARA RESCATAR A MÉXICO! ¡LA PATRIA NO SE VENDE, LA PATRIA SE DEFIENDE!
Fraternalmente
México, D. F., a 28 de enero de 2008
Confederación Nacional Campesina; Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros; Unión Nacional de Organizaciones Regionales, Campesinas y Autónomas; Central Campesina Independiente; Unión Campesina Democrática; Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo, "Sin Maíz no hay País y sin Frijol Tampoco, ¡Pon a México en tu boca!", Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas; Coalición Ciudadana Nacional, Diálogo
Nacional, Unión Nacional de Trabajadores, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de la Educación Superior; Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Frente Sindical Mexicano.
Responsable de la publicación Fernando Amezcua Castillo, Secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas
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Ante la demanda de modificar la política neoliberal, expresada en diversas movilizaciones realizadas por organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, sociales, populares y civiles, se ha profundizado la agresividad e insistencia del gobierno en mantener esta política depredadora, privatizadora y excluyente que privilegia los intereses de unos pocos por encima de los derechos de la mayoría.
La entrada en vigor de la última etapa de desgravación de las importaciones agropecuarias del TLCAN, la imposición del ASPAN, la escalada de precios derivada de la aplicación del incremento a los combustibles y el riesgo que representa para nuestro país la inminente recesión de la economía de Estados Unidos, agudizan el estancamiento de la economía nacional, el deterioro del campo y aceleran la caída del nivel de vida de la mayoría de la población. A lo que se añade una reforma fiscal que, con nuevos impuestos, vulnera la libertad de asociación de los mexicanos al considerar a las organizaciones ciudadanas como empresas mercantiles.
Durante años las propuestas de los campesinos no han sido tomadas en cuenta y se han aplicado políticas contrarias al interés del campo y la Nación. La alimentación es la primera condición de vida de 107 millones de mexicanos, dos millones de niños que anualmente hay que alimentar, el sector primario es el sustento de supervivencia para 30 millones de ciudadanos del campo: la alimentación es un asunto de Seguridad Nacional. La Soberanía Agroalimentaria es responsabilidad de todos los mexicanos, es inseparable de la Soberanía Energética y son requisito para mantener las libertades y la Soberanía de la Nación. La política neoliberal y el TLCAN, han traído al país y al campo, dependencia agroalimentaria, pobreza, desempleo, descapitalización, falta de productividad, rentabilidad y competitividad, migración, despojo y destrucción de nuestros recursos nacionales.
Ante las movilizaciones sociales, el gobierno ha optado por la cerrazón y el autoritarismo, violentando gravemente los derechos humanos de la población. Se dejan en la impunidad delitos graves perpetrados por efectivos del ejército y las policías. Suman ya decenas de demandas por violación de mujeres y asesinatos de civiles inocentes, Se arremete contra organizaciones sindicales, como en los casos de los nucleares, sobrecargos y mineros, quebrantando sus derechos adquiridos y sobre todo, el derecho de Huelga.
La aprobación de reformas en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública que, con el pretexto de combatir al crimen organizado, cancelan derechos ciudadanos al lesionar libertades y garantías individuales y al criminalizar la protesta social. Además se cierran los espacios de los periodistas cuya labor resulta incómoda para el gobierno o los círculos empresariales que le son afines.
La nula disposición del Ejecutivo para impulsar la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN, y para atender y resolver las demandas planteadas por la sociedad, dan cuenta de una situación en la que la mayor parte de la clase política y las oligarquías empresariales expresan su decisión de mantener y profundizar una política económica y social excluyente, para beneficio de los intereses de los capitales trasnacionales y de sus socios mexicanos. Ello explica el anuncio de reformas que revelan un profundo desprecio por nuestra historia, lesionan los derechos de los trabajadores y comprometen severamente la Soberanía Energética de la Nación.
La reforma energética, promovida por el gobierno federal, ratifica la aplicación de las políticas que imponen los organismos financieros internacionales para sustraer los recursos naturales del país. La privatización de instituciones y servicios públicos de seguridad social y del sector energético, juega un papel fundamental para reducir la inversión del gobierno y abrir nuevas oportunidades de negocio a las voraces transnacionales. Para cumplir sus compromisos, al gobierno mexicano poco le ha importado renunciar a sus obligaciones consagradas en nuestra Carta Magna en materia de Soberanía Nacional. Privatizan, aunque digan lo contrario, a través de modificaciones a leyes secundarias, con recortes presupuestales a las empresas e instituciones públicas, con el otorgamiento de contratos y permisos que violentan las actividades reservadas exclusivamente al Estado por la Constitución.
La reforma laboral, auspiciada por el Poder Ejecutivo busca: autorizar con cambios en varias leyes secundarias modificaciones a la Ley Federal del Trabajo; legalizar la intromisión de la Secretaria del Trabajo y de los patrones en la organización autónoma y exclusiva de los trabajadores; nulificar el derecho de huelga; legitimar los contratos de protección patronal; sustituir la jornada de ocho horas por el trabajo por hora; impedir la estabilidad en el empleo; desaparecer la antigüedad laboral con contratos temporales; ampliar el tiempo de servicios para obtener la pensión o la jubilación; abaratar la mano de obra nacional. Por ello, reiteramos nuestra exigencia de discusión y consenso con todos los trabajadores a partir del pleno respeto a los derechos adquiridos, ante cualquier modificación a la Ley Federal del Trabajo. Para hacer frente a la crisis del país, las organizaciones que suscribimos el presente Acuerdo Político, hacemos un llamado a todos los sectores sociales comprometidos en la lucha por la democratización y transformación de nuestro país, a participar en el "MOVIMIENTO NACIONAL POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS" , será un amplio movimiento social, plural y solidario capaz de desarrollar la movilización indispensable para impulsar una nueva correlación de fuerzas que modifique la actual política económica y social Neoliberal.
Luchamos por la restitución de la legalidad constitucional porque en ese contexto es posible generar las condiciones para democratizar el régimen político y modificar la política económica.
Para consolidar nuestro movimiento asumimos los siguientes compromisos:
Modificar la política neoliberal de subordinación, dependencia y pérdida de Soberanía ante poderes externos; por otro modelo de desarrollo basado en los campesinos, trabajadores, empresas públicas y nacionales, utilizando la renta petrolera exclusivamente para el desarrollo nacional, que garantice el desarrollo humano, de crecimiento económico, la generación de empleos y la disminución de las desigualdades de todos los mexicanos, en todas las regiones, con pleno respeto a todas las libertades y bajo condiciones de Soberanía Nacional. Fortalecer la democracia con la participación de las organizaciones sociales en las decisiones públicas y fortalecer la cultura e identidad nacionales.
Renegociar el capítulo agropecuario del TLCAN con la participación de las organizaciones campesinas; expedición inmediata de un decreto presidencial o una ley para establecer un mecanismo de administración del comercio de maíz y frijol y la creación de una reserva estratégica de granos con los campesinos. Defensa de la soberanía agroalimentaria, de los territorios campesinos e indígenas; reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación; aprobación de la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional; y, creación de Fondos Compensatorios para el Trabajo Rural y Urbano.
Defender la propiedad social de la tierra -ejidos y comunidades- como patrimonio de las familias campesinas. Modificar la contrarreforma al Artículo 27 Constitucional, restituyendo a los campesinos el derecho a la tierra como un derecho al trabajo. Reconocer las actividades que desarrollan las organizaciones campesinas como de interés público; exigimos la modificación de las políticas públicas y nuestra participación en el diseño, ejecución y evaluación de las mismas, y el presupuesto federal del sector rural mediante una reforma institucional que evite el manejo corporativo, clientelar y electoral de los programas e incluya como destinatarios y sujetos de desarrollo a la clase campesina. Ratificación y cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, mediante la firma del Adendo acordado con los campesinos.
Cumplimiento de los acuerdos sobre derechos y cultura indígena.
Defender la economía popular; fortalecer el mercado interno, con la creación de empleos estables y bien remunerados; combatir la carestía por medio del control de precios de la canasta básica; impulsar la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, incrementando su participación en el ingreso nacional; exigiendo aumento general de emergencia; y, diseñar políticas de desarrollo social que superen la visión asistencialista.
Defensa de los derechos laborales adquiridos; de la contratación colectiva auténtica con democracia e independencia sindical; del derecho de huelga; del derecho a jubilaciones y pensiones dignas, de la seguridad social universal. Rechazo a la nueva Ley del ISSSTE. Apoyaremos los procesos de revisiones contractuales y salariales, en especial los que involucran a los trabajadores de las universidades públicas.
Defensa de la soberanía energética revirtiendo las privatizaciones y acabando con participación privada abierta o simulada en el petróleo, gas, agua y electricidad. Respeto irrestricto de la legalidad constitucional.
Derogar la ASPAN y la Iniciativa Mérida, que promueven el estado de excepción y la militarización, garantía integral de los derechos humanos, resolución de los casos de violación vinculados a la protesta social y aquellos en los que han sido señalados miembros del ejército y las policías, erradicación de toda violencia contra las mujeres, perpetrada o tolerada por agentes del Estado. Liberación de los presos políticos.
Respetar la libertad de asociación, de expresión y de acceso a la información; freno a la concentración de los medios de comunicación social; nueva ley de medios electrónicos que incluya el otorgamiento de un sistema de concesiones de radio y televisión para las organizaciones sociales y civiles e instituciones de educación y cultura; impulso a la democracia participativa con el establecimiento de mecanismos de participación social en las políticas públicas en los diversos órdenes de gobierno. Demandamos el otorgamiento de concesiones para las organizaciones sociales de señales de televisión y de radio, abiertas y con alcance nacional.
Defender la identidad y el carácter nacional de nuestra cultura, frenar las privatizaciones en el sector de la educación, impulsar la educación pública, gratuita, laica y de excelencia académica, así como la cultura y la investigación científica y tecnológica.
Por un desarrollo ecológicamente sustentable, defendiendo nuestros recursos naturales, tierra, agua, bosques, biodiversidad y germoplasma nativo. Rechazamos la siembra de transgénicos y exigimos la implementació n de programas de investigación con un sentido de desarrollo nacional que esclarezca los riesgos de su uso.
Los ejes fundamentales de nuestras acciones;
Convocar a todas las expresiones campesinas, sindicales, sociales, ciudadanas y al pueblo en general, agraviados por la actual política gubernamental a participar en nuestro plan de lucha cuyo punto de partida es la gran marcha Nacional del 31 de enero y que incluye las movilizaciones del 7 de febrero, del 6 de marzo, del 18 de marzo, del 10 de abril y del 1° de Mayo, entre otras acciones que llevaremos a cabo durante el año en curso.
Construir un movimiento que se extenderá a todos Estados y regiones de la República Mexicana, propiciando la articulación de estrategias y acciones entre las organizaciones participantes.
Impulsar una alianza entre los diversos sectores sociales democráticos del país con una perspectiva de largo plazo, que inicia con la suscripción del presente Acuerdo Político.
Promover la vinculación y solidaridad con organizaciones internacionales afines.
Exigir al Ejecutivo Federal y convocar al Poder Legislativo, a la Conferencia Nacional de Gobernadores y a los distintos órdenes de gobierno, para que conforme a sus atribuciones constitucionales resuelvan nuestras propuestas.
Articular las principales demandas de las organizaciones campesinas, sindicales, y ciudadanas para construir una agenda integral, no fragmentable, que exigiremos por medio de la movilización. Elaboraremos propuestas y alternativas para solucionar la grave crisis política y social del país.
¡BASTA YA, RENEGOCIACIÓN DEL CAPÍTULO AGROPECUARIO DEL TLCAN! ¡RESCATEMOS AL CAMPO PARA RESCATAR A MÉXICO! ¡LA PATRIA NO SE VENDE, LA PATRIA SE DEFIENDE!
Fraternalmente
México, D. F., a 28 de enero de 2008
Confederación Nacional Campesina; Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros; Unión Nacional de Organizaciones Regionales, Campesinas y Autónomas; Central Campesina Independiente; Unión Campesina Democrática; Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo, "Sin Maíz no hay País y sin Frijol Tampoco, ¡Pon a México en tu boca!", Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas; Coalición Ciudadana Nacional, Diálogo
Nacional, Unión Nacional de Trabajadores, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de la Educación Superior; Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Frente Sindical Mexicano.
Responsable de la publicación Fernando Amezcua Castillo, Secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas
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