Irrumpen militares en la normal rural de Ayotzinapa; fue una equivocación, dicen

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 30 de enero. Militares a bordo de una Hummer y una camioneta irrumpieron la mañana de este jueves en la normal rural de Ayotzinapa, y aunque argumentaron que se habían equivocado de lugar, durante todo el trayecto los soldados tomaron video. El convoy militar arribó hasta el estacionamiento interno de la normal, ubicado a un costado del comedor estudiantil.

Esta acción los estudiantes lo consideraron como una intimidación y hostigamiento, toda vez que ya es la segunda ocasión que los soldados ingresan a la escuela, donde en la entrada hay un arco con un letrero grande que especifica que es la normal.

En conferencia de prensa, el director del plantel, José Luis Hernández Rivera, detalló que a las 10 de la mañana, unos 20 militares a bordo de una Hummer y una camioneta artillada entraron a la escuela y llegaron hasta el estacionamiento interno, ubicado a un costado del comedor estudiantil.

“Entraron, no sucedió nada grave, pero en forma según espontánea ellos entraron, la información que recibimos de ellos es que se equivocaron al entrar y no ubicaron que estaban en la normal de Ayotzinapa”, indicó.

Comentó que los estudiantes fueron muy cuidadosos, pues “pudo haberse dado una serie de golpes, balazos, tragedia, pero lo importante que no pasó nada y sobre todo se pide tener mucho cuidado porque el estado está viviendo tiempos difíciles”.

En tanto, el representante del Comité Estudiantil de Ayotzinapa, Guillermo Hernández Castro, dijo que “es muy grave lo que está pasando en la escuela”, pues recordó que no es la primera vez que militares merodean la normal: “Ha habido varias ocasiones que han estado vigilando no sabemos con qué fines o a quién tratan de localizar; lo que no queremos es llegar a un conflicto con ellos, porque a la escuela no pueden entrar ni la Policía Federal, ni el Ejército”.

Hernández Castro consideró que esta irrupción es una forma de intimidación “más ahora que se está militarizando el estado de Guerrero y más que hay aquí policía comunitaria y que Ayotzinapa está respaldando a la Policía Comunitaria y a los movimientos sociales, entonces claro está que es una forma de intimidación”.

Dijo que dudan que haya sido una equivocación de los soldados como argumentaron, pues desde que estaban en la entrada los militares estaban tomando video, además en la entrada hay un arco donde está el letrero que señala que es la normal rural de Ayotzinapa, “al menos que no sepan leer los militares”.

El dirigente estudiantil aseguró que no pondrán ninguna queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos en el estado (Coddehum), ya que no confían en la institución, luego de que el gobernador impuso al presidente interino. “Ahorita no creo porque no confiamos en el instituto, entonces no confiamos mucho en la Coddehum, sabemos que es un organismo independiente pero ahora con la imposición que hizo el gobernador ya no creemos que vele por los derechos humanos de los de abajo”, dijo.

En tanto, el representante de los padres de familia, Fernando Basilio, consideró que se vive una situación difícil en el estado, lo que pudo haber provocado la irrupción militar y que pudo haber provocado una tragedia.

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DISCURSO 2 HORAS ANTES DE SUFRIR ATENTADO PIOQUINTO DAMIÁN HUATO

Solicita CNDH medidas cautelares a Quintana Roo para el periodista Sergio Caballero por agresiones

Por Fernando Camacho Servín

México, DF. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares al gobierno del estado de Quintana Roo, en favor del periodista Sergio Caballero, corresponsal de la revista Proceso en Cancún, debido a los ataques cometidos en su contra.

Un equipo de visitadores adjuntos fue enviado al lugar de los hechos para entrevistarse con el agraviado y recabar evidencias e información relativa a tales hechos, informó el organismo a través de un comunicado.

De igual forma, la CNDH buscará que la autoridad investigue "de manera amplia e imparcial" hasta lograr el esclarecimiento de los hechos, deslindar responsabilidades y garantizar que la agresión no quede impune.

La entidad dirigida por Raúl Plascencia Villanueva, enfatizó que es obligación del Estado prevenir cualquier acto que violente la libertad de expresión, "ya que toda sociedad democrática debe tener como uno de sus principales componentes la participación de una prensa libre e independiente, que cumpla con su función social en condiciones de seguridad".

Desalojo forzado por policías estatales en el ejido Joaquín Miguel Gutiérrez

Boletín de prensa No. 02

Desalojo forzado por policías estatales en el ejido Joaquín Miguel Gutiérrez

Uso desproporcionado de la fuerza pública y agresiones contra 75 familias tsotsiles

Según información documentada, por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), el día 22 de enero de 2014, en el ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, en el municipio de Berriozábal, se dio un operativo policiaco sin que se mostrara ninguna orden de desalojo. El operativo culminó con el desalojo forzado de 75 familias tsotsiles (integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente - Coordinadora Nacional Plan de Ayala – Emiliano Zapata), la destrucción, saqueo y quema de viviendas, robo de pertenencias, con resultado final de una mujer de la tercera edad agredida, cinco personas heridas y cuatro más detenidas arbitrariamente. La acción, que duró cerca de cuatro horas, se llevó a cabo desde las 08:30 hrs. con la presencia de aproximadamente 800 elementos de la Policía Estatal Preventiva, Policía Ministerial, Policía Municipal de Berriozábal quienes usaron gases lacrimógenos tipo “3420 37/38 MM RIOT CN POWDER MUZZLE BLAST”, toletes, garrotes, palos y portaban armas de fuego.

El operativo fue efectuado sin observar el “Protocolo de desalojos por parte de las corporaciones de policías y seguridad del Estado y los municipios de Chiapas”, y dio como consecuencia grave: agresión con gases lacrimógenos contra una mujer de 75 años de edad; un hombre con quemadura en la cartilágine de la oreja izquierda producida por gas lacrimógeno y hematoma en el abdomen; un hombre con herida por garrote en la ceja izquierda; un hombre con una escoriación en la costilla por quemadura producida por un tiro de gas lacrimógeno; un hombre con herida por garrote en la sien derecha; un hombre con heridas en la ingle por golpes. Además los Sres. Josué Isaí Pérez Vázquez, José Rafael Gómez Juárez, Hiram Méndez Vázquez y Josué Pérez González resultaron detenidos con golpes, tratos crueles y trasladados a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez; de ahí, el viernes 24 de enero de 2014, fueron encarcelados en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 14 (El Amate), Cintalapa.

De lo anterior, este Centro de Derechos Humanos, documentó múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por los elementos policiacos del estado de Chiapas, como son el derecho a la: integridad y seguridad personal, libertad, seguridad ciudadana, protección frente al abuso de poder, respeto a la honra y reputación; además derechos de las mujeres, de las niñas y los niños, de las personas adultas mayores, que se cometieron en la ejecución del operativo violento. Derechos incluidos en instrumentos internacionales que el Estado mexicano se comprometió a proteger, respetar y garantizar de acuerdo a su promoción, firma y ratificación; entre ellos están los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Cabe mencionar que al Frayba le preocupa la situación de violación sistemática a los derechos humanos cometida por el gobierno del estado de Chiapas a través de sus funcionarios y servidores públicos en actos como: agresiones, tratos crueles inhumanos y degradantes, tortura, privación arbitraria de la libertad. Casos que este Centro de Derechos Humanos ha venido documentando, como una lamentable práctica cotidiana de los abusos del Estado a pesar de la normatividad nacional e internacional que prohíbe estos excesos de poder.

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Intimidación, robo y falta de acción oportuna por parte de las autoridades a la DDH Nadin Reyes Maldonado, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos "Hasta Encontrarlos" Recibidos x

Expediente: 2/CHE-DF

Puebla, México, a 29 de enero de 2014

La Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RENDDH) con domicilio para recibir notificaciones en Avenida Reforma 121, despacho 1, Centro Histórico de Puebla, y correo electrónico contacto@reddh.org, reddh.mex@gmail.com, con numero celular 044 22 21 27 68 39, solicita su intervención urgente ante la intimidación, robo y falta de acción oportuna por parte de las autoridades de la cual fué victima la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”.

HECHOS

La noche del martes 21 de enero de 2014 en el Municipio de Netzahualcóyotl, Estado de México, Nadín REYES MALDONADO, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, fue victima de robo, privación ilegal de la libertad y falta de acción oportuna por parte de las autoridades.

Ese día, afuera del domicilio de su hermano, a quién ayudaban a trasladar unas pertenencias puesto que se cambiaría de casa, abordo del vehiculo Bora Sport, negro, con placas de circulación 630 WHJ propiedad de un amigo que la acompañaba. En ese momento fue interceptada por dos personas que con violencia les arrebataron las llaves y poniendo en marcha el automovíl los privaran de su libertad. Uno de ellos de aproximadamente 24 años de edad, de 1.80 metros de estatura, moreno claro, con acné de lado derecho de la cara; el otro de aproximadamente 22 años de edad, delgado y como de 1.70 metros de estatura.

Los trasladaron por varias calles bajo injurias y amenazas por cerca de 20 minutos, estando por la Avenida Texcoco se emparejó un taxi del Distrito Federal, un platina con placas de circulación A47-487 ó A47-387, en el que viajaban tres personas, al parecer cómplices de los captores. Ya que el copiloto de dicha unidad, indicó a quien conducia el automovil: “por aquí ya tíralos y ahorita te pones”. Procediendo uno de los asaltantes a quitarles celulares, identificaciones y dinero, para posteriormente, sin detener por completo el coche, los arrojaran al llegar a la calle Ángel Trías, casi esquina con General Francisco Arce, en la colonia la Valenciana en el Distrito Federal, huyendo en el auto Bora tras el taxi mencionado.

Cerca del lugar en que fueran abandonados, pidieron apoyo a una patruya, pero los patrulleros dijeron que no podían hacer nada porque el delito se había cometido en el estado de México. Sólo por insistencia de Nadin y sus acompañantes, los condujeron finalmente a la Agencia del Ministerio Público número 44 de la Delegación Iztapalapa.

Ahí, el oficial, secretario de turno, Juan Carlos Vázquez Bahena, se negó a recibir la denuncia. Argumentó que el delito se había cometido en Neza, sin tomar en cuenta que los delincuentes culminaron su atraco en territorio del Distrito Federal y que durante el asalto también fue usado un taxi de esta demarcación.

Tuvieron que acudir a Netzahualcóyotl donde después de horas pudieron reportar el robo al 01 800 70 28 770, teléfono en el que únicamente les dieron el número de Noticia criminal: 221920143414. Fue hasta el sábado 25 de enero que por la presión ejercida por el Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” pudieron interponer la denuncia formal.

Es importante destacar que todos estos hechos se dan en el contexto de la denuncia que el Comité Hasta Encontrarlos hizo en días pasados por la desaparición forzada del Joven indígena Tzotzil Ramiro Rodríguez Sántiz en Chiapas a cargo del grupo paramilitar “Los Petules” y de las acciones jurídicas que se están realizando en este momento para llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Por lo que, mientras no exista una atención efectiva por parte de las autoridades y se lleve a cabo una completa investigación para detener y castigar a los responsables de los delitos denunciados, quienes conforman el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” no descartan que estos hechos tengan relación y sean parte de un refinado hostigamiento e intimidación que el gobierno ha desatado en contra de quienes forman parte de este Comité y de quienes se han solidarizado con las tareas de defensa de los derechos humanos realizan.

Por lo expuesto anteriormente, la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RENDDH), solicitamos de manera urgente sustentandonos en el Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

I. A las autoridades del estado de México y del Distrito Federal garatizar la integridad física y psicológica de la Coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, así como de su familiares, amistades y organizaciones solidarias que les han acompañado.

II. Exigimos a la Procuraduría de Justicia del Estado de México y del Distrito Federal que realicen de manera pronta las investigaciones necesarias para dar con el paradero del vehículo robado y para que los responsables materiales e intelectuales sean puestos a disposición de las autoridades correspondientes a efecto de que sean sancionados

penalmente conforme a la ley.

III. Asimismo, toda vez que los ladrones se llevaron documentación oficial del hermano de Nadín: acta de nacimiento, cartilla militar y carnet del seguro social. Éste se deslinda de cualquier uso ilícito que los delincuentes, sus cómplices o cualquier otra persona puedan hacer de esos documentos.

Finalmente, a todas las organizaciones y personas solidarias les hacemos también un llamado para estar atentas ante cualquier otra situación en contra de los miembros del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, familiares y amistades.

Atentamente

Unidos y Organizados a Ejercer y Defender los Derechos Humanos

Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos


RENDDH

Pedro Hernández Flores
Presidente de la RENDDH

Israel Sampedro Morales
Vicepresidente de la RENDDH

Padre lleva 12 días en plantón por muerte de su hijo; el gobierno de Yucatán lo ignora

MARCELA TURATI

José Felipe Castillo, muerto en 2011 en Yucatán.

Foto: Especial

MÉXICO, D.F. (apro).- El encargado de la representación del gobierno de Yucatán en el Distrito Federal se ha negado a recibir al padre de familia Marco Antonio Castillo Castillo, quien lleva 12 días de plantón afuera de esa oficina para exigir al gobernador Rolando Zapata que cumpla la recomendación 34/2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para esclarecer la muerte de su hijo adolescente, José Felipe Castillo, ocurrida en 2011 en dicha entidad.

Según el representante del gobernador, Ignacio Mendicuti Pavón, la recomendación ya fue cumplida. No obstante, esa afirmación es desmentida por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña.

La legisladora aseguró que recibió información de la CNDH en el sentido de que aún no se ha cumplido esa recomendación, que exige a la fiscalía yucateca realizar una nueva investigación para esclarecer las causas de la muerte de José Felipe.

De acuerdo con las conclusiones de la fiscalía, el joven se suicidó, pero el padre asegura que fue asesinado y que “personas poderosas” están detrás del crimen.

“La recomendación está resuelta, (el gobierno) la aceptó, la contestó y resolvió la fiscalía del estado en el sentido de que no hay ningún delito que perseguir, pues su resolutivo fue que se debió a un suicidio”, dijo Mendicuti a Apro, y señaló que posiblemente el dolor ha cegado al padre de familia que ve una conspiración en su contra y hasta insinuó que se podría estar “lucrando” con la muerte de su hijo.

“Lleva tiempo haciendo plantones ante PGR, ante la CNDH, ante el gobierno del estado. Tengo entendido que fue recibido ya por el gobernador. Creo que está generando un ambiente de distorsión de las cosas. Lamentablemente tampoco se vale lucrar con la desgracia”, dijo el funcionario.

Aunque la recomendación emitida el 11 de enero de 2011 va dirigida al gobernador, Mendicuti manifestó que el señor Castillo Castillo equivoca la instancia ante la cual debe protestar.

“He estado plantado afuera de la oficina, pedí ver al representante del gobernador y nunca me atendió. Una noche que llegó le pedí a su chofer que le dijera que quería hablar con él, después salió una señorita que me dijo que me iban a llamar para concertar una cita y sigo esperando”, explicó este lunes el padre de familia.

Añadió:

“Aunque el crimen se cometió cuando la gobernadora era Ivonne Ortega, la recomendación viene dirigirá al gobernador y él la tiene que responder, porque la procuración de justicia es parte del gobierno del estado y él nombró a la procuradora como parte de su gabinete”.

Luego de que la representación señaló que la recomendación ya había sido cumplida, la senadora De la Peña envió un escrito al gobernador Zapata, fechado el 23 de enero, en el que menciona que al preguntar a la CNDH el nivel de cumplimiento de la recomendación le respondieron que se encontraba en “cumplimiento parcial”.

“Respetuosamente le solicito ponderar la pertinencia de dar cabal cumplimiento a la recomendación de la NCDH número 34/2013”, se lee en el escrito firmado por la legisladora.

En su recomendación, la CNDH estableció que la fiscalía de Yucatán extravió pruebas necesarias para realizar el estudio de criminalística (como el teléfono celular del adolescente y las prendas que vestía) y permitió que otras evidencias fueran sustraídas del expediente.

La fiscalía realizó algunas diligencias con un retraso de hasta un año, volviéndolas inútiles, y no realizaron otras que permitían acreditar el homicidio, ni los dictámenes periciales necesarios para la investigación, ni recabaron los testimonios de las personas que podían ayudar al esclarecimiento de la muerte.

El pasado jueves 23, el representante del gobernador se comprometió a dar una respuesta formal por parte de la fiscalía del estado a esta reportera, pero hasta el momento esto no ha ocurrido.

Aunque el funcionario mencionó que las conclusiones del gobierno daban como causa de la muerte el suicidio, al final de la entrevista mencionó: “No creo que se pueda inventar un delito. No hay nada que ocultar (…) Hay muchísimos delitos que no tienen solución”.

Dudoso, el papel de la CNDH

Aunque la CNDH emitió la recomendación que aún no ha sido cumplida, el pasado jueves 9 esta instancia “certificó” en derechos humanos a la fiscalía de Yucatán, luego de que los funcionarios recibieron cursos de capacitación impartidos por la propia comisión nacional.

Por ese hecho, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el señor Castillo y el centro de derechos humanos Indignación acusaron a la defensoría nacional de solapar la negligencia del gobierno yucateco y de actuar de manera ilegal.

“La CNDH ha incurrido en gravísimas contradicciones e ilegalidades en su proceso: Sin la anuencia y consulta con los padres de la víctima, se firmó un acuerdo de conciliación entre las partes, ello a pesar de que la CNDH detectó que la fiscalía de Yucatán nunca realizó el estudio de criminalística necesario para determinar las causas de la muerte de José Felipe y pese a ello, denunció el padre de la víctima, el expediente fue cerrado por el Ministerio Público local a los pocos días del deceso, afirmando que se había tratado de un suicidio”, indica la organización Indignación en un comunicado emitido el día que inició el plantón.

Menciona que las razones de la CNDH podrían estar sustentadas “en criterios de carácter político y no de un verdadero análisis” sobre la actuación de la fiscalía de Yucatán bajo los estándares más altos en materia de derechos humanos.

“Resulta gravísimo –agrega– que se pretenda sustituir el cumplimiento de obligaciones con otras medidas irrelevantes y que el criterio utilizado por la CNDH pueda estar basado en la cantidad de cursos en materia de derechos humanos que su personal ha tomado, y no en un análisis serio del desempeño de la fiscalía y de la obligación que, como institución pública, tiene de cumplir con el respeto pleno de los derechos fundamentales”.

Este es el tercer plantón del señor Castillo en el DF. En septiembre de 2013 protestó afuera de la sede de la CNDH en esta capital y, por la presión, la dependencia emitió la recomendación 34/2013 el 11 de septiembre en contra del gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, y le demandó investigar de nueva cuenta hasta esclarecer si se trató de un homicidio y abrir una averiguación previa contra los funcionarios responsables de la necropsia y las irregularidades.

En esta ocasión, el padre de la víctima protesta porque a cinco meses de emitida y aceptada la recomendación no ha tenido avances.

Mujer da a luz en banqueta por negligencia médica…otra vez en Oaxaca

PEDRO MATÍAS

Un médico recibe a la niña en la banqueta.

Foto: Tomada de YouTube

OAXACA, Oax. (apro).- A los gritos de Nancy, le siguió un llanto nervioso al ver que su hija nació en la calle sin la atención de salud necesaria porque en el Hospital “Pilar Sánchez Villavicencio” de Huajuapan de León, no la quisieron atender.

Ángel tuvo que quitarse su suéter para evitar que la recién nacida cayera al suelo: “yo detuve a mi niña hasta que llegó él (el médico) y pedía pinzas (para cortar el cordón umbilical) y ni así se apuraban sus compañeros”.

Con el caso de Nancy, de 21 años de edad, ocurrido en la zona mixteca del estado, suman cuatro las mujeres que han parido afuera de instituciones de salud de este estado por negligencia médica y ante la complacencia de las autoridades gubernamentales y sindicales. Sólo cuatro servidores públicos han sido cesados ante la presión de organizaciones civiles.

Por este nuevo caso, la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca inició el expediente DDHPO/RM/04/(07)/OAX/2014 y emitió una medida cautelar al secretario de salud, Germán Tenorio Vasconcelos, para que rinda un informe del caso.

Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió una queja de oficio para investigar presuntas violaciones a derechos humanos cometidas contra esta mujer.

Entrevistado vía telefónica, Ángel, un ayudante de albañil, narró que su esposa comenzó a tener mucho dolor la madrugada del domingo 26 de enero.

“La mera verdad, mi señora vino desde las 6 de la mañana al hospital. La checaron y le dijeron que todavía no le tocaba. Pasaron como dos horas y los dolores eran más fuertes y le decían que más al rato, y así pasaron tres horas y nada. Mejor nos fuimos para la casa”, contó.

Pero ahí, la mujer “se puso bien mala, se le reventó la fuente, estuvo sangrando y me la lleve al hospital. La metí cargando y (los doctores) decidan que todavía le faltaban cuatro centímetros y me hicieron que la sacara”.

Por el nerviosismo, Ángel no reparó en la hora, pero “serían entre las nueve o diez y media de la noche cuando mi esposa se hincó porque ya no aguantaba los dolores”.

A escasos metros del hospital, Nancy parió auxiliada por su madre y su esposo, mientras que la gente que pasaba por el lugar solicitaba el auxilio de los médicos y enfermeras del hospital.

“Tardaron como cinco minutos para que saliera (el médico) y cuando salieron yo ya tenía a mi niña en mis manos. La cubrí con mi suéter. Yo detuve a mi niña hasta que llegó él y pedía pinzas y ni así”, recordó el padre.

Un video de tres minutos y 10 segundos difundido en YouTube muestra la crudeza del alumbramiento donde se observa a la mujer con su bebé aún con el cordón umbilical, así como la preocupación de la madre por la salud de su niña y la actitud del médico que recomienda tranquilidad, pide una pinza, una camilla y que la gente apague las cámaras.

Ángel informó que decidieron denunciar el caso para que las autoridades “lo tomen en cuenta y no vuelva a suceder porque gracias a Dios mi niña y mi esposa están bien, pero no me gustaría que vuelva a suceder”.

Según el expediente de la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca, la autoridad responsable es el personal médico del hospital general “Pilar Sánchez Villavicencio” de Huajuapan de León, ubicado en la región mixteca de Oaxaca, dependiente de los Servicios de Salud estatales.

Al ser cuestionado, el subsecretario de Salud, Maurilio Mayoral, negó que la mujer haya parido en la calle. Luego, reconoció que el secretario de Salud, Germán Tenorio, se trasladó al lugar para investigar el caso.

Respecto a que si fueron cesados los servidores públicos que incumplieron con su función al no atender a la mujer cuando pidió el servicio, se limitó a decir que su política es de “cero tolerancia”.

En su cuenta de Twitter, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) @ssoaxaca, informaron que el director del hospital y el médico de guardia presentaron su renuncia.

Negligencia recurrente

A principios de octubre de 2013, Irma López, una mujer de origen mazateca parió en el patio trasero de la clínica rural del municipio indígena de Jalapa de Díaz. Una enfermera y el médico responsable del turno fueron acusados de abuso de autoridad y omisión.

Otro caso fue el Alma Ruth Mendoza Martínez, cuyo bebé nació en la calle, en las inmediaciones de la clínica del municipio de San Antonio de la Cal. El médico responsable y el director de la clínica fueron separados de sus cargos.

A finales de ese mismo mes, una mujer de nombre Cinthia, tuvo a su bebé en el baño de la posada del Centro de Salud de la comunidad San Jacinto Amilpas. Aunque las autoridades pretendieron ocultar el caso, ella lo denunció el 11 de noviembre.

En los tres casos, se denunció la negativa de las autoridades médicas para dar el servicio, con el argumento de que aún les faltaba tiempo para que naciera su bebé.

Los casos fueron motivo de queja en la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca. En tanto, organizaciones civiles denunciaron discriminación hacia estas mujeres por su origen indígena.

Al mismo tiempo, exigieron al gobernador Gabino Cué, y a la secretaria de Salud federal, Mercedes Juan, la renuncia del secretario de Salud estatal, Germán Tenorio Vasconcelos. Hasta el momento, el funcionario sigue en el cargo.

CNDH abre queja de oficio

Luego de que el video de la negligencia en el caso de Nancy se difundió en las redes sociales y los medios de comunicación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una queja de oficio para investigar presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en contra de la mujer.

En un comunicado, el organismo informó que personal médico y visitadores adjuntos se trasladaron a de Huajuapan de León para integrar el expediente respectivo y estudiar el caso. Agregó que solicitarán información a la institución sanitaria y pedirán el testimonio de la víctima.

Tras concluir la investigación, el análisis y la valoración de las evidencias, emitirá la determinación que conforme a derecho corresponda.

Como en los casos anteriores, la Comisión destacó que “las mujeres indígenas y, más aún, en estado de gravidez, deben ser atendidas sin distinción alguna. El derecho a la protección a la salud debe ser ejercido y exigido por todos, pero en mayor medida ser vigilados ante la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estos grupos”.

Es necesario garantizar, agregó, que las de comunidades indígenas tengan acceso a servicios de salud eficientes, oportunos, gratuitos y que se cumpla con el abasto adecuado de medicamentos y de personal médico capacitado.

Urgen a liberar a autodefensas de Aquila

Autodefensa de Aquila, Michoacán, en conferencia de prensa.

Foto: Enrique Castro

MÉXICO, D.F., (apro).- Hipólito Mora, uno de los líderes de las autodefensas en Michoacán, confió en que a en un mes a más tardar el gobierno federal libere a sus compañeros de Aquila presos desde agosto del año pasado.

“Ojalá los liberen ya pronto. Se tienen que liberar, ya llevan meses encerrados y es injusto”, dijo el líder comunitario en entrevista con Noticias MVS.

La liberación de las autodefensas de Aquila, dijo, no fue condición para la firma del acuerdo con el gobierno federal el lunes pasado, dijo, pero sí se ha abordado en otras ocasiones.

“No fue condición (la liberación para firmar el acuerdo) pero parece que ya los van a liberar, estoy seguro que sí. Yo creo que no pasa de un mes”, confió Mora, al referirse al trato diferenciado que ha dado el gobierno federal a otras autodefensas en el país, en particular a las de Guerrero que recién se organizó, y a la formada en Aquila, Michoacán, el año pasado.

El viernes 24 de enero habitantes de la comunidad de San Miguel Aquila pidieron al gobierno de Enrique Peña Nieto congruencia con el ofrecimiento a autodefensas de integrarse a fuerzas de seguridad, y al Poder Judicial Federal una resolución favorable para los 21 comuneros procesados bajo caución y los detenidos, 19 en Perote, Veracruz, y tres en Morelia.

Los comuneros fueron detenidos el 14 de agosto de 2013 en un operativo policiaco militar.

Según Guadalupe Díaz, representante de San Miguel Aquila, esa comunidad indígena era extorsionada por los Caballeros Templarios y víctima de abusos por parte de la minera Ternium, de origen ítalo-argentino.

El pueblo de Aquila mantenía un conflicto con la minera que compraba minerales en terrenos no concesionados a los Caballeros Templarios, por el incumplimiento de compromisos para el mejoramiento de la comunidad y por la complicidad con un grupo de ejidatarios que fue excluido de las regalías por la asamblea comunitaria.

Durante 12 años la delincuencia organizada extorsionó a los 401 ejidatarios que no tenían otra opción que disponer de los recursos de las regalías para salvaguardar su vida, entregando 27 millones de pesos durante ese periodo.

Los ejidatarios entregaron a los Templarios un promedio de dos mil pesos mensuales por ejidatario, reveló Guadalupe Díaz el pasado viernes.

Este lunes comuneros de San Miguel Aquila, realizaron una marcha en esta ciudad, del Auditorio Nacional a la Secretaría de Gobernación para exigir la liberación de sus compañeros.

Leonel Rivero, abogado de los autodefensas, dijo en entrevista que lo que buscan con la manifestación es llamar la atención del gobierno federal para que “se haga justicia” a los detenidos.

El defensor dijo que los detenidos están en cárceles de alta seguridad y que “hay un uso excesivo de la fuerza contra estos ciudadanos valientes que decidieron defender su vida, su propiedad y su familia.”

Asimismo, Rivero reprochó que a pesar de que el propio gobierno reconoció la importancia de los grupos de autodefensas los “tienen encerrados” y recordó que tres representantes comunales se encuentran desaparecidos desde el 25 de noviembre de 2013 y “hasta hoy, la autoridad ministerial no ha hecho nada por aclarar qué pasó con estas personas”, dijo.

José Reveles en el Círculo de Estudios Central.

Admiten amparo contra CNDH por actuación ante masacre de San Fernando

Por Alma Muñoz

México, DF. La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho informó que el juez decimoprimero de distrito en materia administrativa admitió un amparo en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) porque “no investigó a fondo ni se pronunció respecto a la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas”.

En un comunicado, la agrupación indicó que la comisión tampoco señaló en su recomendación sobre el caso si se violó el derecho a la vida y si el Estado está involucrado por acción u omisión.

El amparo que se presentó “busca reivindicar los derechos de los familiares de las víctimas, pero también para exigir, desde los tribunales, el estándar que una institución garante de derechos humanos debe tener frente a graves violaciones de los derechos humanos de la población migrante”.

La demanda de amparo fue admitida el pasado 17 del presente mes por el juez decimoprimero de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal. Fue interpuesta por familiares de migrantes identificados como víctimas de la masacre y la citada fundación.

Ramiro RODRÍGUEZ SÁNTIZ, joven indígena Tzotzil presentado con vida y signos de tortura

Ejido El Carrizal, Ocosingo, Chiapas, 21 de enero de 2014

A los medios de comunicación nacionales e internacionales

A los organismos defensores de los derechos humanos

A las organizaciones hermanas y solidarias

Al pueblo en general

Boletín de prensa

Nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo denuncia e informa lo siguiente:

1. El 17 de enero del presente año, a través de una acción urgente dimos a conocer sobre la desaparición forzada, con lujo de violencia, de nuestro compañero Ramiro Rodríguez Sántiz, perpetrado por los paramilitares denominados Los Petules, ubicados aproximadamente a un kilómetro del ejido El Carrrizal, lugar donde habitan nuestros compañeros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ- FNLS).

2. Tal acto se dio parte al fiscal del ministerio público de Ocosingo, el mismo día de la detención, del que se giró una orden judicial al día siguiente, dirigido a los paramilitares ubicados en el campamento El Nacimiento, quienes les indicaron que presentaran a nuestro compañero. Sin embargo, al no hacer caso de manera inmediata, la policía municipal procedió a trasladarse al campamento paramilitar, donde encontró a nuestro compañero amarrado y golpeado aproximadamente a las 12:00 del día. Inmediatamente fue trasladado a las oficinas del ministerio público de Ocosingo, tomándole su declaración de los hechos, y posteriormente liberado.

3. La detención desaparición de nuestro compañero, confirma la actuación de los grupos paramilitares como la punta de lanza para los ataques y agresiones en contra de las organizaciones populares independientes.

4. He aquí el testimonio del compañero Ramiro: Me agarraron en el crucero, venía de Ocosingo, ahí se habían estacionado la camioneta, me querían agarrar pero como eran 6. Estaba Domingo, los hijos de Agustín, sacó la pistola Jesús y me quería matar. Me vendaron los ojos y mis pies, Jesús se fue al nacimiento. Me comencé a desatar, pero como no podía caminar, me agarraron y me empezaron a golpear; ahí me dejaron amarrado, durante en la noche en el nacimiento. Me dijeron, que me lleve el mensaje: que Ramiro recoja las maletas.

Llegaron los policías, me preguntaron mi nombre y mi edad, en que escuela estoy estudiando. Estando en Ocosingo me trato de señalar mencionando ante el ministerio público que yo le había dado nombres de personas que supuestamente están de agresores.

5. Por otro lado, el gobierno estatal, estatal y municipal, se suman a incriminarnos e involucrarnos en hechos que no hemos cometido; como lo muestra un periódico de carácter local, “El Chiapaneco”, en una nota de prensa del día lunes 13 de enero de 2014 titulado Retienen a funcionarios de Altamirano , que menciona: Fue desde el pasado viernes cuando integrantes de las organizaciones sociales y del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), llegaron a la cabecera municipal y retuvieron a diversos funcionarios… La detención de funcionarios fueron reivindicados por la organización Yachil A´tel del municipio de Altamirano.

6. Negamos categóricamente las imputaciones que hacen dicho medio de circulación local, y nos deslindamos de las retenciones de tales funcionarios.

Es evidente que la represión en sus distintas modalidades, agresiones y ataques a nuestros militantes sigue su curso, del cual es parte del entramado represivo hacia el conjunto del movimiento popular.

Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno, a los paramilitares “Los Petules” de la integridad física y psicológica de nuestros compañeros. Exigimos al mismo tiempo la desarticulación de los grupos paramilitares y su reubicación de las tierras ejidales de nuestros compañeros.

Agradecemos a las organizaciones populares, a los organismos defensores de los derechos humanos, a las personalidades que se pronunciaron por la presentación con vida de nuestro compañero.

Atentamente

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

La ejecución de Edgar Tamayo ha puesto en duda la voluntad de los EE.UU. para cumplir con sus obligaciones internacionales.

(Ciudad de México, 22 de enero de 2014) A las 21.40 horas del día de hoy fue ejecutado en las instalaciones del centro Penitenciario Walls, estado de Texas, el ciudadano mexicano Edgar Tamayo Arias.

La ejecución, que estaba originalmente programada a las 18 horas, se produjo cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos se negó a resolver en favor de Edgar una apelación de último momento.

Amnistía Internacional (AI) expresa sus más sinceras condolencias a la familia y amigos de Edgar Tamayo Arias y reconoció el coraje y dedicación con la cual lucharon hasta el último minuto para evitar que se llevara a cabo el injusto e inhumano castigo al cual Edgar Tamayo fue condenado.

La ejecución se ha llevado a cabo pese a las irregularidades en su proceso que habían sido denunciadas por Amnistía Internacional junto a otras organizaciones sociales, instituciones gubernamentales y organismos internacionales.

Amnistía Internacional considera que la ejecución de Edgar sin respetar su derecho a un juicio justo, y sin tener en cuenta los elementos aportados por la defensa, como una discapacidad mental leve, al establecer la sentencia convierten esta ejecución en un asesinato sin ninguna justificación.

La organización indicó que la decisión del las autoridades de Texas de llevar a cabo la ejecución de Tamayo representó no solo una indudable violación de su derecho a la vida y al debido proceso, sino además un claro desacato a una sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que había ordenado suspender tal sentencia en tanto no hubiera una revisión completa de su caso.

Así mismo, las autoridades ignoraron las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante las cuales este organismo de la Organización de Estados Americanos había solicitado una suspensión de la ejecución.

Amnistía Internacional también destacó que el hecho de que Tamayo Arias hubiera pasado 20 años recluido esperando fecha de ejecución supuso un castigo adicional de 20 años de prisión que no obedecía a sentencia judicial alguna.

“Lo que el mundo atestiguó hoy no fue acto de justicia sino de crueldad.” Afirmó Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en México.

“Un hombre hoy fue asesinado bajo la falsa pretensión de justicia, un hombre cuyo proceso no conoció más que la injusticia.” agregó Perseo Quiroz.

Al momento de su ejecución, la organización había canalizado cerca de 1,500 cartas de solidaridad a Edgar Tamayo y más de 25,000 peticiones a las autoridades de Texas solicitando una suspensión a dicha ejecución. Esta correspondencia se sumaba a la de miles más de personas que por iniciativa propia habían escrito a Edgar para mostrarle su apoyo.

“Con su actuar el día de hoy, las autoridades de Texas no solo han puesto en duda la capacidad de este estado de conducir procesos judiciales justos sino que también ha puesto en duda la voluntad de los Estados Unidos para cumplir con sus obligaciones internacionales. Estas autoridades ahora deberán demostrar que son capaces de tomar en serio sus obligaciones internacionales en materia de justicia y derechos humanos ante una comunidad internacional que estará observando de cerca.” Concluyó Perseo Quiroz.

Amnistía Internacional llamó al Congreso estadounidense a discutir y aprobar sin dilación una iniciativa de ley que obligue a todos los estados que conforman los Estados Unidos a obedecer la sentencia de la CIJ y revisar los casos de todos los ciudadanos mexicanos condenados a mueerte en ese país sin haber recibido asistencia consular, tal y como establece el derecho internacional y la sentencia de la CIJ.

Información adicional

Edgar Tamayo Arias fue sentenciado a la pena capital tras haber sido encontrado culpable por un tribunal en Texas del asesinato del policía Guy Gaddis en 1994. Edgar Tamayo nunca aceptó haber sido el autor del asesinato por el cual se le sentenció.

Durante su detención, no se le informó a Tamayo Arias de su derecho a recibir asistencia consultar como lo establece el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, lo cual le puso en una significativa desventaja legal durante su proceso.

El pasado día 17 de enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe sobre el caso, estableciendo que se había violado el derecho de Edgar a un juicio justo, y por tanto "el estado de Texas, de ejecutar al señor Tamayo, estaría cometiendo una seria e irreparable violación del derecho básico a la vida reconocido en el artículo I de la Declaración Americana". Además la Comisión ha dictado medidas cautelares ordenando la suspensión de la ejecución.

Ordena Corte libertad inmediata de indígena nahua presa por aborto

Por Jesús Aranda

México, DF. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió el amparo liso y llano y la libertad inmediata de Adriana Manzanares Cayetano, indígena nahua sentenciada a 22 años de prisión después de haber sido golpeada, insultada y acusada por una asamblea popular en el municipio de Ayutla de Los Libres, Guerrero, debido a que, producto de una infidelidad, dio a luz a un bebé que murió al nacer.

Acusada de aborto, la joven indígena deberá salir libre del penal de Chilpancingo Guerrero, determinaron los ministros por unanimidad.

La sala consideró que fue violado el debido proceso legal de la acusada, quien no contó, entre otras cosas, con un intérprete que hablara su lengua al momento de rendir su declaración ministerial.

Su defensa alegó Manzanares tuvo un aborto espontáneo a los siete meses de gestación; además, debido a que es pobre y no entiende español, no tuvo acceso a servicios de salud, lo que causó la muerte del producto. Además, agregó, el proceso penal fue irregular, porque la autoridad tardó siete meses en dictar auto de formal prisión y la acusación de homicidio en razón de parentesco fue acreditada por un juez de Guerrero con base en el testimonio de un hijo de Adriana que tenía cuatro años y fue coaccionado por su tía.

Una vez que termine la sesión, la sala procederá a notificar al penal la decisión de la Corte para que Manzanares quede libre.

Comunicado de Las Abejas de Acteal

Organización de la Sociedad Civil Las Abejas

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Ch'enalvo', Chiapas, México.

22 de enero de 2014

A las Organizaciones Sociales y Políticas

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios de Comunicación Alternativos

A la Prensa Nacional e Internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

A las y los Adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona

Hermanos y hermanas

En esta Tierra Sagrada les damos la bienvenida y desearles un feliz año nuevo, a pesar del infierno que reina en nuestro sufrido y sangrado México.

Nuestro corazón está muy triste e indignado por la guerra que se vive en el estado de Michoacán y no nos extraña que el gobierno no actúa para detener la violencia, sino, al contrario muchas de las autoridades civiles y militares están coludidos con la delincuencia organizada, como lo han denunciado habitantes de Apatzingán, Michoacán. Este hecho es una vergüenza para México.

Sabemos que las armas no traen vida, sino, las quita, pero, los habitantes del estado en mención, han optado en crear autodefensas, porque esa es la opción que propicia el mal gobierno y su ejército al no aplicar la justicia y proteger a la ciudadanía de las garras de los delincuentes narcotraficantes. Por ejemplo leímos en varios diarios del país, que los militares en lugar de capturar a los carteles del grupo criminal “Caballeros Templarios”, matan a 4 civiles entre ellos una niña en Apatzingán, Michoacán.

En el gobierno de Felipe Calderón dejó más de 60 mil muertos, sin contar los desaparecidos y desaparecidas por su guerra contra el narco. Y ahora Enríque Peña Nieto está muy claro que quiere seguir esa política de guerra que creó Calderón, no le importa la vida de los inocentes. ¿Qué clase de seres humanos son estos dizque gobiernos, que no les duele la vida humana? Pero como estos “gobernantes” son empleados de los países neoliberales, es entonces que no tienen alma y conciencia.

Está muy claro que el neoliberalismo se alimenta de: discursos demagógicos, proyectos asistencialistas, despojo de tierras, violencia, drogas, feminicidio, discriminación, represión, cárcel, masacres, impunidad, etc. Y para imperar este modo de vida, según el neoliberalismo tiene que haber un Zedillo, un Calderón, un Peña Nieto o sea los funcionarios y políticos tienen que ser corruptos y mafiosos.

Es que estos gobiernos del mal o sea neoliberales son tan cínicos e hipócritas; según el gobierno de Estados Unidos quiere ayudar por la situación en Michoacán, cuando en realidad su país es el principal consumidor de las drogas y el vendedor de armas para las guerras que asesinan pueblos y países inocentes. Lo que dicen y hacen los gobiernos neoliberales, dan asco.

Hermanos y hermanas, nuestro México, nuestro mundo está en crisis total por culpa de unos pocos ambiciosos del dinero y del poder que quieren obtener y controlar todo a costa del trabajo de los pobres y de sangre inocente.

Nosotros y nosotras de Las Abejas de Acteal, volvemos a ratificar y sostener nuestra palabra que nada esperamos de los malos gobiernos, nada de los partidos políticos. Nosotros los pueblos somos los que tenemos que decidir cómo tenemos que gobernar y vivir en armonía entre los seres humanos.

En estos días los hermanos y hermanas desplazados del ejido Puebla, están en su comunidad cosechando su café por 10 días. A pesar de que el gobierno municipal, estatal y federal “garantizó” tranquilidad en estos días de estancia, los hermanos y hermanas nos han reportado incidentes como:

insultos verbales de jóvenes del grupo agresor hacia los desplazados cuando caminan en las calles.

Probables disparos de armas de fuego cerca de un río de dicho ejido.

El día domingo 19 de enero del presente, el síndico del municipio oficial de Chenalhó, ofreció 600 pesos al representante de los y las desplazadas para que “todos tomaran café”. Obviamente el compañero no aceptó ese dinero, le dijo al síndico en tono de respeto, “discúlpame pero no lo voy a aceptar, no venimos aquí a pedir dinero, lo que queremos es justicia”.

Que triste e indignante que las autoridades oficiales del mal gobierno su uso y costumbre que en vez de aplicar la justicia, ofrece regalitos, migajas con el objetivo de dejar en impunidad desde un delito sencillo hasta un crimen de lesa humanidad como la masacre de Acteal.

Está muy claro que el mal gobierno en sus tres niveles, su corazón y su cabeza no quieren que haya paz con justicia y dignidad en el ejido Puebla. Es que el mal gobierno en vez de resolver el conflicto del predio católico en dicho ejido, sólo quiere que se olvide las agresiones a nuestros hermanos y hermanas y pide que haya “borrón y cuenta nueva”, o sea abonar la impunidad, como ya es costumbre del mal gobierno.

Ante todo lo anterior, los desplazados y desplazadas piden a los solidarios que exijan al gobierno a que cumpla con estas principales demandas:

Justicia para los agresores y condición de seguridad para el retorno definitivo

Reconocimiento del terreno a los católicos

Reparación de daño de la iglesia destruida y de las pertenencias robadas

Esperamos que los hermanos y hermanas desplazados puedan permanecer los 10 días, aunque como ya se mencionó no existe una buena condición de permanecer en Puebla, porque ven que no son respetados por el grupo agresor.

Son tantas cosas que empiezan en este año 2014, pero, lo triste es que empieza con más sangre y una gran impunidad de lo peor.

A pesar de todo, tenemos que reforzar nuestra lucha. Levantar la voz para que se calme la guerra en Michoacán. La violencia en dicho estado, es el reflejo de cómo México está sumergido en el infierno.

Pedimos respetuosamente a todos los hombres y mujeres de buen corazón ante esta realidad que se vive en México; a unirnos y hacer protestas, manifestaciones, denuncias públicas desde nuestros rincones porque urge detener esta pesadilla.

Antes de terminar, queremos decir que este 24 de enero cumplen 3 años que Jtotik Samuel ya no está físicamente, pero, su presencia espiritual y enseñanzas que nos compartió, aquí han quedado para siempre con nosotros y nosotras. Su memoria vivirá siempre en nuestro corazón. Nunca olvidaremos su lucha por la paz con justicia y dignidad para nuestros pueblos.

Hermanos y hermanas reciban muchas fuerzas en sus corazones, no se desanimen, sigan firmes en sus luchas, porque apenas comienza el año.

ATENTAMENTE

La Voz de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas

Por la Mesa Directiva:

Antonio Gutiérrez Pérez

Martín Pérez Pérez

Nicolás Arias Cruz

Simón Pedro Pérez López

Autodefensas, mal necesario ante inoperancia del gobierno para combatir el crimen: Sicilia

El fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, consideró que la existencia de los movimientos de autodefensa en el estado de Michoacán “es un mal necesario” ante la inoperancia de un gobierno que “armado hasta los dientes” y con un gasto multimillonario en materia de seguridad, se mostró incapaz de combatir al crimen organizado en dicha entidad.

Entrevistado luego de participar en la presentación del informe “No Más Armas” elaborado de manera conjunta por Global Exchange y el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), el poeta y escritor agregó que las policías comunitarias encabezadas por José Manuel Mireles e Hipólito Mora han sido más eficientes que las autoridades federales, estatales y municipales en los últimos siete años, ya que lograron acorralar a los delincuentes en unos cuantos meses.

En este sentido, hizo un llamado al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto para que no intente desarmar a las autodefensas, ya que el monopolio del estado sobre la violencia no ha funcionado y la única salida que encontró la población para lograr la paz en sus comunidades, es recurrir a las mismas armas que utilizan los grupos criminales.

“Ellos tienen que seguir soportando que les sigan violando a sus hijos, que le sigan matando a sus hijos y que los sigan extorsionando, resulta paradójicamente que las autodefensas han sido mucho más eficientes que todo el Estado y todo lo que se ha invertido en armas en este país, el problema de las autodefensas es un mal necesario”, puntualizó.

Javier Sicilia añadió que durante los últimos siete años, los gobiernos de México se han caracterizado por la corrupción y la indolencia ante el tráfico de armas y el narcotráfico, por lo que no se castiga a los servidores públicos ni a los empresarios que cometen delitos, provocando el desamparo del resto de la población.

Dijo que desde la Caravana del Sur que se realizó a finales del año 2011, él percibió a gente que estaba dispuesta a defenderse a sí misma, ya que el estado claudicó ante los grupos criminales de nuestro país mientras la gente padecía el horror en sus propias comunidades.

“Hace dos años mientras se realizaba la Caravana del Sur se los advertimos al gobierno, es el último movimiento pacífico que va a tener el país, me preguntaron si me iba a radicalizar, pero yo les respondí que ´no´, pero que si no atendían las demandas de la gente, simplemente le estaban enviando el mensaje a las personas de que tenían que organizarse de otra manera”, concluyó.

Si continúa la misma estrategia, sólo queda la resistencia armada: Sicilia

GLORIA LETICIA DÍAZ

MÉXICO, D.F., (apro).- El fundador del Movimiento para la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), Javier Sicilia, advirtió que mientras el gobierno de Enrique Peña Nieto mantenga la misma política de seguridad de su antecesor y se dedique a “administrar la desgracia y el infierno”, el único camino a seguir es la “resistencia armada”.

Durante la presentación del Informe #No+Armas#Nomoreguns, el poeta y colaborador y de la revista Proceso consideró legitimo y un “mal necesario” la constitución de autodefensas armadas en el país, sobre todo en el estado de Michoacán, ante las omisiones del Estado mexicano y su incapacidad para detener a miembros de la delincuencia organizada.

Luego de subrayar que está en contra del uso de armas, Sicilia reconoció que la población tiene que defenderse, y eso es legítimo, pero lo que no se puede permitir, dijo, “es que en nombre de la ineficiencia y del uso exclusivo y legítimo de la violencia del Estado, la gente siga en estado de indefensión, la gente siga muriendo, la gente siga desapareciendo. O recuperamos las armas y vuelven a recuperar su condición de garante de la paz y la justicia de este país, o el único camino que le van a dejar a la gente, por desgracia, es la resistencia, y la resistencia armada”.

Añadió:

“Yo no puedo tolerar en nombre de qué el gobierno que no ha cumplido su razón de ser, que es darle paz y seguridad a estos ciudadanos, y en nombre del uso legítimo de la violencia que supuestamente tiene el Estado y que ni siquiera sabe ejercer, la gente tenga que padecer que le maten a sus hijos, que le secuestren a sus hijas, que se las violen, que se las descuarticen. Ni modo”.

El poeta insistió que es inaceptable que un gobierno como el mexicano, “armado hasta los dientes”, no pueda hacer nada para detener a “criminales también armados hasta los dientes”, por lo que debería empezar por ejercer un control absoluto de las armas.

“Si hubiera control de armas no tendríamos una población en autodefensa, ni modo, es un mal necesario, la gente tiene que defenderse”, apuntaló Sicilia al recordar que en las reuniones con los candidatos presidenciales, en 2012, el MPJD advirtió que la prioridad era atender la “tragedia humanitaria”, en parte a través del control de armas tanto en Estados Unidos como en México.

“Si no jalan hacia donde nosotros estamos indicando, el mensaje que le están dando a la población es que hay que defenderse de manera violenta”, apuntó.

Sicilia reprochó que los gobiernos de Barack Obama y Enrique Peña Nieto hayan excluido de su agenda bilateral el tema del control de armas y la liberalización de las drogas.

En el caso del presidente mexicano, lamentó que haya priorizado las reformas estructurales, mientras en materia de seguridad siguió la misma estrategia del sexenio pasado. “Y ahí están los resultados, la continuación del dolor, del sufrimiento, el borramiento de las víctimas. Dejan de existir en la lógica. Por la forma que usan el discurso del poder, apoyados por los medios de cómo se está manejando el problema de Michoacán, seguimos con más de lo mismo, es un gobierno que llegó, por desgracia, sin darle la dimensión a la tragedia humanitaria, ni a la emergencia nacional. Llegó a administrar la desgracia y el infierno”.

El informe #No+Armas#Nomoreguns, elaborado por el MPJD, Fellowship Or Reconciliation (FOR) y Global Exchange, en colaboración con el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), contiene 2 mil 921 registros de armas traficadas entre 2006 y 2012, y “es sólo una muestra de lo que en un día y medio se trafica con armas entre Estados Unidos y México”, resaltó Roberto Villanueva, también integrante del MPJD.

Y es que día a día se estima que al país llegan 2 mil armas procedentes de Estados Unidos, es decir 60 mil al mes, compradas en algunas de las 9 mil armerías a lo largo de la frontera, por lo que en México habría entre 15 y 20 millones de armas circulando, agregó Jacobo Dayan, director de Contenidos del Museo de la Memoria y Tolerancia.

Sobre la base de datos del informe, 40.5% de las armas fueron decomisadas por posesión ilegal, en tanto que 14% de las más de 2 mil 900 fueron utilizadas para cometer un homicidio.

De acuerdo con el análisis realizado por las organizaciones, con base en información de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de de Fuego (ATF), 50% de las armas de la base de datos fueron compradas en Texas y 30% en Arizona; dos de cada cinco fueron recuperadas en Sonora y Tamaulipas, y cada arma está en circulación en México entre seis y dos años.

Ernesto López Portillo, director de Incyde, destacó que la información obtenida por las organizaciones se originó de una filtración en Estados Unidos por la prevalencia de una “fractura de los mecanismos de rendición de cuentas de los aparatos de seguridad en ambos países”.

Al señalar que la gravedad del contrabando de armas se traduce en los 25 mil homicidios que se cometen al año en México, de los cuales ocho de cada 10 permanecen impunes, López Portillo señaló que “las armas circulan todos los días, porque hay una estructura, un montaje de tamaño descomunal para que eso pase, y los aparatos de seguridad no se componen a sí mismos sin una presión social hacia la rendición de cuentas”.

Acampan 70 familias afuera de mina en Zacatecas contra abusos de minera

Por Alfredo Valadez Rodríguez, corresponsal

Zacatecas, Zac. Alrededor de 70 familias de las comunidades Las Mesas y Anexo Cedros, municipio de Mazapil, mantienen un plantón desde el pasado jueves en el acceso principal de la mina de oro a cielo abierto Peñasquito de la empresa canadiense Goldcorp.

Los ejidatarios exigen una revisión del contrato que signaron con esa empresa minera en 2006, cuando arrendaron sus tierras a Goldcorp en condiciones que ahora se vislumbra “fueron muy desventajosas para los campesinos”, afirmó Alfonso Herrera, abogado de los manifestantes.

Vía telefónica desde el acceso principal a Peñasquito, donde se mantiene el plantón –a unos 265 kilómetros al noroeste de la capital de Zacatecas—, el abogado solicitó la presencia de los medios de comunicación, locales y nacionales, para que “se enteren de los abusos y la alevosía con la que ha actuado esta compañía en Mazapil”.

Herrera informó que los ejidatarios de Las Mesas y el Anexo Cedros ya interpusieron recursos legales de revisión ante las autoridades correspondientes, para obligar a Goldcorp a “revisar los contratos” que signaron con los campesinos hace casi ocho años, para poder explotar los yacimientos de oro en la región.

Sin embargo, dijo el abogado, los ejidatarios y sus familias han optado por realizar un plantón permanente frente al acceso principal de Peñasquito –que se inició el pasado jueves 16 de enero—, debido a que los funcionarios de la trasnacional minera se han negado a atender la petición formal de revisar los contratos.

“No nos han atendido, han sido evasivos como es su costumbre, y queremos que se sepa a nivel nacional e internacional de este gran problema que los habitantes de esta región de Zacatecas tienen con Peñasquito”, añadió.

El litigante de igual manera aseguró que “ya existe un grave problema de contaminación ambiental en Peñasquito, pues han ocurrido derrames en la presa de jales, donde hay sustancias tóxicas como cianuro y metales pesados que han contaminado el suelo y subsuelo del lugar”, sin que las autoridades ambientales hayan intervenido.

Sobre el plantón en Peñasquito, el gobernador Miguel Alonso Reyes afirmó este martes que se enteró de la protesta “a través de la propia empresa, de que se había tomado parte de las instalaciones, de los accesos”, aunque acotó que la acción la emprendió “un grupo de personas que no son aparentemente del ejido, donde hay una situación jurídica en curso”.

“Hemos estado atentos a través de la Secretaría General de Gobierno como interlocutores, para que a través de una mesa de diálogo se pueda resolver este problema y que no se vaya a agudizar, o no se vaya a complicar”, dijo el mandatario zacatecano.

Sin embargo, y a pesar del plantón de ejidatarios, Alonso Reyes destacó que las operaciones de la compañía minera no se han suspendido, las actividades extractivas y metalúrgicas del complejo continúan: “el reporte que tengo es que se sigue operando por parte de la empresa y que está un enlace de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Economía del Estado al pendiente de la situación que pudiera presentarse”.

Pocos avances de México en procesar delitos por combate anticrimen: HRW

Sao Paulo.

Human Rights Watch pintó el martes un precario cuadro de derechos humanos en América Latina, donde según el grupo la brutalidad policial, la violencia política y los intentos de algunos gobiernos por amordazar a sus críticos continuaron siendo comunes en el 2013.

En su informe anual presentado en Sao Paulo, HRW aplaudió al presidente mexicano Enrique Peña Nieto por haber reconocido las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el contexto de la guerra al narcotráfico.

"Sin embargo el gobierno logró pocos avances en procesar los extendidos asesinatos, desapariciones forzosas y torturas cometidas por soldados y policías en el curso de los esfuerzos por combatir el crimen organizado, incluyendo durante el mandato de Peña Nieto", dijo el reporte.

"La tortura continúa siendo extensamente practicada en México para obtener confesiones forzosas y extraer información", añadió HRW, que criticó la impunidad que ofrece el sistema judicial a las fuerzas armadas.

HRW dijo estar preocupado también por la concentración de poderes del presidente Nicolás Maduro en Venezuela.

"La acumulación de poder en el ejecutivo y la erosión de las garantías de derechos humanos permitieron al gobierno intimidar, censurar y procesar a sus críticos", dijo respecto a Venezuela la organización no gubernamental con sede en Nueva York.

"Abusos policiales, condiciones de las prisiones e impunidad sobre abusos cometidos por las fuerzas de seguridad continúan siendo problemas serios", añadió.

El Informe Mundial 2014 de HRW denunció por otra parte la brutalidad de la guerra civil en Siria, donde el grupo dijo que la comunidad internacional no está haciendo lo suficiente para frenar los asesinatos de civiles por parte de las fuerzas armadas ni los abusos cometidos por los grupos rebeldes que intentan derrocar al presidente Bashar al-Assad.

Asimismo sostuvo que asesinatos, amenazas y desplazamientos forzosos continúan siendo practicados rutinariamente por guerrilleros y grupos de paramilitares en lugares más cercanos como Colombia.

HRW teme que algunas reformas constitucionales promovidas por el presidente colombiano Juan Manuel Santos "despejan el camino para una amplia impunidad para las atrocidades cometidas por guerrilleros, paramilitares y militares" si el gobierno logra un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

CONDENA AL SILENCIO A LA PRENSA

El grupo de derechos humanos condenó además los intentos de varios gobiernos de América Latina por regular y en algunos casos incluso silenciar a la prensa. HRW citó a Venezuela, pero también mencionó leyes de medios en Argentina y Ecuador.

En cuanto a América Central destacó que sigue siendo asolada por niveles brutales de violencia. Uno de los peores casos es Honduras.

"La tasa de asesinatos, que ha subido consistentemente durante la última década, fue la mayor del mundo en el 2013", dijo el grupo. "Los perpetradores de asesinatos u otros crímenes violentos rara vez son llevados a la justicia". En Cuba las autoridades comunistas dejaron de encarcelar por largos períodos a los opositores y también relajaron sus restricciones de viaje al extranjero, dijo HRW.

"Sin embargo, el Gobierno cubano continúa reprimiendo a los individuos y grupos que critican al Gobierno o reclaman derechos humanos básicos", dijo el reporte, que cita instrumentos como palizas, despidos y amenazas de prisión.

"Los arrestos de corto plazo se incrementaron dramáticamente en los años recientes", añadió.

Miles de activistas en todo el mundo escriben cartas de apoyo a Edgar Tamayo y exigen a las autoridades de Texas suspender su ejecución.

Enero 20, 2014 | Enlace a este comunicado

A dos días de la fecha programada por las autoridades de Texas para la ejecución del ciudadano mexicano Edgar Tamayo Arias, Amnistía Internacional (AI) ha recordado a las autoridades estadounidenses su obligación de cumplir con el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el llamado caso Avena y suspender inmediatamente la ejecución de Tamayo.

“Gracias por tu lucha contra aquel mal llamado sistema de justicia, al defender tu vida también defiendes la de tantos como tú, cuyas vidas están bajo amenaza de un gobierno que confunde la justicia con tiranía.” Escribió a Edgar Tamayo una simpatizante de Amnistía Internacional.

Junto a la de ella, la organización ha canalizado cerca de 1,500 cartas de apoyo al reclusorio donde permanece Edgar Tamayo.

Este lunes, la organización envió a las autoridades de Texas 4,000 firmas exigiendo la suspensión de la ejecución de Tamayo, estas firmas se suman a las más de 17,000 firmas procedentes de personas en todo el mundo que Amnistía Internacional había entregado en días pasados. Son así más de 21,000 personas que se han sumado al pedido de justicia para Edgar.

Entre las cartas de solidaridad enviadas por activistas se pueden encontrar numerosas expresiones de apoyo a Edgar y de indignación en contra del uso de la pena capital.

“No hay forma alguna de justificar el inhumano castigo que, en falso nombre de toda una sociedad, un cruel gobierno ha decidido ejercer contra ti. De cumplirse esa cruel sentencia, el recuerdo de esa crueldad vivirá por siempre. Fuerza hermano que los corazones de quienes creemos en la dignidad humana están contigo.” Se podía leer en otra carta dirigida a Edgar.

Amnistía Internacional reiteró su llamado al gobernador de Texas a que este suspenda la ejecución de Edgar Tamayo y reponga su proceso judicial. Proceso que al ser llevado a cabo sin un adecuado respeto al derecho a la asistencia consular de Tamayo le puso en grave desventaja ante un sistema de justicia que le resultaba ajeno y con un amplio historial de sentencias discriminatorias.

La organización también remarcó el hecho que de que la discapacidad mental leve diagnosticada en Tamayo Arias haría su ejecución ilegal bajo la ley de los Estados Unidos.

Finalmente, Amnistía Internacional recordó que la ejecución de Tamayo supondría un incumplimiento de la sentencia de la CIJ no solo de parte del gobierno de Texas sino de los Estados Unidos, por lo que las autoridades federales están obligadas a tomar cuanta medida este a su alcance para evitar que se lleve a cabo dicha ejecución.

Información complementaria

La Comisión Interamericana emitió un informe sobre el caso el pasado día 17 de enero, estableciendo que se había violado el derecho de Edgar a un juicio justo, y por tanto "el estado de Texas, de ejecutar al señor Tamayo, estaría cometiendo una seria e irreparable violación del derecho básico a la vida reconocido en el artículo I de la Declaración Americana". Además la Comisión ha dictado medidas cautelares ordenando la suspensión de la ejecución.

En septiembre de 2013, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, escribió al gobernador Perry para instarle a que no se fijara la fecha de ejecución de Edgar Tamayo. La carta reiteraba que la resolución de la CIJ “es vinculante para Estados Unidos en virtud del derecho internacional” y que el fijar esta ejecución sería “sumamente perjudicial para los intereses de Estados Unidos” y para sus relaciones con México y otros aliados, y “podría afectar a la manera en que los ciudadanos estadounidenses son tratados en otros países”.

En 2008, un psicólogo determinó que el funcionamiento intelectual de Edgar Tamayo se situaba en el rango de “discapacidad intelectual leve”, lo que convertía su ejecución en inconstitucional según la legislación estadounidense. Sin embargo, esto fue no tomado en cuenta por los tribunales estadounidenses.