CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )
Chilpancingo, 4 de julio. El representante adjunto de la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU, Jesús Peña Palacios, informó que en los últimos años en Guerrero el índice de violación a los derechos ha sido una constante, colocando al estado como uno de las cuatro entidades donde más agresiones a defensores de derechos humanos se han constando, ya que en poco más de un año, la oficina registró cinco casos más suscitados en el estado, entre ellos, la desaparición de los ecologistas, Marcial Bautista y Eva Alarcón, el asesinato del dirigente lésbico-gay, Quetzalcóatl Leija Herrera, así como las amenazas contra el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Vidulfo Rosales.
También reprochó que la impunidad en la que se mantiene la mayoría de los casos reportado.
En el informe que se presentó este jueves, Peña Palacios destacó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó entre enero 2005 a mayo de 2012, 27 asesinatos de defensores y ocho casos de desapariciones forzadas; mientras que la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos informó de 109 casos de agresiones contra mujeres durante 2012, y 26 asesinatos entre 2009 y 2012.
Destacó que Guerrero está entre los cinco estados con mayor número de agresiones contra defensores, en los que están Chihuahua, Coahuila, Oaxaca y Distrito Federal.
Se informó a nivel nacional, la agresión que más se repite son las amenazas con 38 por ciento; injerencias arbitrarias con 13 por ciento; hostigamiento 12 por ciento; detenciones arbitrarias y la privación arbitraria de la vida con 11 por ciento; atentados 6 por ciento y desapariciones 2 por ciento.
Sobre los presuntos perpetradores precisó que 38 por ciento de las agresiones proviene de autoridades estatales; 12 por ciento de las federales; 6 por ciento municipales; 5 por ciento de las autoridades de justicia y 39 por ciento de las agresiones no fueron identificadas, aunque dijo que si se fueran investigados estos casos, lo más probable es que el agresor fuera una autoridad estatal.
Las víctimas más recurrentes son los defensores de migrantes; de los derechos políticos, culturales, ambientales y sociales; los defensores de los derechos de las mujeres y de pueblos indígenas.
Sin embargo, lamentó que en la mayoría de los casos hay una gran impunidad, ya que de 89 casos reportados entre 2010 y 2012 sólo en 37 se iniciaron investigaciones, es decir, “una cifra negra” de 53 que “no fueron denunciados o no fueron conocidos por la administración de justicia”; de esos 37 casos, en cinco se identificó al presunto responsable, pero sólo se detuvieron a tres, y a ninguno se le aplicó sentencia.
Finalmente pidió a las autoridades del estado que “a la brevedad posible” atienda los casos de agresiones y sean investigados apropiadamente y confió en que cuando regrese nuevamente al estado “ya nos tengan resultados”.
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