lunes, 25 de marzo de 2013

Llegó el momento de que los Estados de las Américas renueven su compromiso inalienable con los derechos humanos y el Sistema que los protege




La Asamblea General Extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a realizarse el 22 de marzo, debe reafirmar el compromiso de los Estados de las Américas con los derechos humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El trabajo que tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han hecho hasta ahora ha demostrado la necesidad y la importancia de la supervisión internacional independiente al respeto de los derechos humanos en el plano interno. Es innegable en particular la contribución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la consolidación de la democracia en los Estados de las Américas y al disfrute de los derechos y las garantías con las que la mayoría de los pueblos del hemisferio cuentan hoy en día. En este sentido, es imperante proteger y fortalecer el Sistema como un mecanismo independiente y autónomo de supervisión internacional de los derechos humanos.

México ha estado al frente en la defensa del Sistema, de su autonomía e independencia y ha jugado un rol esencial en detener el avance de las reformas más dañinas propuestas durante este proceso.

Amnistía Internacional valora la actuación de la diplomacia mexicana y la insta a realizar un último esfuerzo para culminar con éxito en la Asamblea General Extraordinaria; y completar un proceso que ha durado demasiado, y generado incertidumbre sobre el funcionamiento y el futuro de este fundamental sistema de protección de los derechos humanos.

Es hora de que los Estados realmente comprometidos con los derechos humanos demuestren su apoyo al Sistema al adoptar una resolución que reafirme la independencia y autonomía de la CIDH, y reconozcan los esfuerzos que la misma ha realizado por evaluar y aceptar las recomendaciones que los propios Estados le han hecho.

Es hora también de que los Estados apoyen financieramente a la Comisión, a efectos de que pueda aplicar adecuadamente las reformas a su reglamento, políticas y prácticas que la Comisión ha recientemente adoptado.

Finalmente, es hora de que este proceso termine, que se deje a la Comisión cumplir sin interferencias con su papel fundamental de defender los derechos humanos de todas las personas del continente americano; y de que los Estados se comprometan, verdaderamente y de buena fe, a cumplir a cabalidad con las decisiones de la Comisión y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esta Asamblea General Extraordinaria nos encuentra en un momento crítico en el que los pueblos de las Américas podrán ver quién está con los derechos humanos y con el Sistema que los protege, y quién no. Quienes no demuestren este compromiso con decisiones y hechos concretos el día de hoy, deberán rendir cuentas ante sus pueblos mañana y explicar por qué no han querido proteger un Sistema que ha sido por décadas, para muchas personas que han sufrido violaciones de derechos humanos, la única esperanza de lograr la justicia que les ha sido negada en sus propios países.

Información Adicional

Como consecuencia de decisiones tomadas en el Sistema, algunos países de la región iniciaron un proceso que amenaza con limitar la independencia y debilitar las capacidades de este Sistema.

El sistema interamericano de derechos humanos durante las últimas décadas ha jugado un papel fundamental para el avance y fortalecimiento de los derechos humanos en toda América.

De este sistema dependen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Cuyas decisiones -de carácter obligatorio- han facilitado importantes avances en toda la región.

En los últimos años México ha sido condenado por la CoIDH en varias ocasiones, entre los casos más destacados se encuentran: el del Campo Algodonero, en relación a la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez; el caso de Rosendo Radilla por desaparición forzada durante la guerra sucia y los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo víctimas de violencia sexual cometida por militares. Estas sentencias obligan a México a reformar el Código de Justicia Militar y a emprender medidas efectivas para combatir la violencia contra las mujeres.

El papel de la CIDH es fundamental para garantizar la protección de quienes defienden derechos humanos en la región, especialmente a través de las medidas cautelares que esta instancia ha solicitado para personas cuya seguridad está en riesgo. Entre quienes se han beneficiado de estas medidas en México se encuentran los sacerdotes Alejandro Solalinde y Fray Tomás González, así como la activista Norma Andrade y la periodista Lydia Cacho.

Otros ejemplos en la región han sido: la decisión de solicitar -mediante medidas cautelares- la suspensión de la construcción de la represa de Belo Monte en Brasil, hasta que se consulte adecuadamente a los pueblos indígenas de la región; y la petición al gobierno guatemalteco de garantizar de la seguridad de Telma Yolanda Oquelí, amenazada por su oposición a proyectos mineros.

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