viernes, 14 de octubre de 2011

En el 12 de octubre, exigen cancelar minas


CITLAL GILES SÁNCHEZ

Chilpancingo, 12 de octubre. Organizaciones sociales e indígenas exigieron al gobierno del estado la cancelación de las concesiones mineras, seguridad para que todas las familias desplazadas por la violencia puedan regresar a sus hogares, así como el cumplimiento total a las sentencias a favor de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo.

El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, el Consejo Nahua, la Organización de Pueblos Originarios para el Desarrollo Social de Guerrero, el Consejo Ciudadano de Chilapa, los Jornaleros Agrícolas de la Montaña Baja, y la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, criticaron que este 12 de octubre los gobiernos nuevamente insistirán en la idea de que los españoles vinieron a civilizar a los indígenas mexicanos, sin embargo, indicaron que en la realidad “vivimos con hambre, desempleo, engaños, la falta de salud, la falta de una vivienda digna y con la falta del respeto y reconocimiento a nuestra cultura”.

Y para muestra, señalaron las comunidades sumidas en la marginación como las de los municipios cercanos a Chilapa, en donde no hay los servicios más indispensables, pero sí cuentan con centros comerciales de grandes empresarios.

Las empresas mineras “quieren apoderarse de los recursos naturales de las comunidades a base de engaños y poder saquear todo el oro, contaminando el aire, el agua y destruyendo los bosques”.

Por lo que exigieron al gobierno del estado la cancelación de las concesiones entregadas a las empresas mineras, se dote de garantías para que las familias desplazadas por la inseguridad puedan regresar a su lugar de origen; que los militares regresen a sus cuarteles y dejen de intimidar a las comunidades indígenas y pueblos de la sierra ocupadas, que se dé total cumplimiento a las sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las Indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega así como en el caso de Rosendo Radilla Pacheco; se investigue los asesinatos de Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas así como se respete el derecho a la consulta para nombrar a los representantes ante el gobierno.

Fuente: La Jornada de Guerrero

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