Gobierno federal debe reconocer públicamente el valor del trabajo de quienes defienden los derechos humanos en méxico

Amnistía Internacional México ha solicitado el día de hoy a las autoridades federales que formulen un amplio reconocimiento al valor y la legitimidad de quienes defienden los derechos humanos en México con la intención de restablecer la confianza necesaria para que el diálogo entre la Secretaría de Gobernación y las organizaciones civiles de derechos humanos pueda continuar con el objeto de concretar un mecanismo permanente de protección de defensores y defensoras de los derechos humanos.

Las desafortunadas declaraciones del Secretario de la Marina en las que asegura que “existen grupos delictivos que tratan de manchar el buen nombre de las instituciones, utilizando grupos ciudadanos que mediante engaños, pretenden que caigan en el juego perverso de los criminales, ya que al utilizar la bandera de los derechos humanos intentan dañar la imagen de las instituciones con el fin malévolo de obstruir la participación de las mismas en su contra y así tener el campo abierto a su maldad” envía un mensaje contrario al acuerdo firmado por el presidente Calderón en el marco de la visita de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en el cual señala que “el Ejecutivo Federal, atento a las necesidades de los grupos y organismos no gubernamentales de promoción y defensa de los derechos humanos, asume con plena convicción los planteamientos formulados por éstos, sobre las garantías que en todo momento deben otorgárseles por el Gobierno Federal”.

Amnistía Internacional considera que las declaraciones públicas de autoridades de alto nivel tendientes a desacreditar las labores de quienes defienden los derechos humanos, dañan estos esfuerzos e incrementan el riesgo y la situación de vulnerabilidad de los defensores y defensoras de estos derechos.

Amnistía Internacional ha documentado en los últimos años el alarmante índice de abusos en contra de quienes defienden los derechos humanos en México. Por ello, la creación de un mecanismo permanente, suficientemente dotado de recursos y con una amplia participación de las organizaciones de la sociedad civil para la protección de quienes defienden los derechos humanos, es uno de los compromisos asumidos que de manera urgente el Estado debe cumplir. Por ello, resulta primordial que el gobierno mexicano reitere su reconocimiento del valor y la legitimidad de los defensores de derechos humanos. Solo así se pueden garantizar las condiciones tendientes a construir confianza con las y los integrantes de las organizaciones civiles que deberán jugar un papel fundamental en el diseño e implementación del mecanismo para la protección de quienes defienden los derechos humanos.