MARÍA DEL CARMEN VENTURA PATIÑO*
En una publicación del PNUD, que salió a la luz en 2004, cuyo propósito fue analizar las democracias en América Latina, el politólogo argentino Guillermo O´Donell señalaba que en algunos de nuestros países, incluso en aquellos donde los regímenes democráticos son recientes, la democracia se encuentra en convivencia con bandas terroristas y mafias, entre otras “bellezas”, las cuales se han ido transformando en poderes territoriales. Éstas “tienen sus códigos legales, cobran sus propios impuestos y algunas veces logran casi el monopolio de la coerción en su territorio” (O´Donell, 2004: 53), en estos casos presenciamos un Estado territorialmente evanescente. El poder y expansión de estos grupos, afirma el autor, no podría entenderse sin la fuerte relación que establecen con las burocracias estatales, con la policía y otras fuerzas de seguridad. A estas regiones dominadas o controladas por estos grupos, donde las reglas realmente imperantes no son estatales sino las dictadas por diversas mafias. O´Donell las denomina “zonas marrones”, como una especie de manchones o lunares que se encuentran presentes en las geografías nacionales.
En nuestro país, vemos con enorme preocupación como estas zonas marrones se han ido reproduciendo y apoderando de nuestros territorios con bastante rapidez, controlando el espacio físico, la circulación de personas y mercancías e imponiendo en varios casos a las propias autoridades judiciales e interviniendo de distintos modos en la designación de representantes a cargos de elección popular, e incluso definiendo la orientación de los recursos municipales. Su control tiene distintas manifestaciones, no sólo respecto a las actividades que tienen que ver estrictamente con su negocio, sino también apropiándose por la fuerza de propiedades, obligando a sus dueños a cederlas legalmente, además de “vender” protección, entre otras acciones.
Hay varios indicios para suponer que en este escenario se encuentran inmersas varias regiones indígenas en México, es el caso de Michoacán, en particular de la Costa Nahua y la Meseta Purhépecha. En esta última, recientemente la comunidad indígena de Cherán, después de varios años de un continuo saqueo de sus bosques, decidió poner un alto a los talamontes; de las 27 mil hectáreas forestales han sido depredadas 20 mil. La tala clandestina no es un problema nuevo, ha sido denunciado una y otra vez ante las autoridades correspondientes, ante distintos gobiernos (priístas y perredistas), los cuales no han tenido la capacidad o voluntad para resolver a fondo ésta situación. Las respuestas han consistido en programas de reforestación, han ofrecido pequeños proyectos productivos tanto para los afectados como para quienes se dedican a esta actividad, así como la presencia temporal de algún cuerpo de seguridad, pero la realidad nos muestra que han sido política paliativas, porque en poco tiempo se vuelve de nuevo al corte clandestino de madera. La diferencia es que ahora el panorama es mucho más complejo, hay nuevos actores interviniendo de manera directa, el uso de la violencia es el recurso más poderoso, las desapariciones, el secuestro, la tortura y el asesinato. A dos meses de haberse tomado la iniciativa de defensa comunal, han sido asesinados tres hombres y hay otra persona que se encuentra en el hospital. Por ello, la defensa de Cherán por sus bosques no representa nada más el respeto por su medio ambiente y sus recursos naturales, sino también la defensa de su vida colectiva, su reproducción como comunidad, su derecho a la vida y a su cultura. No es tarea fácil emprender una lucha frente a un nuevo actor con rostro desdibujado, que no se sabe a ciencia cierta hasta dónde se extienden sus redes políticas, económicas y con los propios cuerpos de seguridad pública. La decisión comunal de organizarse, colocando barricadas, haciendo guardias y rondines, donde todos participan, hombres, mujeres y niños, da cuenta de una cohesión colectiva. Es una respuesta de unidad frente a un actor que amenaza seriamente su presente y su futuro, muestra un tejido social vivo, con capacidad para defender su comunidad. Sin embargo, se requiere de toda la solidaridad posible de la sociedad civil y de una respuesta contundente por parte de quienes gobiernan el país, que hasta ahora no han mostrado actuar con inteligencia, su imaginación no encuentra otra salida que responder del mismo modo, contribuyendo a aumentar la espiral de violencia, sin titubear por los llamados daños colaterales.
En este mismo clima de violencia vive la comunidad nahua de Ostula en la costa michoacana. Los comuneros llevan varias décadas en un interminable camino jurídico por el reconocimiento de su territorio, que también reclaman pequeños propietarios. En el 2003, tras la intervención del gobierno del estado, las partes acordaron que mientras el asunto se dirimía en las instancias correspondientes, el gobierno estatal resguardaría la zona en conflicto, la cual comprende una franja de superficie cerril que desemboca hacia el mar, al Océano Pacífico. La situación permaneció en calma, hasta la administración del presente gobernador, quien retiró al Grupo de Operaciones Especiales (GOES) encargado de proteger la zona. Momento que fue aprovechado por algunos pequeños propietarios. De acuerdo a la versión de un representante de la SRA en el estado: “Uno de ellos se metió y empezó a fraccionar, a vender o regalar lotes”. Por ello, la comunidad intervino el 29 de junio de 2009, sacaron a los pequeños propietarios y tomaron posesión de su territorio que comprende poco más de mil hectáreas y que han podido resguardar gracias a la reconstitución de su policía comunitaria tradicional. A este predio lo han denominado Xayacalan, y en ese mismo lugar, un año antes habían encontrado el cuerpo del profesor Diego Ramírez Domínguez, a quien la comunidad había nombrado como su representante en la defensa de sus tierras. El costo humano ha sido alto, según sus propios datos, sólo en los últimos seis meses 16 comuneros han sido asesinados o desaparecidos.
Como vemos, Cherán y Ostula viven un proceso de fortalecimiento comunal, necesario para poder responder ante la embestida de nuevos actores, donde la violencia es casi cotidiana y los grupos de poder político muestran su incapacidad e ineficiencia. En este contexto se ha generado una reflexión colectiva, que cuestiona la participación de los partidos políticos que no han sabido estar a la altura de las reivindicaciones indígenas y cuya racionalidad obedece únicamente a su propia sobrevivencia política. Por ello, la democracia electoral no encuentra cabida en la agenda comunal, en Ostula decidieron no participar en las pasadas elecciones federales y, para el período electoral estatal por venir, Cherán ha anunciado que en ejercicio de su derecho a la libre determinación y autonomía nombrarán, de acuerdo a los mecanismos que ellos definan, a sus próximas autoridades municipales, por lo pronto, las actuales autoridades han sido desconocidas y se ha nombrado un consejo comunal. Se han innovado otras formas de participación y toma decisiones al interior de las comunidades, como nuevos espacios de representación, que abonan a lo que Boaventura de Sousa Santos refiere como demodiversidad.
Por lo pronto, la respuesta está construyéndose desde abajo, la ciudadanía organizada, como el Movimiento por la Paz con justicia y Dignidad, es la que dibuja una esperanza, es el tejido social y la posible unidad de estos movimientos locales y regionales, confluyendo en una agenda nacional, que nos permite cifrar las posibilidades del cambio y la “urgencia de futuro”.
*Profesora-investigadora de El Colegio de Michoacán
Fuente: La Jornada de Michoacán
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