LUCIANO TAPIA (Corresponsal)
Ciudad de México, 8 de noviembre. El Estado mexicano fue incapaz de garantizar los derechos de las indígenas me’phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, violadas por soldados en 2002 en Ayutla; después no les reconoció su condición de víctimas, y cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) lo condenó, no tuvo la voluntad de presupuestar los recursos suficientes para indemnización y reparar el daño, denunciaron Miguel Pulido Jiménez, director del Centro de Análisis e Investigación; Guadalupe Barrera, del centro de Investigación y Docencia Económicas AC y Daphne Cuevas, del Consorcio Parlamentario y Equidad AC, quienes demandaron a los diputados federales asignar una partida para estos efectos.
Pulido Jiménez dijo que Inés y Valentina tienen un derecho que el Estado nuevamente esta omitiendo respetar y cumplir.
Declaró que México debe cumplir con las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asentó que con la falta de indemnización y de la reparación del daño se viola un derecho grave de las personas.
En conferencia de prensa en el Hotel Imperial, que se localiza en Paseo de la Reforma esquina con Avenida Morelos en esta ciudad, los abogados coincidieron en la necesidad de que los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos como de Presupuesto y otros, deben pugnar a efecto de que haya una partida para el pago de las personas que sufren violaciones a sus derechos como en estos casos de mujeres indígenas atacadas sexualmente por militares, y de la desaparición forzada de Rosendo Radilla y otro caso en Chihuahua relacionado con el campo algodonero.
Guadalupe Barrera y Daphne Cuevas manifestaron que mientras el gobierno federal asegura que no tiene dinero para el pago de reparación de daños, sí cuenta con una presupuesto millonario para el pago de publicidad e imagen.
Además se debe prever lo necesario en caso de una nueva sentencia condenatoria para el caso de Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, campesinos ecologistas, expresaron.
Coincidieron que de cara a la comunidad internacional el Estado debe responder por la efectiva protección de estos derechos, en virtud de la ratificación de la Convención Americana de derechos Humanos y del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de derechos Humanos.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Difusión: Soberanía Popular
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