J. Enrique Olivera Arce
Duarte de Ochoa, Yunes Linares, y la bursatilización
Terca realidad que siempre termina por imponerse por sobre la ligereza del discurso. No pasó mucho tiempo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación diera fin al bizantino debate sobre bursatilización y deuda pública en Veracruz. De acuerdo a la declaración de inconstitucionalidad emitida en el caso de Sonora, bursatilizar recursos que el gobierno local reciba de los impuestos y de las participaciones federales, es simple y llanamente deuda pública sujeta a transparentarse y fiscalizarse.
Dictada la última palabra por los ministros de la Corte, cae por su propio peso todo el esfuerzo aplicado en la entidad a tratar de convencer a la ciudadanía de que por ningún concepto con la bursatilización del impuesto a la tenencia de automotores y participaciones federales, se incrementaba la deuda de la administración a cargo de Maestro Fidel Herrera Beltrán.
En muchos casos se podría considerar que el afirmar que bursatilización no es deuda, fue simple seguidísmo con un mucho de oportunismo de quienes por ignorancia así lo manifestaran. No así en el caso del ex titular de la SEFIPLAN que, como bien señalan sus apologistas, es todo un experto en administración y finanzas públicas; obligado entonces por su formación académica y cargo que desempeñara, a expresarse con verdad, antes al contrario, correspondió al ahora diputado federal Javier Duarte de Ochoa ser el más entusiasta defensor de que la bursatilización por donde se le viera no constituía técnicamente de manera alguna deuda pública y así, sin duda, se lo hizo saber al gobernador. Hoy, gracias a lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia, no sólo se tragará su insistente dicho sino que sienta un precedente de mentiroso, lo que pesará sin duda en su aspiración a gobernar a los veracruzanos.
Precedente negativo que habrán de compartir los diputados locales que con tanto entusiasmo votaran a favor de la aprobación de la iniciativa que diera lugar a las bursatilizaciones, con excepción de Héctor Yunes Landa quien oportunamente pidiera se pospusiera la discusión y aprobación en su caso, en tanto no se conociera el dictamen de la Corte por el caso Sonora. Y más todavía, los diputados de la oposición que se negaran a firmar la demanda de inconstitucionalidad de lo aprobado por el pleno de la Legislatura local tras haber votado en contra.
Lo que ahora estaría en la mesa de debate, es si de acuerdo con el dictamen de la Corte, el gobierno de Veracruz está dispuesto tanto a aceptar que efectivamente se incrementó la deuda pública con las bursatilizaciones y en que monto, así como a reconocer la obligación de transparentar y dar cuenta al Congreso local y a la ciudadanía sobre el destino y resultados de los recursos bursatilizados, o se hará de la vista gorda. Sobre todo cuando está siendo cuestionado su manejo por parte de algunos ediles que, presuntamente, les han dado un destino poco claro y distinto a lo autorizado por la Legislatura.
Debate que por principio ya está contaminado e inscrito en el proceso electoral en marcha. Duarte de Ochoa se ha manifestado pública e insistentemente en contra de un mayor endeudamiento de la administración pública y, bajo ese argumento, justificó el que la diputación federal priísta hubiere votado a favor del incremento del ISR y el IVA contemplado en la Ley de Ingresos de la Federación y la Miscelánea Fiscal para el 2010, en tanto que el director del ISSSTE y aspirante a la gubernatura de Veracruz por el PAN, haya insistido en que con la bursatilización se disparaba la deuda pública del gobierno estatal a niveles nunca vistos.
En uno y otro caso, el Maestro Fidel Herrera Beltrán queda en medio y obligado a manifestarse públicamente al respecto. Si lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para con el gobierno de Sonora, tiene aplicación o no en Veracruz es un tema relevante que debe quedar claro para la ciudadanía.
Difusión: Soberanía Popular
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