El pasado 27 de noviembre alrededor de 3 mil personas, en su mayoría estudiantes de normales rurales de distintos Estados de la República e integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), acompañados de organizaciones solidarias, que pretendían marchar pacíficamente en conmemoración de las represiones sufridas en Morelia —una en 1998 y otra en el 2002— por manifestarse en defensa de la educación pública, fueron reprimidos por policías estatales de la PGJ, e incluso por policías vestidos de civil, en el kilómetro 12 de la carretera Pátzcuaro-Morelia por la que pretendían pasar caminando para llegar al Centro de Convenciones de donde partiría dicha marcha.
Al respecto, el Gobierno de Michoacán menciona en un comunicado publicado en La Jornada el 2 de diciembre del presente: “El Gobierno michoacano es democrático, respetuoso y garante de los derechos de libre manifestación y expresión de los ciudadanos[…]”, y más adelante “[…]no entendemos la actitud de los estudiantes de la Normal Rural “Vasco de Quiroga” quienes vienen realizando acciones que ponen cotidianamente en riesgo la relación franca y abierta que ha venido ejerciendo el gobierno estatal; obligando a éste a actuar en el marco de la ley[…]”
Nosotros ponemos en entredicho lo anterior. Hacemos notar que la militarización de Michoacán es hoy el más reciente laboratorio experimental de la violencia del Estado, que se multiplica y perfecciona, y en donde el discurso de la democracia, el respeto a los derechos y la franqueza del gobierno, choca con la realidad de la imposición de la Reforma Judicial, misma que entre otras cosas, da pie a la militarización del país, y avala el trato que equipara a los luchadores sociales con los más peligrosos delincuentes; es decir, criminaliza la protesta social.
De la misma manera, señalamos que la aseveración de que el gobierno michoacano actuó en el marco de la ley, es mentira. Toletes, escudos, piedras, palos, gases lacrimógenos, armas de fuego, y golpes de policías entrenados, no sólo destrozaron autobuses propiedad de la Normal Rural de Tenería, sino que desfilaron sobre los cuerpos de las víctimas, muchas de ellas mujeres, mostrando un uso excesivo de la fuerza por parte del Estado, de la que también resultaron heridas tres personas por disparo de arma de fuego.
Lamentamos que estos hechos hayan ocurrido dos días después del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las mujeres y que, a pesar de esto, en el operativo de represión policíaca se violara la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia y el Convenio Para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia en Contra de la Mujer, firmado y ratificado por el Estado mexicano. Muestra de ello, es que de los 139 detenidos durante el operativo, 130 fueron mujeres, que una vez puestas en libertad denunciaron una serie de maltratos que pueden ser tipificados como tortura.
Hacemos responsables de estos hechos y por lo tanto, de la integridad física y psicológica de nuestros compañeros al Gobernador del Estado de Michoacán, Leonel Godoy Rangel; al Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán, Miguel García Hurtado; al Director de Seguridad Pública en Michoacán, Mario Bautista Ramírez; al Subprocurador de la Región Morelia, Ignacio Mendoza Jiménez; así como al Agente del Grupo de Operaciones Especiales, Ambrosio Martínez Martínez.
Exigimos el castigo a los elementos policíacos que se excedieron en el uso de fuerza, violentando los derechos humanos y garantías individuales de los manifestantes; así como la libertad incondicional de los detenidos, ya que a pesar de haber obtenido su libertad física, al pagar casi un millón de pesos de fianza, aún nueve estudiantes normalistas se encuentran bajo proceso. Demandamos el respeto de los derechos de organización, manifestación y de libre expresión, y la indemnización para las personas que resultaron heridas durante esta agresión.
Finalmente destacamos la frase con la que concluye el pronunciamiento de las autoridades, al que hacemos alusión: “El gobierno de Michoacán lamenta los hechos ocurridos y hace un llamado a priorizar el diálogo constructivo y respetuoso como mecanismo para encontrar soluciones a los problemas que enfrenta la educación pública en la entidad […]”. Así, nosotros también nos pronunciamos por el diálogo, aunque diferimos tajantemente de la estrategia empleada por gobierno de Michoacán: primero golpea y luego se lamenta, llamando al diálogo.
FIRMAS: Organización de Derechos Humanos "Comité Cerezo México", Foro Abierto Tepito, Frente Estudiantil Revolucionario (FER), Brigada Permanente de Información al Pueblo (BPIP), Cine Club "Praxedis Guerrero", Estudiantes y egresados del Politécnico, de la UNAM, de la ENAH, de la UAM, de la Casa Nacional del Estudiante,
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¡LIBERTAD PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA!
Página del Comité Cerezo México (www.espora.org/comitecerezo)
Página de documentación de presos políticos y de conciencia en México (www.espora.org/vientodelibertad)
correo electrónico para documentar los casos de los presos políticos en México: cerezo.vientodelibertad@gmail.com
Skype: comitecerezo
DF: comitecerezo@nodo50.org
Oficina. (55) 56 55 94 65
Celular. (55) 10 47 20 31
Oaxaca: comitecerezoaxaca@gmail.com
"Porque ser defensor de los derechos humanos no es sinónimo de terrorista"
COMITÉ CEREZO MÉXICO
Enviar firmas a: maasiare_00@yahoo.com.mx, comitecerezo@nodo50.org
Al respecto, el Gobierno de Michoacán menciona en un comunicado publicado en La Jornada el 2 de diciembre del presente: “El Gobierno michoacano es democrático, respetuoso y garante de los derechos de libre manifestación y expresión de los ciudadanos[…]”, y más adelante “[…]no entendemos la actitud de los estudiantes de la Normal Rural “Vasco de Quiroga” quienes vienen realizando acciones que ponen cotidianamente en riesgo la relación franca y abierta que ha venido ejerciendo el gobierno estatal; obligando a éste a actuar en el marco de la ley[…]”
Nosotros ponemos en entredicho lo anterior. Hacemos notar que la militarización de Michoacán es hoy el más reciente laboratorio experimental de la violencia del Estado, que se multiplica y perfecciona, y en donde el discurso de la democracia, el respeto a los derechos y la franqueza del gobierno, choca con la realidad de la imposición de la Reforma Judicial, misma que entre otras cosas, da pie a la militarización del país, y avala el trato que equipara a los luchadores sociales con los más peligrosos delincuentes; es decir, criminaliza la protesta social.
De la misma manera, señalamos que la aseveración de que el gobierno michoacano actuó en el marco de la ley, es mentira. Toletes, escudos, piedras, palos, gases lacrimógenos, armas de fuego, y golpes de policías entrenados, no sólo destrozaron autobuses propiedad de la Normal Rural de Tenería, sino que desfilaron sobre los cuerpos de las víctimas, muchas de ellas mujeres, mostrando un uso excesivo de la fuerza por parte del Estado, de la que también resultaron heridas tres personas por disparo de arma de fuego.
Lamentamos que estos hechos hayan ocurrido dos días después del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las mujeres y que, a pesar de esto, en el operativo de represión policíaca se violara la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia y el Convenio Para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia en Contra de la Mujer, firmado y ratificado por el Estado mexicano. Muestra de ello, es que de los 139 detenidos durante el operativo, 130 fueron mujeres, que una vez puestas en libertad denunciaron una serie de maltratos que pueden ser tipificados como tortura.
Hacemos responsables de estos hechos y por lo tanto, de la integridad física y psicológica de nuestros compañeros al Gobernador del Estado de Michoacán, Leonel Godoy Rangel; al Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán, Miguel García Hurtado; al Director de Seguridad Pública en Michoacán, Mario Bautista Ramírez; al Subprocurador de la Región Morelia, Ignacio Mendoza Jiménez; así como al Agente del Grupo de Operaciones Especiales, Ambrosio Martínez Martínez.
Exigimos el castigo a los elementos policíacos que se excedieron en el uso de fuerza, violentando los derechos humanos y garantías individuales de los manifestantes; así como la libertad incondicional de los detenidos, ya que a pesar de haber obtenido su libertad física, al pagar casi un millón de pesos de fianza, aún nueve estudiantes normalistas se encuentran bajo proceso. Demandamos el respeto de los derechos de organización, manifestación y de libre expresión, y la indemnización para las personas que resultaron heridas durante esta agresión.
Finalmente destacamos la frase con la que concluye el pronunciamiento de las autoridades, al que hacemos alusión: “El gobierno de Michoacán lamenta los hechos ocurridos y hace un llamado a priorizar el diálogo constructivo y respetuoso como mecanismo para encontrar soluciones a los problemas que enfrenta la educación pública en la entidad […]”. Así, nosotros también nos pronunciamos por el diálogo, aunque diferimos tajantemente de la estrategia empleada por gobierno de Michoacán: primero golpea y luego se lamenta, llamando al diálogo.
FIRMAS: Organización de Derechos Humanos "Comité Cerezo México", Foro Abierto Tepito, Frente Estudiantil Revolucionario (FER), Brigada Permanente de Información al Pueblo (BPIP), Cine Club "Praxedis Guerrero", Estudiantes y egresados del Politécnico, de la UNAM, de la ENAH, de la UAM, de la Casa Nacional del Estudiante,
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Página del Comité Cerezo México (www.espora.org/comitecerezo)
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