¿Qué le debe Calderón a García Luna?

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

MEXICO, D.F., 28 de noviembre (apro).- Cada vez que Felipe Calderón sale en defensa de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se va convirtiendo, él mismo, en parte de la crisis de inseguridad que padecemos los mexicanos.
Con esa defensa tan resuelta, ni cien días, ni los dos mil de su sexenio, serán suficientes para generar credibilidad entre la ciudadanía y las propias elites de poder del país sobre su supuesto combate a la delincuencia.
Pero todavía hay algo peor: Calderón gestiona en el Congreso la creación de la Policía Nacional, integrada por miles de policías para ponerla en manos de García Luna.
En una verdadera rendición de cuentas de cualquier democracia, cuando alguno de los colaboradores del jefe político del país es cuestionado nada más lejos que de ser premiado. De inmediato pone su renuncia en la mesa.
Incluso, por acusaciones mucho menos graves de las que se achacan a García Luna, deja el cargo para dar paso a las investigaciones. Lo hace antes de que se echen a andar los mecanismos legales de su separación.
En contra de García Luna abundan los señalamientos. Fuera y dentro de gabinete, empezando en los círculos militares.
Más allá de los dichos, hay una abrumadora realidad: algunos de sus más cercanos y viejos colaboradores son investigados por su larga protección al narcotráfico.
A nadie se le puede acusar con base en sospechas, pero a partir de las acciones de la Procuraduría General de la República en contra de sus excolaboradores, lo menos que se puede decir de García Luna es que ha sido un ingenuo... si es que en verdad no estaba enterado de nada.
Hombre de sombras, se ha convertido en uno de los principales obstáculos para darle crédito a Calderón en su guerra contra la delincuencia organizada.
¿Por qué Calderón prefiere pagar el costo de defender a García Luna? ¿Hay algo que le deba?
La presencia de García Luna, el pasado viernes, en la XXV sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, instancia creada en el gobierno de Ernesto Zedillo, dio fe de la manera en que evade sus responsabilidades.
Estuvo como un empleado más de Calderón, como si no fuera el principal encargado de elaborar las políticas públicas en materia de seguridad para el país, de acuerdo con las tareas claramente establecidas en sus obligaciones legales de quien despacha al frente de la secretaría de Seguridad Pública.
Se sumó al desfile mediático de los miembros del gabinete calderonista para hablar de sus "logros" en la "evaluación" de los primeros 100 días del Acuerdo Nacional para la Seguridad y la Justicia. Como todos los que participaron por parte del Ejecutivo federal, García Luna fue previsible. Tanto él como su jefe están muy lejos de convocar y generar acciones de Estado.
La muestra es que ni el presidente del Senado ni el presidente de la Suprema Corte de Justicia participaron en la reunión.
Es tal la ausencia de un pacto de Estado que los congresistas no alteraron su agenda legislativa en materia de reformas de justicia y seguridad para sumarse al "compromiso de los 100 días".
El propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, se encargó de decir desde Monterrey, el mismo viernes, que tal compromiso no es un pacto de Estado.
El Poder Judicial, a través de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, acaso aprobó una resolución para facilitar los cateos y un acuerdo para la creación de la figura de los jueces de control. Figuras que van más allá de tales "compromisos".
Muy lejos de una reunión de Estado, el encuentro devino en un espacio donde los gobernadores adelantaron lo que será uno de los temas de la campaña electoral de 2009: el uso político de la seguridad pública, con la participación incluida de García Luna.
jcarrasco@proceso.com.mx