Situación de las familias cautivas es resultado de un patrón de discriminación contra los pueblos indígenas en Bolivia La Vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisionada Luz Patricia Mejía (Relatora para los temas de Bolivia), y el Relator para los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Comisionado Víctor Abramovich, ambos jefes de la delegación estuvieron en Bolivia del 9 al 13 de junio, con motivo de los temas relacionados con las comunidades cautivas en el Chaco Boliviano.
La Comisión constata la continuidad de la problemática de servidumbre, deuda y trabajo forzoso en el Chaco Boliviano, la delegación observa que la situación de servidumbre y trabajo forzoso en la que viven las familias del pueblo guaraní, es una manifestación extrema de la discriminación que históricamente han sufrido y continúan sufriendo los pueblos indígenas y comunidades campesinas de Bolivia.
La Comisión considera que existe suficiente información documentada así como elementos de prueba presentados por organismos nacionales e internacionales que permitirían avanzar en una investigación. Deplora la existencia en Bolivia de situaciones de servidumbre por deudas, análogas a la esclavitud y trabajos forzosos, práctica absolutamente prohibida por la Convención Americana de Derechos Humanos y de otros instrumentos internacionales de los cuales Bolivia es parte. Bolivia tiene la obligación internacional de erradicar la servidumbre y el trabajo forzoso, en todo su territorio y que debe tomar de manera inmediata todas las medidas que sean necesarias para cumplir con esta obligación.
La Comisión se reunió con hacendados, con autoridades locales y departamentales en Camiri y Santa Cruz; recibió testimonios de personas que habían estado primeramente en cautiverio, pero las conclusiones son resultado de un proceso muchos más amplio de investigación, se hizo una visita en el año 2006; se publicó un informe en 2007; ha recibido testimonios sobre la existencia de familias cautivas en su sede en Washington, y en distintas reuniones. Los hacendados plantean que existen relaciones laborales, que no existe relación de esclavitud y lo que existe es una profunda pobreza, que en efecto se puede evidenciar; pero pudimos evidenciar con los testimonios y la investigación previa que existe una situación que es análoga a la esclavitud y vinculada al trabajo forzoso, pudimos ver en el terreno niños trabajando, lo cual es un hecho contrario a la Convención.
Los testimonios que se recibieron en la zona son claros, concordantes; testimonios directos de personas que han atravesado por esa situación, y en criterio de la Comisión merecen suficiente confiabilidad como para señalar las conclusiones señaladas. La verificación en terreno, la determinación estadística de la cantidad de familias cautivas corresponde al Estado de Bolivia y a la comunidad permitir que se pueda realizar esa verificación. Se evidencia una falta de avance de las investigaciones, la fiscalía plantea que uno de los problemas que enfrenta es la carencia de acceso independiente a los predios, lo que afecta a la imparcialidad, mecanismos de protección de víctimas y testigos. Además está el hecho de que las comunidades no sienten confianza por las acciones de la fiscalía y por lo tanto es difícil que faciliten información.
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