El gobierno federal, siguiendo los lineamientos del Banco Mundial, está promoviendo la ruptura de la legalidad constitucional en materia energética, expresada en el Pacto político de
Mediante un primer paquete de 6 iniciativas de reforma a la legislación petrolera secundaria, se proponen serias medidas que atentan gravemente contra la soberanía, seguridad e independencia nacional. Las diversas propuestas, particularmente, la referida a
El gobierno federal, apoyado por los partidos políticos proclives al neoliberalismo, propone explícitamente la privatización casi total de la industria petrolera nacionalizada. Desde 1992 está en marcha un proceso de privatización energética furtiva. Tratándose de la energía eléctrica,
Desde
Todas estas acciones son inconstitucionales. Ahora, las nuevas iniciativas proponen nuevas medidas privatizadoras. Con la reforma a las leyes secundarias se pretende privatizar las actividades relacionadas con la refinación del crudo, el almacenamiento, transporte y distribución de productos petrolíferos y petroquímicos, así como el sistema nacional de ductos. Se pretende, incluso, la intervención del capital privado en la exploración y producción de crudo. A este respecto, el interés del gobierno y transnacionales se centra en los recursos prospectivos de las aguas profundas del Golfo de México, precisamente, en la dirección determinada por la geopolítica energética norteamericana.
Todas estas acciones son privatizadoras e inconstitucionales.
La privatización que se propone se basa en dos mecanismos principales, a saber, 1- ceder las funciones constitucionales, en áreas estratégicas, que corresponde realizar al Estado de manera exclusiva, 2- otorgar concesiones y contratos a los particulares de manera discrecional, incluyendo los llamados contratos de riesgo que entregarían a las corporaciones los recursos naturales energéticos y la parte correspondiente de la renta petrolera.
A partir de estas medidas, se plantea redefinición de la industria petrolera. La fórmula a seguir consiste en suprimir áreas y funciones del proceso de trabajo petrolero a las cuales, mediante decisiones legislativas unilaterales, no se les considera estratégicas. Por tanto, se fragmenta a la industria y las funciones, ahora denominadas “prioritarias”, se ceden al capital privado.
La estructura de la industria petrolera se altera sustancialmente. Petróleos Mexicanos (Pemex) se orientaría solamente a la administración de los contratos y la promoción de las inversiones privadas, incumpliendo su papel. Para ello, el gobierno insiste en otorgarle a Pemex la llamada “autonomía de gestión” que implica la libertad, sin controles ni procedimientos, para que las cúpulas administrativa y sindical decidan las acciones de privatización entre cuatro paredes.
La operación de la privatización sería llevada a cabo a través de
Las propuestas de reforma energética del gobierno federal son inaceptables para la nación y deben ser RETIRADAS del debate.
Lo que se necesita es una Política Energética Independiente radicalmente diferente a la actual. Esta nueva política implica la observancia de la constitucionalidad vigente. Todos los recursos naturales, la energía y el agua son de la nación, no son del Estado, ni de los gobiernos en turno, mucho menos de los partidos políticos, gobernadores, legisladores o burocracias.
En términos de esta política independiente, es preciso INTEGRAR todo el proceso de trabajo energético. En materia de hidrocarburos, esto incluye la planeación, la investigación y el desarrollo, la exploración de hidrocarburos, la perforación, la producción, el procesamiento, tratamiento, almacenamiento, transporte y distribución de petróleo crudo, gas, productos petrolíferos y petroquímicos.
En materia de investigación y desarrollo proponemos la integración de los institutos del sector en uno solo, el Instituto Mexicano de
Con relación a la planeación energética es necesario un adecuado Plan Nacional de Hidrocarburos así como acciones específicas, tales como, un Programa de Cogeneración Eléctrica entre Pemex y CFE, así como, un Programa de Inversiones Propias ejecutadas por administración directa. En lo inmediato, proponemos el diseño y construcción de 5 refinerías “energéticas” por parte de Pemex y el IMP.
Todos los contratos, concesiones y permiso privados inconstitucionales deben ser cancelados. Si las corporaciones oponen resistencia, deben ser expropiadas sin indemnización.
Estas y otras propuestas se expresan en una ley,
Reiteramos que las iniciativas que se discuten en el Senado deben ser retiradas por ser inconstitucionales y lesivas al interés de la nación. El debate oficial está perneado por la simulación. Es necesario dinamizar el Debate Popular en marcha, extenderlo en todo el territorio nacional, expresar la voluntad de los mexicanos creando estructuras organizativas y ejerciendo acciones de movilización con dinámica propia. ¡Salud y Revolución Social! ¡Venceremos!
Frente de Trabajadores de
de México
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