DECLARACION FINAL: IX Foro Nacional de Energía

El gobierno federal, siguiendo los lineamientos del Banco Mundial, está promoviendo la ruptura de la legalidad constitucional en materia energética, expresada en el Pacto político de la Nación surgido de la Revolución Mexicana.

Mediante un primer paquete de 6 iniciativas de reforma a la legislación petrolera secundaria, se proponen serias medidas que atentan gravemente contra la soberanía, seguridad e independencia nacional. Las diversas propuestas, particularmente, la referida a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, contienen disposiciones inconstitucionales inaceptables.

El gobierno federal, apoyado por los partidos políticos proclives al neoliberalismo, propone explícitamente la privatización casi total de la industria petrolera nacionalizada. Desde 1992 está en marcha un proceso de privatización energética furtiva. Tratándose de la energía eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha otorgado 744 ilegales permisos de generación eléctrica a las corporaciones transnacionales y sus filiales. Al momento, el 46.55% de la capacidad de generación eléctrica, total a nivel nacional, es privada.

Desde 1995 a la fecha, la CRE ha otorgado 200 permisos ilegales para la distribución, transporte y almacenamiento de gas natural, distribución de gas LP y transporte por ductos. La distribución del gas natural se ha entregado totalmente a las transnacionales reorganizando al país en 15 regiones. A través de los Contratos de Servicios Múltiples se han entregado, también, la exploración y explotación del gas seco. Mediante Contratos de Servicios Integrales, las transnacionales participan ejecutando funciones que corresponde realizar a Pemex. La intervención privada ocurre también en la perforación de pozos, así como en la extracción de petróleo crudo y gas.

Todas estas acciones son inconstitucionales. Ahora, las nuevas iniciativas proponen nuevas medidas privatizadoras. Con la reforma a las leyes secundarias se pretende privatizar las actividades relacionadas con la refinación del crudo, el almacenamiento, transporte y distribución de productos petrolíferos y petroquímicos, así como el sistema nacional de ductos. Se pretende, incluso, la intervención del capital privado en la exploración y producción de crudo. A este respecto, el interés del gobierno y transnacionales se centra en los recursos prospectivos de las aguas profundas del Golfo de México, precisamente, en la dirección determinada por la geopolítica energética norteamericana.

Todas estas acciones son privatizadoras e inconstitucionales. La Constitución política del país establece el dominio de la nación sobre los hidrocarburos y, en esta materia, no se otorgarán concesiones ni contratos a los particulares. Sin embargo, la reforma propuesta indica lo contrario.

La privatización que se propone se basa en dos mecanismos principales, a saber, 1- ceder las funciones constitucionales, en áreas estratégicas, que corresponde realizar al Estado de manera exclusiva, 2- otorgar concesiones y contratos a los particulares de manera discrecional, incluyendo los llamados contratos de riesgo que entregarían a las corporaciones los recursos naturales energéticos y la parte correspondiente de la renta petrolera.

A partir de estas medidas, se plantea redefinición de la industria petrolera. La fórmula a seguir consiste en suprimir áreas y funciones del proceso de trabajo petrolero a las cuales, mediante decisiones legislativas unilaterales, no se les considera estratégicas. Por tanto, se fragmenta a la industria y las funciones, ahora denominadas “prioritarias”, se ceden al capital privado.

La estructura de la industria petrolera se altera sustancialmente. Petróleos Mexicanos (Pemex) se orientaría solamente a la administración de los contratos y la promoción de las inversiones privadas, incumpliendo su papel. Para ello, el gobierno insiste en otorgarle a Pemex la llamada “autonomía de gestión” que implica la libertad, sin controles ni procedimientos, para que las cúpulas administrativa y sindical decidan las acciones de privatización entre cuatro paredes.

La operación de la privatización sería llevada a cabo a través de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión (Reguladora) del Petróleo, instrumentos antinacionales encargados de privatizar TODAS las fuentes de energía, incluyendo el petróleo, el gas, el agua, el carbón, el uranio, la geotermia, las mareas, el hidrógeno, el viento y el Sol, así como las semillas, los vegetales y las frutas destinadas a la producción de agrocombustibles. Se trata del más grande atentado contra la nación desde 1847 cuando Antonio López de Santana entregó más de la mitad del territorio nacional a Norteamérica.

Las propuestas de reforma energética del gobierno federal son inaceptables para la nación y deben ser RETIRADAS del debate.

Lo que se necesita es una Política Energética Independiente radicalmente diferente a la actual. Esta nueva política implica la observancia de la constitucionalidad vigente. Todos los recursos naturales, la energía y el agua son de la nación, no son del Estado, ni de los gobiernos en turno, mucho menos de los partidos políticos, gobernadores, legisladores o burocracias.

En términos de esta política independiente, es preciso INTEGRAR todo el proceso de trabajo energético. En materia de hidrocarburos, esto incluye la planeación, la investigación y el desarrollo, la exploración de hidrocarburos, la perforación, la producción, el procesamiento, tratamiento, almacenamiento, transporte y distribución de petróleo crudo, gas, productos petrolíferos y petroquímicos.

En materia de investigación y desarrollo proponemos la integración de los institutos del sector en uno solo, el Instituto Mexicano de la Energía, organismo integrado a su vez a la industria energética nacionalizada.

Con relación a la planeación energética es necesario un adecuado Plan Nacional de Hidrocarburos así como acciones específicas, tales como, un Programa de Cogeneración Eléctrica entre Pemex y CFE, así como, un Programa de Inversiones Propias ejecutadas por administración directa. En lo inmediato, proponemos el diseño y construcción de 5 refinerías “energéticas” por parte de Pemex y el IMP.

Todos los contratos, concesiones y permiso privados inconstitucionales deben ser cancelados. Si las corporaciones oponen resistencia, deben ser expropiadas sin indemnización.

Estas y otras propuestas se expresan en una ley, la Ley petrolera del FTE, que ponemos a la discusión. Esta ley no es para someterla al arbitrio de los partidos políticos privatizadores, es una propuesta de ley para la Re-nacionalización energética en México.

Reiteramos que las iniciativas que se discuten en el Senado deben ser retiradas por ser inconstitucionales y lesivas al interés de la nación. El debate oficial está perneado por la simulación. Es necesario dinamizar el Debate Popular en marcha, extenderlo en todo el territorio nacional, expresar la voluntad de los mexicanos creando estructuras organizativas y ejerciendo acciones de movilización con dinámica propia. ¡Salud y Revolución Social! ¡Venceremos!

Frente de Trabajadores de la Energía,

de México