ISA Servicio informativo núm. 263

Ciudad de México, 17 de noviembre de 2007

Servicio informativo núm. 263
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Sumario:

I. Fraude, México 2006, un ejercicio de memoria frente al engaño.

II. Podría recurrir el gobierno legítimo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante el evidente carpetazo a la denuncia presentada por AMLO, informa Ortiz Pinchetti.

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FRAUDE, MÉXICO 2006, UN EJERCICIO DE MEMORIA FRENTE AL ENGAÑO

El día de ayer, llegó finalmente, salvando todo tipo de obstáculos, el esperado estreno del documental de Luis Mandoki Fraude, México 2006. Los primeros reportes muestran que el público está asistiendo en número abundante a los cines en donde se proyecta y que su recepción también es positiva. He aquí la opinión de un espectador de Fraude, México 2006, llegada a la mesa de redacción del servicio de noticias ISA.
A casi un año de que Felipe Calderón usurpara la silla presidencial, fui a ver la película Fraude, México 2006. En general, viví la exhibición del documental de Luis Mandoki como un ejercicio de memoria; me acuerdo bien de muchas de sus escenas porque, como muchos mexicanos, estuve ahí, en la plancha del Zócalo en varias de las movilizaciones, estuve pendiente de los resultados del 2 de julio hasta por ahí de las 4 de la mañana, pendiente de la resolución del Tribunal para el conteo de las casillas, indignado ante la toma de posesión de Calderón, quien pretendía que en el país todo estaba bien, a pesar del paradójico aparato de seguridad que quiso amedrentar a cualquiera que no aceptara su imposición.
Sí, fue un ejercicio de memoria no sólo para mí; la sala del cine estaba casi llena; la gente gritaba de repente ante alguna imagen indignante, que ya habíamos visto en su momento, la gente aplaudió al final del documental, la gente sabe que hubo un engaño y eso no es fácil de olvidar.
A muchos nos ha quedado la convicción de que el 2 de julio hubo un fraude y la película nos lo recuerda trazando en sus poco más de 90 minutos una explicación en donde todo aquello que los grandes medios quisieron ocultar se devela con claridad. El Tribunal Electoral no tuvo los arrestos para aclarar a los ciudadanos qué había pasado con ese .56 por ciento de ventaja con el que “ganaba” un candidato que nunca estuvo a la cabeza de las preferencias electorales.
Esta sensación ha quedado en el ambiente del país; muchos no vemos a Calderón como nuestro presidente y cada una de sus apariciones nos recuerda el engaño, otra vez el engaño, la simulación de que en el país todo está bien y todo es legal y de que es un país donde el combate a la inseguridad y al narcotráfico es “lo más importante para nuestros hijos”. ¿Cómo podemos creer algo así a alguien que nos engañó desde el inicio?; simplemente es imposible.
Una imagen que está presente a lo largo de toda la película es la cantidad de gente reunida en el Zócalo, la cantidad de gente que tantas veces pidió no volver a ser engañada por sus “instituciones”; toda esa gente necesitaba defender su voto, muchos de ellos decían en voz alta que no tenían nada que perder, porque no tenían nada, que defender su voto era lo único que les quedaba… y esas instituciones se negaron a oír esas voces; ¿para qué?, si las leyes son muy claritas… la gente debe acatarlas y no debe opinar… pero la gente tienen memoria y está cansada de que la engañen.
A lo largo de Fraude, México 2006 asistimos a la negativa constante de que se contaran los votos, de que se tomaran en consideración las valoraciones que, sobre la estadística de resultados preliminares que iba presentando el IFE, hicieron diversos grupos de académicos que se dedican a esta materia; ¿para qué?, si Calderón afirmaba antes y después de las elecciones que “pasara lo que pasara, él sería presidente de México” y que “haiga sido como haiga sido” él había ganado la elección presidencial.
No es posible olvidar tampoco lo sucio de las campañas y la violación a la Constitución; si es que somos un país tan apegado a las leyes, ¿cómo es posible que la ley haya permitido que durante más de seis meses se bombardeara a la opinión pública con una campaña en la que Calderón no tenía nada que decir, nada que proponer más que “Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México”? También es imposible olvidar la abierta campaña en contra de López Obrador por parte de Vicente Fox, quien debía ser imparcial, ¿por qué, impulsando su desafuero, se negaba a dejar que los mexicanos eligiéramos un presidente de forma libre? Ésa es la mayor negativa a nuestra mayoría de edad como democracia.
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PODRÍA RECURRIR EL GOBIERNO LEGÍTIMO A LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ANTE EL EVIDENTE CARPETAZO A LA DENUNCIA PRESENTADA POR AMLO, INFORMA ORTIZ PINCHETTI

La inmediata descalificación de José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador de la Procuraduría General de la República (PGR), de la querella penal que interpuso Andrés Manuel López Obrador en contra de los responsables de las inundaciones en Tabasco, ha llevado a que el gobierno legítimo de México analice la posibilidad de interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir que se reparen los daños causados a la población damnificada de aquella entidad, informó el secretario de Relaciones Políticas del gabinete lopezobradorista, José Agustín Ortiz Pinchetti.
“El subprocurador opta por desechar una petición de un ciudadano, sin que se inicie investigación alguna para definir si existen o no tales responsabilidades”, aseguró Ortiz Pinchetti, al también considerar conveniente que se presente una queja ante la Contraloría y una denuncia penal contra el subprocurador Vasconcelos, por presuntas responsabilidades, en el marco de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la legislación penal.
El funcionario lopezobradorista recordó que la obligación de garantizar el derecho al acceso a la justicia a toda persona, está contemplada en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Mencionó también que la Organización de las Naciones Unidas aprobó las directrices sobre la Función de los Fiscales, la cual se aprobó en 1990. En dicho instrumento se señala dentro de las obligaciones de los mencionados servidores públicos “prestar la debida atención al enjuiciamiento de los funcionarios públicos que hayan cometido delito, especialmente en los casos de corrupción, abuso de poder y violaciones graves de los derechos humanos”, explicó.

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