Columna semanal de Miguel Badillo
• Promete Calderón operación limpieza en Pemex
• Disputa por Pemex destapa corrupción y saqueo
• El dinero del narcotráfico manda en el gobierno
Tiene razón Felipe Calderón cuando asegura que el crimen organizado ha penetrado la estructura de Petróleos Mexicanos, igual como lo ha hecho en otras áreas de gobierno. El mandatario panista sabe que bandas del narcotráfico, coludidas con funcionarios de primer nivel de su gabinete, se han dedicado a saquear la principal empresa del Estado, por eso ha pedido al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) una investigación paralela que sólo a él le reporte.
Pero Calderón alude sólo al delito de robo de combustibles, y aunque por supuesto merma las finanzas de la paraestatal, está muy lejos de ser el principal problema. Si realmente le preocupara Pemex como asegura, Calderón empezaría por combatir la corrupción y frenar a esa delincuencia organizada de cuello blanco que es la más rapaz para las finanzas públicas.
Durante la inauguración de unas plantas petroleras en Reynosa, Tamaulipas, el mandatario dijo el jueves pasado que “no podíamos evitar un tema del cual todos sabíamos, pero era una piedra a la que todo el mundo le daba la vuelta”. Su discurso lo dio frente al líder sindical Eduardo Romero Deschamps, el mismo que participó junto con el exdirector Rogelio Montemayor en aquel desvío de recursos de Pemex para financiar la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa.
Sin embargo a Calderón sólo le interesa investigar el robo de combustibles: “ha llegado la hora de dejar de ordeñar”. Y qué pasa entonces con las otras áreas petroleras que están podridas por la corrupción y que permiten a empresarios y funcionarios corruptos enriquecerse sin límite. Al interior de Pemex todos conocen las irregulares que se cometen en la empresa mediante la asignación de contratos, en la compra de bienes y servicios, en la importación y exportación de productos, en los seguros, en las áreas médicas, en la relación con el sindicato, en la administración y hasta en las empresas creadas en paraísos fiscales. Pero como se trata de funcionarios panistas de primer nivel todos hacen caso omiso a las denuncias y quejas presentadas ante la Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública.
Esos delincuentes de cuello blanco son más peligrosos que el mismo crimen organizado que dice Calderón perseguir, porque aquellos se han enriquecido brutalmente con multimillonarios contratos petroleros y, sobre todo, porque nadie los persigue.
Pero Calderón dice que los recursos petroleros son de los mexicanos y que “no tenemos por qué quedarnos cruzados de brazos o desviar la mirada”. También prometió realizar a fondo un proceso de depuración y de limpieza que lleve, verdaderamente, a tocar el corazón y la médula espinal de la estructura que roba los combustibles en Pemex. ¿Por qué esta supuesta operación limpieza no se hace en todas las entidades del gobierno federal?
Sin limite de fondos contra el narco
El próximo año los recursos serán limitados y el gobierno federal tendrá que establecer prioridades. Sin embargo, bajo las actuales circunstancias, es claro que las partidas asignadas al sistema de seguridad pública no sólo no se reducirán, sino que se incrementarán, aunque hasta ahora hayan servido para muy poco.
El riesgo, no obstante, está en el ambiente y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y las diferentes organizaciones que representan los intereses de los tres niveles de gobierno ya discuten el tema en un momento en el que se desplomaron los ingresos de los fondos participables y se agotaron los recursos que dejó la bonanza petrolera.
Cantarell está a punto de agotarse y la recaudación en un año de crisis no podrá remontarse. De hecho, se descarta que una reforma hacendaria pueda salvar los escenarios. Rumbo al 2012, los enfrentamientos y competencia de los partidos políticos hacen prácticamente imposible acuerdos que fortalezcan la institucionalidad y la estabilidad en el país.
Por eso, al interior de la Conago se busca ligar la discusión en torno a las fórmulas para definir las transferencias participables a las necesidades de recursos para combatir el crimen organizado. No obstante, existe el riesgo de que el Poder Ejecutivo envíe a través de la Secretaría de Hacienda una propuesta de Presupuesto de Egresos para 2010 que incremente sustancialmente las partidas para el Ejército. Una pésima señal. Por ello, el tema de los recursos para el 2010 resulta tan relevante.
En este entorno, el cumplimiento del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad podría complicarse. Para empezar, los puntos 33 y 34 de dicho documento difícilmente podrían cumplirse: “El Poder Ejecutivo se comprometerá a velar a fin de que las prioridades presupuestarias fortalezcan los programas y acciones en materia de seguridad pública y procuración de justicia. Otorgar mayores recursos a estados y municipios en materia de seguridad”.
Con municipios prácticamente en estado de quiebra, difícilmente se cumplirán los compromisos que impulsó el gobierno de Felipe Calderón y que pedían asignar recursos y partidas dentro de sus respectivos presupuestos, ejercicio que estaría acompañado por reglas de operación o procedimientos eficaces y transparentes.
De la rendición de cuentas, con o sin crisis, la queja es ya conocida: no se cuenta con los mecanismos para exigir una adecuada transparencia y bajo las actuales circunstancias de astringencia y reducción de flujos, también correría el riesgo de convertirse en un tema secundario. No debería porque sólo de esa forma sería posible ubicar si el dinero del narcotráfico está también presente en las cuentas de estados y municipios. Auditorías eficaces podrían cruzar esa valiosa información.
Los gobiernos federal, estatal y municipal se enfrentan, por lo tanto, a un momento definitivo porque el dinero del crimen organizado podría tentar a muchos funcionarios. De no tomar cartas en el asunto, el gobierno de Calderón estaría incumpliendo, además, varios de los mandatos de la Constitución que ordenan al Estado proteger a sus ciudadanos, a sus funcionarios, en el cumplimiento de su deber frente a los gobernados.
Aún más, también se incumplirían decenas de leyes que norman la actuación de las fuerzas policiales responsables de la seguridad pública que deberían recibir ingresos que compensen el nivel de riesgo al que se encuentran sometidos y ese riesgo en un país que se está convirtiendo en un verdadero polvorín se encuentra en ascenso.
De hecho, analistas en el tema calculan que el costo de mantener a un grupo de la sociedad dedicado por completo y a salvo en la lucha contre el narcotráfico podría rebasar el 10 por ciento del Producto Interno Bruto, un porcentaje que no se encuentra muy alejado de otra estimación: a la economía mexicana la violencia, el crimen y la lenta aplicación de la justicia le cuesta más del 15 por ciento de su generación de riqueza.
Pero más allá de los cálculos económicos, es un hecho que la crisis agudizará los escenarios de riesgo. El mayor de ellos, sin duda, es el camino y peligro inminente hacia un narcoestado, cuando todas las instituciones de gobierno se encuentran infiltradas por el crimen organizado. Igual que sucedió en Colombia, legisladores comenzaron a presentar iniciativas que modificaron el orden en cárceles e instituciones en donde se ejerce el poder público, a favor de narcotraficantes. El peor de los escenarios.
Por ello, el envío de más de 40 mil soldados a las zonas de conflicto es un mensaje directo: Felipe Calderón no confía en las policías federales, estatales y municipales, y por ello es necesaria su refundación. En medio de todo eso, sin embargo, se encuentra la población civil que padece los actos de los narcotraficantes que se revelan contra la guerra que les declaró el gobierno calderonista.
La población también padecen al Ejército que simplemente no se preparó para cuidar a niños o mujeres en medio del terreno de guerra. Se incumple, bajo esta circunstancia, el principal punto del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la legalidad: la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. La razón es muy sencilla: la desconfianza es la reina de este peligroso juego que mantiene atrapada a la ciudadanía.
De esta forma, con más de 250 leyes que norman el ejercicio del poder público contra el crimen, se calcula que se necesitarán al menos 40 nuevas leyes para poner en blanco y negro los límites y responsabilidades de cada autoridad, incluso para decidir cómo y cuándo participan las fuerzas castrenses o cómo se sancionan sus excesos más allá de los secretos e inescrutables tribunales militares. Michoacán ha sido un claro ejemplo de las discrecionalidades que han violentado los niveles de gobierno.
Paradójicamente, en ese universo de legislaciones, no hay claridad respecto a las normas con las que se combate el crimen organizado, por lo que algunos expertos sugieren la necesidad de refundar también los marcos normativos para actuar de manera contundente y con total claridad. En este punto, el lavado de dinero tendría que ocupar un lugar predominante, porque son los circuitos financieros los puntos más vulnerables de ingreso para garantizar un narcoestado.
Así de grave es este asunto. Sin embargo, en materia de blanqueo de capitales, sucede lo mismo que con las policías, el Estado – y ha sido un reclamo hacia México por parte de los organismos multilaterales que se ocupan del tema – tampoco está garantizando la seguridad de los funcionarios que siguen las investigaciones y que se enfrentan a poderosos intereses. Tan sólo un punto: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que debe conocer al detalle todos los reportes sobre operaciones sospechosas y relevantes, no tiene potestad para interponer denuncias relacionadas con delitos financieros o lavado de capitales.
La CNBV tampoco puede solicitar información de manera directa, lo que bloquea la posibilidad de armar casos que no puedan impugnarse. Pero de acuerdo con el artículo 400-bis del Código Penal Federal, cita una investigación de José de Jesús González Rodríguez del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, la Secretaría de Hacienda es la única entidad facultada para iniciar una querella contra delincuentes de cuello blanco, lo que crea cuellos de botella en el combate al lavado de dinero.
Es obvio, por lo tanto, que el compromiso de Felipe Calderón de impulsar un sistema de interconexión denominado Plataforma México, que enlazaría a las dependencias responsables de la seguridad y la procuración de justicia, tampoco se ha cumplido. No existe, en conclusión, estrategia de inteligencia alguna contra el narcotráfico y el crimen organizado y el dinero es el que manda.
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