REUNION ESTATAL DE AMLO CON COMITES MUNICIPALES EN VERACRUZ
martes, 8 de septiembre de 2009
FRAGMENTO DE VIDEO, DE REUNION DE AMLO CON COMITES MUNICIPALES DEL ESTADO DE VERACRUZ
REUNION ESTATAL DE AMLO CON COMITES MUNICIPALES EN VERACRUZ
El Renacimiento de México
La violencia y la inseguridad son fruto podrido de 26 años de la aplicación de una política neoliberal, antipopular y entreguista
Durante la primera semana del mes patrio, el Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó una gira para reunirse con los integrantes de los comités estatales del Gobierno Legítimo, en diversas Ciudades de nuestro país.
En esta gira de trabajo, abordó nuevamente el tema económico, reiterando que nuestro movimiento y los legisladores del FAP van a oponerse a la propuesta del Usurpador Calderón, quien pretende gravar con el IVA los alimentos y medicinas, así como subir las tarifas de las gasolinas, diesel y energía eléctrica, así como mantener los privilegios de la alta burocracia y de los traficantes de influencias cuyas empresas no pagan impuestos.
Adelantó que los ejes de la propuesta del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía, son: eliminar los privilegios de la alta burocracia, es decir, seguros de gastos médicos mayores, cajas de ahorro, pensiones de los ex presidentes; cobrar impuestos a las 13 empresas y 9 bancos que controlan los oligarcas y que no contribuyen al gasto público, y por último, declarar la moratoria en el pago de los intereses del FOBAPROA.
En este punto hago una pausa para señalar que con esta propuesta, que los medios de comunicación ocultan a la gente, y que los legisladores de la mafia seguramente tacharán de imposible de llevar a cabo, de utópica y no dudo que hasta algún ultraderechista la tilde de comunista. En realidad, el Presidente Legítimo y el Movimiento en Defensa de la Economía Popular, solamente están pidiendo que se cumpla con lo que dice la Constitución, pues ahí está plasmado claramente en el artículo 31, fracción IV, que es obligación de todos los que vivimos en este país contribuir al gasto público, es decir, pagar impuestos, pero además estos impuestos deben ser proporcionales y equitativos, o sea, debe pagar más el que gana más y la ley nos debe dar un trato igualitario según nuestra situación económica particular, es decir, no se le debe cobrar lo mismo a un obrero que a un banquero.
Otro tema relevante para la vida nacional, que abordó el Presidente Legítimo, fue el relativo a la violencia y el tan sonado estallido social que últimamente tan preocupados tiene a los analistas de los medios de comunicación.
A este respecto, López Obrador comentó que el estallido social ya está aquí desde hace 3 años cuando el Pelele usurpó la Presidencia, pues el número de asesinatos que hay a diario en el país es tan alto, que solo equivale a lo que sucedió precisamente durante la Revolución de 1910. Sin embargo, señaló que el pueblo de México es responsable y al igual que nuestro Movimiento, nunca va a caer en la tentación de la vía armada para tratar de cambiar la situación de nuestro país.
Asimismo, señaló que actualmente no es con el Ejército con quien se sostiene la oligarquía, sino con los medios de comunicación, pues son éstos los que manipulan la información, los que engañan al pueblo, estamos pues ante una Teledictadura, de ahí que el Presidente Legítimo insista en que todos y cada uno de los activistas de este Movimiento nos convirtamos en un medio de comunicación, es decir, que informemos en nuestro pequeño círculo de amigos, vecinos, compañeros de escuela, de trabajo, etc., cual es la verdadera situación de nuestro país, y cuál es la propuesta de nuestro Movimiento para transformar la vida pública de México.
Así es que como reza un dicho popular: “a darle que es mole de olla” y por lo pronto tenemos que invitar al pueblo a participar en las 3 grandes concentraciones que se van a llevar a cabo este año: 15 de septiembre 22 horas, Hemiciclo a Juárez, El Grito de los Libres con Clara Brugada y Andrés Manuel López Obrador; 21 de septiembre 17 horas, Palacio Legislativo de San Lázaro, presentación de la propuesta de paquete económico de nuestro Movimiento, y 22 de noviembre Zócalo de la Ciudad de México, Asamblea de evaluación del Movimiento.
Ciudad de México, sede del Gobierno Legítimo de México, a 7 de septiembre de 2009.
L.D. Jesús A. Palma M.
Oficio de Papel
Columna semanal de Miguel Badillo
* Abren expedientes fiscales a políticos corruptos
* Indagan a Patrón Laviada por lavado de dinero
* Investiga Hacienda a la familia del procurador
Una nueva figura legal ha encontrado el gobierno para abrir cientos de expedientes fiscales y penales en contra de políticos, funcionarios, diputados, senadores, líderes de partidos políticos, luchadores sociales y empresarios. Se trata de “personas políticamente expuestas” a quienes se investiga, junto con sus familias, cuentas bancarias y transferencias financieras, ingresos y propiedades, para determinar si el dinero y bienes que poseen es producto de su trabajo o son fortunas acumuladas por el pago de favores al crimen organizado, el narcotráfico u otras bandas delincuenciales.
La semana pasada escribimos aquí sobre uno de esos expedientes abiertos en contra de un político mexiquense, el priísta Emilio Chuayffet Chemor, a quien la Secretaría de Hacienda investiga por realizar depósitos millonarios en efectivo y porque no ha podido comprobar el origen de esos recursos, razón por la que considera esas operaciones financieras como sospechosas y probables de violar el artículo 400 bis del Código Penal Federal, es decir por el delito “lavado de dinero”.
Para los auditores e investigadores fiscales de Hacienda, quienes hacen un trabajo impecable, aunque muy pocas veces lo conoce la opinión pública, se trata de un trabajo técnico y no político, ante lo cual su universo de trabajo incluye, sin fines partidistas o políticos, a secretarios de Estado, gobernadores, directores generales de paraestatales y organismos descentralizados, diputados y senadores de todos los partidos políticos, incluido por supuesto el PAN.
El problema con esas investigaciones es que no siempre terminan ante la autoridad correspondiente y en lugar de ello Hacienda y la Procuraduría, por instrucciones de “arriba”, otorgan perdones o archivan los expedientes sin ejercer las acciones legales contra esos políticos corruptos y delincuentes.
Una prueba de ello es que una “persona políticamente expuesta”, integrante del gabinete de Felipe Calderón y miembro distinguido del PAN, ha sido investigada por el aparato financiero gubernamental, y descubrieron que su familia se ha beneficiado supuestamente con dinero producto del narcotráfico y de recursos públicos.
Se trata de quien fuera gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, actual procurador Federal de Protección al Ambiente, a quien diversos medios de comunicación han señalado insistentemente con hechos irregulares desde que gobernó su estado natal, y ahora presentamos las evidencias que ha recabado el mismo gobierno al que pertenece y que lo involucran en hechos que son constitutivos de delitos.
Investiga Hacienda lavado de dinero
Al perseguir delitos relacionados con el crimen organizado, el gobierno federal actúa de manera parcial: para los amigos, compañeros de partido y miembros del gabinete, justicia y gracia; para los enemigos políticos, integrantes de grupos opositores o luchadores sociales, todo el peso de la ley.
Para ejemplificar lo anterior, veamos los procesos abiertos contra parientes de dos políticos de primer nivel: uno, el perredista michoacano Julio César Godoy, a quien persigue la justicia federal por vínculos con el narcotráfico; otro, el panista yucateco Ricardo José Patrón Laviada, en contra de quien la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia penal desde hace tres años por el delito grave de lavado de dinero. Al primero se le busca con orden de aprehensión, al segundo se le congela el expediente en la PGR
En la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, dependiente de la Procuraduría General de la República, hay un expediente archivado por el delito de lavado de dinero en contra de familiares y amigos del exgobernador panista de Yucatán y actual procurador Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Patricio Patrón Laviada.
A diferencia de la celeridad y eficacia con que el gobierno federal, por conducto de la PGR y el Ejército Mexicano, actúa en contra de políticos opositores –como el hermano del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, quien presuntamente está involucrado con bandas del narcotráfico-, en el caso de parientes de un miembro del gabinete panista de Felipe Calderón, que son acusados como presuntos lavadores de dinero, la procuraduría mantiene archivada la investigación desde hace tres años y se niega a proceder en contra de la familia Patrón Laviada.
Los involucrados son Ricardo José Patrón Laviada, hermano del titular de la Profepa; Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, pariente también del exgobernador; Jhonny Alberto Benítez Cetina y José Baltasar Cetina Pech, supuestos prestanombres de la familia. Todos ellos son señalados por Hacienda por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lo que se conoce como blanqueo de capitales) que sanciona el artículo 400-Bis del Código Penal Federal.
De acuerdo con el expediente en poder de la unidad contra el lavado de dinero de la PGR, el hermano del procurador ambiental realizó movimientos financieros en instituciones bancarias y centros cambiarios por varios millones de pesos y dólares, sin reportar dichas operaciones al fisco, dejar de pagar los impuestos correspondientes y ocultar el origen de los recursos.
En la denuncia penal federal se expone que las operaciones bancarias “inusuales” de Ricardo José Patrón Laviada se iniciaron el 5 de septiembre de 2005, cuando su hermano Patricio era gobernador de Yucatán. En esa fecha se realizaron depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias, como la número 4014055206 de Bital (ahora HSBC), que recibió 100 mil pesos.
La acusación incluye datos de informaciones periodísticas en donde se señala al entonces gobernador Patrón Laviada como benefactor de sus familiares mediante recursos desviados de programas sociales, además de ser supuestamente permisivo para que sus parientes pudieran especular con bienes raíces, gestionar la venta de vehículos para algunos ayuntamientos de Yucatán y mantener el control sobre permisos de taxis y mercados.
“Operaciones sospechosas” de Patrón Laviada
Entre 2000 y 2005, el hermano del exgobernador panista operó depósitos por 2 millones 487 mil 940 pesos en cuatro cuentas: números 4014055156, 4014055206, 4014055214 y 4014083042 del Banco Internacional. También hizo retiros por 1 millón 546 mil 365 pesos.
En 1998, en la cuenta 95050003488 de Banca Confía, Patrón Laviada tuvo depósitos por 100 mil pesos; en la cuenta 1626862, del Banco Nacional de México, recibió depósitos en 1998, 1999, 2000, 2003 y 2005, por 131 mil dólares y 884 mil 72 pesos. De esta cuenta hizo retiros por 1 millón 45 mil 50 pesos.
En la casa de cambio Intercam, el hermano del titular de la Profepa adquirió divisas con cheques de viajero por 4 mil dólares y compró otros 10 mil dólares en efectivo. En otra casa de cambio, Vector Divisas, adquirió 13 mil 790 dólares, en 2003.
En la investigación fiscal de su Registro Federal de Contribuyentes, la SHCP tiene reportado que la actividad de Patrón Laviada es de “servicio de reparación de otros artículos y aparatos”, con inicio de operaciones el 16 de octubre de 1984, y su situación actual se ha reactivado desde el 30 agosto de 2001, con domicilio en Mérida, Yucatán.
En sus declaraciones anuales, Hacienda informó a la PGR que en el ejercicio 2003, Ricardo José Patrón Laviada reportó ingresos por 346 mil 583 pesos, sin pagar las deducciones correspondientes ni el impuesto sobre la renta. En el ejercicio 2004 señaló ingresos por 455 mil 233 pesos, sin el pago de los impuestos correspondientes; en 2005 también tuvo ingresos por 462 mil pesos y tampoco cubrió sus impuestos.
En documentos financieros, el hermano del exgobernador yucateco afirma tener dos domicilios: una residencia en la calle Bugambilias, colonia La Ceiba, en Mérida, y otra en Calle 22 Res Sol Campestre, Mérida.
Ricardo José también aparece como representante legal de la empresa Yucateca de Vehículos, y es cotitular y firmante autorizado en las siguientes cuentas:
Cuenta 4029764750, a nombre de Jhonny Alberto Benítez Cetina.
Cuenta 4014055248, a nombre de Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga y Francisco Rodríguez de la Gala Faller (titular).
Cuenta 4014057574, a nombre de José Baltasar Cetina Pech.
Cuenta 4014143838, a nombre de la compañía Yucateca Vehículos.
Otros acusados
La denuncia penal –que la PGR se niega a dar trámite– incluye a Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, quien de acuerdo con las indagatorias de la Secretaría de Hacienda realizó movimientos financieros entre el 2 de mayo y el 3 de octubre de 2005, en la cuenta 4014055248 de Bital, por 20 millones 283 mil 23 pesos, de los cuales 14 millones 352 mil 855 pesos se depositaron en efectivo. Esa misma cuenta presenta retiros y cargos por 20 millones 401 mil 196 pesos.
Para las autoridades fiscales es muy sospechoso que Cecilia Margarita haya declarado como su actividad el hogar y en sus cuentas realiza operaciones financieras superiores a los 9 millones de pesos en el lapso de sólo tres meses. Lo que más hace dudar a las autoridades financieras sobre el origen del dinero, es que Cecilia Margarita no tiene Registro Federal de Contribuyentes.
Al seguir la ruta del dinero, los investigadores fiscales encontraron que en dicha cuenta bancaria, entre el 1 de junio de 2002 y el 17 de agosto de 2005, se realizaron depósitos y retiros en 69 ocasiones por montos similares que van de los 100 mil a los 313 mil pesos. Aunque en esa cuenta se operaban cantidades cuantiosas, se mantenían saldos comparativamente inferiores, es decir, no había permanencia de los recursos operados en la cuenta, como si se tratara sólo de utilizar la cuenta bancaria para triangular recursos y que la autoridad los perdiera de vista.
Entre los movimientos financieros triangulados entre personas y cuentas relacionadas en banco Bital, están Ricardo José Patrón Laviada, cuenta 4014055248; Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, cuenta 4006606453, y Francisco Rodríguez de la Gala Faller, cuenta 40140552248.
Cecilia Margarita está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave LAAC280521QD1, con fecha de inicio de operaciones el 1 de marzo de 1986, pero Hacienda no localizó declaraciones fiscales anuales presentadas, de ahí se desprende que podría, por lo menos, haber evasión fiscal.
Otro de los acusados, Jhonny Alberto Benítez Cetina, quien durante el periodo del 1 de julio de 2005 al 18 de octubre del mismo año, en su cuenta 4029764750 abierta en Bital, realizó depósitos y abonos por 5 millones 437 mil 276 pesos, de los cuales 3 millones 102 mil 552 fueron en efectivo. Hizo otros retiros y cargos por 5 millones 554 mil 613 pesos.
Esta operación es “inusual”, de acuerdo con las autoridades financieras, primero porque dicha persona está relacionada con Ricardo Patrón Laviada, hermano de quien fuera gobernador de Yucatán y quien también ha sido mencionado, según la denuncia penal, de mantener relaciones con el narcotráfico y la delincuencia organizada, además de operar con vehículos robados, facturas falsas y de tener supuestamente vínculos con doña Leydi (Acevedo Ortegón, alias La Teacher o La Leydi), quien ha controlado el narcotráfico en la Península de Yucatán.
La acusación en poder de la PGR destaca que Ricardo José Patrón Laviada y Jhonny Alberto Benítez Cetina son cotitulares en la cuenta bancaria de Bital número 4029764750. El domicilio proporcionado por Benítez Cetina es Calle 15, número 107, colonia Yucatán, en Mérida.
En otra información reportada por Banco Internacional a la Secretaría de Hacienda, se conoció que en 2005, en la cuenta 4029764750, se realizaron seis “operaciones relevantes” de retiro, por un total de 1 millón 353 mil pesos.
En información de carácter fiscal, Benítez Cetina ha declarado dedicarse a la actividad de la ganadería de bobinos de carne y su situación con el fisco es activa desde el 6 de diciembre de 2002, sin embargo no ha presentado declaraciones fiscales anuales.
La cuarta persona acusada por el delito de lavado de dinero es José Baltasar Cetina Pech, quien tiene su domicilio en Calle 24, número 177, colonia García Gineres, en Mérida. De acuerdo con los reportes bancarios, tiene una cuenta en Bital, número 4014057574, en donde entre el 1 de julio de 2005 y el 10 de octubre del mismo, realizó depósitos y abonos por 5 millones 369 mil 897 pesos, y retiros y cargos por 5 millones 443 mil 367 pesos.
La acusación en su contra indica que el cliente se dedica a la compra y venta de vehículos nuevos y seminuevos, y que las instituciones financieras conocen al cliente porque es accionista de Grupo Yucateco de Vehículos y, según denuncias periodísticas, estaría vinculado con el narcotráfico y crimen organizado.
Cetina aparece en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave CEPB740208-9W5, con inicio de operaciones el 4 de septiembre de 2002 y su actividad es la “fabricación de otras partes y accesorios de autos y camiones”.
Conclusiones de Hacienda
De acuerdo con el análisis que hace la Secretaría de Hacienda sobre los cómplices y parientes del actual titular de la Profepa, Ricardo José Patrón Laviada ha sido vinculado como receptor de beneficios de programas sociales del gobierno de Yucatán que encabezó su hermano Patricio.
Con excepción de Cecilia Margarita Laviada, los tres denunciados comparten el mismo domicilio fiscal de Ricardo José Patrón Laviada, ubicado en Calle 15, número 113, colonia Yucatán, en Mérida.
Sobre Benítez Cetina, la denuncia penal indica que en la cuenta bancaria a su nombre se realizaron depósitos y retiros por más de 10 millones de pesos, lo cual contrasta con el hecho de que Hacienda no encontró sus declaraciones para efectos fiscales. Además de haber sospechas de supuestos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.
En la cuenta abierta a nombre de Cecilia Margarita, entre del 2 de mayo y el 3 de octubre de 2005, se operaron depósitos y abonos por más de 20 millones de pesos y retiros y recargos por una cantidad similar. De ese monto, 14 millones fueron movimientos financieros en efectivo. Además, en 68 ocasiones los recursos operados en dicha cuenta fueron superiores a los 100 mil pesos.
Los movimientos financieros de todos los involucrados no guardan relación con las actividades económicas respectivamente declaradas y, mucho menos, con sus manifestaciones de pago de impuestos.
Los indicios más evidentes que hacen presumir que se trata de lavadores de dinero del narcotráfico son: el millonario manejo de efectivo, la poca permanencia de recursos en las cuentas utilizadas, la carencia de declaraciones fiscales que reflejen los movimientos económicos, la intención de aparentar la legalidad de los recursos, el intento de impedir que se conociera el origen del dinero, así como la posible vinculación de los denunciados con personas ligadas a la realización de actividades ilícitas.
Respuesta a Zorrilla
Difusión Cencos México D.F., 7 de septiembre de 2009
Fuente: Reforma
Miguel Ángel Granados Chapa
A plana entera se publicó anteayer sábado, en la página seis de Reforma, una "Carta abierta a la opinión pública (Caso Zorrilla)", suscrita por María Angélica y Maricela Zorrilla Ruvalcaba, hijas del ex director federal de seguridad, condenado en sentencia firme por el asesinato del periodista Manuel Buendía. El propósito del documento es denunciar al gobierno del Distrito Federal por ceder a las presiones que, desde su punto de vista, yo he ejercido para impedir que José Antonio Zorrilla Pérez quede en libertad 10 años antes de cumplir su sentencia.
Respeto y admiro la posición de las hijas de Zorrilla Pérez en defensa de su padre. Pero rechazo que mi posición en este caso se reduzca, como ellas afirman, a mi pretensión de constituirme "en juzgador y cobrar notoriedad", "avivando rivalidades políticas y animadversiones personales". Sólo alego la necesidad de que se cumpla la ley y una sentencia firme. A ese propósito se ha dirigido mi esfuerzo, y el de un numeroso grupo de personas y agrupaciones que, en efecto, como lo recuerdan las firmantes de este mensaje, publicaron el 8 de junio pasado una demanda de revocación a la libertad de Zorrilla Pérez, indebidamente dejado salir de la cárcel en febrero anterior.
Zorrilla Pérez encabezó durante tres años (enero de 1982 a febrero de 1985) la Dirección Federal de Seguridad, la policía política del régimen. En el desempeño de ese cargo, según las constancias procesales, organizó a un grupo de agentes bajo su mando, para privar de la vida (a balazos, por la espalda) a Manuel Buendía, que al momento de su asesinato, el 30 de mayo de 1984, era el columnista político de mayor peso en la opinión pública nacional. Poco después, con semejante urdimbre, Zorrilla Pérez ordenó el homicidio de su amigo José Luis Esqueda. Contra la ley, que reserva la averiguación previa de un delito al Ministerio Público, el entonces presidente Miguel de la Madrid dispuso que Zorrilla Pérez se encargara de investigar lo que después se comprobaría que era un crimen de su autoría. En febrero de 1985, ante el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, perpetrado por la banda del narcotraficante Rafael Caro Quintero, fue imposible sostener en su cargo al director federal de seguridad, que había dotado de placas de miembros de esa corporación al propio Caro Quintero y sus secuaces.
Tras despedirlo, sus jefes De la Madrid y Manuel Bartlett le dieron todavía ocasión de figurar como candidato a diputado. Pero creció tanto la evidencia acusatoria, al alcance no del público sino del secretario de Gobernación y del presidente de la República, que se canceló el registro de Zorrilla como candidato. Todavía, sin embargo, se le permitió huir, y sólo en junio de 1989 fue aprehendido gracias a la averiguación de Miguel Ángel García Domínguez, fiscal especial del caso, cargo creado por los propios De la Madrid y Bartlett.
Después de largos procesos, Zorrilla Pérez quedó sentenciado a una pena de prisión de 29 años, cuatro meses y 15 días, lapso que terminaría el 29 de octubre de 2018. Sin embargo, desde 2005 el declarado asesino de Buendía y Esqueda intentó ser beneficiario de la libertad anticipada.
De modo reiterado, el gobierno capitalino le negó tal privilegio, simplemente por no satisfacer los requisitos de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Federal. Ésta prevé tres modalidades de la libertad anticipada: tratamiento preliberacional, libertad preparatoria y remisión parcial de la pena. Era imposible otorgar a Zorrilla alguna de las dos primeras porque el artículo 42 de esa ley, con buen sentido, impide que se libere con anticipación a los sentenciados por homicidio calificado. Y tampoco era posible aplicar la tercera modalidad, porque implica trabajar dentro de la prisión y participar en actividades educativas, lo que Zorrilla Pérez no hizo jamás.
En febrero pasado, una sentencia de amparo ordenó a la autoridad responsable, la Secretaría de Gobierno del DF, dejar insubsistente la enésima negativa al pedido de Zorrilla y emitir otra que fundara y motivara la resolución de la autoridad. La justicia federal no ordenó la libertad del quejoso, sino sólo corregir las fallas encontradas por los jueces de amparo, quienes dispusieron que la nueva resolución podría reiterar la negativa o modificar la decisión.
Pretextando cumplir esa instrucción judicial, el director de ejecuciones penales, José Manuel Casaopriego, nombrado apenas en enero anterior, dejó en libertad a Zorrilla el 18 de febrero pasado, mediante un proceso irregular que buscó dejar al margen al secretario de Gobierno, José Ángel Ávila, que como autoridad responsable debió firmar la resolución liberatoria. Ante la gravedad que implicaba violar la ley para dejar libre a Zorrilla Pérez, una porción importante del gremio periodístico efectivamente clamó contra ese acto y pidió revocar la libertad así otorgada. Para no quedar mal con él, ni con los demandantes de la revocación, el gobierno capitalino dispuso su reaprehensión pero sobre bases deliberadamente endebles que Zorrilla, como lo hizo, pudiera combatir mediante el amparo. El 28 de agosto el juicio correspondiente concluyó en segunda instancia. La autoridad responsable debe fundar y motivar de mejor manera la revocación de la libertad. Los jueces, como en el caso previo, no ordenan dejar que Zorrilla se vaya a su casa, pero temo que el valor entendido entre el gobierno capitalino y Zorrilla lo deje en libertad definitiva.
Cajón de Sastre
Mientras está en curso el procedimiento para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal elija a su sucesor, el desempeño de Emilio Álvarez Icaza como ombudsman capitalino es objeto de reconocimientos más que merecidos. Esta tarde, por ejemplo, a las 18:30 horas el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal recibirá la Distinción Latinoamericana a la Promoción de los Derechos Humanos, el Avance Democrático y la Equidad, que por primera vez otorga la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), cuyo consejo superior reconoce en Álvarez Icaza "su valioso aporte personal, profesional y académico a la construcción de la vida democrática del país y de nuestra región". El acto tendrá lugar en la Unidad de Seminarios de la Flacso, cuyo domicilio es Carretera al Ajusco 377, colonia Héroes de Padierna.
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
BOLETÍN DE PRENSA DEL SME
Aclaración del C. Fernando Amezcua Castillo (FAC) Secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), a una entrevista a Álvaro Castro, Subsecretario del Trabajo, realizada por la periodista Denise Maerker.
En la entrevista al Subsecretario del Trabajo, Álvaro Castro (AC), el funcionario hace aseveraciones incorrectas:
“AC: Es una decisión de ellos, solicitar la toma de nota, derivado de una asamblea electoral y es la propia autoridad administrativa, la que debe de acuerdo al Artículo 377, fracción segunda, de la Ley Federal del Trabajo, otorgar o no la toma de nota, si hay incumplimiento de los propios estatutos y la ley”
Respuesta de FAC: El Artículo 377 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) no establece absolutamente nada sobre la “Toma de Nota”. Es decir, la LFT, no establece esa facultad para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS), a continuación vamos a transcribir textualmente lo que SÍ señala dicho artículo.
Artículo 377.- Son obligaciones de los sindicatos:
I. Proporcionar los informes que les soliciten las autoridades del trabajo, siempre que se refieran exclusivamente a su actuación como sindicatos;
II. Comunicar a la autoridad ante la que estén registrados, dentro de un término de diez días, los cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos, acompañando por duplicado copia autorizada de las actas respectivas; y
III. Informar a la misma autoridad cada tres meses, por lo menos, de las altas y bajas de sus miembros.
“AC: La negaría si no cumple con los requisitos estatutarios y legales, además jurisprudenciales porque hay una facultad muy clara de la propia Secretaría para cotejar las actas de las asambleas relativas a las elecciones o los cambios de directiva. Aquí tenemos 60 días naturales para resolverlo de acuerdo al artículo 366 de la propia ley, de tal manera que este plazo en realidad se cumpliría el 5 de octubre próximo”
Respuesta de FAC: El Artículo 366 de la LFT, se refiere a los tiempos que la STyPS tiene para expedir constancias sobre el REGISTRO DE LOS SINDICATOS, no para efectos de cambio de directivas, y nuevamente, NO EXPRESA NADA SOBRE LA “TOMA DE NOTA”. Es decir, nosotros NO estamos solicitando la constancia para el registro de nuestro Sindicato, como puede leerse en el contenido de ese Artículo, que a continuación reproducimos.
Artículo 366.- El registro podrá negarse únicamente:
I. Si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 356;
II. Si no se constituyó con el número de miembros fijado en el artículo 364; y
III. Si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo anterior.
Satisfechos los requisitos que se establecen para el registro de los sindicatos, ninguna de las autoridades correspondientes podrá negarlo.
Si la autoridad ante la que se presentó la solicitud de registro, no resuelve dentro de un término de sesenta días, los solicitantes podrán requerirla para que dicte resolución, y si no lo hace dentro de los tres días siguientes a la presentación de la solicitud, se tendrá por hecho el registro para todos los efectos legales, quedando obligada la autoridad, dentro de los tres días siguientes, a expedir la constancia respectiva.
“AC: Por ejemplo, aquí, como decía, hubo una diferencia de votos muy baja y el padrón electoral que se exhibió fueron de 66 mil 388 personas, pero la última toma de nota que dio la STPS, que fue el 30 de enero de 2008, había un padrón registrado de la propia Secretaría de 41 mil 975 trabajadores.
Denise Maerker: ¡Ah! surgieron 20 mil trabajadores nuevos.
AC: Así es, entonces tienen que explicar de dónde está esto, aspectos relacionados también, ellos tienen una comisión autónoma de justicia y necesitamos saber si las personas que han demandado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje también la nulidad de este proceso, hubo en esa condición alguna impugnación y cuál fue la resolución emitida”
Respuesta de FAC: El subsecretario Álvaro Castro, DE FORMA DELIBERADA Y CON MALA FE, confunde las fechas, la CONSTANCIA DEL CAMBIO DE DIRECTIVA EN LA QUE TOMA NOTA DE ELLA, se nos otorgó en septiembre de 2008. En este caso, entregamos un Listado General de Electores de Trabajadores y Jubilados, de un poco más de 63 mil agremiados con derecho a voto. Por ello afirmamos, que el funcionario MIENTE SOBRE LA INFORMACIÓN QUE EXISTE EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE ASOCIACIONES.
Ahora, efectivamente entregamos un LISTADO GENERAL DE ELECTORES, agremiados al SME con derecho a voto, de un poco más 43 mil trabajadores y más de 23 mil jubilados.
De acuerdo a la LFT, nuestra membrecía como Sindicato se establece a partir de los trabajadores, pero nuestro Estatuto Sindical otorga el Derecho a nuestros compañeros jubilados de tener vida activa en el SME. Es por ello, que tienen la obligación y el derecho de votar y ser votados.
De tal suerte que, no debe haber “DUDAS”. Lo que están haciendo las Autoridades Federales del Trabajo, es retrasar y con ello incumplir sus funciones administrativas, interviniendo en asuntos que nos corresponden exclusivamente a los trabajadores, y tan lo están haciendo, que no tienen porque mezclar sus obligaciones con las actividades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
En el mes de abril de este año, hubo cambios en la directiva, y en menos de dos semanas, nos fue entregada la CONSTANCIA DONDE TOMARON NOTA DE ELLO, sin ningún problema, sin solicitar más información de la que siempre entregamos.
No es la LFT la que señala lo relativo a la “Toma de Nota”, ni es ésta, la que da la legalidad a la dirección de nuestra organización, tenemos la obligación de avisar de los cambios de directiva, YA LO HICIMOS. La Dirección General de Registro de Asociaciones, DEBE TOMAR NOTA Y ENTREGARNOS UNA CONSTANCIA.
Sin embargo, aparentemente por sus dudas, han estado solicitando información diferente a la que debemos entregar, nos la solicitan certificada, dicen que por lo cerrado de la votación. Sólo mencionamos, que en otras ocasiones en cambios de directiva, ha habido diferencias de 119 votos para quienes contienden para el puesto de la Secretaria General, y no ha habido, ningún tipo de problema para la entrega de la famosa CONSTANCIA.
Es con las modificaciones al Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la última este año, antes artículo 19 ahora 20, como se han otorgado a sí mismos, más facultades administrativas que de las que les concede la Ley. Por ello, aunque mencionen y repitan que RESPETAN LA AUTONOMÍA SINDICAL, esto es una verdadera falacia. A continuación, reproducimos lo que señala dicho Artículo.
Artículo 20. Corresponde a la Dirección General de Registro de Asociaciones:
I. Registrar a los sindicatos de trabajadores y patrones que se ajusten a las leyes en el ámbito de competencia federal y a las secciones que los integran, así como a las federaciones y confederaciones;
II. Asentar la cancelación de los registros otorgados a los sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores y patrones, conforme a las resoluciones que emita la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo;
III. Determinar la procedencia de los cambios de directiva de los sindicatos y de las secciones que los integran, así como de las federaciones y confederaciones; de las altas y bajas de sus agremiados, y de las modificaciones a sus estatutos, así como efectuar la toma de nota de dichos cambios y modificaciones, en su caso;
IV. Expedir a los interesados las constancias de los registros y de las tomas de nota a que se refieren las fracciones anteriores y visar, en su caso, las credenciales correspondientes.
Las constancias a que se refieren las fracciones anteriores también podrán ser expedidas por el Director de Registro y Actualización.
El Director de Estadística Sindical también estará facultado para expedir copias certificadas de los documentos que obren en los expedientes de las organizaciones sindicales que se encuentren en los archivos de la Dirección General;
V. Mantener permanentemente actualizada la información estadística de los sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores y patrones a partir de su registro, en lo que se refiere a número de socios, ramas industriales, tipo de sindicato, entidades federativas y demás datos que se consideren necesarios;
Viernes 14 de noviembre de 2008 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)
VI. Requerir a las distintas organizaciones sindicales la actualización de su padrón de socios, en los términos de lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo;
VII. Solicitar la cancelación de los registros sindicales a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en los casos previstos por la Ley Federal del Trabajo;
VIII. Preparar, con el apoyo de las áreas respectivas, las convenciones para la elección de los representantes de los trabajadores y de los patrones ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y Comisión Nacional de los Salarios Mínimos; efectuar los demás actos que se requieran y que de dichas convenciones se deriven, así como solicitar, previa aprobación del Secretario, la publicación de las convocatorias y demás documentos que lo requieran en los términos previstos en la Ley Federal del Trabajo;
IX. Otorgar las autorizaciones de funcionamiento, llevar el registro y ejercer las demás facultades de la Secretaría establecidas en la Ley de Sociedades de Solidaridad Social;
X. Emitir las observaciones que procedan, cuando la documentación que se presente en las solicitudes de los registros sindicales, de tomas de nota de comités ejecutivos, padrón de socios y modificación de estatutos incumplan los requisitos que establece la Ley Federal del Trabajo y, en su caso, los previstos por los estatutos de las agrupaciones sindicales.
En caso de ausencia del Director General, esta facultad será ejercida por el Director de Registro y Actualización, por el Subdirector de Registro y por el Subdirector de Actualización, en ese orden, y
XI. Las demás que le señalen otras disposiciones legales o reglamentarias y sus superiores jerárquicos, y que estén en el ámbito de su competencia.
Finalmente, un tema que no comentó el Subsecretario, es que SI NO CUMPLEN con los compromisos presupuestales previamente pactados entre ambas partes, para las obras que estamos realizando. Sobre todo en lo que se refiere a la construcción de Subestaciones, Líneas de Trasmisión y Distribución, desde ahora lo advertimos, que se encuentra en grave riesgo la continuidad del servicio, es decir, que todos nuestros usuarios tengan la electricidad en la cantidad y calidad, suficientes.
Agradezco de antemano, el tiempo para la lectura de esta aclaración, y de ser posible, la oportunidad de ofrecer nuestros argumentos y puntos de vista, como organización Sindical.
"Por el Derecho y la Justicia del Trabajador"
México D.F. a 7 de septiembre de 2009
FERNANDO AMEZCUA CASTILLO
Secretario del Exterior
Sindicato Mexicano de Electricistas
Tierra y Libertad: vivir en las sombras
Fuente: La Jornada de Guerrero
HÉCTOR BRISEÑO
Familias de la colonia Tierra y Libertad, muchas de las cuales viven en casas de adobe, teja y madera, deben pagar más de 3 mil pesos para tener acceso a la energía eléctrica.
Al inicio de la calle Los Nopalitos, inaccesible para los automóviles y cuyos registros de drenaje sobresalen por encima del camino de tierra, así como mangueras utilizadas para el agua, se observa un poste de luz recargado sobre una casa, cuyos habitantes mencionan que se encuentra así desde el paso del huracán Paulina, en octubre de 1997; a principios de este año, en la vivienda de enfrente, fue colocado un transformador a la misma altura que la azotea.
Los habitantes del lugar señalaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aplica los cobros sin tomar lectura de los medidores y sin haber firmado contrato con los usuarios, además de que los recibos tienen los nombres de los vecinos y domicilios alterados.
Uno de los afectados, José Luna Silva, vendedor de cloro, cuya casa de adobe y madera mide poco más de cinco metros cuadrados, mostró un recibo de 3 mil 839 pesos, por concepto de uso de energía del 13 de marzo al 15 de mayo de 2009, “en esta colonia vive pura gente pobre, nosotros sólo tenemos un foco y una televisión”.
Debido a los cobros, que en algunas casas son de 7 mil, 5 mil 500, 3 mil 580 y 2 mil 400 pesos, las familias han optado por no contar con electricidad, “decidimos vivir con puras velas, nos cobran como si fuera zona residencial”, dijo Susana González Odilón, quien reprochó: “como estamos más amolados, al pobre se lo friegan más”, y detalló que por no tener dinero su familia no necesita almacenar alimentos en un refrigerador, pues viven con una comida al día.
Señalaron que dos cuadras más abajo, en la calle Francisco Villa, unas 20 familias protestaron contra la CFE, “dicen que ya no van a pagar los recibos, así que dieron de baja sus medidores y se desconectaron de los postes”.
Unos de los afectados, Lázaro Palacios Espinoza, manifestó que con sus actitudes, la CFE obliga a muchas personas a robarse la luz.
Yolanda Godoy Sánchez expresó que no se niegan a pagar los recibos, y criticó que los trabajadores de la CFE no sean parejos, pues manifestó que en la calle Fray Picón, paralela a Los Nopalitos, muchas casas y negocios se roban la energía, “no vienen a tomar lectura, sólo la calculan, los recibos no dicen nuestros nombres y la dirección que muestran no es la correcta”.
Ante altos cobros y mal servicio, anuncian que harán una marcha nacional para el 29 de septiembre.
Gilberto Olmos Casiano, integrante del comité municipal del Movimiento en Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía Nacional, criticó que además de los altos cobros por la electricidad, la población no reciba un buen servicio, y especificó que debido a la falta de transformadores modernos, unas 13 mil familias son afectadas por la mala distribución de la luz, “en colonias como la Simón Bolívar, Colosio, además de Renacimiento, Coloso y la Zapata, la tensión de la electricidad es muy baja, lo que provoca que los aparatos se descompongan frecuentemente”.
Ejemplificó con el caso de tres transformadores que fueron dañados con el paso del huracán Paulina, en la Zapata, Renacimiento y Coloso, y que la CFE se niega a pagar, “la dependencia quiere que los vecinos absorban el pago y cada transformador vale tres millones de pesos, cuando la gente apenas tiene para pagar sus recibos”.
Olmos Casiano resaltó que el problema de los altos cobros se agudiza en la Montaña, pues explicó que muchos campesinos abandonan sus hogares ante la escasa producción agrícola para viajar a estados como Michoacán, donde laboran en las cosechas, “cuando regresan se enteran de que la CFE les está cobrando por un servicio que nunca disfrutaron; no sabemos cómo se generan deudas de montos exagerados, deducimos que las lecturas las están inventando, pues las casas se quedan solas hasta por tres meses”.
Olmos Casiano abundó que el movimiento solicitará al Congreso de la Unión un descuento de 17 por ciento por el uso de energía, petición basada en estudios socioeconómicos, además de exigir que se aplique el subsidio al consumo, eliminado por el ex presidente Vicente Fox, y adelantó que el próximo 29 de septiembre se efectuará una marcha nacional en todas las plazas del país en contra del servicio que presta la CFE.
Malestar generalizado
El jueves anterior, vecinos de Las Cruces bloquearon parcialmente la circulación de la avenida Ruiz Cortines debido a que toda la semana no tuvieron suministro de electricidad.
Las quejas por altos cobros de la CFE se repiten en Caleta, Caletilla, Morelos, Veladero, Amalia Solórzano, Sol Azteca, Mirador del Palmar, Navidad, Villa Madero, Miramar y Lomas del Valle, donde más de 8 mil familias son afectadas.
Habitantes de la Frontera decididieron colgarse debido a que la CFE no les ha instalado medidores.
Representantes de poblados de la montaña han manifestado en repetidas ocasiones su inconformidad por las altas tarifas, situación que han calificado como “bomba de tiempo”, debido a las represalias que ha emprendido la CFE, como tramitar órdenes de arresto contra los inconformes.
El Comité de Defensa y Gestoría Social contabiliza 2 mil casos de cobros abusivos a indígenas de La Montaña, desde mil 500 hasta 15 mil pesos, además del servicio irregular que provoca que los electrodomésticos sufran desperfectos, así como apagones con duración de varios días.
Amagan en Venustiano Carranza con nuevas acciones contra Petróleos Mexicanos
Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)
MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA
Esta semana, habitantes del municipio de Vicente Guerrero, podrían reemprender acciones contra Petróleos Mexicanos (Pemex) porque la paraestatal no ha cumplido con los compromisos que adquirió para reparar la infraestructura destruida como consecuencia de sus actividades en esa zona de la Sierra Norte de Puebla, donde se encuentra la reserva de Chicontepec.
“Ya hemos estado aguantándolos mucho y si no lo vemos, tomaremos medidas más drásticas”, expresó el edil Vicente Valencia Ávila, quien dijo que hasta el momento ni los caminos destruidos por el constante tránsito de camiones de la parestatal ni los pozos contaminados han sido atendidos.
Valencia Ávila incluso mencionó que ya solicitó que el diputado federal por la región, Ardelio Vargas Fosado, intervenga ante Pemex para que los trabajos de reparación de daños comiencen cuanto antes.
A finales de julio pasado en Venustiano Carranza impidieron el acceso de camiones de la empresa Premier Cementaciones SRL de CV –compañía que forma parte del proyecto de excavación de 500 pozos en la región de Chicontepec, a cargo de Petróleos Mexicanos– luego de que se registraron daños ambientales y en las carreteras de esa zona.
Sin embargo, la empresa llegó a un acuerdo con los lugareños, quienes permitieron el desarrollo de las obras que se realizan en los lotes 1 y 2 de la finca conocida como El Xúchitl, donde labora Premier Cementaciones a subcontrato de las empresas Dowell Schlumberger de México, OFS Servicios y Drillers Technology de México, quienes originalmente recibieron la concesión internacional para la exploración y perforación de los pozos por más de 8 mil 500 millones de pesos.
En marzo se registró un bloqueo de vehículos de Pemex a cambio de que las autoridades repararan los daños que se han causado en las carreteras, pavimentos y tubería de agua potable, al punto de que las fugas han dejado sin la dotación del líquido a varias colonias del municipio.
En esta ocasión, precisó el alcalde de Venustiano Carranza, los trabajos fueron detenidos por los habitantes del lugar, después de que se solicitó a la empresa reparar los daños ocasionados hace varios meses.
Valencia Ávila explicó que para los trabajos de la empresa Premier Cementaciones se necesitó la tala de árboles y la perforación de algunos puntos para la introducción de tubería, por lo que el ayuntamiento a su cargo expidió los permisos correspondientes.
No obstante, ante el deterioro ocasionado a la infraestructura carretera, los habitantes del lugar determinaron bloquear por unos días los trabajos en la zona, hasta que hubo un acuerdo: “La empresa se comprometió a reparar todos los daños al finalizar cada una de las obras y a reparar incluso las partes por las que no pasaron los camiones”, detalló.
Petróleos Mexicanos pretende perforar y explorar al menos 170 pozos en Chicontepec, de los cuales 70 se ubican en Venustiano Carranza, que junto a Francisco Z. Mena y Jalpan forman parte de la región de Chicontepec, la cual es considerada como la mayor reserva de crudo que tiene México.
Cabe recordar que en marzo pasado Petróleos Mexicanos, a través de su organismo subsidiario Pemex Exploración y Producción (PEP), adjudicó a las empresas Dowell Schlumberger de México, OFS Servicios y Drillers Technology de México –mediante la Licitación Pública Internacional 18575051 –044–08– el contrato para la perforación y terminación de 500 pozos, que representa un contrato por más de 8 mil 500 millones de pesos, con un plazo de ejecución de mil 187 días naturales, iniciando los trabajos el 1 de abril del presente y terminando el 30 de junio de 2012.
Denuncian a munícipe y policías de Castillo de Teayo; abuso de autoridad
Fuente: La Jornada de Veracruz
Habitantes de varias comunidades del municipio de Castillo de Teayo presentaron una denuncia penal en contra de su alcalde, Martín Rodríguez, y el regidor segundo, Rufino Eduardo Urrutia, así como de elementos policiacos que participaron en la agresión de la cual fueron objeto.
Días atrás, más de 100 personas provenientes de las comunidades El Suchil, Bejucal, Pueblo Viejo y América Grande acudieron a la cabecera municipal a realizar el cobro del cheque por concepto del pago de programa Empleo Temporal y a cambio fueron recibidos con golpes y gas lacrimógeno.
De acuerdo a la versión de algunos de los afectados, ellos fueron citados para recibir los correspondientes cheques que cubrirían el pago del programa Empleo Temporal, sin embargo, lo que recibieron fueron golpes, amenazas y una rociada de gas lacrimógeno que mando a más de 50 personas a la Cruz Roja, cuando pretendían acceder al palacio municipal para realizar el cobro del recurso.
Lidia Maldonado y Leticia García, vecinas de la comunidad El Suchil, señalaron que la denuncia la presentaron el pasado jueves ante el agente del Ministerio Público del fuero común por los delitos de lesiones y amenazas en contra del alcalde Martín Rodríguez y el edil Rufino Eduardo Urrutia además de los policías que participaron en la agresión.
“Nosotros lo que queremos es que se nos haga justicia, que no quede impune la agresión de la que fuimos objeto por parte de los policías, ya que lo único que hicimos fue acudir a recibir nuestros los cheques, cuando el mismo Rufino nos había citado, y en vez de recibirnos, nos mandó la fuerza pública, eso no es correcto”, declaró Lidia Maldonado.
Asimismo dieron a conocer que tuvieron conocimiento de que el alcalde Martín Rodríguez acudió a la agencia del ministerio público de Tihuatlán para denunciarlos a ellos, aun cuando no hay delito que perseguir, porque ellos no ocasionaron problemas.
Leticia García mencionó que desconocen quiénes son las personas denunciadas por el alcalde de Castillo de Teayo y los delitos por los cuales se les pretende fijar responsabilidad.
Michoacán, en una de sus peores crisis de derechos humanos
En la lucha contra el narco se ha vulnerado la seguridad de la población: CEDH
Fuente: La Jornada de Michoacán
Las figuras jurídicas que implementa la PGR violan las garantías de los ciudadanos: Serrato
MELINA GIL
Michoacán se encuentra en una de sus peores crisis en cuanto a derechos humanos, y principalmente “el derecho a seguridad pública de la población, es el que está vulnerado”, subrayó el ombudsman estatal, Víctor Serrato Lozano en Tercer Foro en Defensa de las Garantías Individuales y los Derecho Humanos en el Contexto de Militarización del País.
Tan sólo –como ha dado seguimiento este diario-en lo que va del año, se han registrado en Michoacán más de 400 quejas contra fuerzas federales, relacionadas con la estrategia de lucha contra la delincuencia organizada.
Serrato Lozano destacó que particularmente las figuras jurídicas que acompañan la lucha contra el narcotráfico son las quebrantan las garantías de la población de la entidad y el país.
“En su urgencia por demostrar resultados, según los propios datos públicos de la Procuraduría General de la República, se gastan por lo menos 20 mil pesos mensuales en cada herramienta de ‘testigo protegido’, además de la erogación, lo preocupante es que se está impartiendo justicia con base en rumores”, destacó Serrato Lozano.
En el evento, más de 20 organizaciones civiles del estado y académicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) repudiaron la militarización del territorio nacional y en particular de Michoacán.
Sobre estas figuras que se han integrado a la Ley de Seguridad Pública -la intervención telefónica, la denuncia anónima y los testigos protegidos- destacó que son herramientas importadas del extranjero, pero la adopción en México ha sido desatinada. Ejemplificó cómo en el caso del michoacanazo precisamente “un testigo protegido es quien tiene metida a la mitad de la población del penal de Nayarit”.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), señaló que actualmente se registran más de 80 mil procesados resultados de la estrategia federal de seguridad, “sin embargo, son inculpados que están a discusión”.
Respecto a la incursión del Ejército en la estrategia federal, el ombudsman destacó que su participación se ha equiparado a “una visa para atropellar los derechos humanos. Esto es por el fuero militar. Es una figura anacrónica y retirarla para juzgar actos contra civiles, reduciría la opacidad en la impartición de justicia militar”.
En ese sentido, durante su participación el ex académico del IPN, Luis Miranda, afirmó que dadas las funciones y la actuación del Ejército, las fuerzas militares se han desvinculado de su esencia.
“El Ejército tuvo su origen en la chusma que siguió el movimiento de Independencia. Fue columna en la formación de la República y se identificó ante el pueblo con los valores de honor y disciplina, que hoy son tirados a la basura por quienes han traicionado a la Patria de Hidalgo, Morelos y Juárez”, refirió.
Como antecedentes de la tergiversación de las fuerzas militares, el académico citó el 2 de octubre de 1968 y ahora en la administración calderonista, se pretende resolver la debilidad de su figura con la anuencia castrense.
En la misma visión, Eduardo Medina, de la Unión de Juristas y Martín Rodríguez, de la UNAM, afirmaron que la intervención cotidiana militar es preventiva a una crisis sistémica, previsible debido a las condiciones de desigualdad.. Incluso, esta previsión llevó a que la asignación que se le dio globalmente a la seguridad en el Presupuesto de Egresos de 2009, sea equivalente a la otorgada para el rubro de educación.
“Anteriormente el aparato priísta era capaz de contener el descontento social con las instituciones que contaba. Pero actualmente los niveles de descontento no alcanzan la cohesión social que antes nos imponían”, destacó Martín Rodríguez.
Interés extranjero
Dentro de la salida del Ejército de sus cuarteles, el académico de la UNAM destacó que también existe el interés norteamericano por la estabilidad social, particularmente en Michoacán por el movimiento comercial que genera el Puerto de Lázaro Cárdenas.
“Hace 4 años, estalló la huelga más grande de estibadores de la costa oeste de Norteamérica, y fue cuando las mercancías comenzaron a entrar por Manzanillo y Lázaro. Así que tienen que garantizar estas alternativas, previendo otra huelga, que generaría pérdidas millonarias”, explicó Martín Rodríguez como complemento al interés de la militarización.
Temor de una regresión al Atoyac de los 70
Fuente: La Jornada de Guerrero
RODOLFO VALADEZ LUVIANO, CORRESPONSAL
Atoyac, 6 de septiembre. “Tengo miedo de que con lo que está pasando con los militares, se repita lo que ocurrió en Atoyac hace años, cuando el Ejército se llevó a tantísima gente sin que nadie dijera ni pudiera hacer nada”, alertó Ascención Rosas Mesino, miembro de la Asociación de Familiares de Desaparecidos Víctimas de Violación de Derechos Humanos en México (Afadem) y padre de René Rosas, seguidor del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, al referirse a la presencia militar que existe en los pueblos de ese municipio y de la región.
En entrevista, el hombre de más de 80 años y padre uno de los desaparecidos en este municipio –que durante la guerra sucia sumaron más de 600 casos– recordó lo ocurrido con su hijo René Rosas, durante el tiempo en que estuvo a lado del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, líder del Partido de los Pobres, y que con su movimiento ocasionó la llegada del Ejército en este territorio, debido a que en ese periodo se desarrolló una política de miedo entre la sociedad.
“En ese tiempo, cuando cayó el gobierno, en este lugar, principalmente en las comunidades de la sierra, a muchos se los llevaron y a muchos los mataron, entre ellos a mi hijo, lo que no supe si no hasta tiempo después de la muerte del profesor (Lucio)”, narró.
Recordó que era una época muy difícil tan sólo para trasladarse a los pueblos de la sierra, pues la presencia militar ocasionó que muchos familiares que deseaban buscar a sus parientes desaparecidos no pudieran hacerlo. “¿Qué podíamos hacer?, sólo quedaba convencerse de lo ocurrido, pues era lo único que nos quedaba, estaba cabrón querer hacer algo”, mencionó.
Aunque años después logró que el gobierno federal le devolviera el cuerpo de su hijo al que le dio sepultura en Atoyac, el anciano sostuvo que actualmente en Atoyac se siente entre la sociedad el temor que hubo antes, “y hay que reconocer que en esos años el Ejército se llevó a muchos en los caminos, las calles o los pueblos, que no tenían nada que ver con la guerrilla, sólo porque eran familiares, parientes o conocidos de alguien que andaba dentro y eso provocó el miedo de la gente”, puntualizó.
En ese tiempo –agregó– el pensamiento era “la insistencia es igual que una ignorancia, pues el gobierno es el gobierno, pero no por ser gobierno va a avasallar al pueblo de una manera cruel, aprovechándose de muchos que como yo no tenemos conocimientos”, sostuvo.
Rosas Mesino pertenece a la Afadem desde hace 10 años, tiempo en el cual ha participado en cada una de las actividades que realiza la organización, con la confianza de que la lucha que llevan a cabo finalmente les permitirá conocer la verdad y castigar a los responsables de los delitos cometidos durante la guerra sucia en Guerrero.
Hay al menos 100 casos de atropellos militares, no 11, afirma Javier Monroy
En breve el Tadeco hará un balance de los abusos de la policía y el Ejército
Fuente: La Jornada de Guerrero
Lo reportado por el Centro Prodh se trata de acusaciones documentadas, pero muchas no se conocen
CITLAL GILES SÁNCHEZ
En Guerrero hay poco más de 100 casos de abusos militares contra ciudadanos y no 11, como se informa en el monitoreo que hace el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), destacó el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, aunque destacó que si hubiera uno solo sería preocupante.
Entrevistado sobre el informe que da el Prodh, que dice que de enero a julio han ocurrido en el estado 11 casos de abusos militares contra ciudadanos, colocando a Guerrero en el segundo lugar a nivel nacional, Monroy Hernández remarcó que es preocupante lo que sucede en la entidad y no descartó que así como van las cosas, pronto el estado se coloque en primer lugar en todo el país.
“Es un reporte muy oportuno, fidedigno sobre los casos de abusos militares, da un reflejo bastante importante de lo que pasa en Guerrero”, expresó.
Aunque destacó que el Tadeco ha encontrado muchísimos casos más, poco más de 100, que se denunciaron ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum); otras quejas no se han puesto formalmente, pero han sido publicadas en los medios de comunicación, pero también hay una cantidad importante de atropellos que no se denuncian por temor.
“Creo que esos 11 casos que ellos manejan son los que se han podido comprobar con pruebas contundentes, pero en términos de las acciones militares que se tienen identificadas en el estado, y que varias organizaciones estamos recabando información, tenemos muchos más”, afirmó Monroy Hernández.
En los próximos días el Tadeco hará un recuento de todos estos abusos militares y policiacos de los que han tenido conocimiento para hacer un balance general de todas estas violaciones a las garantías individuales.
Destacó que en Guerrero las movilizaciones sociales contra las políticas del estado, la represión de las protestas, la criminalización, la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla han abierto una gran cantidad de focos rojos, “hay un ambiente de militarización, de impunidad cada vez mayor”.
Reportan más cateos y patrullajes nocturnos del Ejército en Tecpan
Militares inspeccionan la casa propiedad del extinto líder coprero, Vargas Mena
Fuente: La Jornada de Guerrero
Con insultos a los clientes, allanan también bar del ex comisario municipal del PRD, Oscar Tabares
RODOLFO VALADEZ LUVIANO ( Corresponsal)
Tecpan, 6 de septiembre. Habitantes de la comunidad de Tenexpa sostuvieron que continúan los recorridos militares en esa localidad, los cuales se realizan principalmente por las noches, lo que causa temor entre la población.
Narraron que hace dos días los militares catearon la casa de la familia Vargas Mena, propiedad del extinto líder coprero en este municipio y primer regidor de oposición en Tecpan, Luis Vargas Mena. Los castrenses derribaron la puerta de entrada principal y una ventana para introducirse a la propiedad privada, que antes habitaba su hija Irma Vargas Torres, en el centro de la población.
Esa misma noche allanaron un billar ubicado en la colonia Villa Rotaria, cerca de Tenexpa, propiedad del ex comisario municipal perredista, Oscar Tabares. Ahí se metieron a la fuerza y con insultos revisaron a los clientes.
Los recorridos de los militares se dan todas las noches, lo que provoca que la gente viva en la zozobra y con el miedo a los militares, a quienes acusan de perder el respeto por la población, la cual tiene miedo de protestar contra esos actos por represión de los soldados, dijeron.
Los pobladores también llamaron a los organismos no gubernamentales defensores de derechos humanos para que acudan a Tenexpa y a los lugares donde se violan las garantías individuales de la población, mediante retenes, cateos de casas e intimidación a los habitantes.
Indicaron que las revisiones incluyen al alcalde de Tecpan, Nadín Torralba Mejía, quien vive en esa comunidad, “como si se tratara de cualquier delincuente”, se quejaron.
Inocencio Castro Arteaga, simpatizante del extinto Partido de los Pobres que encabezó durante la década de los años setenta Lucio Cabañas Barrientos, aseguró que la presencia militar en esta comunidad trae malos recuerdos, “pues en la época de la guerra sucia de aquí se llevaron y desparecieron a varias personas”.
Piden denunciar abusos
En tanto, en Atoyac, el secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Desaparecidos Víctimas de Violación de Derechos Humanos en México (Afadem), Julio Mata Montiel, alertó que la militarización se incrementa aún más que en la guerra sucia, provocado por las propias condiciones económicas del país que originan que cada vez más surjan organizaciones sociales y con ello la movilización de la población que encuentra en la represión militar la forma de frenar sus demandas y exigencias del estado.
En entrevista, consideró que es necesario que el Estado realice juicios civiles contra los militares que participaron en los crímenes durante los años setenta, con el propósito de que estos sean juzgados por la sociedad y no por los propios militares, “ya que ellos se protegen mutuamente y difícilmente se hará justicia”.
Apuntó lo que se realiza actualmente países como Argentina y Chile, donde la sociedad efectúa juicios contra los militares que intervinieron también en represiones sociales durante la misma época que en México.
A diferencia de México, Mata Montiel, en esos países sí hay un poco de democracia y son los presidentes los que han atraído los casos de juicios contra de los militares como respuesta a las demandas de los que fueron víctimas.
Criticó que en México el Ejército es un poder absoluto, impune de cualquier violación a los derechos humanos, “lo que viene haciendo desde los años sesenta y en este sexenio se ha convertido en valuarte del gobierno federal y representante del presidente Felipe Calderón”.
Reiteró que la militarización de la que actualmente es presa la Costa Grande y los patrullajes que los soldados hacen principalmente en los pueblos, son con el propósito de desintegrar las pequeñas células sociales que normalmente concluyen en organizaciones sociales; aseveró que la lucha en contra del narcotráfico es sólo una manipulación, “una cortina de humo”.
Por ello, Mata Montiel invitó a la población a denunciar sin temor, “pues solo así organizaciones como Afadem pueden documentar esas violaciones y luchar por que se haga justicia”.
Líder minero llevará denuncia por amenazas a la ONU
Fuente: La Jornada de Guerrero
CORRESPONSALÍA
Taxco, 6 de septiembre. El líder minero de la sección 17, Roberto Hernández Mojica, informó que presentará una denuncia esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y enviará su caso al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por las intimidaciones que ha recibido por parte de la empresa Industrial Minera México SA (IMMSA) y del diputado Ramiro Jaimes Gómez, para que desista del movimiento de huelga, que lleva dos años. Dijo que ésta determinación fue tomada luego de que presentó, la tarde del viernes pasado, la querella ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), por las intimidaciones que ha sufrido los últimos días. Informó que tuvo un encuentro con el visitador general de la Coddehum, Hipólito Lugo Cortés, y Cecilia Narciso, funcionaria de la dependencia, a quienes presentó la denuncia. Dijo que le darán respuesta a su caso este lunes, para hacer las recomendaciones a la empresa, en su caso, así como enterar del asunto a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y al gobierno municipal. Mencionó que al siguiente día de que denunció el acoso que ha recibido de la empresa y las negociaciones que pretende hacer el presidente de la Comisión de Turismo del Congreso local Jaimes Gómez, un enviado del legislador le llamó vía telefónica para quejarse de lo que había hecho el líder minero. Explicó que “por eso decidimos interponer la denuncia, porque hay preocupación por las amenazas que se han hecho para la liquidación que ofrecen y abandone la ciudad junto con mi familia. En la denuncia, responsabilizamos a la empresa y al legislador Ramiro Jaimes por estarse prestando a esta situación”. Adelantó que independientemente de la resolución de la Coddehum, se enviará esta semana el caso a la CIDH y al comisionado de la ONU para los derechos humanos. Espera que se conozca en America Latina lo que ocurre con el gremio minero y con las amenazas que hace el Grupo México para reventar la huelga. Informó que los 200 mineros de la ciudad que están en paro le han solicitado hacer movilizaciones cerca de la casa del legislador panista, para reprocharle que esté del lado de la empresa y no de los mineros.
Presentarán queja ante la Coddehum y diputados federales por acción militar
La Capitanía niega permisos en Icacos para presionar
Fuente: La Jornada de Guerrero
LAURA REYES MACIEL
Integrantes del Frente Opositor al Muelle de Icacos (FOMI) calificaron como grave la irrupción militar en esa playa para tratar de decomisar tres motocicletas acuáticas que tienen permisos vencidos, por lo que presentarán una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) y acudirán hoy a la Cámara de Diputados para exponer su problema, pues ven como único trasfondo una medida de presión ante su rechazo a la construcción de ese atracadero.
El miembro de FOMI y secretario general de la Unión de Sociedades Cooperativas en Vanguardia del Estado de Guerrero, Arturo Pantoja Guatemala, precisó que nunca habían participado efectivos de la Secretaría Marina para apoyar a personal de la Capitanía de Puerto en esas tareas, sino que todos los casos de embarcaciones con problemas en sus permisos se han tratado en oficinas.
“Lo grave de verdad es la presencia militar. Nunca antes habían participado así, ¿por qué tenían que llegar? Aunque la verdad es que se mostraron ecuánimes, yo creo que ni siquiera sabían a lo que iban, por eso se comportaron”, criticó el dirigente.
El cooperativista aceptó que las motocicletas acuáticas propiedad de Marco Antonio Suástegui, presidente de FOMI, y de los hermanos Gordillo, no cuentan con sus permisos vigentes, pero explicó que es porque la propia Capitanía se ha negado a expedir sus certificados de seguro de viajero, daños a terceros y matrícula.
Pantoja Guatemala precisó que incluso con la crisis económica los prestadores de servicios deportivos están empeñados en pagar por los permisos que establece la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), aún y cuando el precio es superior a 3 mil pesos por cada seguro y certificado.
Piza, presionado por empresarios
Insistió en que el principal error de la operación lo deberá enfrentar el capitán de puerto, Antonio Piza Vela, pues sólo dejó ver el “interés” que tiene para permitir la construcción de ese muelle en playa Icacos, propiedad de la empresa Jar Estate.
Empresas abrieron caminos en La Montaña, pero para llevarse la madera
La explotación forestal causa problemas en las comunidades
Fuente: La Jornada de Guerrero
JESÚS RODRÍGUEZ, (Corresponsal) II DE III (Corresponsal)
Cochoapa el Grande, 6 de septiembre. Versiones de los indígenas de Cochoapa cuentan que las primeras incursiones de grandes madereras ocurrieron a finales de los 60. Como en ese tiempo era aún más complicado transitar en lo profundo de La Montaña, sobre empinadas laderas, acaso brechas de tierra, sinuosas al extremo, las empresas ofrecieron a los indígenas ampliarlas –“arreglar caminos”, les dijeron– a cambio de que permitieran la explotación del bosque.
“¡Ese era el gancho! Les venden la idea de que les abren caminos, pero en realidad esos caminos que abren son los que utilizan para sacar la madera”, afirma Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
“Es una práctica común en La Montaña: las empresas madereras convencen con facilidad a las autoridades ejidales y comunales, corrompen a los comisarios para explotar los bosques sin ninguna vigilancia de las autoridades”, añade.
La ciudad de Tlapa es el corazón de La Montaña. Es el centro político y social de la región, lo más urbano en este entorno indígena, donde también se encuentran las sedes de distintas instituciones del gobierno. Para todo lo relacionado con el medio ambiente hay que acudir a una pequeña oficina donde está un representante de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y otro de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Pero nada más.
Quizá eso explica que en Cochoapa el Grande no sean comunes las visitas de funcionarios de instancias sobre la protección y conservación del ambiente. “Absolutamente nadie ha venido a hacer un diagnóstico, ni del gobierno federal ni estatal, nadie ha venido a decir que le interese cómo están los bosques. La verdad es que nadie ha venido”, lamenta el alcalde Daniel Esteban González.
Con él coincide el presidente del municipio vecino, Metlatónoc, Roberto Guevara Maldonado, del PRD. “Hay que reconocer que no hay contacto con las dependencias, por eso a través de la reunión de comuneros nosotros hemos llegado al acuerdo de no firmar convenios, porque es poca la madera que tenemos y entrarle a eso definitivamente es acabar con lo poco que tenemos. Otro, es que puede generar problemas porque el dinero que van a pagar las empresas, tengo entendido que no pagan, que pagan muy poco y nomás generan problemas, como en Cochoapa”.
Datos oficiales indican que 65.75 por ciento de áreas protegidas del país, declaradas así por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, coincide con territorios de población indígena, zonas cuyos indicadores en cuanto a salud, educación y vivienda son ínfimos en comparación con lo que ocurre en territorios urbanos.
Desde que fue declarado municipio independiente, en 2005, Cochoapa el Grande encabeza la lista nacional de la pobreza, desplazando de ese sitio a Metlatónoc, del que se escindió con más de 70 comunidades marginadas.
Los convenios de explotación forestal no han hecho menos pobres a los indígenas na savi, (los hijos de la lluvia), pero sí les han legado un problema de división en los pueblos por las cuantiosas ganancias que obtienen las empresas, con las que corrompen a líderes, además de un severo daño al entorno, que ya comienza a manifestarse.
Cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer al mundo, en 2005, que en La Montaña de Guerrero había un municipio tan pobre como los pueblos de África, de pronto los na savi de Metlatónoc comenzaron a ser anfitriones de periodistas, funcionarios y por vez primera en su historia, un presidente de la República llegó hasta la cabecera en viaje por helicóptero. Un día histórico para los lugareños, que conocieron a Vicente Fox Quesada.
Hoy Metlatónoc ya no es el más pobre porque ese mismo año Cochoapa y decenas de pueblos formaron un municipio aparte.
Prácticamente con sus propios recursos, que obtienen mediante las remesas y el poco dinero que es posible ganar como jornaleros agrícolas en Sinaloa, los indígenas de Cochoapa han venido transformando la imagen del municipio. Se dice que el cambio coincidió con el momento en que las primeras brigadas de na savi de este rincón del país comenzaron a cruzar la frontera, a principios del año 2000.
Es cierto que la migración de indígenas hacia Estados Unidos ha sido el motor principal de las transformaciones en Cochoapa, cuenta Silvia Rodríguez Aguilar, una misionera de la Congregación de las hijas de San Vicente de Paul, que habita en el municipio desde hace una década.
Se observan más autos andar sobre calles sin nombre. Fue como un fenómeno, dice Aguilar, que llegó al mismo tiempo que las remesas. Después los parientes de migrantes afortunados, que lograron un empleo en Nueva York, Virginia o Los Ángeles, en Estados Unidos, empezaron a cambiar las chozas de adobe y tejamanil por casitas de concreto. Después unas mujeres instalaron pequeñas misceláneas, donde además de muchas cervezas, refrescos y comida chatarra, se ofrece el servicio de teléfono, sumamente defectuoso.
Cochoapa no era así hace ocho años, dice la misionera y mira un paisaje rural, en incipiente transformación, que no puede ocultar el rostro de la pobreza: unos niños con pancitas infladas corren descalzos en la avenida principal. Espantan a perros flacuchos con una vara. Los piecitos desnudos sobre un camino de tierra. Cuando menos hay luz eléctrica y teléfono, aunque en tiempos de lluvia resultan inútiles.
Imponentes sobre las casitas se alzan el palacio municipal y la iglesia. El primero se construyó con unos 14 millones de pesos, casi la mitad del presupuesto anual que recibió Cochoapa en 2005, en la gestión de Santiago Rafael Bravo, del PRD. En la iglesia están invertidos millones de pesos que los migrantes aportan por voluntad propia.
Por mínimos que aparentemente sean los cambios que produce la migración, ya manifestan consecuencias. Además de los cambios relacionados con pérdida de identidad de las nuevas generaciones y el rostro distinto que se observa en la cabecera, hay un asunto que no puede perderse de vista: la cultura del consumo provoca un grave problema de contaminación porque se acumula la basura.
En Tecpan, acusan a comisario de querer apropiarse de predio
El proceso fue respaldado por la PA, señalan
Fuente: La Jornada de Guerrero
RODOLFO VALADEZ LUVIANO ( Corresponsal)
Tecpan, 6 de septiembre. Faustino Mendiola González, vecino de la comunidad de Nuxco, denunció que el comisario del ejido, Eduardo Mendiola y su sobrino Jesús González Mendiola en complicidad de funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA) de esta ciudad, quieren despojarlo de su casa, la cual ocupa desde hace más de 70 años.
El hombre de más de 71 años narró que la autoridad ejidal en contubernio con los visitadores de la PA, pretenden quitarle el terreno, “pasando por alto incluso una orden del Tribunal Agrario”.
En entrevista en su casa, ubicada a 20 kilómetros de la cabecera municipal, el campesino denunció que desde hace cuatro años es víctima de ese hostigamiento, que comenzó en 2005, cuando González Mendiola le notificó que debería abandonar la casa y el terreno –de casi 500 metros cuadrados, donde ha vivido toda su vida–, porque son de él.
Al negarme, agregó, esa persona interpuso una demanda ante la PA, la cual turnó el caso al Tribunal Agrario; sin embargo su abogado Raúl Díaz González, logró que esa instancia diera la orden al comisario ejidal para que organizara una asamblea, en la que los ejidatarios decidieran quién tenía el derecho sobre el solar, “lo que hizo, pero de forma amañada”.
Precisó: “el comisario nunca hizo la invitación y llevó a cabo la asamblea dos años después en un restaurante de la localidad y no en la casa ejidal como debería ser”.
Dijo que a la reunión asistieron solo 28 ejidatarios, a los cuales se les preguntó si estaban de acuerdo con que su sobrino Góngalez Mendiola se quedara con el predio, lo que arrojó una votación de 24 votos a favor por cuatro en contra, y ”sin que se elaborara una constancia de los asistentes”.
Toman igualtecos calles; frustran desalojo de casa
Pretenden cobrar deuda a una aval
Fuente: La Jornada de Guerrero
JORGE MARTÍNEZ ( Corresponsal)
Iguala, 6 de septiembre. Alrededor de un centenar de habitantes de la colonia Insurgentes, una de las más populares de Iguala, bloquearon varias calles para impedir el desalojo de una vecina, debido a que su casa fue rematada en un proceso legal “irregular”, donde presumen hubo sobornos a autoridades correspondientes.
El problema se derivó a que la afectada Yolanda Hurtado fue aval de su amiga Magdalena Hernández, quien pidió prestados 38 mil pesos en 2008 a un particular y no finiquitó el adeudo.
Sin embargo, el prestamista procedió directamente contra Hurtado al despojarla de su inmueble, a pesar de que no cuenta con escrituras de la propiedad.
El pasado miércoles, se liberó una orden judicial de la Policía Preventiva y desalojaron a esta vecina de su vivienda, mientras varios policías la custodiaban. Este sábado, los colonos reinstalaron a la agraviada en su casa y exigieron al agente que se encontraba en la vivienda, se saliera del lugar.
Enseguida, bloquearon con piedras y maderas dos cruces de calles cerca de la casa para evitar un nuevo desalojo y se mantienen vigilantes de que esto no suceda.
De ahí, se conformó una comisión por Héctor Arroyo Delgado y Juan Carlos Dorantes García, dirigentes de la organización Lucio Cabañas Barrientos; Arturo Hernández Cardona, líder de la UCEZ; Feliciano Ortiz y Angel Román Ramírez, entre otros, quienes demandaron el apoyo del alcalde, quien ofreció a ser intermediario en este conflicto y no mandar policías.
Hernández Cardona adelantó que la agraviada demandará a la deudora y pedirá a la Comisión de Derechos Humanos que proteja sus garantías individuales.
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