Tepito: se venden bases de datos oficiales, en el barrio bravo.

Tepito: se venden bases de datos oficiales, en el barrio bravo.
Dedicado a todos aquellos que registraron su celular.

María de la Luz González
El Universal
Lunes 19 de abril de 2010
luz.gonzalez@eluniversal.com.mx
Bases de datos que contienen información personal de millones de mexicanos están a la venta en 12 mil dólares en el barrio de Tepito.
EL UNIVERSAL comprobó que en tres memorias externas, cada una de 160 gigabytes, el comprador recibe el padrón electoral de todo el país, el registro de todos los vehículos y de licencias de conducir, entre otros “productos”.
La información la han adquirido tanto grupos del crimen organizado como agentes policiacos que la utilizan para trabajar, ya que en sus corporaciones no tienen esa disponibilidad de datos.
Un agente que tiene los datos en su poder explicó: “Cuando le comentamos al jefe de grupo que se estaba vendiendo, nos cooperarnos para comprarla, cada uno de nosotros puso 10 mil pesos, porque la verdad agiliza el trabajo”.
Mencionó que uno de los archivos, denominado “Casetas Telmex”, con los números de todos los teléfonos públicos del país, les permite rastrear llamadas relacionadas con secuestros o extorsiones, un trámite que les tomaría unos cinco días, si lo hacen ante la compañía.
Otro archivo incluye datos de las policías del país, con fotografía de sus elementos, número de placa y el lugar donde están adscritos.
El agente consultado advirtió del riesgo de esta última información: “Los delincuentes ya saben con quién llegar, a quién amenazar, pues cruzando datos con la lista del padrón [electoral], obtienen hasta sus domicilios y ubican a su familia, para presionarlos”.
La información que se adquiere contiene también la identificación de todo el parque vehicular del Servicio Federal, donde está incluido el transporte de carga. Ahí se detallan marca, modelo, placas y tipo de carga que transportan, desde electrodomésticos y abarrotes hasta material explosivo y las rutas.
Especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la Universidad Autónoma Metropolitana reconocieron que las bases de datos almacenadas por el gobierno no son 100% confiables debido a la falta de control, que las hace vulnerables a robos y fugas de información.

Inició en Bolivia la Cumbre Mundial de los pueblos sobre el cambio climático

Fuente: TeleSur
Difusión: AMLO TV

Boletín No. 61 del CNEE

Comité de Energía Informa No. 61-62 Abril 4-12 Transfronterizos

Difusión: Soberanía Popular

Carta de Amnistía Internacional a los Diputados Federales

Carta Medios Reforma DH

Difusión: Soberanía Popular

Defensores de derechos humanos en México en situación de riesgo y criminalizados

Difusión Cencos México D.F., 19 de abril de 2010

Boletín de prensa

Defensores de DH

Reunidos en el marco del Tercer Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, convocado por la Red Solidaria Década contra la Impunidad, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., evento que fue inaugurado por Monseñor José Raúl Vera López y Monseñor Samuel Ruiz García, más de 35 organizaciones de la sociedad civil, defensores y defensoras de los estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Baja California, Distrito Federal, Estado de México y Guanajuato, analizando la situación que viven en el desempeño de su labor cotidiana.

Denunciamos:

Que por el trabajo de promoción y defensa de derechos humanos que realizamos nos encontramos constantemente en situación de riesgo. Ésta se concreta, en muchos de los casos, en amenazas, tortura, intimidaciones, privación ilegal de la libertad, allanamientos e incluso el asesinato.

Que una práctica que también se ha vuelto cotidiana es la criminalización de nuestra labor a través de la imputación falsa de delitos.

Que no existen mecanismos adecuados de protección para nuestra labor, lo que nos ha obligado a recurrir a instancias internacionales en búsqueda de seguridad.

Que la militarización de labores civiles de seguridad pública ha agravado la situación de vulnerabilidad en que ya nos encontramos.

Que por el temor fundado varios defensores y defensoras se encuentran fuera de su lugar de origen como última opción de protección para sus vidas y la de sus familias, como es el caso de Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera, Inés Fernández, Valentina Rosendo y Obtilia Eugenio, entre otros.

Que la violencia que expresamos se agudiza más en contra de las mujeres y las y los indígenas.

Que todas estas situaciones riesgosas las viven también las y los compañeros periodistas en su labor informativa.

Exigimos:

Que el estado cumpla puntualmente con la Declaración sobre los defensores de derechos humanos del 9 de diciembre de 1998.

El cese inmediato de las amenazas y la represión que sufrimos por parte del Estado o de otras instancias con la anuencia o aquiescencia de éste.

La pronta salida del ejército de las labores que corresponden a instancias civiles.

El cumplimiento puntual de las sentencias emitidas contra el Estado Mexicano en los casos del Campo Algodonero y de Rosendo Radilla.

La liberación de todos los presos y presas políticos y de conciencia como Teresa González, Alberta Alcántara, Raúl Hernández, y los de la comunidad de Azumiatla en Puebla, entre otros.

Proponemos:

El reconocimiento constitucional de la labor de las y los defensores de derechos humanos.

La construcción de un mecanismo nacional adecuado para la protección de las y los defensores de derechos humanos.

La articulación permanente de las organizaciones aquí reunidas.

La visita solidaria a la comunidad Indígena me-phaa’ víctima constante de la violencia de Estado, el día primero de mayo.

Atentamente

Unión Campesina Democrática, Frontera con Justicia, Yo te defiendo A.C., Humanidad sin fronteras, Casa del Migrante Belén, Movimiento Agrario Indígena Zapatista, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C., Impulso a la Otra Campaña, Comisión Justicia y Paz - Arquidiócesis de México, Taller de Desarrollo Comunitario, TINAM, Centro Pro Derechos Humanos Voces de las Altas Montañas A.C., Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Frente de lucha estudiantil UNAM, Tonelhuayotzin Nuestra Raíz A.C., Agrupación padres y familiares de las víctimas de Sucumbíos Ecuador, Amnistía Internacional Sección México, Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo A.C., Asociación de Vecinos Propositivos por Lomas de San Francisco Tepojaco A.C., Red de Defensa de los Derechos Humanos de Puebla, Centro de Derechos Humanos Joel Arriaga Navarro, Instituto Mexicano por los Derechos Humanos y Democracia, Comisión de Derechos Humanos de Chiapas ONG, Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Amnistía Internacional Grupo 12, Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM), Familia Latina Unida/ Sin Fronteras MMM, Colectivo Hoja Verde, Movimiento Migrantes Mesoamericanos, Cauce Ciudadano Sindicato de Trabajadores de la UNAM, SERAPAZ, Redes Universitarias, Federación de Militares Retirados “General Francisco J. Mugica”, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C, Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. y Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C., Comisión de Derechos Humanos y otras defensoras y defensores a título personal.

Ciudad de México, D.F., a 17 de abril de 2010

Fuente: CENCOS

Difusión: soberanía popular

AU: necesario garantizar seguridad de ciudadanos opositores a la Presa el Zapotillo luego de amenazas de muerte

Difusión Cencos México D.F., 16 de abril de 2010

Acción Urgente

IMDEC

Exigimos se garantice la integridad, la seguridad y la vide de los habitantes de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, de los defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones aliadas, ante las amenazas de muerte recibidas por el proyecto de la prsa El Zapotillo.

Las organizaciones y personas que suscribimos la presente, estamos preocupados por la seguridad y la vida de los hermanos Manuel de Jesús y Juan Agustín Carvajal Jiménez (integrantes del Comité Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo), el defensor de Derechos Humanos, Marco Joachim von Borstel Nilsson, (miembro del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario – IMDEC), y la periodista Jade Ramírez Cuevas Villanueva de Medios UDG Noticias Red Radio Universidad de Guadalajara, ante las amenazas de muerte recibidas, el pasado 3 de abril, en la comunidad de Temacapulín, Jalisco.

Hechos:

1- El sábado 3 de abril de 2010, de las 6:30 PM a las 9:00 PM, se sostuvo una reunión pública convocada por el Comité Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo, en la plaza Hidalgo de Temacapulín, Municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco con pobladores y visitantes. En dicha reunión, se presentaron las principales acciones de resistencia realizadas durante lo que va del año por parte de los Comités y sus organizaciones alidadas, ante el intento de las autoridades Federales y de los Estados de Jalisco y Guanajuato por imponer el proyecto de La Presa El Zapotillo. La reunión se llevó de forma tranquila, participativa e incluyente, aunque se señaló en la misma que había personas desconocidas de parte de los pobladores, que se encontraban grabando y registrando la sesión desde lejos.

2- Posteriormente Jade Ramírez Cuevas Villanueva y Marco Joachim von Borstel Nilsson se trasladaron al negocio de Manuel de Jesús Carvajal Jiménez (El Bombón), a terminar de compartir con los jóvenes de la comunidad los resultados de la asamblea.

3- A las 10.15 P.M. ingresaron al local tres individuos desconocidos por la comunidad y se dirigieron a Juan Agustín Carvajal Jiménez diciéndole “tú, tu hermano el gordito (Manuel de Jesús Carvajal Jiménez -El Bombón), ella (refiriéndose a Jade Ramírez) y el del sombrero (refiriéndose a Marco von Borstel) los cuatro ya valieron para pura chingada, se van a morir pronto porque están alborotando la gallera”.

4- De los tres individuos, el más alto de ellos llamó con la mano a Jade Ramírez para que se acercara y ante la mirada de Juan Carvajal de miedo no accedió. El y su compañero se acercaron mientras el tercero observaba sentado. Le dijo el más alto "porque eres tan mala y te portas así”, ella no respondió nada. Preguntó que si estaba trabajando y que si era de Guadalajara, respondió que sí, posteriormente le preguntó el nombre y ella (Jade Ramírez) respondió preguntándole por el suyo, contestó "Ángel", agregó "somos empleados federales ¿tú andas con lo de la presa?" respondió ella que sí. Luego se acercó el segundo tipo de aspecto enfermo y le dijo: "tú también andas con lo de la presa?, pues se va a inundar el pueblo, ni modo" … “el pueblo se va a inundar, todo el agua va a quedar por encima de las casas y la estatua de la plaza (Miguel Hidalgo)”.

5- Ante la situación tan incómoda a la que estaba expuesta la periodista Jade Ramírez, Marco von Borstel y los miembros de la comunidad presentes, la alejan un poco de los tipos protegiéndola pero atentos todos ante la agresividad con la que actuaban los individuos. Se acerca el tipo enfermo a Marco von Borstel y entre otras amenazas le dice “la presa va, lo que ustedes hagan no importa”, “acuérdate que Jalisco es Uno”, “Nosotros somos Jalisco y recortamos las esquinas”, “Es más seguro irse por brecha que por carretera”, “Ahorita o de una de vez te parto tu madre”, “Nadie tiene la vida comprada”, “Tarde o temprano te llevará la chingada y nos vamos a topar”.

6- Finalmente, Manuel Carvajal intervino diciéndole a los tipos “Es mi negocio, ella es mi hermana (Jade Ramírez), el es mi primo (Marco Von) y les pido se fueran”. A las 11 PM salen los tres individuos del negocio, se suben a una camioneta pick up beige que no logramos identificar, arrancan, pegándole a otra camioneta estacionada, todos los que estaban en el local salen a intentar detenerlos pero ellos huyen.

Otro hecho preocupante:

El día martes 6 de abril del 2010 a las 3:30 de la madrugada en las oficinas del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. ubicadas en la calle Pino 2237, col. Del Fresno, en Guadalajara, Jalisco, el velador José Jesús de León Zaragoza contestó el teléfono y le dijeron, “Ya te tenemos localizado, hijo de tu puta madre” y colgaron.

Estos graves hechos, se suman a otras acciones de amenazas y hostigamiento que las comunidades y los integrantes de los Comités en resistencia han venido sufriendo durante el desarrollo del proyecto de La presa El Zapotillo.

Por lo que las organizaciones firmantes exigimos:

1. Se investiguen de inmediato estos hechos, conforme a la denuncia presentada por los afectados a la Procuraduría General de Justicia de Jalisco, en la cual se proporciona como pruebas las fotografías de los tres individuos que cometieron el acto de amenazas.

2. Se sancione a los responsables y se dicten las medidas necesarias para proteger y salvaguardar la integridad, la seguridad y la vida de los habitantes de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo y de los defensores, periodistas y organizaciones aliados al movimiento contra la presa El Zapotillo.

3. Se cumplan las recomendaciones emitidas al Estado Mexicano sobre el tema de los defensores de derechos humanos y se acaten las obligaciones establecidas en la Declaración Universal sobre los derechos de los defensores, especialmente el artículo 12.1 donde se establece la obligación de los Estados de garantizar “la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia amenaza, represalia… o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración”.

4. Se cumpla cabalmente la recomendación 35/2009 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y se cancele de inmediato el proyecto de La Presa El Zapotillo.

Se pide envíar la presente Acción urgente a:

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Lic. Felipe Calderón Hinojosa

Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán

Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF

Tel: +52 (55) 27891100 Fax: +52 (55) 52772376

Correo: felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

Lic. Emilio González Márquez Correo electrónico:

Corona No. 31

Colonia: Centro, Guadalajara, Jalisco.

Teléfono: 01 33 3668-180

Correo: emilio.gonzalez@jalisco.gob.mx

Procurador General de Justicia del Estado de Jalisco

Lic. Tomas Coronado Olmos

Calle 14 No. 2567 entre la calle 3 y 5, Zona Industrial,

del Sector Juárez, CP 44940, Guadalajara Jalisco.

Colonia: Zona Industrial

Teléfono: 3837-6000 o del exterior (lada sin costo) 01 800 640-9298

Correo: tomas.coronado@jalisco.gob.mx

Director del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

Ing. Raúl Antonio Iglesias Benítez

Av. Federalismo 275 Nte. Zona Centro

Guadalajara, Jalisco. C.P. 44100.

Tel: 01 33 3268 02 00

Correo: raul.iglesias@conagua.gob.mx

Director de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Ing. Cesar Coll Carabias

Brasilia No. 2770 – Col. Colomos Providencia – C.P. 44680 Guadalajara, Jalisco.

Tel. 30309359 al 80 Ext. 105 Correo: cea@jalisco.gob.mx gzepeda@ceajalisco.gob.mx

Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)

Dr. Raúl Plascencia Villanueva

Edificio "Héctor Fix Zamudio", Blvd. Adolfo López Mateos

1922, 6° piso, Col. Tlacopac San Ángel, Delegación Álvaro Obregón,

México, D.F. C.P. 01040.

Teléfonos 17 19 2000 Exts. 8280 y 8293

Correo: correo@raulplascencia.com

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ)

Mtro. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Pedro Moreno 1616, Colonia Americana

Guadalajara, Jalisco, México, CP 44160

Teléfono y fax: (01 33) 3669 11 01

Lada sin costo: 01 800 2018 991

Correo: cedhj@infosel.net.mx

Les agradecemos marcar copia a: noalzapotillo@gmail.com

14 de abril de 2010

Fuente: CENCOS

Difusión: Soberanía Popular

Cumple 33 años el Comité Eureka; seguimos en lucha ¡hasta encontrarlos!

Difusión Cencos México D.F., 19 de abril de 2010

Este domingo se cumplieron 35 años de que mi hijo, Jesús Piedra Ibarra, fuera detenido y desaparecido por agentes de la Judicial de Nuevo León y de la Federal de Seguridad.

El 18 de abril de 1975 en una céntrica esquina de la ciudad de Monterrey, Jesús Piedra fue capturado y en vez de ser presentado ante autoridad responsable, se inició el tenebroso, ilegal e inhumano camino de la desaparición forzada de personas, mecanismo represivo extendido en forma masiva durante el sexenio de Luis Echeverría, pero continuado hasta la fecha con altibajos. Encontré el oficio donde se comunicaba a Mario Moya Palencia y a Fernando Gutiérrez Barrios la noticia de la detención de Jesús Piedra. Supe de la orden recibida en Monterrey de que Jesús fuera trasladado a la Ciudad de México. Supe cómo previamente fue llevado a un rancho cercano a Monterrey donde fue torturado e interrogado, ya con la presencia de Nazar Haro, Luis de la Barreda y otros conocidos agentes y torturadores. Supe entonces que fue traido al Campo Militar No. 1 y encerrado en el “Metro” la zona subterránea donde se arrojaba a los desaparecidos políticos. Por medio del testimonio de desaparecidos que recuperaron su libertad, supe de su encierro con vida ahí.

Desde entonces no he cesado en la exigencia de su libertad y su búsqueda. Del esfuerzo individual, personal y familiar, en el camino pasé al esfuerzo colectivo, a la organización, al encontrarme a más familiares, especialmente madres, de otros desaparecidos. Nuestra lucha pasó de la búsqueda de nuestros hijos a la lucha por la libertad de todos, convirtiéndose todos en hijos de todas nosotras. Pasar de la lucha por la presentación de nuestro hijo a la lucha por la libertad de todos los desaparecidos políticos, a la libertad de los presos políticos de un sistema que pese a cambios gubernamentales mantiene las heredadas prácticas ilegales e inhumanas de represión y persecusión políticas. Por eso nuestra lucha se amplía en el reclamo contra la represión y por el respeto a los derechos humanos. En este salto de conciencia de lo individual a la organización colectiva hace 33 años dimos el paso de conformar el Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, que con el paso del tiempo -y con los primeros resultados de nuestra lucha- se conocería como el Comité ¡Eureka!

¡Eureka! Porque he encontrado! Porque en este doloroso camino nos hemos encontrado las madres y familiares para darnos fuerza y razón en nuestro reclamo. Porque hemos encontrado la solidaridad creciente de cada vez más voces de diferentes ámbitos sociales. Porque hemos encontrado cada vez más sectores que toman la causa de los derechos humanos como propia, aun cuando en la hipocresía típica de un sistema como el que padecemos, para algunos se haya convertido en un cómodo lema a utilizarse como “políticamente correcto”, simplemente como tema de estudio y análisis queriendo convertirnos en meros objetos de estudio y no en sujetos demandando justicia. Pero sobre todo porque hemos encontrado a 148 de nuestros hijos y familiares desaparecidos. Los hemos recuperado a lo largo de estos años de lucha. Se ha comprobado que son ciertos los casos por nosotras denunciados, se ha comprobado que el crimen de desaparición forzada es otro, terrible y diferente crimen no idéntico al asesinato político, porque como lo hemos gritado “vivos los llevaron, vivos los queremos” y por tanto es un crimen, un delito, que no prescribe y para el cual no hay una “reparación al daño” por medio del insultante pago en dinero al que quisieran orillarnos y comprarnos, sino lo que hemos exigido siempre: justicia!

Continuamos en la lucha porque no hemos conocido la justicia y porque la represión y violaciones a los derechos humanos continúan. Y obviamente hay una relación entre una cosa y otra. Si no se hace justicia en relación a los 557 desaparecidos durante los gobiernos del PRI, si se mantiene la impunidad en relación a esos crímenes cometidos por conocidos gobernantes, policías y funcionarios claramente identificados y ubicables, el mensaje que se ha dado, la herencia que se deja, incluso para los que demagógicamente hablaban del “cambio” es que en eso no hay cambio.

Es precisamente en este terreno donde el país ha llegado a una situación crítica. El gobierno instalado desde 2006 producto de un fraude electoral, sin apoyo social, sin legitimidad, recurrió desde el principio a la fuerza militar para imponerse y a la declaratoria de una “guerra contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada” en una maniobra publicitaria que hiciera olvidar su instalación ilegítima para lograr “la unidad nacional” frente a un “enemigo común”. Hacerlo así, le permitió instalar lo que se ha convertido en la fuente principal de los atropellos y violaciones a derechos humanos que es la militarización del país. Adicionalmente al hecho de que como guerra al narcotráfico está perdida, no solamente por la infiltración y corrupción que el narcotráfico ha logrado en el propio aparato estatal, sino porque seguramente se requiere una estrategia no basada en la represión para enfrentar ese gran negocio y que, probablemente como dicen algunos, pase por la legalización de ciertas drogas. El hecho es que con el pretexto de esa guerra se ha abierto paso a un régimen cada vez más autoritario, policiaco, represivo y violatorio de derechos humanos, que abre el camino a prácticas de “limpieza social” y de criminalización de la protesta ciudadana..

La mayoría de las “acciones de guerra” notables no son en realidad enfrentamientos con el “crimen organizado”, sino ejecuciones. Por eso el desvergonzado argumento de los “daños colaterales” de esta guerra es falso. No son daños colaterales, fuego cruzado de un enfrentamiento entre militares y delincuentes lo que estamos viendo, sino asesinatos a mansalva, ejecuciones. El caso más reciente, de estos días en que semana a semana vemos nuevas barbaridades es lo ocurrido en Anáhuac, Nuevo León. No hay fuego cruzado, no hay enfrentamiento, una familia fue acribillada y una mujer que después del tiroteo se acera a pedir ayuda, fue asesinada. Y ése es la culminación de muchos casos similares, de jóvenes asesinados en una fiesta, de jóvenes fusilados en centros de readapatación, de estudiantes asesinados que son presentados como pandilleros o como delincuentes muertos en el enfrentamiento cuando en realidad están saliendo de instalaciones escolares. Y estos crímenes tienen elementos en común: dirigidos contra jóvenes o gente pobre. A los voceros oficiales les conviene pues para ellos se va ganando la guerra cuando se informa de un número creciente de muertos. Como si los muertos fueran delincuentes y como si estuviera justificado, aunque fueran delincuentes, matarlos. Pero se trata de acostumbrar a la opinión pública a la presencia militar, incluso de que la gente exija más mano dura o hasta “cascos azules”, inhibir la protesta y la falta de solidaridad cuando al conocerse la noticia de otro asesinato introducir la sospecha de “quién sabe en qué andaría”.

Y al mismo tiempo el regreso ampliado de la práctica de la desaparición forzada de personas. Ahora no solamente contra militantes políticos, que sigue ocurriendo como es el caso de los desaparecidos del EPR. También se ha extendido contra sectores más amplios de la población civil. Encubierto ahora con el mote de que se trata de “levantones” a cargo del crimen organizado. Falso. La mayoría de esos “levantones” son realizados por uniformados y en realidad son desapariciones forzadas. Tampoco es cierto que la mayoría de esas desapariciones sea de personas ligadas al narcotráfico. Tengo testimonios de muchas víctimas inocentes no solamente de Ciudad Juárez, de estados como Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Nuevo León en una plaga que se extiende gravemente.

El gobierno dice que las muertes civiles son el menor de los casos, víctimas de los “daños colaterales” y otra voces dicen que hay que regular la actuación de los militares para que no cometan “errores”. Lo que está ocurriendo no son “errores humanos” de algunos militares. Es una política implementada desde el inicio del sexenio por la debilidad de un gobierno sin legitimidad y ahora asesorada y apoyada por las agencias norteamericanas. No hay soluciones intermedias. El ejército debe regresar a los cuarteles. Las violaciones a derechos humanos cometidas por la ilegal decisión de sacarlo a la calle a labores policiacas y a esta “guerra” deben ser sancionadas, hacerse justicia a tantísimas víctimas.

La otra cara de la moneda que muestra la continuidad represiva en este sistema es la criminalización de la protesta social. A nuestro histórico grito por la libertad de los presos políticos estos gobiernos quieren responder de que en México no hay presos políticos porque mañosamente les imponen cargos y delitos inventados. Para nosotros tratándose de activistas y militantes de movimientos sociales y de oposición que son encarcelados acusándoles de crímenes diversos, se trata sin embargo de presos políticos. Este camino lo iniciaron con los presos de Atenco al acusarles de privación ilegal de la libertad lo que ha permitido que Nacho del Valle y sus compañeros estén sentenciados a más de 100 años de cárcel, una sentencia que jamás ha recibido algún real secuestrador. Lo hicieron también con las indígenas presas en Querétaro acusadas de secuestrar a agentes de la AFI. Lo están haciendo en el proceso contra Sara López y sus compañeros presos en Campeche que se oponen a las altas tarifas de la luz de la CFE y que también so acusados de secuestro. Hace unos días lo han vuelto a hacer con compañeros de Oaxaca que también son parte del Movimiento de Resistencia contra las tarifas de la luz de la CFE.

Estas formas de criminalización las extienden en la represión a movimientos sociales que se oponen a los planes privatizadores y neoliberales del gobierno. Ahora hablan, para desconocer la heroica huelga de más de dos años de los mineros de Cananea (paralela a la de Taxco y Sombrerete), a causas de “fuerza mayor” y a daños en las instalaciones imputables a los trabajadores, así como quisieran extender el argumento para justificar la injustificable liquidación de la Compañía de luz y Fuerza del Centro y el despido de más de 40 mil trabajadores afiliados al SME.

Es por lo anterior que no confiamos en gestos y declaraciones parciales como las recientes reformas constitucionales sobre derechos humanos. Por supuesto que es un éxito el reconocimiento de los derechos humanos en la Constitución y el valor otorgado a los acuerdos internacionales en esta materia, pero se olvida que al mismo tiempo varios de esos derechos han venido siendo vulnerados con otras reformas previamente aprobadas, como las de la llamada reforma judicial que incluyen la práctica del arraigo a la que nos opusimos en su momento y que día con día se convierte en una plaga. Recuerdo que les advertí a legisladores de varios partidos que estaban aprobando instrumentos persecutorios y violatorios de derechos, unos cuantos meses antes de que, por ejemplo, presidentes municipales de todos esos partidos fueran acusados arbitrariamente y arraigados durante semanas alrededor de las elecciones del 2009 para salir después casi sin el “usted disculpe”. La reforma actual quita la discrecionalidad al Ejecutivo en cuanto al artículo 33, pero mantiene incólume el fuero militar que sirve todos los días para solapar las violaciones cometidas bajo la militarización del país. La reforma pone condiciones a la declaratoria de suspensión de garantías por parte del Ejecutivo, pero en la práctica se mantiene la militarización del país que ya en varias regiones es prácticamente la instalación de un estado de excepción”.

El sombrío panorama que tenemos enfrente es el que 35 años después nos obliga a continuar la lucha, pero no nos ensombrece, no nos quita la alegría de vida ni nos sume en el pesimismo. Somos optimistas porque nuestro reclamo crece en la sociedad, porque crecen los movimientos sociales de resistencia y lucha, pese a las adversas condiciones, porque nuevas generaciones de activistas y luchadores se incorporan y nos sustituyen, especialmente a las que el fin de su ciclo vital las llevó orgullosas de haber cumplido su deber como madres aunque insatisfechas por no haber alcanzado la justicia. Sabemos que así como logramos, después de nuestra huelga de hambre en 1978, una ley de amnistía, así como logramos la libertad de tantos presos y desaparecidos, la persistencia, la continuidad en la lucha, la insistencia en la unidad, la insistencia en que los movimientos sociales, todos, deben incluir en su programa también el respeto a los derechos humanos, la libertad de presos y desaparecidos y contra la represión, sabemos que tarde o temprano lograremos la justicia.

En otras latitudes pensaron que los acuerdos entre partidos con el régimen violador de derechos humanos, sacrificando a los derechos humanos y la justicia ante la represión, en aras de la “transición democrática”, aprobando amnistías “para ambos lados”, leyes “del perdón, del olvido o del punto final”, después de años están haciendo crisis y el reclamo de justicia vuelve a abrirse paso. El pasado se hace presente, nuevamente. No importa cuántos años pasen.

Por eso tenemos confianza en la lucha, no desmayamos, no claudicamos y no conciliamos.

Rosario Ibarra

Fuente: CENCOS

Difusión: Soberanía Popular

Oficio de Papel

* México al frente del FATF
* Crece mercado de dólares
* El negocio de la extorsión

En junio próximo México ocupará la presidencia del organismo multilateral conocido como The Financial Action Task Force (FATF). Por su relevancia e influencia, el Grupo de Acción Financiera contra el lavado de dinero representa todo un reto para un país cuya economía y sistema financiero han sido señalados por su vulnerabilidad frente al blanqueo de capitales.

El encargado de representar a México en el organismo que depende de la OCDE será, según lo previsto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Luis Urrutia Coral, quien desde el año pasado ocupó la vicepresidencia del FATF, así como la presidencia del Grupo Egmont, la agrupación internacional de unidades de inteligencia contra el blanqueo de capitales. Ahora, Urrutia sustituirá, según lo anuncia el organismo en su página de internet, a Paul Vlaanderen de los Países Bajos.

Así, aunque el FATF reconoce que México ha logrado avances sustanciales en la lucha contra el lavado de dinero, las legislaciones y regulaciones locales, se asegura en París, aún no cumplen con los estándares internacionales. Y no se equivocan, hasta ahora México no ha congelado activos significativos relacionados con la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo, lo cual se presenta como una mala señal de lentitud y laxitud con la que se aplican las leyes mexicanas, pero lo más grave es que no hay la mínima voluntad política del gobierno de Felipe Calderón para perseguir estos delitos de cuello blanco, lo cual confirma que es una farza gubernamental la supuesta lucha contra los cárteles de la droga, pues mientras no se les toque en sus cuentas financieras depositadas en bancos y acciones bursátiles, nada podrá detener el tráfico de drogas.

Además, a un año de que México asumió la presidencia del Grupo Egmont, el número de sentenciados por lavado de dinero también haría sonrojarse a las autoridades mexicanas, porque el número de casos castigados es mínimo y hasta ahora el Ministerio Público Federal no ha podido encuadrar las conductas delictivas y basta con un amparo para eludir la acción de la justicia. Por ello, la Secretaría de Hacienda trabaja en la tipología de las diferentes rutas que siguen los lavadores de dinero, con el propósito de que sirvan como un manual que no deje duda de los delitos.

Pero más allá de las grandes investigaciones y acciones contra el crimen organizado y el uso de los circuitos financieros, México tendría que comenzar por el mercado negro de dólares, tal y como sucedió en Colombia en las décadas de los ochenta y los noventa. De hecho, un análisis de la propia Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda así lo reconoce y señala al comercio fronterizo como la principal actividad generadora de dólares en efectivo. Cita también que hay zonas del país que no justifican el volumen de dólares en efectivo (este es el caso de la zona metropolitana de la capital del país, Baja California y Sinaloa, principalmente).

La Unidad de Inteligencia Financiera descarta, en el caso de las principales empresas captadoras de dólares en efectivo, algún patrón o tendencia que sugiera actividades vinculadas con el lavado de capitales. Pero sí alerta sobre el creciente manejo de dólares en efectivo a cargo de personas físicas, en cuyo caso tiene identificadas a varias de ells por problemas de blanqueo de capitales.

Ahora, la SHCP ya observa el comportamiento del mercado cambiario mexicano y debe utilizar la tipología que marca el FATF para sistemas en los que se debe establecer alertas para el ingreso ilícito de divisas. Por ello, reconoce la necesidad de aplicar un mayor control del riesgo y fortalecer las restricciones sobre las transacciones con dólares en efectivo para personas físicas. Al mismo tiempo, señala, se deben tomar medidas cuidadosas para regular el flujo de dólares en efectivo “lícito” y no generar un mercado negro de dólares en el país. El mayor riesgo se encuentra, según lo confirmado por Hacienda, en las personas físicas y los centros cambiarios que participan con más del 20 por ciento en el excedente de dólares en la economía.

Estos son los extremos en el combate contra el lavado de dinero, al cual se le da seguimiento a través de una unidad en la SHCP que necesita, a juicio del FATF, acceso directo a los expedientes de las investigaciones abiertas en otras áreas de impartición de justicia y que necesita urgentemente de mayor presupuesto y personal para desarrollar investigaciones de largo alcance.

Extorsión, fraude y lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP ubicó en la extorsión telefónica la ruta que siguen para que las víctimas entreguen dinero, lo cual es un preocupante patrón de operación de la banca: la apertura de cuentas sin mayor investigación y su posterior cancelación, lo que ha ayudado a los criminales a establecer sus rutas financieras sin que el sector financiero tome medias al respecto.

Así queda claro que si el gobierno federal quisiera inhibir y perseguir el uso de las tecnologías de la información y la infraestructura telefónica - tanto celular como fija - bien podría seguir otras rutas y no sólo castigar a los usuarios con sistemas de registro de datos poco seguros.

Por ello, resulta relevante lo descubierto por Hacienda en relación con las prácticas de extorsión y cobro de dinero ilícito a través de la banca. Los analistas de la UIF revisaron una base de datos para los ejercicios 2006 y 2009. Fue así como se encontraron 2 mil 148 reportes de operaciones inusuales relacionadas con el delito de extorsión telefónica, que involucraron a mil 649 sujetos y actividades realizadas entre los años 2003 y 2009.

Si bien a partir de 2006 se aprecia un incremento sustancial en los reportes de operaciones cuya razón de inusualidad es la extorsión telefónica, ello puede explicarse por una mayor atención de las instituciones financieras, al momento de detectar operaciones relacionadas con dicho delito en los últimos dos años.

De esta forma, el 66 por ciento de los reportes de operaciones inusuales relacionadas con el delito de extorsión refieren que el titular de la cuenta es originario de Jalisco; le siguen en importancia el Distrito Federal y el Estado de México, con 7.8 y 3.7 por ciento del total de dichos reportes. En el último año se aprecia un incremento en los reportes encvontrados en prácticamente todas las entidades federativas.

Al parecer los casos de extorsión se están expandiendo a otros estados diferentes a Jalisco (los reportes de operaciones inusuales del estado representan el 63 por ciento del total en 2009 cuando en 2008 fueron el 74 por ciento).

El 62 por ciento de los reportes descubiertos con titulares de cuenta en el estado de Jalisco fueron generados por sucursales dentro del mismo territorio. El restante 38 por ciento se generó principalmente en sucursales de Baja California, Distrito Federal, Estado de México, Michoacán y Veracruz.

Además, en 2009 se aprecia un incremento en los reportes de operaciones inusuales sobre titulares de cuentas de Jalisco en su reklación con el resto del país. Lo anterior, según los analistas e investigadores de la UIF, podría indicar que las operaciones de extorsión se están moviendo fuera de Jalisco, aunque con personas originarias del mismo estado.

La ruta de una extorsión

Al ocuparse de los reportes que envía la banca a la autoridad hacendaria, la UIF ha encontrado en un total de 939 reportes y de un análisis de 362 (39 por ciento), que un 28 por ciento no contenía evidencias de tratarse de una extorsión telefónica real. Con ello, se encontraron 260 sujetos con elementos para ser reportados y se añadieron 20 sujetos relacionados; se generaron 13 reportes a la autoridad relacionando a 280 sujetos, principalmente del estado de Jalisco.

Con base en la revisión de los reportes anteriores y el análisis específico de casos, la UIF identificó un patrón en la operación de los sujetos: las cuentas son de muy reciente apertura con respecto a la fecha de la operación. La actividad declarada al momento de la apertura es la de comerciante, empleado, y ama de casa, principalmente.

Los extorsionadores realizan llamadas en las que les solicitan un depósito para ayudar a un pariente que está detenido en la frontera, aeropuerto o carretera. Los depósitos requeridos por la extorsión van de los 500 a los 20 mil pesos, con un promedio aproximado de 10,000 pesos. Los depósitos son realizados en entidades diferentes a donde está radicada la cuenta y en donde se hacen los retiros.

El dinero, después, es retirado en su totalidad en ventanilla o cajeros automáticos. Las cuentas llegan a acumular cerca de 100 mil pesos en depósitos y, frecuentemente, son canceladas. Con la información disponible, sin embargo, no se tienen elementos para suponer que existe una organización de mayor nivel detrás de estas operaciones reportadas y analizadas, sin embargo no se descarta la presencia de algún grupo criminal dada la zona donde se observa mayor incidencia.

Los reportes de operaciones inusuales relacionados con la extorsión telefónica se incrementaron en el último año. El programa realizado por la UIF ha permitido descubrir y reportar casos ante la autoridad competente para su seguimiento. La UIF aprecia que el problema se concentra en el estado de Jalisco, aunque comienza a expandirse a otras entidades del país.

La operatividad es muy similar para los sujetos identificados dentro de los reportes: realizan la extorsión telefónica, reciben depósitos, realizan retiros inmediatamente para después cancelar las cuentas.

Un aspecto, sin embargo, que no se pregunta la SHCP es cómo obtienen los extorsionadores la información que orilla a una persona a depositar recursos a un extraño. Para empezar conocen al nombre del titular de la línea telefónica, después sabe el patrón de algunas llamadas con familiares o, en el peor de los casos, el nombre de los familiares. Así que, a propósito de las nuevas protecciones a los datos personales, sería pertinente ampliar la investigación a las empresas telefónicas, el otro eslabón que debería analizarse.

Fuente: Contralínea

Difusión: AMLO TV

A dos años del encarcelamiento del defensor de derechos humanos Raúl Hernández, es insostenible que se le mantenga en prisión

Difusión Cencos México D.F., 19 de abril de 2010

Comunicado

OSC de derechos humanos

El 17 de abril del 2010, se cumplen dos años del encarcelamiento del defensor de derechos humanos y líder de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Raúl Hernández, señalado como presunto responsable del homicidio de Alejandro Feliciano García, ocurrido en diciembre del 2007, con base en la fabricación de un expediente y violando sus garantías procesales.

Desde la detención de Raúl Hernández, la defensa a cargo del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, ha evidenciado las inconsistencias e irregularidades de la detención. Actualmente, el caso se encuentra en el periodo de ofrecimiento de pruebas (periodo de instrucción) y la defensa de Raúl Hernández Abundio ha aportado suficientes elementos para probar su inocencia: al interrogar a los testigos de cargo entraron en contradicciones y los testigos de descargo han sido contundentes al referir las actividades que Raúl realizó durante el tiempo en que ocurrió el homicidio.

A lo largo de dos años, se ha denunciado y comprobado que la detención y enjuiciamiento de Raúl Hernández tiene una motivación política debido a sus actividades legítimas dentro de OPIM. Por ello desde el 11 de noviembre de 2008, Raúl Hernández fue declarado por Amnistía Internacional (AI) como preso de conciencia a causa de su actividad en la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Reiteradamente se ha denunciado que en el estado de Guerrero las personas y las organizaciones sociales que demandan justicia por violaciones a los derechos fundamentales de la población, enfrentan, no solamente una campaña de desprestigio sobre su trabajo como defensoras y defensores, sino que padecen la persecución, el hostigamiento y las amenazas, que tienen como único fin frenar su trabajo, amordazar sus denuncias, y violentar el derecho a defender sus derechos.

El caso de Raúl Hernández Abundio, es ejemplo de ello, pues permanece desde hace dos años privado de su libertad por un delito que no cometió, a consecuencia de una acusación que busca inhibir sus actividades como defensor de los derechos de su pueblo. Por ello y ante las evidencias que confirman la falsedad de los cargos de presentados reiteramos a las autoridades del Poder Ejecutivo de Guerrero que formule conclusiones inacusatorias a favor del defensor de derechos humanos Me’phaa de modo que a la brevedad recupere su libertad.

Artículo XIX

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Comunicación Social A.C. (CENCOS)

Centro de Derechos Human Fray Francisco de Vitoria

Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT)

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

Información complementaria

El 11 de abril de 2008, se giraron 15 órdenes de aprehensión1 en contra de integrantes de la OPIM, por el homicidio calificado en agravio de Alejandro Feliciano García2 cometido el 31 de diciembre de 2007.

El 17 de abril de 2008, Manuel Cruz, Orlando Manzanares, Natalio Ortega, Romualdo Santiago y Raúl Hernández, fueron detenidos. El testimonio de dos testigos de cargo fue suficiente para que permanecieran en la cárcel por 9 meses. Cuatro de ellos fueron liberados el 18 de marzo de 2009, luego de que les fuera concedido un amparo por un Juez Federal al no existir pruebas en su contra. Raúl Hernández, acusado de ser autor material, sigue recluido.

La detención a todas luces arbitraria de los miembros de la OPIM ameritó que Amnistía Internacional los declarara como “presos de conciencia” al considerar que “los cargos contra ellos fueron de motivación política,” por su trabajo en la denuncia de violaciones de derechos humanos como la cometida contra Inés Fernández Ortega, y como parte de una campaña de acoso e intimidación contra la organización. 3

1 Cuauhtémoc Ramírez, dirigente de la OPIM, es uno de los 15 integrantes de la OPIM que cuenta órdenes de aprehensión por un crimen que no cometió.

2 El 31 de diciembre de 2O07, murió asesinado Alejandro FELICIANO GARCÍA, a quien se había denunciado como informante del ejército. Desde enero de 2008, la OPIM denunció el homicidio y expresó su temor de que se les acusara del crimen, por los rumores que circulaban en ese entonces. De acuerdo con la OPIM, los culpables serían otros informantes del Ejército que llevan años hostigando a la OPIM.

3 Amnistía Internacional. Presos de conciencia. AU 314/08. Índice AI: AMR 41/059/2008. 14 de noviembre de 2008.

Fuente: CENCOS
Difusión: soberanía popular

Apremia AI a cumplir recomendaciones contra el Ejército por violar derechos

Pide el organismo internacional tipificar como delito la desaparición forzada y tortura

LAURA REYES MACIEL

Amnistía Internacional (AI) apremió al gobierno mexicano a dar cumplimiento efectivo a las recomendaciones que han hecho en torno al papel del Ejército mexicano en la lucha contra el crimen organizado, debido a que se han constatado violaciones a los derechos humanos de manera reiterada, y colocan como ejemplo los casos registrados en Guerrero y el norte del país.

En un breve informe de sólo cinco cuartillas, el organismo defensor de derechos humanos exige, por igual, tipificar el delito de desaparición forzada y tortura basados en instrumentos internacionales, así como armonizar la legislación sobre el aborto en todos los estados del país, como ya sucede en el Distrito Federal.

“El Comité recomienda al Estado mexicano, entre otras cosas, reformar la Constitución para que esté en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos; modificar el Código de Justicia Militar a fin de que toda violación a derechos humanos cometida por las fuerzas armadas sea juzgada por autoridades civiles”, precisa el documento.

También pide acelerar la reforma del sistema de justicia para acabar con el uso de la tortura y garantizar la presunción de inocencia y evitar que cualquier reforma a la Ley Nacional de Seguridad Pública debilite los derechos consagrados.

Al igual, reitera la necesidad de proporcionar protección a las y los defensores de derechos humanos y periodistas, cuyas vidas y seguridad corren peligro, colocando como ejemplo “las constantes violaciones” que han sufrido agrupaciones en la entidad, como es el caso de Raúl Hernández Abundio, defensor indígena que permanece preso desde hace dos años en Ayutla.

“Muchas organizaciones nacionales e internacionales hemos hecho un llamado desde hace años a las autoridades mexicanas para que den pasos sustantivos, para hacer realidad los derechos humanos en estos determinantes temas; sin embargo, el avance no ha sido el esperado. México está obligado a dar cumplimiento a estas recomendaciones”, concluye el boletín.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Difusión: soberanía popular

Posible enfrentamiento en Bachajón

Ejido San Sebastián, Bachajón, Municipio Autónomo Comandanta Ramona 19 Abril 2010.

Denuncia Pública

A nuestros compañeros Adherentes a la Otra Campaña Nacional e Internacional

A la Junta del Buen Gobierno

A las Organizaciones de Derechos Humanos Independientes

A los Pueblos de Chiapas, de México y del Mundo.

Queremos denunciar ante el gobierno que el propietario del Rancho Virgen de Dolores al C. Rafael Gómez . Que el día 17 de Abril de este mes volvieron a meter ganado en ese rancho antes mencionado junto con policías sectoriales y judiciales. Los miembros de las organizaciones adherentes a La Otra Campaña están inconformes, lo que el ranchero está haciendo porque es tierra recuperada ya que está a punto de revolucionar el conflicto. Le exigimos al gobierno del estado y C. Gobernador Juan Sabines Guerrero que intervenga lo antes posible para evitar confrontaciones o alguna otra violencia. Exigimos también al propietario del rancho DL Rafal Gómez que retire inmediatamente sus animales. Los miembros de la organización de La Otra Campaña no se harán responsables sus ganados por cualquier cosa que suceda. Ya que los compañeros adherentes a la Otra Campaña no cesaran de ninguna manera están totalmente posesionado.

Tierra, Territorio y Libertad

Zapata vive la Lucha sigue y sigue.

Autoridades ejidales del Ejido de San Sebastián Bachajón

Adherentes a la Otra Campaña del EZLN.

Fuente: CDHBCASAS
Difusión: Soberanía Popular

Prepara la CNTE sitio web para evaluar el desempeño de empresarios y empresas

CELIC MENDOZA ADAME

Luego de que la Asociación Mexicanos Primero presentara una página web donde se evalúa el nivel de la escuela, el dirigente de la sección 18 de la Coordinadora de Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Jorge Cázares Torres, aseguró que ya elaboran una página en Internet donde se evaluará el desempeño de empresarios y empresas, en la que los trabajadores pondrán denuncias de abusos de los patrones, entre otras situaciones laborales.

La semana pasada, el presidente de Mexicanos Primero Michoacán AC, Alejandro Ramírez Magaña, acompañado de Armando Chacón Villar, presentaron dicha página en la que se muestra una comparación y puntuación de evaluaciones de escuelas de todo el país, con énfasis en los resultados de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), por lo que el dirigente magisterial anunció dicha acción para confrontar a los empresarios.

“Si ellos pueden opinar de la labor en las escuelas, nosotros y la sociedad en general también tenemos mucho qué decir de cómo operan sus empresas, las condiciones laborales de sus empleados, las condiciones en que laboran, entre otros temas”.

Agregó que se aprovechará el espacio en Internet para mostrar los resultados de las discusiones sobre la reforma a la Ley Federal de Trabajo que propusieron los panistas.

Informó que dentro de las actividades de la CNTE, en Michoacán se realizan seminarios-talleres de preparación para la Jornada de Lucha 2010, bajo el objetivo particular de hacer un análisis a conciencia sobre las implicaciones y repercusiones que trae para los trabajadores y la población en general dicha propuesta panista, así como la reforma educativa a nivel estatal y federal, esto con el propósito de construir acuerdos por delegación, a nivel regional y seccional, a fin de detener esta embestida de la derecha y prepararse para la jornada de lucha a iniciar en mayo próximo.

“El taller sindical tiene el propósito de que los maestros tengan toda la información relacionada con la reforma laboral, que aún es poco conocida. Queremos que conozcan cómo se plantea la eliminación de sus derechos y que a partir de ese conocimiento se puedan plantear estrategias para evitar la mutilación de los mismos”, comentó en su oportunidad Eligio Valdés, secretario de Trabajos y Conflictos del Nivel Primarias de la Sección 18.

Este 19 de abril se llevará a cabo la Asamblea Estatal Representativa y el 40 Pleno Seccional el 26 de este mes, “ya que el contratismo, la explotación y el enriquecimiento de los patrones se está generalizando en todo el país; tenemos que trascender en esta discusión y defensa de nuestros derechos”, aseveró el docente.

Entre los temas analizados en dichos talleres se encuentra la militarización del país, la falta de legitimidad de Felipe Calderón Hinojosa, los artículos constitucionales que el PAN pretende modificar, las alternativas de resistencia de la clase trabajadora, el rechazo a la Alianza por la Calidad de la Educación y la prueba ENLACE, además de la lucha por la educación pública, laica y gratuita.

Fuente: La Jornada de Michoacán

Difusión: soberanía popular

Diputados federales exigen respetar fallo judicial a favor de Temacapulín

El gobierno estatal debe suspender las obras en el predio de Talicoyunque

Propondrán al Senado que pida a la SCJN investigar el proyecto de la presa El Zapotillo

JUAN CARLOS G. PARTIDA

Además de pedir la inmediata cancelación del proyecto de la presa El Zapotillo, los 26 legisladores federales que el viernes estuvieron en Temacapulín también exigieron se detengan las obras en el terreno de Talicoyunque, donde se pretende reubicar a los afectados a pesar que existe una orden judicial para suspenderlas.

En ese marco, el diputado del PT, Enrique Ibarra Pedroza, a nombre del grupo legislativo federal que lo nombró encargado del tema, rechazó y condenó la “conducta hostil e inhibitoria del gobierno estatal”, luego que al menos siete patrullas y 30 elementos de la policía de Jalisco, sin placas ni número de serie visibles, aparecieron en el mitin que encabezó Andrés Manuel López Obrador en Temacapulín.

“Pedimos que se paren las obras de la reubicación en el terreno de Talicoyunque en el municipio de Cañadas de Obregón y se acate la orden del juez de suspender las obras. Además, que se acepte y cumpla cabalmente la recomendación 35/2009 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ)”, dice el manifiesto que firmaron senadores y diputados afines al liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, al término de la visita a Temacapulín.

Otro punto del manifiesto informa que se llevará el caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que tal instancia resuelva lo más pronto posible por la gravedad de los hechos.

“También solicitamos se exhorte a las cámaras de Diputados y/o Senadores para que pidan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación averiguar la violación grave de garantías individuales, con motivo de la presa El Zapotillo”.

Se solicita también que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Estatal del Agua (CEA), entreguen toda la información que ha sido negada a las comunidades, organismos civiles, instituciones académicas y de derechos humanos sobre la presa El Zapotillo y los avances de la obra hasta el momento.

“Pedimos se destinen recursos para poder examinar proyectos alternativos conocidos al proyecto de la presa El Zapotillo, que no impliquen afectación de núcleos poblacionales, así como una revisión de otras opciones menos contaminantes”.

Además se anuncia una revisión del manejo de la Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico y la actuación de los funcionarios encargados de ésta; la visita del titular de la Conagua, José Luis Luege Tamargo comprometida en la comparencia ante la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República en el año 2009.

Finalmente: “Solicitamos el cese al hostigamiento a las comunidades y se investiguen las recientes amenazas recibidas por miembros de la comunidad, defensores de derechos humanos y una periodista”.

El llamado Manifiesto de Temacapulín señala que los legisladores están preocupados porque la Conagua, la CEA y su similar de Guanajuato, además del gobierno jalisciense, continúan su empeño en construir la presa sin escuchar la voluntad de las poblaciones afectadas que defienden sus derechos fundamentales, el patrimonio cultural y ambiental de ellos y de todos los mexicanos.

“El pasado 14 de octubre de 2009 se adjudicó la construcción de la presa El Zapotillo a la Peninsular Compañía Constructora, al grupo Hermes en asociación con la empresa española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), quienes desde noviembre de 2009 han comenzado la construcción de caminos, albergues y el desmonte de cerros”, denunciaron.

Repudio a hostilidad policiaca

Por otra parte, el diputado Enrique Ibarra Pedroza recordó en un comunicado que el viernes, en Temacapulín, se presentaron policías estatales en una “conducta intimidatoria” que demostró la “vocación represiva del gobierno estatal”.

“Hay que mencionar que los siete vehículos de la policía no llevaban placas y tenían su serie de identificación respectiva completamente tapadas, en un afán claro de que no pudieran ser identificados. Por ello como ciudadano y como diputado federal, expreso mi rechazo y condena a esa conducta hostil e inhibitoria del gobierno estatal, la cual de ninguna manera impedirá que los jaliscienses ejerzamos en libertad de manera pacífica nuestros derechos a manifestarnos y a defender causas sociales”, señaló Ibarra.

Fuente: La Jornada de Jalisco

Difusión: soberanía popular

Perseguida en EU, la firma Goldman Sachs tiene las puertas abiertas en Jalisco

Es el principal ente financiero de la empresa Rasaland, socia principal del proyecto turístico

JUAN CARLOS G. PARTIDA

Por si faltaran riesgos a los 89 millones de dólares tomados del Fondo de Retiro de 115 mil burócratas jaliscienses para invertirlos en el proyecto turístico nuevo Cancún, el anuncio de que la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos -equivalente a la Comisión Nacional de Valores mexicana- acusó de fraude a la firma financiera neoyorquina Goldman Sachs (GS), incrementa el grado de peligro sobre la cuantiosa inversión del Instituto de Pensiones del Estado (IPEJ).

La empresa estadunidense es una de las asociadas en el negocio que se busca hacer en la Costa Alegre, calificada incluso por el presidente del Consejo del IPEJ, Óscar García Manzano –quien decidió basado en la nueva Ley de Pensiones la inversión en Chalacatepec-, como la que otorgaba “confianza y certeza” al uso de los recursos tomados a los ahorradores para constituir el fideicomiso del proyecto anunciado por el gobernador Emilio González Márquez como el que detonará la actividad económica en el litoral del estado.

Además de los amparos que se han concedido a cientos de burócratas jaliscienses contra la reforma a la Ley de Pensiones que abrió la puerta a la inversión en sociedad con la empresa Rasaland y su financiera GS, de los amparos que promueven ejidatarios de José María Morelos –donde se encuentra Chalacatepec- y de la creación de una comisión especial en el Congreso para analizar la reforma a la ley pensionaria aprobada apenas en noviembre pasado, los líos legales de GS inyectan más incertidumbre hacia las garantías del millonario capital manejado discrecionalmente por el IPEJ.

El anuncio del fraude de GS fue impactante a nivel global, ante el tamaño de esta firma, uno de los bancos de inversión más representativos en el planeta, que se dedica sobre todo a operaciones en los mercados financieros y de capitales, participando en la capitalización de empresas, instituciones y proyectos.

La denuncia fue por ocultar información en materia de riesgo, que de acuerdo a los expertos en este caso estuvo basada en hipotecas de alto riesgo conocidas como subprime, hipotecas originalmente diseñadas para escasa recuperación y con una tasa más elevada con respecto al promedio. El cliente fue un fondo de inversiones, Paulson & Co., que retuvo papel vencido derivado de estas hipotecas, papel que aparejó y emitió nuevamente bajo la tutela de GS.

El fraude consistió en disfrazar de sofisticación una reincorporación de papel con emisiones previas e introducirlas en mercados secundarios sin la mención específica del riesgo inherente en la emisión, pero como venían con el aval de GS los inversionistas se sintieron confiados y compraron el papel.

GS Jalisco

GS es uno de los grupos de inversión más grandes del planeta, y de los más viejos en el negocio, luego de que fue fundado en 1869 en Nueva York, donde hoy mantiene su oficina matriz. Su labor principal es la asesoría financiera y de adquisición para algunas de las compañías monopólicas a nivel global, pero también cumple la función bancaria como tal. Cuenta con unos 25 mil empleados y sus ganancias anuales reportadas rondan los 10 mil millones de dólares

En marzo pasado y a la luz de las críticas a Óscar García Manzano por decidir la sociedad del IPEJ con Rasaland y su financiera GS, el presidente del consejo del organismo pensionario de los burócratas jaliscienses dijo que uno de los elementos que sirvieron para tomar la decisión de hacer la sociedad para erigir el nuevo Cancún fue que GS daba “confianza y certeza” para hacer el negocio tan productivo que según él redituará hasta un 35 por ciento de beneficio sobre los 89 millones de dólares tomados del fondo de jubilación de los burócratas estatales.

Sin embargo GS, además del reciente fraude denunciado por el gobierno estadunidense, es uno de los grandes ganadores con el “Fobaproa” del vecino país, pues de estar prácticamente quebrado luego que el año pasado 67 por ciento de sus ingresos totales fueron aportaciones del gobierno federal estadunidense para rescatarlo.

GS además tiene en estos momentos demandas de fondos de pensiones por el mal manejo de sus recursos, además de que el apoyo del gobierno del vecino país del norte destapó las prácticas financieras que realizan, en especial las relativas a liquidaciones y compensaciones a sus empleados.

Fuente: La Jornada de Jalisco

Difusión: soberanía popular

Lucha migrante mexicano por legalización de estudiantes indocumentados

Lunes, 19/Abr/10 01:07 Jennifer González

• Orienta a alumnos ilegales sobre sus derechos a través de liga juvenil

• Si el Congreso norteamericano no inicia negociación para legislar el tema, habrá manifestaciones

José Herrera estuvo a punto de ser deportado de Chicago hace dos años. Cometió una infracción de tránsito, migración se involucró y lo único que pudo ayudarlo fue tener un hijo ciudadano y haber residido en la Unión Americana por más de 10 años, con lo que califica para la cancelación de la deportación; sin embargo, su cas aún no termina, aunque espera concluirlo en agosto de este año.

A raíz de este problema, fue que el oriundo de Iguala, Guerrero comenzó a involucrarse en el movimiento juvenil Immigrant Youth Justice League (Alianza de Jóvenes Inmigrantes para la Justicia) que el pasado 10 de marzo, en una mega marcha que tuvo réplicas en otros estados de Norteamérica, declaró su estatus migratorio, que ya no tienen miedo de él “y que vamos a seguir luchando”.

“Hemos organizado (a estudiantes) para que se movilicen en atacar lo que es la deportación”, comentó, y es que, a últimas fechas, los estudiantes latinoamericanos ilegales que no tienen familiares ciudadanos han sido los principales blancos del departamento de seguridad (Homeland Security).

¿A qué se debe? “Hay que tomar en cuenta muchos factores”, explica, pero señala como el principal que “se ha descubierto que (en el departamento de seguridad) tienen unas cuotas, unos números en cuantas deportaciones tienen que sacar; entonces, como no han podido atrapar a muchos criminales, se les hace más fácil ponerle el dedo a gente que se mete en problemas de tráfico y con la policía de Chicago”.

Este estudiante indica que hasta ahora, la única forma que él y sus compañeros han encontrado para frenar esta situación ha sido “poniéndole presión, siempre que se presenta un caso nuevo de un estudiante, (haciendo) todo el movimiento que hemos podido levantar: mandamos faxes, hacemos llamadas, hacemos protestas con gente de migración” y gracias a ello han logrado, cuando menos, parar “un par de deportaciones”.

Desde 2008, apoya a alrededor de 45 jóvenes de entre 16 y 28 años, de los cuales el 95 por ciento son indocumentados, con orientación a través de foros y pláticas semanales; “les dejamos saber cuáles son sus derechos y qué pueden hacer si son parados por la policía o se encuentran a migración”; junto con su grupo, pugna por medio de la manifestación pública para que se dé la tan ansiada y prometida reforma migratoria y también impulsa un legislación para legalizar a los indocumentados que cursen estudios universitarios en él vecino país.

Dice que “aparte de eso tenemos otro grupo que va a las escuelas secundarias e informa de nuestra organización y entonces ahorita básicamente se está expandiendo a jóvenes de secundaria” y universitarios.

Hace medio año que José conoció a los integrantes de la Asociación de Migrantes Organizados (AMOR), que encabeza Juan Pérez y ha sido a través de ellos como, poco a poco, comienza a tener conexiones en México y Estados Unidos para difundir y expandir su movimiento.

Han conseguido el apoyo de organizaciones, coaliciones y colectivos locales, estatales y nacionales; universidades como la de Chicago, la Universidad de Illinois en Chicago (UIC), entre otros.

A finales de este mes, el Congreso norteamericano “tiene que empezar una negociación para una legislación” en materia migratoria; “si no sucede eso, el 1 de mayo otros grupos van a hacer acciones de desobediencia civil y nosotros vamos a apoyar eso y vamos a tener nuestras propias acciones… todo en base en lo que pueda pasar en las próximas semanas”.

Fuente: La Jornada de Aguascalientes

Difusión: Soberanía Popular

La educación en Veracruz no es laica ni gratuita: AMEV

Es una mentira que la escuela sea laica y gratuita, pues constantemente los niños son sometidos a las creencias y festividades religiosas del catolicismo o de la cultura estadounidense, además de que a los padres de familia los maestros les quieren sacar hasta los ojos, mencionó el coordinador regional de la Asociación Ministerial Evangélica de Veracruz (AMEV), José Eduardo Ortiz González.

Dijo que prueba de ello son las “famosas cooperativas escolares”, a las que calificó como mafias en las que los únicos beneficiados son los maestros y los directores. “Con la imposición de esta ley para combatir la obesidad, no dudo que se destape una cloaca sobre las mafias en las escuelas y se descubra realmente quiénes son los más beneficiados con que a los niños se les permita comprar papitas, churritos y refrescos en las escuelas”, expresó.

Por ello, aseguró que la reforma legislativa planteada por los diputados federales será infructuosa, pues nunca trató hacer un consenso y se trata sólo de una imposición, lo cual de inmediato contará con el rechazo de la sociedad. “Lo más importante era consultar a la población y mucho más importante que las prohibiciones es la educación y los acuerdos dentro de las familias, que vuelva un ambiente familia sano, donde se eduque a los menores a comer bien”.

Ortiz González adelantó que en cuanto se comiencen a descubrir las irregularidades por los permisos y concesiones que existen para la venta de alimentos chatarra en las escuelas, de inmediato esta ley se echará abajo, para que se permita saber en realidad esta y otras mafias existentes en los planteles educativos.

En otro tema, el coordinador regional de la AMEV reprochó el derroche de recursos que se realiza dentro de las campañas, en aspectos tan sencillos como son los pendones y espectaculares colocados en las ciudades. Dijo que en las democracias modernas basta con unos pequeños cartelones, que en la mayoría de los casos son realizados por los mismos ciudadanos para publicitar a los candidatos, mientras que en Veracruz hay un gasto exagerado de recursos al respecto.

Fuente: La Jornada de Veracruz

Difusión: soberanía popular

Inician huelga de hambre internos del penal de alta seguridad de Puente Grande

Protestan por los deficientes servicios de salud y malos tratos a sus familiares

Sus abogados no pudieron ingresar el sábado pasado por “exhaustiva revisión extraordinaria”

ALFREDO MÉNDEZ

Una docena de internos del módulo uno del penal de máxima seguridad de Occidente, ubicado en el estado de Jalisco (antes conocido como Puente Grande), iniciaron este fin de semana una huelga de hambre en protesta por los “deficientes” servicios de salud que se brinda a los reos enfermos y por una serie de “malos tratos” que dicen recibir de parte de las autoridades carcelarias.

De acuerdo con versiones difundidas ayer a La Jornada Jalisco por abogados de presos enjuiciados por delitos federales -quienes pidieron no mencionar sus nombres por temor a represalias-, desde el mediodía del sábado pasado se les impidió a los litigantes el acceso al centro penitenciario del que se fugó en enero de 2001 Joaquín El Chapo Guzmán, con el argumento de que se realizaba, supuestamente, una “exhaustiva revisión extraordinaria” a los internos.

“Se han presentado denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) porque a los internos de Puente Grande no se les dota a tiempo de las medicinas que requieren para aminorar sus padecimientos, amén de que ya hay casos de presos en huelga de hambre para exigir que les respeten su tiempo para alimentos y para visitas familiares”, dijo uno de los litigantes consultados.

Otro abogado que intentó ver el pasado sábado a uno de sus defendidos recluido en el penal de Occidente aseguró que los custodios no le permitieron el acceso al centro carcelario.

“Nos dijeron que este sábado no podríamos entrar; que no había las condiciones de seguridad necesarias. Platicando con otros colegas abogados nos enteramos que varios reos han iniciado una huelga de hambre en contra de actos de vejación, malos tratos de parte del personal de custodia y una deficiente atención en los servicios de salud a los que tienen derecho”, expuso el litigante.

En el módulo uno se encuentran recluidos sujetos considerados de alta peligrosidad y acusados de delitos relacionados con el crimen organizado (narcotráfico, secuestro, lavado de dinero), entre ellos Alberto López Barrón, integrante del cártel de La Familia, acusado de haber participado en el asesinato de 12 agentes federales en julio de este año en Michoacán.

Estadísticas recabadas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal señalan que los servicios médicos de las cárceles federales ofrecieron en el 2007 un total de 109 mil consultas para el total de la población de internos.

Durante 2008, tan sólo en los primeros seis meses de ese año, los servicios médicos ascendieron a 43 mil 115 las atenciones.

Para 2009, sólo en el primer semestre de ese año se duplicó la cifra del periodo inmediato anterior, al pasar de 43 mil a 86 mil 819 los servicios médicos que se brindaron.

Infecciones en vías respiratorias y gastrointestinales, hipertensión arterial, dolor de cabeza o de articulaciones y afecciones relacionadas con estrés son de los padecimientos más comunes entre los huéspedes de los penales federales.

Sin embargo, los abogados de los presos consideraron ayer que el servicio médico es insuficiente, sobre todo si se toma en consideración la sobrepoblación penitenciaria que afecta a los penales federales del país.

La SSP federal tiene bajo su mando la operación de siete prisiones. Tres de ellas son de máxima seguridad y se consideran saturadas. Son los centros federales de readaptación social (Ceferesos) del Altiplano (antes La Palma), Occidente (antes Puente Grande) y Noreste (en Matamoros).

Informes de la SSP federal señalan que el Cefereso del Altiplano, que se localiza en el estado de México, posee una capacidad de 816 internos y hasta el mes pasado había una ocupación de 811 espacios.

El Cefereso número 2 Occidente tiene una capacidad instalada de 836 espacios; hasta agosto pasado tenía 824 internos.

En Matamoros, Tamaulipas, se localiza el Cefereso número 3 Noreste; los informes de la SSP federal refieren que su capacidad total es de 724 espacios, y hasta agosto de este año tenía una población de 715 internos.

Fuente: La Jornada de Jalisco

Difusión: soberanía popular

Centuriones mercenarios, haciendo posible el triunfo del PRI

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

Disculpe señora. ¿A que evento se dirigen con tanta prisa? Pregunté con todo comedimiento a una de las integrantes de un “rebaño” conducido por una dama muy popular entre los tianguistas de nuestra ciudad capital, que a toda prisa se dirigían al estadio xalapeño.

Oye tu, ¿adonde vamos?, le dijo la interpelada tras un codazo a la compañera que marchaba a su lado, quien sin perder el paso y con toda seguridad contestó: “a la protesta del que va a ser gobernador”.

Dirigiéndome a esta segunda persona, pregunté: ¿Y contra que va a protestar?

“Contra el presidente que no le cumple a los veracruzanos con el dinero que nos toca del presupuesto”, contestó, alcanzando a la carrera a sus compañeras que ya se habían adelantado tomando rumbo hacia un espacio público, de todos los xalapeños, hoy designado templo del PRI para ungir a su candidato.

Degustando un pambazo de jamón y queso, obsequiado a los concurrentes a la toma de protesta de Javier Duarte como candidato del PRI a la gubernatura de Veracruz, recorrí el muro perimetral del estadio lo mismo observando el comportamiento de los varios miles de acarreados ahí reunidos, que la eficiente labor de organizadores, conductores de grupo, acomodadores y líderes de las diversas porras que de todos los rincones de Veracruz tomarían parte en el magno evento del priísmo estatal para vitorear más que al ahora candidato, a los santones de la cúpula nacional que testificarían el poder de convocatoria de Fidel Herrera Beltrán, gobernador y aspirante a la candidatura de su partido en la búsqueda de la presidencia de la República.

Sin alejar de mi mente el diálogo sostenido con las señoras, presuntamente tianguistas, a la distancia observé al Maestro Fidel Herrera, con su cachuchita roja -promocional de la imagen de su “delfín”-, al senador Beltrones acompañado por Héctor Yunes Landa, y a otros y otras encumbradas figuras del priísmo, que saliendo de un conocido restaurante dirigieran sus pasos a la entrada del estadio para ocupar su sitio en el palco de honor, cuando se les informara que ya prácticamente estaba ocupado todo el graderío. En ese momento completé la imagen en tiempo real sobre el PRI de hoy y de siempre en Veracruz; si el gobierno del estado, los ayuntamientos priístas, y la Universidad Veracruzana no escatimaran gastos para reunir a más de 20 mil personas, disponiendo a su arbitrio de un espacio público que es de todos los veracruzanos, ya podemos darnos por enterados de lo que será la campaña electoral que desembocará en una asimétrica elección de gobernador.

Sustentado en una muy cara pero eficaz parafernalia el partido de la fidelidad logra así su propósito: restregarle en el rostro a la ciudadanía tanto la organización y fuerza de su estructura electoral, como la fortaleza del primer priísta de la entidad en su empeño por hacer de Duarte de Ochoa, contra todos los pronósticos, gobernador de la entidad, como pase obligado para lo que viene en el 2012.

No esperé al discurso plañidero de Javier Duarte de Ochoa ó a las incongruencias de una decepcionante Beatriz Paredes que del Olimpo bajara al nivel de los descamisados de Cesar del Ángel. Tras saludar al siempre atento y caballeroso diputado federal, José Francisco Yunes Zorrilla, y a otros tres o cuatro amigos que militan en las brigadas rojas, retorné a la civilización. Reconstruyendo en mi memoria lecturas de pasajes similares de la historia de la Roma antigua, en los que el Emperador rodeado de la corte ofreciera pan y circo a sus súbditos, en el coliseo construido por Vespasiano en el siglo I de nuestra era.

Sumido en mis reflexiones y con la imagen vívida del despilfarro económico y moral en que incurre nuestra clase política, me imaginé al Cesar, a sus cortesanos y efebos, y a la hambrienta muchedumbre clamando por la muerte del gladiador vencido. Pero al mismo tiempo no pude dejar de pensar en que tanto el PAN como los partidos políticos de minoría, tienen mucho que aprender aún del viejo PRI, si acaso pretendieran ser competitivos en las justas electorales. No me refiero únicamente al pragmatismo ayuno de ideología, a sus trapacerías y escandaloso dispendio de recursos que concurren, lícita o ilícitamente a la obtención de cada voto depositado en las urnas; todo ello sería insuficiente si previamente no se contara con los centuriones y cohortes que conforman el ejército rojo priísta, que operan a nivel del piso.

La estructura partidista real. No la que se sustenta en “cuadros” ideológica y programáticamente formados y convencidos de la bondad de su militancia en el partido, que por cierto ya no existe; esta ha sido substituida por burócratas acomodaticios que del oportunismo pragmático hacen fortuna. Sí, la que aún está viva y actuante hasta el último rincón de la geografía veracruzana, integrada por centuriones y cohortes de mercenarios prestos a servir al mejor postor que el PRI señale y de la cual carecen los demás partidos políticos en el espectro nacional y local. No se construye ni se organiza y capacita en un día; se requiere de tiempo, mucho dinero, y de una alta dosis de cinismo y simulación para prepararle y mantenerle latente, siempre dispuesta para el momento del golpe maestro. Lo mismo para la movilización, acarreo, reparto de dádivas, que para la inducción, compra de mesas directivas de casilla y del voto ciudadano. Es este ejército, no los generales encumbrados, o candidatos fruto de la circunstancia, los que hacen posible triunfo tras triunfo del PRI en todo proceso electoral.

Lo observé con cuidado. Cada centurión y su cohorte, con organización y disciplina, conduciendo a su respectivo rebaño de acarreados. Desde la convocatoria previa, la amenaza o el chantaje, el abordaje del transporte y la marcha al lugar de destino; distribución de gafetes, de camisetas y gorras, paraguas, agua y despensas, hasta el acomodo de cada agrupación en el espacio previsto y la entonación de estribillos y porras en el momento indicado. Si cada acarreado tiene o no conciencia de a donde y a que se le conduce, eso es lo de menos, lo mismo recibirá el pago de su día como retribución a su ignorancia y su miseria.

Son estos mercenarios de camisa roja y ostentoso gafete, los que marchan a paso firme rumbo al triunfo del PRI en julio próximo. El oropel que cubre a los cónsules y generales, es sólo eso, oropel. En tanto que el dinero que hace posible la presencia, disciplina y parafernalia de los centuriones rojos triunfantes, sale del bolsillo de todos. Para eso son los impuestos que nos clavan nuestros próceres del PRIAN.

Mañana, la crónica y la foto oficial difundida por la prensa, hablarán diferente. Centuriones, cohortes y acarreados, serán invisibles. Para la audiencia, el triunfo faraónico en el corazón del coliseo, se atribuirá al pequeño Cesar, a su poder de convocatoria, a su dedo señalando la nada, porque nada tiene que ofrecer. Esto, claro está, si así lo permite el Maestro Herrera Beltrán, por ahora dueño del circo.

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